Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CLVI - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 9813 FOLIO N° 132/136 PROT. ELECT. JR101662I.251
Río Gallegos, 12 de diciembre de 2025.-
La presente causa caratulada "R.J. y otros S/ Atentado a la autoridad agravado" - Expte. N° R-17.082/25 - Apelación/Causa JR N° 9927/25, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 80/89vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno con asiento en la ciudad de Puerto San Julián, que en su punto que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado J.G.R., en orden al delito de atentado a la autoridad agravado (art. 238 inc. 4 del C.P y arts. 278, 289 y 293 del C.P.P.); en su punto II) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado J.V.O., en orden al delito de atentado a la autoridad (art. 237 del C.P y arts. 278, 289 y 293 del C.P.P.); en tanto que en su punto III) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado A.G.R., en orden al delito de atentado a la autoridad (art. 237 del C.P y arts. 278, 289 y 293 del C.P.P.). Que a fs. 122/123, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 150, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
I. Del agravio referido a la incomunicación de los imputados y la coherencia de sus dichos:
Se agravió la parte recurrente al advertir que sus defendidos -los tres- fueron mantenidos en carácter de incomunicados desde su aprehensión, circunstancia que imposibilita toda coordinación previa de sus relatos.
En ese sentido, expuso que todos coincidieron en afirmar que jamás agredieron, increparon ni resistieron al accionar policial. Entendió que el hecho de que coincidan las manifestaciones de los tres imputados, en contextos separados y sin contacto alguno entre ellos, refuerza credibilidad.
De esta manera, indicó – dijo, en relación a la “única y central prueba” de cargo- que las declaraciones de los diez agentes policiales resultan, a su juicio, uniformes, lo que sugiere una versión previamente consensuada sin el debido control jurisdiccional.
Por ello, expresó que la resolución recurrida desconoce los principios elementales del derecho penal, donde se dictó el procesamiento sin prueba suficiente de la conducta atribuida.
Que, efectuado el análisis de los planteos formulados por la defensa, anticipamos, los mismos serán desestimados.
En primer lugar, el hecho de que hayan sido aprehendidos en carácter de incomunicados constituye una de las facultades que poseen los agentes de policía en el marco de las atribuciones conferidas conforme lo regulado en el art. 176 inc. 8 del C.P.P. Por lo tanto, agravio referido a la incomunicación de los encartados y su consecuente imposibilidad de coordinación previa resulta irrelevante, toda vez que surge del plexo probatorio incorporado en autos que los incusos -con la probabilidad que caracteriza a esta instancia- serían penalmente responsables por el hecho que aquí se cuestiona. Que, si bien los incusos, en oportunidad de su defensa material, han negado la autoría de los hechos, sus versiones -a diferencia de lo que sostiene la parte recurrente- resultan contradictorias y poco fiables, pues se observa que los tres imputados plantean relatos totalmente diferentes entre sí. A modo ilustrativo, de la declaración indagatoria de R.J.G. surge que se encontraba con el sobrino del imputado O.V.J., quien habría estado siendo retenido por la policía, motivo por el cual se acercó a levantarlo y retirarse del lugar; pero al llegar al portón de salida del predio, junto a V. y su familia, el imputado O.J. -tío de V.- habría sacado su teléfono celular y comenzado a grabar al personal policial que había retenido a V., para efectuar la correspondiente denuncia. Ahora bien, del testimonio de O.J.V. se desprende que tenía el teléfono bloqueado en la mano, sin que en ningún momento refiriera circunstancia alguna relacionada con la presunta “retención” de su sobrino. Por su parte, R.A.G. refiere que O. estaba filmando porque había policías que no tenían su nombre en el uniforme. En tal sentido, el Magistrado de instrucción indicó “... ninguna de estas versiones se corroboran entre sí, por lo que sólo quedaran en los dichos individuales de cada encartado que para nada enerva la fuerza convictiva que emana de las declaraciones –huelga decir- contestes entre sí de los efectivos actuantes lo que sellara la suerte sobre el particular de los imputados...”.
Respecto a las declaraciones testimoniales de los efectivos de seguridad, los relatos coincidieron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como así también en que los incusos les habrían proferido insultos al verse ofuscados por las funciones que los policiales debían cumplir, consistentes en retirar a las personas del predio a fin de proceder al cierre de la actividad.
Según lo declarado, mientras se encontraba cerrando el patio de comidas, una persona de sexo femenino salió del interior de dicho sector y, al no poder volver a ingresar, su pareja -una persona de sexo masculino- también salió del inmueble, manteniendo un altercado verbal con personal policial y retirándose del sitio. Sin embargo, minutos más tarde -según declararon los oficiales- se habrían hecho presentes nuevamente. Algunos efectivos declararon haber visto a una persona de sexo masculino –vestido completamente de negro- tomar del cuello por la espalda al oficial L.C.D., entre ellos: L.P.Y., R.W.D., S.B.M. A su vez, del acta de aprehensión de fs. 12 se aprecia que el imputado R.J.G. es quien vestía totalmente de negro.
En esas circunstancias, habrían intervenido mediante empujones los imputados O. y R., por lo que ambos resultaron reducidos y aprehendidos. En particular, obran en el legajo los testimonios de S.B.M., R.A.O., S.E.J.L. y B.F.M.A., así como las consecuentes actas de aprehensión (véase fs. 10/12).
Que tal accionar, resulta constitutivo del delito endilgado a los justiciados; al respecto se dicho: “Corresponde encuadrar el hecho como atentado a la autoridad, y no como resistencia a la autoridad, si el imputado fue quien inició la acción contra el funcionario policial para evitar la detención de su familiar, sin habérsele impartido ninguna orden.” (Trib. Oral Crim. Nº 21; 26/05/2009; "A.,C.A.", Causa Nº 3072; Penal; 3072; RC J 15996/00). En este punto, debemos recordar que los oficiales de policía se encontraban cerrando el patio de comidas en función del operativo de seguridad para el cual fueron designados, es decir, estaban cumpliendo una función pública (art. 1 Ley 25.188). (Véase fs. 01/vta., 24, 29/32, 33/48vta., 63).
Que todos los oficiales allí presentes relataron coincidentemente lo ocurrido bajo juramento de decir la verdad, y ello fue ponderado por el Magistrado para disponer el procesamiento. Es decir, la valoración de las pruebas fue total, incluso se dejó constancia de la extracción de las cámaras de seguridad próximas al lugar; si bien no se visualiza con total claridad, la Dirección de Investigaciones consignó en su informe aquello que pudo advertir del hecho, lo que se condice con los testimonios de los oficiales. En relación a la validez de los relatos de los efectivos, se ha dicho: “Los testimonios e informes emitidos por el personal de las fuerzas de seguridad encargados de llevar a cabo la actividad pesquisitiva son válidos, dado que fueron vertidos en razón de estar cumpliendo sus funciones y sin fundarse en interés, afecto u odio hacia alguno de los imputados.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala I; 08/08/2017; Cita: TR LALEY AR/JUR/68285/2017). Así las cosas, la ponderación del Sr. Juez de grado fue lógica, efectuada a la luz de la sana crítica racional (art. 199 del C.P.P), en virtud de los coincidentes relatos valorados, que permiten sostener -prima facie- que el ilícito endilgado habría sido cometido por los imputados, por considerarse acreditada -también prima facie- la materialidad y la autoría del delito de atentado a la autoridad, a partir de un plexo probatorio contundente. Por tales motivos, el presente agravio será desestimado.
II. Del agravio referido a la negación expresa de toda conducta típica atribuida:
Se agravió la defensa por considerar que no se encuentra constituida la tipicidad exigida por el art. 237 y concordantes del Código Penal. Entendió que la figura imputada requiere actos positivos de agresión o intimidación, elementos que -según su perspectiva- no aparecen acreditados en autos. De esta manera, reitera que los imputados fueron contestes en negar toda acción constitutiva de atentado contra la autoridad. Que, en abordaje a la presente impugnación, debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en lo dispuesto por el art. 237 y 238 inc. 4 del C.P.
Resulta menester aclarar que, es criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
Sin perjuicio de lo expuesto, a los fines de atender los planteos vinculados a los elementos del tipo penal, entendemos que en autos se hallan reunidas las piezas suficientes para la configuración del ilícito de atentado contra la autoridad, conforme al estándar de probabilidad que caracteriza esta instancia procesal.
Ello, en virtud de que la situación fáctica acontecida engloba los elementos del tipo penal del art. 237 del C.P. -respecto de los imputados O.J.V. y R.A.G.- y del art. 238 del C.P. –respecto del incuso R.J.L.-.
Para ser más precisos, el atentado contra la autoridad se comete por quien mediante intimidación o fuerza, se impone –exige- al funcionario público para que éste haga o se abstenga de hacer –ejecución u omisión- un acto propio de su función que no había sido dispuesto voluntariamente ni comenzado. Hay atentado también, de parte del tercero, cuando éste ejercita violencia sobre el que ha comenzado ya su acción directa sobre otra persona para imponerle algo y esta persona “no ofrece resistencia”. (Revista Pensamiento Penal, Código Penal Comentado. Atentado a la autoridad. Mancini y Pitlevnik; pág. 3.) . Este último supuesto es el que acontece respecto de los imputados O. y R., conforme lo justipreciado por el Sr.
Juez de grado y convalidado por esta Alzada. Por su parte, en cuanto a los agravantes del atentado, el tipo penal aplicable en autos es el inc. 4: “Si el delincuente pusiere manos en la autoridad”. Tal como se abordó en el apartado anterior, el imputado R. habría tomado del cuello al oficial L., circunstancia que justifica la agravante por la mayor ofensividad de la conducta y el mayor peligro corrido por el sujeto pasivo. El interés penalmente tutelado es, en este ilícito, la administración pública, que se menoscaba cuando los particulares emplean violencia o intimidación contra los agentes públicos para imponerles su voluntad en relación con el cumplimiento de sus funciones legales. En este delito se reprime precisamente la imposición de la voluntad de otro en detrimento del deber legal que le demanda al funcionario público o su asistente un actuar determinado.
Así pues, la libertad de decisión del funcionario público en el ejercicio de sus funciones y competencias es el objeto de tutela penal (Soler, p. 131; Donna, pp. 60 y 61; Tozzini, p. 54; D'Alessio, p. 765). Dicho esto, los elementos del tipo se ven satisfechos en el hecho que aquí se disputa. Pues, el sujeto activo puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo sólo puede ser un funcionario público o a la persona que lo asista a requerimiento de aquél o satisfaciendo un deber legal. Por su parte, la acción legal consiste en emplear fuerza o intimidación contra aquel. El empleo de la violencia por parte del autor debe procurar la realización o la omisión de un acto propio de la función específica designada al funcionario público (Soler, pág. 132; Fontán Balestra, pág. 174).
Por otro lado, respecto al agravante imputado a R.J.L., la acción consiste en el contacto físico entre el autor y su víctima (Donna, pág. 57).
Que, como se expuso en el apartado anterior, los elementos del tipo penal y su agravante se encuentran satisfechos.
En este sentido, es menester recordarle a la defensa que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento del imputado. Al respecto, es sabido que éste auto constituye un juicio provisional de valor, en el que se tiene por probable la comisión del hecho delictivo. Dicho de otra manera, sólo requiere la estimación de la existencia de un hecho delictuoso y de la participación en él del procesado (véase: CNPE; Sala A; R.S.,E. s. Legajo de apelación; 01/04/2016; Rubinzal Online; 873/2012 RC J 1516/16). En el presente caso, esta Alzada entiende que el Magistrado de grado explicó de manera clara y razonada el camino lógico que lo condujo a dictar el procesamiento, detallando las piezas probatorias en que fundó su decisión, conforme a las reglas de la sana crítica racional. Por ello, no se advierte vulneración alguna a principios rectores del derecho penal ni a garantías o derechos de los que goza el imputado. En función de lo expuesto, rechazaremos el presente cuestionamiento.
III. Del agravio referido a la omisión en la producción de prueba relevante:
Se agravio la defensa al sostener que, de las actas de las declaraciones indagatorias, surge que los encartados se encontraban acompañados de terceros debidamente identificados, los cuales nunca fueron citados a declarar. Advierte que los mismos podrían aportar versiones independientes y eventualmente contrarias a la de los funcionarios policiales.
Manifestó que la celeridad para dictar el auto de procesamiento -siendo éste horas después de efectuarse las indagatorias-, sumado a la omisión probatoria, -a su criterio- afectan gravemente la investigación.
Agregó que el prescindir de los testimonios, priva a la causa de una prueba imparcial y se fortalece una línea acusatoria basada en agentes interesados en justificar el procesamiento. Así -dice-, la autoridad jurisdiccional se manifestaría en contra de lo dispuesto en el art. 185 del C.P.P.
Que, en abordaje a la presente impugnación, también se desestimaran los agravios aquí introducidos.
Para ser más precisos, corresponde advertir lo siguiente:
En primer lugar, los imputados fueron aprehendidos el día 21 de septiembre del corriente año en carácter de incomunicados (art. 196 del C.P.P.), en virtud de su –presumible- accionar delictivo. De conformidad con el art. 278 del C.P.P., el Juez les tomó declaración indagatoria al día siguiente, esto es, el 22 de septiembre (véanse fs. 67/68vta., 69/70vta. y 71/72vta.), al igual que dictó la resolución recurrida (fs. 80/89vta.), en cuyo punto 3) ordenó la excarcelación e inmediata libertad de los tres imputados, circunstancia corroborada posteriormente mediante las actas de soltura. Ahora bien, tal como advierte la defensa, de las constancias surge que los encartados se encontraban en compañía de terceros debidamente identificados. Sin embargo, omite señalar en su agravio el escrito presentado a fs. 124, en el cual solicita la producción de prueba; específicamente -cito-: “habré de ofrecer se llame a prestar declaración testimonial a las personas nombradas por los incusos a momento de ejercer su defensa material que presenciaran el supuesto hecho ilícito que aquí se investiga”. Posteriormente, a fs. 125, el Magistrado hace lugar a las diligencias solicitadas por la parte recurrente y cita a prestar declaración testimonial a O.C.M., R.C., y J.O., quienes así lo hicieron.
En consecuencia, esta Alzada considera que el planteo de la defensa resulta irrelevante, pues no se advierte circunstancia alguna que permita afirmar que la investigación sufrió una grave afectación, y el plexo probatorio incorporado resultó suficiente para que el Sr. Juez sustente el auto de procesamiento.
En este sentido, es menester recordarle a la defensa que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento del imputado. Al respecto, es sabido que éste auto constituye un juicio provisional de valor, en el que se tiene por probable la comisión del hecho delictivo. Dicho de otra manera, sólo requiere la estimación de la existencia de un hecho delictuoso y de la participación en él del procesado (véase: CNPE; Sala A; R.S.,E. s. Legajo de apelación; 01/04/2016; Rubinzal Online; 873/2012 RC J 1516/16). No obstante lo dicho, nos permitimos advertirle a la defensa, respecto de su presunta omisión probatoria, es relevante recordar que el art. 190 del CPP, establece claramente que las partes podrán proponer diligencias, en tanto el Magistrado las practicará cuando las considere pertinentes y útiles. En tal sentido, baste citar: “… la evaluación tanto de la pertinencia de las medidas probatorias a adoptar en el expediente como del momento y la oportunidad en la que corresponde la adopción de aquellas, son cuestiones que corresponden al ámbito de la esfera de discrecionalidad del magistrado instructor. En este sentido, cabe expresar que en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas por las partes, sino sólo las que estimaran pertinentes y útiles a fin de “… comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad.” (CNPE; Sala A; 29/09/2022; P. G., D. A. s. Recurso de queja en: U. L. S.A. y otro s. Legajo de investigación; RC J 6203/22). En función de lo expuesto, el presente agravio tampoco tendrá favorable acogida.
IV. Recomendación al Juzgado Interviniente:
En virtud de las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos conferidas por la Ley Nº Uno y Acordadas vigentes, se advierte que en autos el oficial R.A.O. instó la acción penal por las lesiones sufridas (véase fs. 05, 08/09, 17/vta., 26). Sin embargo, la resolución recurrida únicamente señaló que el oficial no pudo reconocer a la persona causante de aquellas lesiones. En razón de tratarse de autores ignorados, el Magistrado debió formular la correspondiente reserva.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1º) -CONFIRMAR el auto de fs. 80/89vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER a la Instrucción, lo consignado en el punto IV) de los considerandos que anteceden para su debido cumplimiento.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia