Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Nicolás · Causa SN-6127-2017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación de la parte actora, por lo que se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva opuesta por J. A. S., declarando que la condena incluye al Fiduciario de A. F. A. G., con el alcance de responder con los bienes fideicomitidos, con costas a la vencida.
2Revocar la decisión que hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación activa respecto del reclamo por la provisión de gas domiciliario y de la alícuota proporcional de expensas extraordinarias y en lo concerniente a daños y/o vicios en las partes y servicios comunes.
3Modificar los montos de condena, fijando las indemnizaciones a valores actuales, por daños materiales y reparaciones, en la suma de $ 15.753.168,20, y en doce (12) canastas básicas hogar tipo 2 y en siete (7) de las mismas, por la privación de uso del gas de red y gastos que debiera afrontar la actora para contrarrestar su carencia, como así también para cubrir los consumos generados en su reemplazo, en la proporción de su unidad funcional y en concepto de daño no patrimonial respectivamente, dejando sin efecto la fórmula propuesta en la instancia de grado relativa al IPC más 6%.
4Desestimar el recurso articulado por la actora en lo relativo a los daños punitivos, solución de grado que se confirma.
5Fijar la tasa de interés aplicable en un 6% anual puro desde la producción del daño hasta la fecha de esta sentencia, y desde aquí hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de …
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en fecha y hora de firmas digitales, reunidos los señores Jueces de la Excma. Cámara Primera de Apelación para dictar sentencia en los autos caratulados: "S. R. I. C/ A. F. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES" , del Juzgado Civil y Comercial nº 3, habiendo resultado del sorteo correspondiente que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Amalia Fernández Balbis, Fernando Gabriel Kozicki y José Javier Tivano, estudiados los autos se resolvió plantear y votar la siguiente:
¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 6/8/25?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA , la Jueza Dra. Fernández Balbis dijo:
I. La sentencia de primera instancia y los agravios:
El fallo de grado hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por J. A. S., rechazando la demanda a su respecto con costas a la actora. A su vez, acogió la excepción de falta de legitimación activa respecto de los reclamos por vicios en partes comunes y la provisión de gas domiciliario. Luego, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por R. I. S. contra A. F. A. G., condenando a esta última a pagar la suma de $ 1.610.000 ($ 1.150.800 por daño material a valores de enero de 2022 y $ 460.000 por daño moral a la fecha del fallo de grado), más la actualización por IPC (INDEC) e interés puro del 6% anual (conforme doctrina "Barrios" ), rechazando el daño punitivo peticionado.
Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes, expresando sus agravios mediante los memoriales del 18/11/2025 (la actora) y del 15/12/2025 (la demandada):
II. Los agravios:
Los agravios de la parte actora se centraron en el rechazo que se hiciera al reclamo contra J. A. S., pues indicó que no fue demandado a título personal ni para responder con su patrimonio particular sino exclusivamente en su condición de fiduciario y representante de A. F. A. G. y argumentó que, con ese resultado, se haría dificultoso trabar medidas cautelares o ejecutar la condena. Cuestionó también, la imposición de costas en virtud del principio de gratuidad en materia de consumo. En cuanto al gas domiciliario de red, cuestionó la falta de legitimación activa declarada y afirmó que la falta de conexión a Litoral Gas constituía un daño directo e individual derivado del incumplimiento de la garantía de saneamiento e indemnidad asumida por la vendedora en el contrato de consumo, reclamando los mayores costos de energía/gas envasado y la pérdida de valor del inmueble. Seguidamente, aclaró que no reclamaba en representación del consorcio por el 100% de las obras del edificio, sino el resarcimiento de su alícuota parte proporcional (0,0220 %) de las expensas extraordinarias que debe afrontar para subsanar los vicios constructivos originarios y mantener la indemnidad de su patrimonio. En cuanto al daño moral o no patrimonial, calificó de irrisoria la suma de $460.000, pues sostuvo que se evaluó de forma superficial la gravedad y continuidad de los padecimientos sufridos durante más de nueve (9) años (humedad, frío, falta de gas y afectación a la salud de su grupo familiar), solicitando su elevación mediante satisfacciones sustitutivas. En cuanto a los punitivos, impugnó el rechazo de la multa civil del art. 52 bis de la Ley 24.240, argumentando un incumplimiento doloso, continuado e indiferente por parte de la vendedora durante esos años, con afectación a múltiples unidades lo que configuraba un modus operandi reprochable. Por último, se quejó de la omisión de fijar el plazo de ejecución del fallo (art. 163 inc. 7 CPCC) solicitando se lo hiciera en 10 días, y requirió el replanteo de la pericial contable en alzada, para cuantificar las diferencias de costos entre gas envasado y natural, cuestión ésta que fue resuelta antes del llamado de autos al Acuerdo (el 14/4/2026).
Los agravios de A. apuntaron a la valoración de la pericia técnica y vicios ocultos llevada a cabo por el Ing. Vidal, bajo el argumento de que el perito no había detallado ni evaluado técnicamente las obras necesarias, limitándose a actualizar por índice CAC un presupuesto privado desconocido y desprovisto de valor probatorio. Dijo también, que la actora construyó clandestinamente un 3° dormitorio con tabiquería de durlock ("Dorm 3"), cuyas cargas y vibraciones causaron las grietas y filtraciones, configurando una causa ajena eximente de responsabilidad. Afirmó que cualquier reparación vinculada a áreas o servicios comunes del edificio debía quedar expresamente excluida del monto de la condena individual y cuestionó que la fórmula aplicada (IPC + 6%) elevaba el capital de $ 1.150.800 a $ 21.412.800 (aproximadamente un 30% del valor del departamento), resultando una cifra confiscatoria y desproporcionada. En cuanto al daño moral, consideró desmedida la suma fijada por haber sido calculada mecánicamente como un 40% arbitrario del daño material. Al cierre, se agravió de la falta de imposición de costas omitida al resolverse la excepción de falta de legitimación activa.
III. Acerca de la legitimación del fiduciario S.:
La excepción de falta de legitimación para obrar, como la articulada, apunta a verificar quiénes están autorizados para obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda, en cada caso concreto y, por tanto, si es posible resolver la controversia que, respecto de esas pretensiones, existe en el juicio entre quienes figuran en él como partes-demandante, demandado o interviniente; en una palabra, si actúan en el proceso quienes han debido hacerlo por revestir la condición de personas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la litis (Devis Echandía, Nociones generales de derecho procesal civil , 2ª ed., 1966, p. 300).
Del análisis de la demanda entablada contra el fideicomiso en garantía (art. 1680 CCCN), basada en un contrato celebrado bajo la vigencia del CCCN (Ley 26.994) se advierte que la actora (titular de una unidad funcional desde el 27/12/2017), demandó expresamente a "J. A. S. en su carácter de fiduciario y representante de A. Fideicomiso de Administración y Garantía" (fs. 148) quien aparecía en la escritura n° ... (pasada ante el Escribano Tessi), como el administrador fiduciario y titular de dominio, lo que igualmente surge consignado en el plano .. ..-..-2015 (ambos reservados en Secretaría). Si bien en el petitorio se aludió a que la pretensión se dirigía contra el referido Fideicomiso A. y/o J. A. S. y/o contra quienes resulten responsables por haber participado directa o indirectamente en la transgresión de los derechos del consumidor en la operación de venta, fue su condición de fiduciario la base sobre la cual se apoyó su llamado a la litis (arts. 1673 y 1674 del CCCN).
Esa demanda, así planteada, ameritó la notificación al codemandado que se presentó el 18/8/2020 y opuso la excepción que aquí se trata, indicando que no podía ser alcanzado en su responsabilidad personal, una responsabilidad que no puede inferirse de los términos de aquella demanda (art.330 arts. 2 y 4 del CPCC). La respuesta de la actora a la defensa esgrimida dejó en claro que no había demandado en forma personal a J. A. S., quien como fiduciario y titular de dominio del bien inmueble tenía el deber de cumplir con las obligaciones asumidas, inherentes a su función (art. 1674 del CCCN). S., en efecto, fue convocado por aquella condición mencionada de representante fiduciario por quien -como consumidora inmobiliaria- contrató con él bajo esta particular figura contractual que como fideicomiso en garantía se había incorporado al CCCN, en el art. 1680, meses antes del boleto y de hecho, tras su fallecimiento, se presentó en estos autos su reemplazante Sr. l. P. (el 5/10/2021; art. 1678 inc. b) del CCCN).
No obstante, meses después (el 8/8/2022) obró un pedido del Fideicomiso demandado para que se citara a los herederos del anterior Fiduciario a comparecer a estos autos a integrar la litis, lo que así se ordenó. Éstos se presentaron el 21/4/2023 y aludieron a "la improcedencia de la notificación a título personal", en su convicción de que ninguna razón justificaba su comparecencia a la causa cuando ya el reemplazante del fiduciario había tomado intervención en el proceso. En respuesta, precisamente, el 23/5/2023 la actora reiteró que nunca había demandado a J. A. S. personalmente para que respondiera con su patrimonio, ya que los bienes fideicomitidos constituían un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario, por lo que reafirmó que se había citado erróneamente a los sucesores del Sr. S. (art. 1685 del CCCN) y que no desistía de la acción ni del derecho articulado contra el fiduciario S. y/o luego, contra su sustituto l. P. (31/8/22).
Coincido con esa posición de la actora, al tiempo que discrepo con la procedencia hecha en el fallo a la excepción de falta de legitimación pasiva que postulo revoquemos, teniendo en cuenta que ella había contratado con aquel fiduciario que representaba al Fideicomiso en garantía y que, además para entonces, se exhibía como el titular del inmueble que se le escrituró, ante los efectos que tiene el carácter fiduciario de la propiedad frente a terceros, los que operan en el momento en que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes respectivos, tratándose éste de uno registral (art. 1683, 1892 y 1893 del CCCN y 40 LDC nª 24.240 y modif.).
Destaco así, que no hay elementos que me permitan hacer derivar de aquella pretensión inicial, la existencia de una dirigida al fiduciario J. A. S. a título personal y tras el análisis de los actos procesales que se sucedieron en torno a esa cuestión, considero que la excepción de falta de legitimación pasiva debe ser rechazada, pues la demanda fue correctamente dirigida contra quien resultaría -como fiduciario- responsable frente al consumidor adquirente, relativas al cabal cumplimiento del objeto encomendado por el Fideicomiso en garantía al que representaba en sus relaciones con terceros, y por haber sido la interpretación del fallo en tal sentido, el resultado descontextualizado de una demanda que -en lo parcial- quedó despejada con las actuaciones que prosiguieron y que hicieron de la notificación de la demanda a los herederos de J.A. S. instada por la demandada (8/8/2022), una actividad innecesaria.
El fiduciario, como tal, está legitimado y puede ser responsable del incumplimiento de sus obligaciones en tanto no pruebe causa ajena. Es él quien puede adjudicar las unidades a los terceros compradores y trasmitir el dominio pleno del bien, como lo hiciera (art. 17 ley 24.441; CNCiv. Sala H, 4/5/2016, MJ JU-M 98962-AR). Tenía a su cargo el cumplimiento del objeto consistente en la adquisición y desarrollo del inmueble y el deber de cumplir las obligaciones impuestas por la ley o convención con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él (art. 6 de la ley 24.441), debiendo su conducta estar regida por el principio de buena fe (art. 9 CCCN). De su obrar diligente surgiría el provecho del negocio, siendo el protagonista principal del proyecto.
De tal modo, son a cargo del Fideicomiso las costas de ambas instancias por la excepción que ahora se rechaza y por las concernientes al improcedente llamado al proceso de los herederos del fiduciario que actuara en primer término, ya que la conducta de quienes interactúan en un litigio no está desprovista de consecuencias (art. 68 del CPCC) .
Ninguna analogía puede aplicarse a una condición distinta y propia de las personas jurídicas, cuando el contrato base del reclamo se trató de una compraventa inmobiliaria concretada con un fideicomiso en garantía, sujeto a las normas específicas del CCCN y las receptivas de la anterior legislación en la materia (ley 24.441).
IV. Legitimación activa para el reclamo por falta de gas domiciliario:
El compromiso de entregar el departamento con las instalaciones y conexiones aptas para el suministro de gas de red constituía una obligación contractual directa e individual asumida por la vendedora en el marco de una relación de consumo en tanto formaba parte de lo ofrecido (arts. 1092, 1093 y 1100 del CCyCN; Ley 24.240). El incumplimiento de dicha prestación no es un problema abstracto del consorcio, sino un vicio que genera un menoscabo directo en el patrimonio y la habitabilidad de la consumidora adquirente, garantizado por la obligación de saneamiento e indemnidad ya que lo comercializado era una unidad habitacional apta para su uso, de modo que debía garantizarse los servicios básicos que formaron parte de la prestación principal (arts. 10 y 17 de la Ley 24.240 y 1051 y ss. CCCN).
En tal sentido, el fiduciario/desarrollador debía cumplir con la obligación de diligencia profesional, que imponía conocer la normativa técnica vigente fijada por la distribuidora de gas (o la autoridad regulatoria), de modo que si la instalación no fue aprobada, la falta frente al consumidor es imputable a la demandada, por impericia o negligencia técnica. La tramitación de factibilidades, aprobaciones de planos y adecuaciones normativas era un riesgo propio del giro comercial de la construcción emprendida por aquélla, de modo que no constituye caso fortuito ni de fuerza mayor que pudiera tornarlo una cuestión ajena e imprevisible.
Ante la imposibilidad de satisfacer aquello ofertado, que ha quedado reconocida por la demandada y surge del informe de L. G. recibido el 21/10/2021, cabe el reembolso de los costos para sustituir la falta de gas (o de un valor que lo considere suficientemente), como lo es el sobrecosto de energía eléctrica o la instalación de las garrafas que se advierten presentes en la base del edificio, junto a las cocheras, en las fotografías acompañadas con la demanda (fs. 63/65), encontrándose legitimada la actora para formular ese reclamo, pues es quien sufriera el daño directo derivado del incumplimiento contractual y de la afectación al derecho de consumo en la unidad funcional propia, además de generar gastos directos a la compradora, todo lo cual será objeto de consideración para la cuantificación que haré al cierre de este apartado.
En lo que respecta a los defectos en desagües e impermeabilización, la adquirente es copropietaria de las partes comunes en virtud del régimen de propiedad horizontal y firmante del contrato individual en que basara su reclamo, por lo que está legitimada para exigir al fideicomiso la entrega del bien en condiciones legalmente aptas para su uso; en síntesis, la compradora podía accionar individualmente para exigir la adecuación técnica del edificio entero en lo que fuere necesario para obtener la habilitación de su servicio, sin perjuicio de los daños personales que también sufra. La posible acción del consorcio no desplaza ni invalida la legitimación de la compradora que actúa en el interés propio (art. 1092, 1093, 730 inc. a y b, y 1051, 1053, 1055 y 2041 del CCCN; 1, 2, 4 y 40 LDC y 43 de la CN).
Postulo, entonces, que acojamos el recurso de la actora en tal sentido y admitamos su legitimación activa para la pretensión formulada a título individual, tanto por los perjuicios sufridos en su unidad como por los constatados en las partes comunes del edificio en el que la unidad funcional adquirida está emplazada (balcones sin ajustar, mala aislación hidrófuga en el edificio, anegamiento en zona de ingreso a las cocheras, pasillo y hall de ingreso; vicios ocultos que aparecieron inmediatamente después de la entrega del departamento y que tienen su causa en los defectos de la construcción (pericia Ing. Civil Vidal; art. 474 del CPCC y testigos que declararon el 16/5/2024; Gabás, Alberto A., Incidencias del Código Civil y Comercial , Hammurabi, Bs.As., 2015, pgs. 34/35 y 39/41). Tal decisión deja sin agravio a la omisión de resolver las costas de la excepción referida, que se revoca.
En lo que respecta a las expensas extraordinarias cuya devolución se persigue en la proporción abonada por la actora con relación a su unidad funcional, la tutela del crédito indemnizatorio exige atender a la realidad fáctica. La actora no accionó en representación de la masa de propietarios para exigir la ejecución colectiva de las obras, sino para obtener la reparación del perjuicio patrimonial concreto que sufre al verse obligada a integrar la cuota parte proporcional de expensas (alícuota 0,0220%) destinada a solventar los vicios constructivos originarios del edificio, en ejercicio que le asiste como adquirente de una unidad funcional (. piso ., bloque . de Almafuerte ...).
Corresponde admitir, entonces su legitimación activa en la estricta medida proporcional de su alícuota patrimonial, debiendo revocarse el fallo que hiciera lugar a esa defensa.
Seguidamente, al desarrollar el reclamo por falta de conexión a la red de gas natural de L. G., la actora pretendió que este Tribunal condenara a la demandada a pagar la diferencia tarifaria entre el gas envasado ("chanchas") y el gas natural calculado de manera proyectada como daño futuro condicional o subsidiario hasta el fin de su vida útil probable (estimada en 80 años). Asimismo, introdujo como perjuicio patrimonial la comisión que cobra el Administrador del Consorcio por la gestión y recarga del gas provisorio.
Si bien la falta de gas formó parte de la demanda (XII.2), la cuantificación de una renta o indemnización futura proyectada a varias décadas, basada en la expectativa de vida, no fue acreditada para su valoración: la pericia contable del 14/9/2023, llevada a cabo por el Perito Oficial Mario Isa, no contó con los consumos abonados por la actora con indicación de los m3 consumidos y la liquidación a efectuar por L. G. S.A. de acuerdo a las tarifas vigentes en cada momento. No obstante, se infiere la procedencia del reclamo ante la falta del servicio de gas de red que debe ser evidentemente suplido en un edifico de departamentos ubicado en zona urbana, tanto más cuando las fotografías acompañadas y constataciones notariales exhiben la presencia de aquellas garrafas supletorias en la planta de acceso a las cocheras.
La incorporación en el memorial de los gastos que cobra el administrador por la recarga, se advierte novedosa como pretensión que no fuera incorporada oportunamente, de modo que no corresponde su tratamiento ahora (art. 272 del CPCC).
No se me pasa por alto tampoco, que la pericia del Ing. Vidal aludió a que "nunca fueron presentados los planos sanitarios del Complejo de Viviendas" en la Municipalidad para poder indicar cómo fue diseñado y construido el complejo de tanques de agua que surte al edificio (pericia del 26/2/0222); así tampoco, las deficiencias para escurrir el agua de lluvias en el patio de ingreso a las cocheras.
Por lo expuesto, soy de opinión de que el reclamo resulta procedente y debe ser indemnizada la sola carencia de ese servicio junto con los restantes vicios que fueron acreditados en las partes comunes del edificio de las que se sirve la propietaria, cuya determinación de la cuantía debe intentarse ponderar a valores actuales, a través de una compensación sustitutiva que está representada -a mi criterio- por el equivalente total por todo concepto, a doce (12) canastas hogar tipo 2 (CBH tipo2), acogiéndose el reclamo del parcial, en tal sentido.
A modo ilustrativo de su dimensión y proyección expongo que, a la fecha de este fallo y según el último publicado, esa canasta -individualmente- asciende a la suma de $ 1.605.497 -, sin perjuicio de su cuantificación definitiva según el valor que diere a conocer oportunamente el INDEC en ocasión de practicarse la liquidación del caso (art. 1741, 1093 y 1094 del CCCN; esta Cámara, RS 251/24; expte. 5066, 3/12/24 y RS 74/26, expte. 14.739, 31/3/2026).
La depreciación del valor de venta de su departamento (valor venal), a raíz de la falta de gas de red y ante los vicios del edificio, fueron incluidas como lucro cesante y no surge acreditada, siendo éste un daño que no puede ser presumido y requiere prueba (art. 375 del CPCC).
V. Daños materiales:
1. Los vicios constructivos, la pericia técnica del Ing. Vidal (26/2/2022) y el alegado hecho de la víctima:
Examen de la pericia técnica : En el dictamen presentado el 26/2/2022 y sus aclaraciones del 25/3/2022, el Perito Ingeniero Civil Jorge Fernando Vidal llevó a cabo la inspección personal de la unidad funcional de la actora (departamento . .). En dicha diligencia, en efecto, constató la mancha de humedad en la intersección del techo y muro del dormitorio orientado al noreste (Foto 2 del informe), determinando con rigor científico que, dada la ausencia de cañerías en dicho tabique, la causa del daño era la inexistencia o defectuosa colocación de la aislación hidrófuga exterior del muro. Asimismo, comprobó las fallas en el sellado de juntas del baño contiguo y mesada del lavatorio, la falta de empotramiento de la manguera del aire acondicionado que vuelca agua al balcón, y el leve movimiento en la baranda del balcón por deficiencias de anclaje, entre otros daños destacables.
Valoración del presupuesto y cuantificación : Frente a la impugnación de la demandada, el experto Vidal confirmó que las patologías descriptas en el presupuesto de "L. C." de fecha 2/9/2018 correspondían efectivamente a las deficiencias ya verificadas en el inmueble.
En ejercicio de su incumbencia, el perito procedió a actualizar el monto de reparaciones interiores y exteriores del departamento ($274.000 a septiembre de 2018) aplicando el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC: 305,1 a 1281,5; Coeficiente 4,20), alcanzando la suma de $ 1.150.800 a valores de enero de 2022, infiriéndose de allí que el perito Ingeniero consideró (para hacer suyos los montos), que el presupuesto condecía con los valores del mercado para la fecha de su emisión (art. 474 del CPCC).
Ese dictamen pericial se encuentra fundado en principios técnicos inobjetables sin que existan elementos probatorios de mayor eficacia para desvirtuarlo, de modo que no hallo razones para apartarme de las conclusiones, desestimándose el recurso de la demandada articulado en tal sentido.
En lo que respecta al planteo efectuado por ella, relativo a la incidencia posible de la instalación de una placa de Durlock para la división de un ambiente (tercer dormitorio), su planteo resulta novedoso pues en oportunidad de contestar la demanda, se limitó ésta a negar los daños en forma genérica, alegar que vendió el inmueble una vez concluida la obra y a sostener que era un fideicomiso de garantía y no de construcción o inmobiliario. El argumento que ahora introduce como eximente por el hecho de la víctima (art. 1729 del CCCN) fundado en esa modificación edilicia o de tabiquería interna de Durlock no fue parte de la plataforma fáctica de la litis como quedara trabada, por lo que está vedado a este Tribunal su tratamiento (art. 272 del CPCC).
2. Daños materiales y la actualización de su cuantía :
Se agravió la demandada de que el perito Ing. J. Vidal actualizara el presupuesto acompañado con la demanda con ajuste al índice de la construcción de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) para arribar a un monto actualizado para Enero de 2022 (trabajo del 26/2/2022), así también, de la fórmula que se ordenó aplicar para la actualización posterior del valor de la condena por estos daños (IPC + tasa 6%) cuyo resultado sería desproporcionado, pues haría que el capital representara un 30% del valor real del departamento adquirido.
En primer lugar, considero que el índice tomado (CAC) es un indicador sectorial idóneo y representativo del rubro edilicio en nuestro país y a diferencia de un índice de precios generales (como el IPC), el CAC pondera con precisión técnica la variación combinada de los insumos propios de la construcción: materiales hidrófugos, albañilería, equipos, mano de obra y cargas sociales, entre otros. Ese perito no llevó a cabo un cálculo económico ajeno a su materia, sino una estimación técnica del costo de reposición a la fecha de su trabajo, de las obras constatadas como necesarias en su inspección. Para desvirtuar el dictamen de un perito no alcanzan las disconformidades o impugnaciones genéricas de la demandada, sino que es necesario aportar prueba técnica en contrario de igual o superior entidad científica que demuestre que el cálculo es manifiestamente errado. Al no haberse presentado una pericia o presupuesto alternativo contradictorio, el dictamen resulta plenamente válido para su consideración en este fallo (arts. 375 y 384 del CPCC).
Sentado ello, en segundo término señalo que resulta respetuoso del objetivo de reparación plena del daño causado (arts. 2, 3, 1738 y 1740 del CCyCN) que revisemos el segundo criterio (aplicación del IPC + 6%), sobre la base de la solución que este Tribunal ha dado en recientes precedentes, teniendo en cuenta aquí la obligación de resarcir vicios constructivos que constituye una deuda de valor (art. 772, CCCN) cuyo objeto no es entregar una suma de dinero nominal consolidada en el tiempo, sino la cantidad necesaria para adquirir bienes y contratar mano de obra que restituya el inmueble a su regular estado para el normal uso (art. 1092, CCCN).
En tal sentido, y firme la descalificación que hiciera el juez de grado respecto del art. 7 de la ley 23.928, replico aquí que consideramos justo que se tome el valor de cotización del dólar oficial para la venta del (BNA), a la fecha de la evaluación pericial (26/2/2022, que por haber sido sábado se toma la del día anterior) y que era de U$D 1= $ 112,50.-.en relación con el importe que surge de la experticia de $ 1.150.800.- para reparar los daños en el interior de la unidad de la actora únicamente, lo que aquella fecha representaba la suma de U$D 10.229,33.-
De tal modo, la reparación plena arriba referida justifica que tengamos en consideración la cotización oficial del dólar al día del presente pronunciamiento (U$D 1= $ 1.540.-), por lo que aquellos U$D 10.229,33.- resultan representativos hoy de la suma de $ 15.753.168,20.- (Quince millones setecientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos c/veinte centavos).
De conformidad con lo expuesto, propongo al Acuerdo que acojamos el recurso de apelación de la demandada y modifiquemos el modo de actualización formulado en la sentencia, teniendo en cuenta que la solución condice con las directivas dadas por la doctrina legal de la Suprema Corte Provincial en el fallo "Barrios" (causa C. 124.096, 17/4/2024), acerca de que los jueces debemos establecer un mecanismo de preservación del crédito a valores actuales al momento del pronunciamiento (esta Cámara, en expte.10.380, 17/9/26, RS 232/2026 y nª 11.950, 26/12/2024, RS 270/2024).
VI. Daño no patrimonial:
La constatación de vicios constructivos originarios, las filtraciones de humedad sostenidas en los dormitorios de la vivienda, la falta de provisión del servicio básico de gas de red y las molestias derivadas de utilizar sistemas provisorios y alternativos (aunque más costosos) durante más de nueve años generaron ilegítimas e intensas zozobras que afectaron (y afectan al presente) la tranquilidad y la vida cotidiana de la actora y su familia, quienes tienen en el inmueble radicada la sede de su hogar y dado que los deterioros irrumpieron en la paz de la vivienda y justifican se indemnicen por daños no patrimoniales (esta Cámara, en expte. 11.950, 26/12/2024, RS 270/2024 y expte. 10.380, 17/9/2026, RS 232/2026).
El juzgador de la anterior instancia fijó la suma de $460.000, la cual se exhibe -a mi criterio- insuficiente para reparar el menoscabo espiritual sufrido ante el sostenido malestar de la falta de solución de los vicios y faltantes. Evaluando la prolongación de los padecimientos (9 años) y atendiendo a la función del daño moral como satisfacciones sustitutivas y compensatorias (art. 1741 del CCyCN), postulo acojamos el recurso de la actora que ha pedido una satisfacción sustitutiva y compensatoria (fs. 163) y desestimemos el de la parte demandada.
Considero que la reparación del daño moral debe establecer una cuantificación justa y que, asida a un índice que otorgue certidumbre acerca de lo que, en su oportunidad, representará, está dada por la condena al pago total por este rubro, de siete (7) canastas básicas totales (CBT) para un hogar tipo 2, teniendo en cuenta los nueve años transcurridos con esos defectos constructivos y sin gas natural por red, y los consabidos sinsabores que implicara a pesar de la promesa de solución sin respuesta eficaz a un reclamo que formuló de inmediato, tras comenzar a ocupar la vivienda (la CD de fs. 45/46 es de marzo de 2017).
La solución dada se ciñe a las directivas del Superior Tribunal Provincial en "Barrios" (17/4/24, C. 124.096), en tanto traduce una valoración actual y que juzgo conservadora de la capacidad de reparación hasta el efectivo cumplimiento de la condena (conf.apartado V.17.c del referido fallo). En aquel precedente, se indicaba que debía establecerse el mecanismo específico de preservación del crédito que fuere el más idóneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio, a la luz de la índole del conflicto, la naturaleza de la relación jurídica en la que aquel se ha suscitado, la conducta observada por las partes y los demás factores relevantes comprobados de la causa judicial.
VII. Daño Punitivo:
El daño punitivo resulta procedente excepcionalmente ante incumplimientos graves de los deberes de protección, información y garantía hacia los consumidores. Si bien en la causa ha quedado acreditado que la demandada desoyó durante nueve años los reclamos de la consumidora adquirente, omitiendo dar solución a los vicios hidrófugos y a la falta del suministro de gas de red prometido, considero que lo evaluado en el fallo se ajusta a derecho, en tanto no se hallan reunidos los requisitos para su procedencia.
No obstante, la actora se agravió de su rechazo, argumentando que la falta de intención del demandado de solucionar el conflicto, la omisión de informar debidamente y la conducta desplegada en el proceso trajeron aparejada la demora a responder a sus reclamos y en definitiva, favoreciéndolo.
Si bien es cierto que la norma sólo exige para su aplicación el requisito de que el proveedor no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor (SCBA C 119562 S 1710/18, "Castelli, M.C. c/Banco de Galicia y Bs. As. S.A. Nulidad de acto jurídico"), dicha mención debe ser entendida como una condición necesaria aunque no suficiente para imponer la condena punitiva. Si no hay incumplimiento no puede haber daño punitivo, pero puede haber incumplimiento sin daño punitivo, puesto que la norma confiere dicha prerrogativa al juzgador al decir "podrá", mas no en carácter imperativo (Wajntraub, Javier, Régimen jurídico del Consumidor Comentado , Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, p. 313).
La sanción en cuestión fue ideada para situaciones puntuales, ya que no cualquier incumplimiento o simple negligencia da lugar a esta pena sino que para ello están los rubros resarcitorios.
Dado que no se trata de una indemnización ni tiene por objeto mantener la indemnidad de la víctima (RSD 56/21, extpe. 14.188 de esta Cámara), no se evidencia una conducta que habilite la sanción referida, ni se acreditó por parte del demandado un obrar incumplidor como modalidad en su exclusivo beneficio.
VIII. Intereses:
Atento que el rubro indemnizatorio de condena por daños materiales ha sido cuantificado a valores actuales a la fecha de este pronunciamiento, corresponde ordenar que sobre dicha suma se liquiden intereses a una tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho/constatación de los vicios (10/3/2017, CD fs. 45/46) hasta la fecha de la presente sentencia de Cámara; y de aquí en más y hasta su efectivo pago, con ajuste a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (doctrina SCBA causas "Vera" y "Nidera" C-120536 y C-121134 ), pues cuando los rubros indemnizatorios son fijados a valores actuales, debe establecerse sobre ellos la tasa referida con la salvedad de que ante la revisión formulada en esta sede de apelación, la nueva fecha de corte habrá de ser la de este fallo de Cámara.
IX. Plazo de cumplimiento:
De conformidad con el art. 163 inc. 7 del CPCC y art. 29 de la Ley 13.133, corresponde fijar el plazo de diez (10) días de notificada la presente para el cumplimiento efectivo de la condena.
X. Costas:
Atento al resultado de los recursos, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68 del CPCC).
Propongo al Acuerdo, entonces, que hagamos lugar al recurso de apelación de la parte actora con respecto a ambas excepciones que fueran acogidas en el fallo, declarando que la condena incluye al Fiduciario de A. F. A. G., con el alcance de responder con los bienes fideicomitidos, con costas a la vencida; asimismo, que modifiquemos los montos de condena, fijando las indemnizaciones a valores actuales por daños materiales y reparaciones, en la suma de $ 15.753.168,20, y el pago de doce (12) canastas básicas hogar tipo 2 (CBH T2) y en siete (7) de las mismas, por la privación de uso del gas de red y gastos que debiera afrontar la actora para contrarrestar su carencia, como así también para cubrir los consumos generados en su reemplazo (en la proporción de su unidad funcional) y en concepto de daño no patrimonial respectivamente, dejando sin efecto la fórmula propuesta en la instancia de grado relativa al IPC más 6% y fijemos la tasa de interés aplicable en un 6% anual puro desde la producción del daño cuya reparación fue intimada (10/3/2017) hasta la fecha de esta sentencia, y desde aquí hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días para los daños materiales peritados aquí cuantificados en moneda de curso legal exclusivamente, estableciendo el plazo de diez días para el cumplimiento de la condena, una vez firme la liquidación que se practique al efecto, con costas a la demandada vencida en ambas instancias.
Doy así, mi voto.
Por iguales fundamentos, los Jueces Dres. Kozicki y Tivano votaron en el mismo sentido.
Con lo que finalizó el presente Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se resuelve:
1º.- Acoger el recurso de apelación de la parte actora, por lo que se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva opuesta por J. A. S., declarando que la condena incluye al Fiduciario de A. F. A. G., con el alcance de responder con los bienes fideicomitidos, con costas a la vencida.
2º.- Revocar la decisión que hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación activa respecto del reclamo por la provisión de gas domiciliario y de la alícuota proporcional de expensas extraordinarias y en lo concerniente a daños y/o vicios en las partes y servicios comunes.
3º.- Modificar los montos de condena, fijando las indemnizaciones a valores actuales, por daños materiales y reparaciones, en la suma de $ 15.753.168,20, y en doce (12) canastas básicas hogar tipo 2 y en siete (7) de las mismas, por la privación de uso del gas de red y gastos que debiera afrontar la actora para contrarrestar su carencia, como así también para cubrir los consumos generados en su reemplazo, en la proporción de su unidad funcional y en concepto de daño no patrimonial respectivamente, dejando sin efecto la fórmula propuesta en la instancia de grado relativa al IPC más 6%.
4°.- Desestimar el recurso articulado por la actora en lo relativo a los daños punitivos, solución de grado que se confirma.
5°.- Fijar la tasa de interés aplicable en un 6% anual puro desde la producción del daño hasta la fecha de esta sentencia, y desde aquí hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días, en lo relativo a los daños materiales en su unidad, exclusivamente.
6°.- Establecer en diez (10) días el plazo para el cumplimiento de la condena una vez firme la liquidación que se practique (art. 163 inc. 7 CPCC).
7°.- Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida en lo principal de las cuestiones (art. 68 del CPCC).
Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: FERNANDEZ BALBIS Amalia - JUEZ
Funcionario firmante: KOZICKI Fernando Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: TIVANO Jose Javier - JUEZ
Funcionario firmante: MAGGI Maria Raquel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 293-2026
Fin de la sentencia