Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa I-37893-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Por Mayoría, declarar parcialmente admisible el recurso impetrado (artículos 21, 106, 421, 433, 439, 441, 442, 443, 446, y concordantes del código de forma).
II. No hacer lugar a la solicitud de audiencia para informar oralmente, deducida en los términos del art. 442 del rito adjetivo.
III. Rechazar el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia confirmar la resolución mediante la cual el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro no hizo lugar al sobreseimiento impetrado (artículos 55, 67 y 119 1er y último párrafo del Código Penal y artículos 106, 321, 323 a contrario sensu, 434, 435 y concordantes del Código Procesal Penal)
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del imputado contra el resolutorio que resolvió no hacer lugar al sobreseimiento.
Practicado el sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden en la votación: Jueces Carlos F. Blanco, Oscar R. Quintana y Gustavo A. Herbel (conforme artículo 440 del Código Procesal Penal).
El Juez Dr. Carlos F. Blanco, dijo:
I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del imputado contra el resolutorio por el cual la jueza a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 departamental de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, resolvió no hacer lugar al sobreseimiento peticionado en favor de Rogelio Adolfo Illa por prematuro.
Para así decidir, indicó que al nombrado se le atribuye el hecho investigado en autos, calificado prima facie como constitutivo del delito de abuso sexual simple de menores de 13 años de edad doblemente agravado por ser cometido por un ascendiente y por estar encargado de la guarda y la educación, reiterado (art 55 y 119, primer y último párrafo, en función del cuarto párrafo, incisos b y f, del Código Penal).
La magistrada ponderó que el estado de la pesquisa no permitía adquirir la certeza negativa exigida para desincriminar de modo definitivo al encausado en los términos del artículo 323 del Código Procesal Penal, resultando necesario que la instrucción prosiga su trámite para la producción de medidas conducentes al esclarecimiento de los extremos controvertidos.
Asimismo, descartó la concurrencia de los supuestos previstos en los incisos 6° y 7° del precepto adjetivo citado, destacando que la disposición de archivo de fecha 23 de noviembre de 2022 revistió carácter provisorio y no definitivo, aunado a que la progenitora de las víctimas se presentó dentro del término de ley a fin de instar su constitución como particular damnificada.
Concluyó entonces que, subsistiendo un cuadro probatorio que requiere mayor esclarecimiento a la luz de la regla de la sana crítica racional, correspondía desestimar la solicitud defensista por resultar prematura.
II. En su recurso, la defensa sostuvo que el pronunciamiento recurrido resultó arbitrario y carente de fundamentación al desatender los informes periciales oficiales y testimonios médicos que descartaron la existencia de indicadores de abuso.
Afirmó que la prolongación de la pesquisa tras más de tres años desde el archivo dispuesto violentó la garantía del plazo razonable y el derecho de defensa, solicitando que se dicte el sobreseimiento de su asistido en los términos del artículo 323 del ordenamiento adjetivo o, subsidiariamente, el archivo definitivo de la causa, formulando reserva de los recursos extraordinarios provinciales de inconstitucionalidad y del caso federal.
Asimismo, dejo expresada su voluntad de informar oralmente en los términos del art. 442 del C.P.P.
III. Analizadas las constancias de autos, adelanto que propiciaré declarar inadmisible la impugnación intentada, ya que la resolución cuestionada no es recurrible.
Nuestro ordenamiento procesal ha establecido que las resoluciones judiciales serán impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente previstos en el código (art. 421 1er párrafo del C.P.P.).
En efecto, conforme surge de una armónica inteligencia de los artículos 325 y 439 del rito procesal, es impugnable por esta vía el auto de sobreseimiento mediante el cual se clausura de modo definitivo el proceso, mas no el pronunciamiento que desestima dicha pretensión durante el curso de la Investigación Penal Preparatoria.
Ello así, por cuanto la defensa conserva expedita la facultad de instar nuevamente la petición en la oportunidad conferida para oponerse al requerimiento fiscal de elevación a juicio y, en el supuesto de que la decisión resulte contraria a sus intereses, cuestionar la eventual elevación de la causa (artículos 336 y 337 del ordenamiento adjetivo).
En consecuencia, si el recurso no esta expresamente previsto, solo podría ser admisible en caso de que la resolución atacada causare un gravamen irreparable, conforme lo dispuesto en el art. 439 del C.P.P., lo que no se aprecia en el caso.
Al respecto, cabe precisar que la mera invocación defensista respecto al plazo razonable y al transcurso del término de archivo no logra conmover dicha conclusión. En efecto, no se configura el supuesto de excepción previsto en el art. 323, inciso 7°, del rito, en tanto el archivo primigenio fue provisorio y medió oportuna actividad impulsora de la particular damnificada, a lo que se suma que tampoco se ha articulado formalmente una causal de extinción de la acción penal por prescripción (art. 323, inc. 1°, del C.P.P.), instituto que, a mayor abundamiento y en atención a los delitos cometidos en perjuicio de menores de edad, se encuentra alcanzado por la causal de suspensión prevista en el art. 67, párrafo quinto, del C.P. (texto según ley 27.206).
De allí que, no hallándose legalmente contemplada la apelabilidad de este tipo de resoluciones, ni acreditado un gravamen de carácter irreparable que justifique apartarse de la jurisprudencia inveterada de ésta Sala, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso (art. 421, 433 y 446 del C.P.P.).
Por todo lo hasta aquí expuesto, habré de proponer al acuerdo declarar inadmisible la apelación defensista articulada (artículos 21, 106, 421, 433, 441, 442, 443, 446, 447, y concordantes del código de forma).
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial; y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez, Dr. Oscar R. Quintana, dijo:
Analizado el presente, he de apartarme parcialmente del temperamento propuesta por el colega preopinante.
Si bien concuerdo en cuanto a que la impugnación del rechazo de un sobreseimiento no integra el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación, corresponde verificar en cada caso en concreto si se configura el supuesto que excepcionalmente habilita el conocimiento por parte de la Alzada. Ello, en tanto el Art. 439 del C.P.P., establece que "El recurso de apelación procederá contra las decisiones que expresamente se declaren apelables o que causen gravamen irreparable.".
Al respecto, lleva dicho la doctrina que no existe una definición genérica del concepto de "gravamen irreparable" pero que este tendrá lugar ".cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución" (Los recursos..., p. 589). El perjuicio puede ser tanto procesal como sustancial (cfr. Núñez, Código..., p. 457)." (Comentario al art. 439 del C.P.P. en Bertolino, P. J., comp., "Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires Comentado y anotado con jurisprudencia provincial", 11ª ed. Ampliada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017).
En el mismo sentido se expide D'Albora al expresar que este tiene lugar cuando ".no es susceptible de obviarse durante el trámite del proceso ni en la sentencia definitiva, de suerte que puede frustrarse el ejercicio de derechos procesales (.) La CSJ comprende en este ámbito las decisiones que privan al interesado de utilizar, con eficacia, los remedios legales posteriores para obtener la tutela de sus derechos (.) La irreparabilidad del agravio es cuestión de hecho en cada caso concreto e imposible de quedar atrapada, aun en forma casuística, por una norma procesal." (D'Albora, F. "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado.", Tomo II, Sexta Edición, Lexis Nexis, Buenos Airres, 2003, págs. 991/992).
Así, puede concluirse que causarán gravamen irreparable, y por tanto habilitarán excepcionalmente la vía del recurso de apelación, aquellas decisiones que producen un daño o perjuicio jurídico, procesal o sustancial al interés del recurrente, que no va a poder ser subsanado posteriormente (conf. Ayán, M., "Medios de impugnación en el proceso penal", Alveroni Ediciones Alveroni, Córdoba, 2007, pág. 55).
De este modo, si bien en general el rechazo del sobreseimiento en base a que no se consideran configurados sus supuestos de procedencia encuentra otra oportunidad de revisión por parte de la Alzada (vgr. recurso de apelación a tenor del art. 337 del C.P.P.), en el caso, el impugnante no circunscribe sus agravios exclusivamente al mérito de la prueba, sino que también introduce un cuestionamiento con relación a la disposición de archivo de la causa a tenor del art. 268 p.4to. del C.P.P. y el tiempo transcurrido desde esta decisión.
En efecto sostiene "...han transcurrido más de tres años desde que se dispusiera el archivo de las actuaciones, sin que durante dicho lapso se haya producido o incorporado prueba de entidad que modifique el cuadro probatorio existente, circunstancia que, a su entender, reafirma la improcedencia de la continuación del proceso, es lógica procesal, no se produjo otra prueba, y de la que existente no se llegaba a otra conclusión que el archivo, que duró más de tres años." (sic)
En consecuencia se aprecia que también se agravio respecto del rechazo de la pretensión instada en los términos del artículo 323, inciso 7°, del ordenamiento adjetivo.
Al respecto, no puedo ignorar que recientemente la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en la causa N° 143765, caratulada "Travaglini, Daniela s/ Queja" (resolución del 6 de julio de 2026), en un supuesto análogo al presente, revocó una decisión de esta Alzada en la inteligencia de que el rechazo del sobreseimiento, peticionado en términos del citado inciso 7°, causa un gravamen irreparable a la parte interesada (artículo 439 del C.P.P.).
Expresaron, en este sentido, que privar a la encausada de la revisión de dicha resolución vulnera el derecho al recurso y la garantía del doble conforme consagrados en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tal motivo, exigió a esta Alzada apartarse de "un excesivo rigor formal en la aplicación de las reglas que regulan el acceso al órgano de revisión" y ordenó expresamente ingresar al tratamiento del fondo de la cuestión traída.
En atención a lo allí resuelto, y de conformidad también con el temperamento que sostuve recientemente en causa nro. 22.283/Ira., la desestimación del pedido de sobreseimento con fundamento en el transcurso del tiempo desde la disposición del archivo fiscal, a tenor del art. 323, inc. 7 in fine del CPP, configura el supuesto excepcional habilitante de la vía recursiva intentada (art. 439 in fine del CPP).
Por ello, propicio declarar parcialmente admisible el recurso de apelación articulado por la defensa particular en cuanto al rechazo del sobreseimiento en los términos del art. 323 inc. 7mo. del CPP.
Es mi voto (artículos 18 y 75 inciso 22° de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH; 421, 433, 439 y concordantes del C.P.P.). (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez, Dr. Gustavo A. Herbel, dijo:
Llamado a dirimir la disidencia, adhiero al voto del Juez Oscar R. Quintana por sus mismos motivos y fundamentos.
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial; y 106 del ritual).
El Juez, Dr. Carlos F. Blanco, dijo:
IV. A tenor de las mayorías alcanzadas al momento de votar el apartado anterior y habiendo sido superada la admisibilidad formal del recurso interpuesto corresponde que me expida respecto del pedido de audiencia.
Conforme expusiere en causa 37.533/IIIa. (resolución del 25/06/2026) y en causa 37.596/IIIa. (resolución del 16/07/2026), el artículo 442 del Código Procesal Penal establece que el recurso de apelación se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que dicto la medida impugnada mediante escrito que contendrá, bajo sanción de inadmisibilidad, la indicación específica de los motivos de agravio y sus fundamentos. A su vez, dispone que, excepto el Ministerio Público Fiscal, las partes que recurran deberán manifestar fundamentos si informarán orlamente ante la Cámara de Garantías.
De allí se desprende que corresponde distinguir dos planos. Una cosa es la fundamentación del recurso de apelación, que delimita el objeto de conocimiento de la Alzada. Otra distinta, la fundamentación del pedido de audiencia, que debe explicar por qué la parte pretende informar oralmente.
Esta segunda exigencia no supone imponer una carga ritual excesiva, ni obligar a la parte a anticipar íntegramente el contenido de su exposición oral.
Tampoco implica restringir el derecho de defensa ni desalentar el uso de la oralidad. Solo exige que quien solicita la audiencia indique, de manera concreta, qué agravio pretende desarrollar, aclarar, precisar o reforzar, y cuál es la utilidad procesal de esa intervención oral en el caso.
En consecuencia, fundar el pedido de audiencia no significa reproducir el recurso ni formular un nuevo escrito de agravios. Significa explicar para qué se requiere la instancia oral. La audiencia prevista en el artículo 442 del ritual debe ser entendida como una posibilidad de profundizar los agravios ya introducidos, no como una nueva oportunidad para incorporar agravios novedosos, ni como un mecanismo destinado a suplir, fuera de término, la ausencia de fundamentación del recurso.
En ese marco, no alcanza con una fórmula genérica del tipo "solicito informar oralmente", "solicito audiencia in voce " o expresiones equivalente, si ellas no vienen acompañadas de una explicación sobre la finalidad concreta de la audiencia requerida.
En el caso bajo examen, la Defensa particular pidió la audiencia señalando " De conformidad con lo dispuesto en el art. 442 del ritual esta defensa deja expresada su voluntad de informar oralmente a VVEE a fin de manifestar los fundamentos jurídicos que otorgan pábulo suficiente al recurso de apelación que se interpone y permitirán ampliar lo expuesto en el mismo".
No se especificó cuál de los agravios esgrimidos se pretendía aclarar o precisar, ni por qué la necesidad de tal aclaración o presición en una instancia oral, limitándose a una manifestación de índole formal y genérica.
Por ese motivo, frente a la ausencia de una suficiente fundamentación, entiendo que corresponde rechazar la audiencia solicitada (artículo 442 del Código Procesal Penal).
Es mi voto. (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez, Dr. Oscar R. Quintana, dijo:
Adhiero a las consideraciones expuestas por el colega que me pecede, Dr. Carlos F. Blanco, y voto en idéntico sentido por el rechazo de la audiencia solicitada.
Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez, Dr. Carlos F. Blanco, dijo:
V. Habiéndose habilitado el examen parcial de la materia sustancial, corresponde abocarse de manera exclusiva al análisis del motivo de queja fundando en el transcurso del plazo de archivo previsto en el art. 323, inc 7°, del Código Procesal Penal.
Al respecto, cabe recordar que dicha norma supedita la procedencia del sobreseimiento a la verificación de dos recaudos concurrentes: el vencimiento del plazo legalmente estipulado según la escala aplicable y la falta de incorporación de nuevos elementos de convicción que justifiquen reanudar la investigación preliminar.
Atento a que el hecho intimado encuadra "prima facie" en la figura de abuso sexual reiterado con doble agravación (artículos 55 y 119, primer y último párrafo en función del cuarto párrafo, incisos b y f, del Código Penal), su juzgamiento es de exclusiva competencia criminal, rigiendo por tanto el término de tres (3) años de inactividad que prevé el precepto procesal aludido.
Contrariamente a lo sostenido por la defensa, el examen de las actuaciones electrónicas del Sistema de Información del Ministerio Público (SIMP) permite constatar una palmaria actividad procesal que descarta la configuración de la causal extintiva invocada. En efecto, habiéndose dispuesto el archivo provisorio de la pesquisa a mediados de noviembre de 2022, la inactividad quedó interrumpida el 2 de junio de 2025, fecha en la que la particular damnificada solicitó el desarchivo del legajo y la agregación de informes psicológicos.
A partir de dicha intervención -producida con anterioridad al vencimiento del plazo perentorio-, se desplegaron medidas instructorias conducentes: el 4 de junio de 2025 la Fiscalía requirió la remisión de los actuados; el 18 de agosto de 2025 se acompañaron los informes del Centro de Asistencia a la Victima; y durante los meses de septiembre y octubre se ordenaron y efectivizaron las declaraciones en Cámara Gesell, incorporandose sus resultados el 16 de octubre del 2025, oportunidad en la que la acusadora privada instó la formalización de la imputación en los términos del artículo 308 del rito. Este impulso continuó con la actividad de la propia defensa, que el 28 de noviembre acompañó un informe psicológico de parte y requirió el sobreseimiento, seguido por nuevos ofrecimientos probatorios de la particular damnificada en marzo de 2026 y el requerimiento fiscal de remisión del antecedentes al Juzgado de Familia N°2 departamental el 31 de marzo del mismo año. De tal suerte, el término trienal de inactividad que invoca el apelante resulta fácticamente inaplicable ante la dinámica investigativa evidenciada.
A mayor abundamiento, destaco que, al versar la pesquisa sobre hechos calificados bajo el artículo 119 del Código Penal presuntamente cometidos contra víctimas menores de edad, resulta plenamente aplicable la suspensión de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo preceptuado por el artículo 67, párrafo quinto del Código Penal (texto según ley 27.206), la cual rige mientras persista la minoría de edad y hasta tanto se ratifique o formule denuncia habiendo alcanzado la mayoría de edad, circunstancia que descarta la operatividad de un cercenamiento material de la persecución estatal por el mero transcurso temporal en esta etapa.
En consecuencia, corresponde rechazar el agravio introducido y confirmar el decisorio cuestionado en cuanto no hizo lugar al sobreseimiento peticionado (artículos 106, 321, 323 a contrario sensu, 434, 435 y concordantes del Código Procesal Penal) .
Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez, Dr. Oscar R. Quintana, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Blanco por los mismos motivos y fundamentos.
Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del Código Procesal Penal).
Por ello, el Tribunal
I. Por Mayoría, DECLARAR PARCIALMENTE ADMISIBLE el recurso impetrado (artículos 21, 106, 421, 433, 439, 441, 442, 443, 446, y concordantes del código de forma).
II. NO HACER LUGAR a la solicitud de audiencia para informar oralmente, deducida en los términos del art. 442 del rito adjetivo.
III. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia CONFIRMAR la resolución mediante la cual el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro no hizo lugar al sobreseimiento impetrado (artículos 55, 67 y 119 1er y último párrafo del Código Penal y artículos 106, 321, 323 a contrario sensu, 434, 435 y concordantes del Código Procesal Penal)
IV. Regístrese, notifíquese a la Fiscalía General, a la particular damnificada y a la Defensa de intervención. Cumplido, devuélvase el presente incidente al Juzgado de instancia delegando la notificación del imputado. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: BLANCO Carlos Fabián - JUEZ
Funcionario firmante: HERBEL Gustavo Adrián - JUEZ
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: GAMULIN Gabriela Marisa - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 988-2026
Fin de la sentencia