Abriendo la norma
TOMO: XXIII REGISTRO: 011 FOLIO:182/192
Caleta Olivia, 09 de octubre de 2026.
Estos autos caratulados: “C. R. A. Y OTRO S/ HURTO” Expte. Nº 44718/26, N° de Juzgado de Recursos 8586/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 70/73, el Sr. Juez de Instrucción, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los Sres. C. R. A. y W. N. N., en virtud de lo establecido por el art. 289, 293 y cctes. del CPP, por encontrarlos "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de HURTO (art. 162 y 45 del C.P); decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000), c/u conforme lo normado por el art. 499 del C.P.P.SC.
Contra dicha resolución la Sra. Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial de Las Heras, doctora Sabrina Petersen, interpone recurso de apelación a fs. 76/77; el cual fue concedido en relación y a un solo efecto a fs. 78. En esta instancia fue mantenido a fs. 85 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo que el único testimonio que sitúa a dos personas en el lugar de manera continua y previa a la intervención policial es el de la Sra. C. D. C. F., quien expresamente relató haber visto a dos personas encapuchadas de las cuales desconozco datos filiatorios, que pasaron varias veces frente a su domicilio. Es decir que la propia testigo de cargo reconoce no haber podido identificar rostros ni datos filiatorios de los sujetos observados, por tratarse de personas encapuchadas. Agrega que a ello se suma un dato que el auto recurrido no pondera: la misma testigo declaró haber visto pasar, además de los dos sujetos encapuchados, a un tercer hombre joven delgado, de barbita, persona que no fue identificada, aprehendida ni imputada en la presente causa.
La existencia de un tercer sujeto no individualizado, que según la propia testigo formaba parte del grupo observado, introduce una duda razonable sobre si las personas efectivamente aprehendidas por el personal policial, C. R. A. y N., son las mismas que la testigo describió como autoras de los desplazamientos con elementos, o si participaron sujetos adicionales cuya intervención concreta en el hecho no ha sido esclarecida. Dice que la sola coincidencia de dos personas de sexo masculino detenidas en las inmediaciones del lugar, horas después de iniciado el operativo, con características generales similares a las relatadas, no alcanza, a criterio de esta defensa, para tener por acreditada la autoría con el grado de probabilidad positiva que exige el art. 289 del C.P.P., cuando la propia prueba de cargo da cuenta de que los sujetos observados no pudieron ser identificados fehacientemente por rostro y que participó un tercer individuo cuya suerte procesal no ha sido determinada.
A su vez, manifiesta que el propio auto recurrido, siguiendo a Creus y Buompadre, exige para la consumación del hurto el apoderamiento material de la cosa por parte del agente, esto es, que el sujeto activo haya llegado a disponer, aunque sea por un instante, de la cosa sustraída de la esfera de custodia de su tenedor. Sin embargo, del propio relato fáctico no surge que los elementos específicamente identificados como objeto del hurto (el estabilizador de tensión, los trozos de cable y la caja de luz blanca) hayan sido hallados en poder de sus asistidos. Alega en fecto que, conforme el informe de novedad, el estabilizador de tensión fue hallado en cercanía de los dos masculinos, no en su poder.
Aduce que por su parte, el acta de secuestro de fs. 23 da cuenta de que lo hallado en poder de C. R. A. fue una mochila con un cuchillo, una pinza alicate y dos destornilladores, es decir, herramientas de uso común, no los bienes sustraídos del predio de LH Comunicaciones. Y respecto de los elementos en una bolsa color negro, el propio auto reconoce que aún no se puede precisar con exactitud su contenido, lo que impide tener por configurado el objeto material del delito respecto de esa bolsa, cuya existencia concreta y pertenencia no se encuentran establecidas.
Sostiene que, no existe constancia de que los bienes puntualmente identificados como sustraídos hayan sido hallados en la esfera de disposición material de sus asistidos, requisito que el propio auto recurrido reconoce como necesario para la consumación típica del art. 162 del C.P. La sola cercanía espacial entre los imputados y ciertos objetos, o la portación de herramientas de uso corriente, no equivale al apoderamiento material exigido por el tipo penal, y no permite sostener el grado de probabilidad positiva requerido en esta etapa.
Agrega jurisprudencia.
Alega ausencia de antecedentes penales por partes de los imputados.
Concluye diciendo que sin perjuicio de los agravios expuestos, y para el hipotético caso de que se mantenga el procesamiento, la defensa solicita se dé tratamiento a la posibilidad de aplicar institutos alternativos a la persecución penal tradicional, en particular la suspensión del proceso a prueba (art. 76 bis y ss. del C.P.), atento tratarse de un delito de escasa entidad (hurto simple, sin violencia ni escalamiento), que no registra víctimas con lesiones, y respecto del cual sus asistidos no registran antecedentes penales que obsten a la concesión del beneficio. Dicha salida alternativa resulta acorde a los principios de mínima intervención penal y proporcionalidad de la respuesta punitiva, y permitiría además explorar la reparación del daño causado a la firma LH Comunicaciones.
III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
En principio es dable resaltar la indudable flagrancia en la cual fueron sorprendidos los imputados C. R. A. y W. N. N. en las presentes actuaciones, visualizándose sin mayor hesitación que fueron descubiertos, en inmediaciones del predio de "LH Comunicaciones".
Más allá de los intentos Defensistas por descreditar la versión de los testigos, mediante afirmaciones eximentes de responsabilidad, la información que surge de las pruebas colectadas, convergen en la autoría achacada, y la modalidad de la conducta tal como se le imputara. Queda en evidencia que luego de realizada la Inspección Ocular y su transcripción (efectuada a fs.17/18), se trata de un predio de gran dimensión, delimitado por un cerco perimetral conformado de postes verticales y malla metálica, posee un ingreso vehicular y entrada en su lateral frente orientada al cardinal este, la misma se ubica en el sector medio compuesta de dos portones metálicos y lindante a la izquierda de este, una puerta metálica que al momento del arribo se hallaba abierta, en tanto que los portones se hallaban cerrados; encontrando a los imputados en cercanías del mismo; al tiempo que el estabilizador de tensión, que en esta ocasión se encontraba fuera del depósito del lugar donde estaba alojado, y el faltante de los demás materiales como la caja de luz color blanca y trozos de cables.
Sin perjuicio de ello, se recepciona el llamado de la Sra. Jefa de la Guardia Urbana, B. V., y de igual manera el llamado telefónico de la ciudadana C. D. C. F., solicitando presencia policial en el sitio antes descripto en la Inspección Ocular, xxxxx N° ***; al observar a estas personas que transportan los objetos sustraídos del lugar. Tal circunstancias condicen con las secuencias fotográficas de fs. 20, que muestran a dos individuos con características físicas y vestimenta igual que la descripta por los testigos a fs. 19, 21/vta, 22/vta, 26/vta y 57 /vta.; y en el acta de aprehensión de fs. 11/12.
Ahora bien, es evidente que toda la información obtenida por los medios de prueba referenciados, demuestran que C. R. A. y W. N. N. son los incuestionables autores del ilícito.
Respecto de los agravios defensistas de que no se logra acreditar la autoría y el apoderamiento material sobre los bienes atribuidos como objeto del hurto; evidentemente la defensa yerra en su análisis, pues este es sesgado y parcializado tomando cada una de las secuencias del hecho descripto con anterioridad de manera individual y sin un correlato con la dinámica natural de cualquier conducta humana, desoyendo las máximas de la experiencia.
En este sentido me expedí en los autos: “P. G. M./ ROBO CALIFICADO”, Expte. Nº 41717/25-F, N° de Juzgado de Recursos 8047/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: “Respecto de los agravios a la hora de analizar y valorar la información para la reconstrucción histórica de un hecho punible, en los autos caratulados: “O. J. S. S/ Denuncia Hurto” Expte. Nº 82.747/24, N° de Juzgado de Recursos 7420/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que la materialidad histórica de los hechos se encuentra acreditada no solo con el testimonio del Sr. O. (fs. 25 y vta., 63/65) sino con lo que surge de las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio en el que los mismos sucedieron, conforme lo informado por la División de Investigaciones de Caleta Olivia, sobre de la extracción de las imágenes, obrante a fs. 2/8… Respecto de la crítica a la calificante “ESCALAMIENTO”, y su falta de descripción, corresponde señalar que, en este caso, frente a la existencia de un muro conformado en su mitad con pared y la restante con una reja, de casi dos metros de altura (1,80 mts. específicamente), es difícil imaginar otra modalidad de franquear el mismo, al menos con la información agregada en autos, que no haya sido el escalamiento (saltar, trepar, escalar, etc.), es decir el “trasvasar” el muro por su parte superior, pues no hubo rastros o evidencia de una efracción del mismo.
Ello, además, pues se trata en ambos hechos de la intervención de una sola persona, por lo que, reitero, la información agregada en autos y analizada según la sana crítica racional y las “máximas de experiencia” (Léase “Si el juez debe formar su juicio “de conformidad con las reglas de la sana crítica” entre las cuales se encuentran las “máximas de experiencia”, es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano” -Conf. P. A. V., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t.8, p. 140°), hacen concluir en la mecánica de ingreso imputada en la declaración indagatoria, es decir: "...saltó el cerco perimetral..." , es correcta y se encuentra acreditada en autos con un grado de probabilidad positiva, más que suficiente.
No existen dudas sobre la modalidad del ingreso del imputado al predio, como señalé, en el que se encuentra el edificio de la escuela CODEDCO, dentro del cual fueron sustraídas las computadoras en las dos oportunidades en que lo hizo…” En este orden, la reconstrucción material de una conducta o hecho punible, puede centrarse en la evidencia que establece la modalidad de manera previa al hecho, o durante su desarrollo o a partir de su consumación y/o agotamiento. Esta evidencia, puede establecer la inferencia necesaria para confirmar en un caso, una modalidad de acción y conducta histórica que configura un hecho punible. Asimismo, y tal como señaló la Corte suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal”, el método histórico es el que mejor se ajusta a la reconstrucción de un hecho.
En autos “N. X. B. S/ DENUNCIA INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P” EXPTE. Nº 30.608/20-N, N° DE RECURSOS 6675/22, sostuve que: "...Para analizar el contenido de la imposibilidad de proceder, debemos confrontarlo con los parámetros que el propio código establece como fundamentos de la investigación. En este sentido, la norma que guía el accionar judicial y del Ministerio Público Fiscal en la etapa instructoria es el artículo 185 del CPP. Cabe señalar que “Toda investigación penal involucra en su misma esencia una reconstrucción histórica, tratando de revivir para el proceso un hecho pasado a la luz de los rastros o recuerdos que pudieron quedar del mismo. Establecer lo que pasó, dando respuesta a las clásicas incógnitas; cuándo, dónde, cómo, porqué y, más tarde, quién.
Para tales fines la ley procesal consagra, como principio general y rector, de aceptación general en el presente, la idea de la libertad probatoria, consistente en la posible utilización para el proceso de cualquier medio de acreditación, previsto o no en la normativa, con tal que el mismo no sea contrario a la ley o menoscabe garantías constitucionales...". (CONFORME DELITOS SEXUALES SOBRE MENORES Pedro A. GUTIERREZ, ediciones La Rocca, Buenos Aires 2007, págs.. 205, ss. Y cc.) ... La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el citado fallo "Casal", sostuvo sobre la regla de la sana crítica, la investigación penal, la prueba y el análisis y valoración de la misma, que: "Por consiguiente, se exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento del juez.
Por ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado. Que aunque a esta tarea no se la desarrolle siguiendo expresamente cada paso metodológico, el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia. Poco importa que los hechos del proceso penal no tengan carácter histórico desde el punto de vista de este saber, consideración que no deja de ser una elección un tanto libre de los cultores de este campo del conocimiento. En cualquier caso se trata de la indagación acerca de un hecho del pasado y el método –camino– para ello es análogo.
Los metodólogos de la historia suelen dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o capítulos que deben ser cumplidos por el investigador: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Tomando como ejemplar en esta materia el manual quizá más tradicional, que sería la Introducción al Estudio de la Historia, del profesor austríaco W. B. (la obra es de 1921, traducida y publicada en castellano en Barcelona en 1957), vemos que por heurística entiende el conocimiento general de las fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para probar el hecho. Por crítica externa comprende lo referente a la auten - ticidad misma de las fuentes. La crítica interna la refiere a su credibilidad, o sea, a determinar si son creíbles sus contenidos.
Por último, la síntesis es la conclusión de los pasos anteriores, o sea, si se verifica o no la hipótesis respecto del hecho pasado. Es bastante claro el paralelo con la tarea que incumbe al juez en el proceso penal: hay pruebas admisibles e inadmisibles, conducentes e inconducentes, etc., y está obligado a tomar en cuenta todas las pruebas admisibles y conducentes y aun a proveer al acusado de la posibilidad de que aporte más pruebas que reúnan esas condiciones e incluso a proveerlas de oficio en su favor. La heurística procesal penal está minuciosamente reglada. A la crítica externa está obligado no sólo por las reglas del método, sino incluso porque las conclusiones acerca de la inautenticidad con frecuencia configuran conductas típicas penalmente conminadas.
La crítica interna se impone para alcanzar la síntesis, la comparación entre las diferentes pruebas, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa, su compromiso con el acusado o el ofendido, etc. La síntesis ofrece al historiador un campo más amplio que al juez, porque el primero puede admitir diversas hipótesis, o sea, que la asignación de valor a una u otra puede en ocasiones ser opinable o poco asertiva. En el caso del juez penal, cuando se producen estas situaciones, debe aplicar a las conclusiones o síntesis el beneficio de la duda. El juez penal, por ende, en función de la regla de la sana crítica funcionando en armonía con otros dispositivos del propio código procesal y de las garantías procesales y penales establecidas en la Constitución, dispone de menor libertad para la aplicación del método histórico en la reconstrucción del hecho pasado, pero no por ello deja de aplicar ese método, sino que lo hace condicionado por la precisión de las reglas impuesta normativamente.
Que conforme a lo señalado, la regla de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la aplica en la fundamentación de la sentencia." No siempre existe evidencia directa de todo el iter críminis, pero el mismo se infiere de la evidencia y resultados que toda conducta tiene y deja a lo largo de su desarrollo, no siendo posible, en muchos casos, contar con un testigo presencial de los mismos, por ello adquiere siempre relevancia y trascendencia los dichos de una víctima que ha sufrido el accionar delictivo. Entonces, la materialidad histórica de un hecho se demuestra con la reconstrucción histórica de la conducta, a partir de todo tipo de rastro de evidencia (física, digital, etc.) de los aportes de víctimas y testigos, como así de todo proceso pericial y medidas en general que tiendan a aportar información para su acreditación.
Y su valoración debe ser mediante las reglas de la sana crítica racional y las máximas de la experiencia, y las explicaciones y coartadas que integran una teoría del caso, no pueden prescindir de ellas, pues de lo contrario se estaría vulnerando el principio de supremacía de la realidad. En autos caratulados “H. M. M. Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto".
Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho.
Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional. Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)". Conforme surge de lo expuesto, la conclusión sobre la información incorporada en este legajo que realiza el A quo, es una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.”
Sin perjuicio de ello y dadas las características del hecho, se recomienda que el Juez en forma coordinada con las partes, se acerquen y establezcan una solución alternativa al presente conflicto, ello en consonancia con lo manifestado por la defensa.
En los autos caratulados: “A. M. A. S/AMENAZAS CALIFICADAS Y DAÑOS” Expte. Nº A- 37.856/23, N° de Juzgado de Recursos 7494/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "IV.-Sin perjuicio de lo expresado, entiendo que una vez recepcionados los presentes actuados y descartando desde ya que los mismos versen sobre una cuestión de violencia de género, correspondería correr vista a la Defensa y posteriormente a la Fiscalía, a fin que analicen la posibilidad de aplicar al caso un criterio de oportunidad, es decir la suspensión de juicio a prueba o la conciliación y reparación integral del perjuicio. En los autos caratulados: “L. S. G S/Dcia. Amenazas” Expte. Nº 31263/22, N° de Juzgado de Recursos 6832/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "IV.-Sin perjuicio de ello, en éste y otros casos similares que llegan a esta sede en vía de apelación, allende los fundamentos del auto de archivo y de los agravios expresados por el recurrente, entiendo que debo hacer las siguientes consideraciones, a los fines de cumplir con el principio de una tutela judicial efectiva y eficaz, para que el trámite no se imponga por sobre la solución del mismo.- En primer lugar, creo que este universo de casos, considerados tanto de manera individual como de forma conjunta, merecen una valoración del conflicto que se intenta inscribir penalmente, para decidir su resolución persiguiendo la imposición de una pena o, por el contrario, para actuar un mecanismo de solución alternativa y conciliada del conflicto.- Ese análisis y valoración se impone tanto al órgano Juzgador como al Ministerio Público Fiscal, desde el inicio y en cualquier estado de la causa, cuando las pautas objetivas de viabilidad y procedencia se encuentran acreditadas conforme la información con la que se cuenta en la causa.
No solo deben valorarse las cuestiones de eficiencia y prestación del servicio de justicia en la que todos los operadores jurídicos somos corresponsables, pues todo el sistema debe tener en cuenta la cantidad de causas mensuales y el desarrollo de la instrucción a cargo de los Juzgados de Instrucción, sino especialmente, la respuesta que se le debe imprimir a cada una, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva, que surge de nuestro preámbulo constitucional (“afianzar la justicia”) y del derecho consitucional-convencional (art. 75 inc. 22 de la C.N.).- Corresponde enfocarse, al analizar y decidir la suerte de un caso penal con una visión estratégica, en la respuesta que el mismo, de manera razonable, merece, por parte del Estado en función judicial, partiendo del supuesto que además de la imposición de una pena, el propio sistema, desde la incorporación de la suspensión del proceso a prueba y de la reforma del art. 59 del C.P., ha instaurado una vía alternativa de solución del conflicto penal, distinta a la imposición de una sanción penal.
El principio de “legalidad” lato sensu, no implica, ya, que cualquier causa que dé cuenta de una conducta típica, antijurídica y culpable, tenga solo una respuesta a través de la imposición de una pena, sino que, para algunos casos, brinda la posibilidad de una salida alternativa, en base al consenso y acuerdo de las partes involucradas en el mismo, sin que ello altere ni modifique dicho principio.- Por su parte, y como fundamento a lo expresado, a manera de legislación procesal comparada, podemos señalar que el Código Procesal Penal de la Nación Comentado Ley 27.063, Tomo 1 (arts. 1 a 99), de Horacio J. Romero Villanueva y Ricardo A. Grisetti, págs. 312 y 313 nos dice que: “… la necesidad que tiene el sistema penal de excluir determinados supuestos -generalmente por su insignificancia- lleva a que se utilicen por los tribunales mecanismos informales que suelen pasar por hacer dormir los expedientes, apilarlos en una estantería hecha especialmente al efecto, para dejar que pase el tiempo y luego aplicar la máquina de prescribir.
Con esta salida al problema no damos respuesta ni a los derechos de los imputados, ni a los derechos de las víctimas, ni a la función que necesariamente debe cumplir el Estado en la solución de los conflictos penales…”. Como puede apreciarse, la decisión jurisdiccional de un archivo cuando objetivamente los requisitos para el mismo no se verifican, así como la directa inacción sobre la causa, que no deja de ser una toma de decisión de no actuar sobre un caso, no reviste mayores diferencias para las partes involucradas, en cuanto a los efectos jurídicos que las mismas generan. Ni hablar si a ello le sumamos acciones que solo dilatan el trámite, pero que, en cada caso, no tienen significancia sobre la vida de las personas involucradas en el hecho.
En este orden de ideas, tampoco sería lógico y razonable tramitar una causa para la imposición de una pena, cuando la misma podría tener una salida alternativa y consensuada que garantice a las partes el derecho a la tutela judicial efectiva y eficaz y el principio “pro homine”. No podemos perder de vista que el acuerdo o conciliación “…es un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos y tiene como objetivo, en lo posible, volver los términos de la relación víctima–victimario al estado anterior de los antijurídicos y restablecer la paz social. Es una negociación asistida, donde las partes buscan dar una solución satisfactoria permitiendo, en forma concentrada, la intervención de un tercero, que tenga la capacidad de proponer fórmulas conciliatorias, fomentando en todo el momento del proceso la comunicación entre las partes.
La conciliación procesal es el acuerdo entre las partes para poner término al proceso en cualquier estado de éste, siempre y cuando no se haya dictado sentencia. Los acuerdos conciliatorios en materia penal están dirigidos a resolver de forma expedita y sin necesidad de elevación a juicio… El instituto de la conciliación reparación objetivo de prevención general positiva, por medio del cual el conflicto penal puede solucionarse mediante la voluntad de las partes involucradas y generar gradualmente concientización como forma de constituir una adecuada vía de resolución al conflicto, con menor intervención estatal. Lo expuesto implica un cambio radical de paradigma, pasando de una justicia retributiva a otra restitutiva, del castigo a la reparación, en donde no haya un vencedor, sino que ambos queden satisfechos con el acuerdo logrado, donde el sistema de procedimiento penal no es entendido como un sistema destinado a la aplicación de penas, sino como un sistema destinada a la resolución de conflictos…” (Conf.
Código Procesal Penal de la Nación Comentado Ley 27.063, Tomo 1 (arts. 1 a 99), Horacio J. Romero Villanueva y Ricardo A. Grisetti, Editor Abeledo Perrot, año 2015, págs. 355). Sobre este piso de marcha, entonces, en cada caso en que el A quo entienda que una causa puede ser tramitada a través del sistema de solución consensuada del conflicto, teniendo siempre como marco de referencia la pena en expectativa establecida en el código penal para la procedencia de la suspensión de juicio a prueba, la que se extiende también para la procedencia de la conciliación y de la reparación integral del perjuicio, quien está en condiciones de llevar adelante dicha tarea, es el Ministerio Público Fiscal, por estrictas razones de asignación de competencia constitucional y procesal penal.
Ello así, pues tanto el artículo 6 del CPP. como el Art. 59 del C.P., al referirse a la acción penal, asignan competencia al Ministerio Público Fiscal, ya que es quien ejerce la acción penal pública, y dentro de las competencias, tanto de manera expresa como implícita de lo expreso, tiene la facultad de gestionar y decidir sobre el rumbo de la misma. En el mismo sentido, si el Ministerio Público Fiscal valora que una causa puede ser tramitada por la vía alternativa a la imposición de una pena, puede requerir su intervención a los fines de gestionar e instrumentar el acuerdo.- En este sentido, en los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS O. CHACON S/ S/ Solicita eximición de prisión” Expte. Nº I-52222/21, N° de Juzgado de Recursos 7276/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "En este orden, el Art. 1º de la Constitución Provincial establece que "...La Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su ley suprema".
Que esta manda constitucional provincial se articula no solo respecto de la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir sobre las "Declaraciones, Derechos y Garantías", sumado a su preámbulo, sino que se refleja en la parte orgánica de la misma, cuando hay instituciones que, como en el caso del Ministerio Público, encuentran correlatos en las Constituciones o leyes provinciales. No puede soslayarse el Art. 5 de la C.N., que es pilar de nuestro federalismo y señala que las Provincias dictarán una "Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria.
Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". Las Provincias como estados preexistentes a la Nación, conservan todo el poder no delegado en la misma y se dan sus propias Instituciones y se rigen por ellas, y dictan sus propias constituciones, conforme lo normado en los arts. 122 y 123 de la C.N. y concordantes. Que surge claro de la hermenéutica de las normas Constitucionales, tanto nacionales como provinciales, que la naturaleza de los órganos de los estados que se estructuran bajo el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, son similares, allende las características de cada provincia y en nuestro caso, al no existir a nivel constitucional establecido expresamente las obligaciones del Ministerio Público, lo cierto es que la aplicación del art. 120 de la Constitución nacional contribuye establecer cuáles son las pautas de actuación de los Ministerios Públicos en general, pautas que además concuerdan, de manera implícita, con las normas que regulan su actuación en el Código Procesal Penal de la Provincia y en la ley orgánica de nuestro Poder Judicial.
Sobre este piso entonces, el Art. 120 de la C.N. regula las atribuciones del Ministerio Público y establece como competencia primordial "...tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad...". Asimismo el art. 59 del CPP. reza que: "El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley". De ambas normas se establece que la finalidad de ejercer y promover la acción penal por parte de cualquier órgano del Ministerio Público Provincial lo es en la télesis establecida en el art. 120 citado. Por lo demás es pacífica la doctrina y la jurisprudencia al establecer esta finalidad como esencial y propia del Ministerio Público Fiscal, siendo éste un sujeto esencial en el proceso penal como garantía debida del mismo.
Que surge claro que la representación de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, son de resorte y de exclusiva competencia del Ministerio Público que debe ejercerla en la forma establecida por la ley, siendo el requisito esencial de su actuación, la fundamentación (argumentación) de las intervenciones que realice, sean éstas orales y/o escritas.- La opinión del Ministerio Público Fiscal resulta, como consecuencia de las funciones constitucionales asignadas en el art. 120 de la C.N., esencial y constitutiva de la garantía del debido proceso, tanto adjetivo como sustantivo, y de la garantía de defensa en juicio, y si su actuación es defectuosa o irregular, ello impide que en un caso concreto, ejemplo de ello el de marras, que se efectivicen los derechos constitucionales- convencionales que gobiernan y sustentan el juicio penal llevado adelante por el Estado contra una persona." Es en este dintorno de competencias asignadas, que el Ministerio Público Fiscal debe, una vez recibidas las actuaciones del Juzgado dispuestas por un simple Decreto a los fines de la tramitación de una salida consensuada del conflicto penal, realizar todas y cada una de las gestiones dirigidas a cumplir dichos fines.
En este sentido, surgen implícitas las facultades para convocar a víctimas e imputados y sus defensores valiéndose de medios informales o disponiendo formalmente citaciones o notificaciones a este fin a través de los procedimientos utilizados por intermedio de la Policía Provincial o sistema de notificaciones electrónicas, para acercar las posiciones de las partes e inscribir el conflicto en una solución consensuada del mismo. Una vez materializado el acuerdo, en sus condiciones y obligaciones, podrá ser sometido a la homologación judicial pertinente, mediante un escrito firmado por todos los intervinientes.- Todas las gestiones deben realizarse teniendo en cuenta el debido consentimiento informado de las personas intervinientes y basadas en una gestión informal del conflicto, asegurando el derecho a una debida asistencia técnico-jurídica, y resguardando el secreto debido que pueda surgir de las entrevistas que realice el Agente Fiscal o funcionario que este designe para el trámite, siempre con su supervisión.- Ello así, pues los criterios de oportunidad (suspensión de juicio a prueba, conciliación y/o reparación integral) se enmarcan en formas de solucionar el conflicto penal en modelos de justicia restaurativa.
En este sentido se ha sostenido que: "...En la teoría de la JR (Justicia Restaurativa) reparar no significa, como en la teoría general del Derecho de Daños, compensar económicamente el daño causado; la reparación tiene un valor mucho más profundo; sobre todo, tiene un "espesor ético que la hace más compleja que el mero resarcimiento", por eso, sobrepasa la idea de reparación material entre dañador y dañado; idealmente, comprende la restauración de los lazos sociales entre la víctima y el dañador, entre la víctima y la comunidad, y entre el dañador y la comunidad. En otros términos, la reparación del dañador a la víctima es el punto de partida de una transformación más profunda de las relaciones sociales en juego.
Esta perspectiva reconoce la confluencia de varios principios desde que la reparación intenta, al mismo tiempo, recuperar el papel de la víctima en el proceso, consolidar la función pacificadora del Derecho Penal, y resocializar al delincuente. Se trata de un concepto amplio de reparación, que atiende no solo al resultado sino a todo el proceso. Comprende la reparación material (devolver lo robado, volver las cosas al estado anterior a la destrucción de la cosa, etc), pero también curar la aflicción producida a la víctima: muchas veces, para ella la conciencia de la responsabilidad seguida de una demostración de arrepentimiento sincero de parte del autor es de capital importancia; la simple participación en una reunión restaurativa le da la ocasión de comunicarse directamente con el autor; a veces, respuestas a ciertas preguntas pueden traer tranquilidad (por ej.
¿es que yo fui señalada, elegida específicamente para este hecho?)…La reparación material supone un acuerdo, al que llegan ambas partes (una oferta y una aceptación de una suma determinada o de prestación de servicios específicos). La reparación simbólica es un proceso menos visible, y consiste en la secuencia central, el corazón de la medida (care sequence): el ofensor expresa una vergüenza genuina por lo hecho y remordimiento por sus acciones. En respuesta, la víctima da, como mínimo, un primer paso hacia el perdón. Los autores, claramente, dan más importancia a la reparación simbólica que a la material. Sin la simbólica es muy difícil llegar a la material. Sin embargo, reconocen que es difícil alcanzar una reparación simbólica auténtica y depende, muchísimo, de la dinámica de la reunión- (Conforme JUSTICIA RESTAURATIVA, Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed.
Rubinzal Culzoni, páginas 153/154).- Cabe precisar, allende lo expresado, que el art. 59 inc. 6º del CP modificado por la Ley 27.147, estableció como forma de extinguir la acción penal a la conciliación y a la reparación integral del perjuicio. Dichos criterios de oportunidad, si bien no se encuentran regulados en el Código Procesal Penal de la provincia, en lo que hace a su instrumentación, ello no implica que los mismos no se puedan aplicar. Que lo expresado se entronca en lo resuelto por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial en autos "Siarez, Franco Roberto s/ infracción art. 149 bis del C.P.) Expte. Nro. 4045/15 en donde señaló en su motivación que: "...Con la incorporación de la conciliación y la reparación integral del perjuicio al Código Penal Argentino, como nuevas formas de extinción penal, a partir de la sanción de la ley 27.147 (17-06-15), se otorgó un papel más preponderante y central a la víctima en el proceso penal.
El ejercicio de la acción punitiva estatal, opera por principio como "última ratio", por ende, cuando la necesidad de imponer una sanción penal no tenga entidad o relevancia jurídica, sea por la escasa entidad de la lesión o porque la víctima la considere innecesaria por considerar superado el conflicto. La falta de regulación procesal de estos mecanismos de extinción de la pena, no puede llevar a concluir la no operatividad de la norma, pues la mora legislativa estaría perjudicando la regular intervención de las partes de un conflicto de naturaleza penal, fundamentalmente lesionando el art. 18 de la C.N. al no garantizar tanto para el imputado, el debido proceso legal y para la víctima, su derecho a ser oída y que su decisión sea tenida en cuenta a la hora de fallar (tutela judicial efectiva, conf.
Art. 75 inc. 22 de la C.N., artículo 16 inc. c) de la ley 26.485 y 7º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer). El hecho de que la legislación provincial no reglamente las condiciones del ejercicio de los acuerdos conciliatorios que se puedan presentar, no exime por el contrario de realizar un control de legalidad con intervención del titular de la acción pública, para determinar si los derechos sobre los cuales se pretende acordar, resultan disponibles a la luz de las disposiciones constitucionales que protegen y garantizan los derechos fundamentales del hombre (vgr. derecho a la vida, la libertad o la integridad sexual entre otros) ésta, ha sido la postura de éste Tribunal en el precedente "REMENTERÍA, (T.:XXXVII, R.: 1028,F.093/099, 14/10/16)...
Por otra parte, la víctima se ha expresado de manera libre, y no hay razones para presumir que su manifestación de voluntad conciliatoria se encuentre viciada y muchos menos alejada de otro fin que no sea el de resolver el conflicto, para el que la sanción penal no aparecería como razonable"; resolviendo la Excma. Cámara homologar el acuerdo conciliatorio arribado por imputado y víctima y declarar extinguida la acción penal sobreseyendo al imputado. Que, y compartiendo lo expresado por la Excma. Cámara Criminal, entiendo que la falta de regulación procesal no obsta a la aplicación de la legislación de fondo.- A manera de referencia, y brújula para una buena práctica por ante el Ministerio Público Fiscal y del Juzgado de Instrucción del trámite de dichas causas, el artículo 22 del CPP. de la Nación (conf.
Ley 27.063) reza que: "los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al reestablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social".- En este sentido el Dr. Julio B. J. Maier en su "Tratado de Derecho Procesal Penal" Tomo I, "Fundamentos", Editorial Del Puerto, pág. 91 señala que: "Toda la regulación del procedimiento tiende a obtener el acto que resuelva definitivamente el conflicto social en el cual reside la imputación penal, dándole respuesta". Ahora bien, como adelanté, luego de recibida la causa en la sede de la Fiscalía, y de realizadas las actuaciones de manera informal, siempre dentro del plazo de prescripción de la acción penal, si se arriba a un acuerdo, el mismo deberá elevarse al Juzgado de Instrucción para su homologación, como señalé.
Pero en el caso que las gestiones se frustren por la decisión negativa o silencio de las partes, el Sr. Agente Fiscal deberá devolver los actuados sugiriendo el trámite a imprimirle a los mismos, sea por su prosecución o por su archivo si entiende que hay argumentos para no poder continuar con la investigación.- Demás esta señalar que, salvo el procedimiento de la suspensión del proceso a prueba que tiene una economía procesal detallada ampliamente conocida tanto por el órgano jurisdiccional como por el Ministerio Público Fiscal, a la que deberán ajustarse cuando ello sea el mecanismo decidido por las partes, en los casos de acuerdos por reparación integral del perjuicio o por conciliación, siempre, reitero, deberá existir consentimiento debidamente informado tanto de imputados como de las víctimas y su debida asistencia técnico-jurídicas.- Por todo ello, entiendo que, recepcionadas que fueran las presentes actuaciones, deberá el A quo remitir los presentes actuados al Sr.
Agente Fiscal, para que el mismo actué el procedimiento de conciliación, conforme lo expresado anteriormente. V.- Finalmente, corresponde señalar que de este universo de casos cuya procedencia, por el monto de pena en expectativa sería procedente el mecanismo dispuesto, deben exceptuarse los casos de violencia contra la mujer, denominados “violencia de género”.- En este sentido, dicho tópico ha sido resuelto en los autos caratulados: “T.
L. S. S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y LESIONES LEVES
CALIFICADAS” Expte. Nº T-36.469/23, N° de Juzgado de Recursos 7235/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 LAS HERAS, ya que, y una vez sentada la posibilidad de recurrir por parte de la defensa la resolución que deniega la suspensión de juicio a prueba, sostuve que: "Aclarado ello, corresponde analizar la decisión del Sr. Juez de Instrucción en función de los agravios de la parte recurrente. Los argumentos del A quo para denegar la aplicación del instituto en cuestión, se centran en la motivación expuesta por nuestro cimero Tribunal Federal en el fallo “Góngora”, por el cual la Corte por mayoría (y con una integración distinta de la actual), dejó sin efecto la suspensión del juicio a prueba en el caso, por aplicación de los dispuesto en el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará".
En dicho precedente, la C.S.J.N. revocó la decisión que anuló el auto que había rechazado la solicitud de suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal, en una causa en que no se había a puesto en crisis la calificación de los sucesos investigados como hechos de violencia contra la mujer, ya que el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional como nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente, lo que surge de considerar que el sentido del término juicio ("un juicio oportuno" según el inc. f del artículo mencionado) resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal, en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.
Sostuvo también que la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle. Asimismo, señaló que no debe tampoco obviarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el "acceso efectivo" al proceso (cfr. también el inciso "f" del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria.
Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba. Formulada la reseña de lo expresado por la Corte Suprema, huelga decir que la Convención Belem Do Pará ratificada por ley 24.632 del Congreso Nacional, establece en el artículo 7 inciso f) que es obligación de los Estados Partes: “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;”.- (La negrita es de mi autoría).- Ahora bien, nuestro sistema procesal establece dos etapas claramente diferenciadas para el proceso penal.
La primera de ellas es la Instrucción que tiene como finalidad no solo lo expresado en el Artículo 185 del CPP., sino la preparación de la acusación para la segunda etapa que es la del "Juicio". Para este universo de casos, es decir los de violencia de género, la norma del artículo 277 del CPP sufre un recorte, fundado exclusivamente en el art. 7 inc. f) señalado, respecto de la etapa de Instrucción. Ello así, pues la norma convencional al señalar los distintos procedimientos legales que deben establecer los Estados, entre ellos, la etapa de Juicio, señala expresamente la garantía de acceso a tales procedimientos. La garantía para poder acceder a la etapa de Juicio, es la etapa previa o de Instrucción, razón por la cual, allende lo que se decida en la Excma.
Cámara Criminal sobre el instituto de marras, lo cierto es que la suspensión de proceso a prueba respecto de este universo de casos, no puede articularse en esta etapa preliminar o preparatoria de la acusación, porque, va de suyo, coarta directamente la posibilidad de acceder a la segunda etapa. Lo que se debe garantizar es la posibilidad y acceso al Juicio, por lo que, en este caso, el recorte que implica la procedencia de la suspensión del proceso a prueba para los casos alcanzados por la convención, es a la vez, constitucional y convencional, no solo porque surge de un tratado internacional, sino confrontado el mismo con el con los restantes tratados establecidos en el artículo 75 inc. 22 de la C.N., y con los principios Constitucionales.- Sintetizando entonces, no resulta posible, sin transgredir la manda convencional, conceder el instituto previsto por el art. 76 bis del C.P. durante la etapa instructoria, pues como dije anteriormente, debe garantizarse a la mujer víctima de violencia de género la posibilidad de acceder a la etapa de juicio." Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-REVOCAR el auto de fs. 17/18, debiendo darse intervención al Ministerio Público Fiscal, a los fines que realice las gestiones para realizar una salida consensuada del presente conflicto, conforme lo señalado en los fundamentos del presente.".- Lo expuesto encuentra anclaje en la reforma al CPP. introducida por la Ley 3.886, en la cual se modifican varios artículos de la ordenanza procesal, regulando el artículo 5 bis la solución de conflictos; el artículo 66 bis los métodos alternativos de terminación del proceso, el art. 319 inc. 6) la procedencia del sobreseimiento por la aplicación de los criterios de oportunidad, y los artículos 320 bis y 320 ter, detallando específicamente, las condiciones de procedencia de la conciliación y de la reparación integral del perjuicio.- Por lo expuesto, como Juez de Recursos: RESUELVO:...II.- Recepcionados los actuados en el Juzgado de Instrucción, deberá correrse vista sucesiva a la Defensa y a la Fiscalía, a los fines que evalúen la procedencia de la solución del presente conflicto. (Conforme lo establecido en el Art. 5 bis del CPP. de la Ley 3886 y lo establecido en el punto IV de los Considerandos)".-
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 70/73, en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia