Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la acción de hábeas corpus, sin costas.
II. Casar parcialmente la resolución cuestionada y revocar parcialmente la medida de seguridad.
III. READECUAR el procedimiento a lo reglado por el art. 1ro. in fine del C.P.P., manteniéndose la internación provisional del nombrado.
IV. REENVIAR los actuados a la instancia inmediatamente inferir, a fin de que por su intermedio se de curso a lo aquí resuelto.
Rigen los artículos 8, párr. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 34 inc. 1º del Código Penal; 7 de la ley 26.657; 1ro., 62, 168, 323 inc. 5º, 405, 406, 407, 415, 451, 518 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL
Tribunal de Casación Penal
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal, (conforme Acordada 1.805 de la S.C.J.B.A.) a los siete días del mes de noviembre de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Benjamín Sal Llargués (art. 451 del C.P.P.) con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de dictar sentencia en la presente Causa Nº 61.022, caratulada “R., J. s/ Hábeas Corpus”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - SAL LLARGUÉS.
La defensa de J. R. interpuso acción de hábeas corpus ante este órgano jurisdiccional, a través del cual denuncia que la medida de seguridad impuesta al nombrado, constituye un agravamiento de las condiciones de detención.
La Sra. Defensora se agravia en relación a la procedencia del dictado de una medida de seguridad. Sostiene que la detención devino ilegal “…toda vez que el juez no dictó medida de coerción alguna, pero si una medida de seguridad sin dictar su sobreseimiento…”. Pretende, se ordene la libertad con la internación provisional de su asistido ordenada por la Justicia de familia e intervención del Curador de alienados.
Con la radicación del recurso en la Sala (fs. 6) se notificó a las partes.
A fs. 30 luce la presentación del Defensor ante esta Sede, Mario Luis Coroliano, a través de la cual refiere mantener los agravios deducidos; y agregó que se consideren los dictámenes periciales efectuados por los expertos de la Asesoría del Departamento Judicial Lomas de Zamora.
Así las cosas, las Sala se encuentra en condiciones de resolver, por lo que plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente la acción de hábeas corpus?
segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral expresó:
A la primera cuestión el Señor juez doctor Carral dijo:
I. Previo a expedirme sobre el puntual reclamo traído por la defensa, encuentro de interés efectuar una serie de consideraciones sobre el proceso que afronta R. y las decisiones jurisdiccionales que fueron tomadas para que el nombrado padezca una medida de seguridad impuesta en la órbita penal.
Advierto que la Sra. Defensora bajo el título “antecedentes” efectuó un exhaustivo detalle de actos de singular importancia que acontecieron en el presente caso y que ilustran la secuencia de sucesos que precedieron a la medida de seguridad puesta en crisis. Sintéticamente, J. R. fue aprehendido el pasado 8 de enero del corriente año, ocasión en la que se le recibió audiencia en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. El hecho cuya comisión se le atribuye constituye el delito de abuso sexual gravemente ultrajante (conforme la intimación del acuse en la referida audiencia), mientras que el juez de garantías calificó el evento como abuso sexual simple.
El 10 de enero de 2013, el juez –a pedido de la Fiscal- dispuso la detención del nombrado.
Con fecha 6 de febrero el magistrado, con sustento en la pericia practicada por los especialistas Mansilla y Sokoi, ordenó la internación provisoria de R., hasta verificar la peligrosidad del nombrado ello de acuerdo a las disposiciones del artículo 62 del Código Procesal Penal.
Hasta aquí, adelanto, observo ajustado a derecho el temperamento que adoptó el titular del juzgado de Garantías nº 2. Específicamente resolvió ordenar la internación “…al sólo efecto de que, de modo muy urgente, se indique qu[é] enfermedad mental padece (si alguna) o qu[é] trastorno de su personalidad, y además, si es peligroso, en este momento, para sí y/o para terceros debiendo indicar porqué en su caso…” (fs. 15 del legajo recursivo).
Confeccionada que fue la pericia dispuesta por el magistrado –en lo que interesa destacar- la misma concluyó, con meridiana claridad, que R. presenta en el momento del examen una alteración morbosa de sus facultades mentales bajo la forma clínica de una psicosis, que comporta una alineación mental que le impide comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, tal patología es anterior al momento de los hechos ventilados en el expediente. Asimismo, constata que presenta peligrosidad psiquiátrica para sí y para terceros.
Así las cosas, la Sra. Fiscal con basamento en los artículos 34 inciso 1º del Código Penal y 323 inciso 5º del Código Procesal Penal, solicitó se dicte el sobreseimiento y de corresponder se de intervención al curador.
El 14 de junio, el juez de garantías luego de sostener que se encuentra -prima facie- probada la existencia del suceso, que éste constituye el delito de abuso sexual simple y la presunta autoría de R. en el evento; estimó que siendo que al momento del hecho el nombrado no pudo dirigir y/o comprender la criminalidad de sus actos; con fundamento en los artículos 323 inciso 5 del C.P.P. y 34 inciso 1º del C.P., no hizo lugar al sobreseimiento e impuso una medida de seguridad consistente en la internación en la unidad carcelaria nº 34, mientras continúe su estado de peligrosidad para sí o para terceros.
A su turno, el Fiscal de Cámara no sostuvo el sobreseimiento interpuesto por su inferior.
Por último, el caso llegó a consideración de los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías; puntualmente el tema abordado radicó en discernir acerca de la desvinculación de R. con el proceso penal, cuestión propuesta por la defensa y la fiscal en el pedido de sobreseimiento ya aludido.
La Alzada, escuetamente rechazó la petición y para ello se basó exclusivamente en la norma ya citada (artículo 323 inciso 5º del C.P.P.); y sobre la temática aludió que no fue objeto de discusión la constitucionalidad del citado texto legal.
II. Ciertamente, el reclamo aquí traído se centra en el examen de la procedencia y legalidad de tal medida de seguridad penal, en tanto el agravio que esgrime la defensa trasunta en sostener que la situación procesal que atraviesa R. importa un agravamiento de las condiciones de detención.
Ahora bien, definida la cuestión a discernir, considero que los órganos jurisdiccionales -como hipótesis de mínimainterpretaron de manera sesgada la normativa relativa al dictado de una medida de seguridad.
Conforme lo expuse párrafos antes, encuentro prudente la internación oportunamente dispuesta por el juez de garantías, de conformidad a lo que estipula el artículo 62 del Código Procesal Penal. Dicha internación provisoria o la derivación al fuero civil, en caso que no concurran los presupuestos para el dictado de la prisión preventiva, son los únicos supuestos que se encuentran comprendidos en el código de rito (artículo 168). Ninguna previsión existe en el citado cuerpo sobre el dictado de una medida de seguridad, a excepción de lo estipulado en el artículo 1ro. Luego, aunque respecto de la imposición de una intervención provisional, encontramos la manda del artículo 168 bis.
Siguiendo esta línea de ideas, no huelga destacar que la ley 14.296 agregó la temática en el mencionado artículo 1ro. del C.P.P., a la vez que modificó el inciso 5º del artículo 323. Ambos textos hacen referencia a las medidas de seguridad.
Repárese que el artículo 1ro. (texto en el que se reconocen de manera explícita las garantías fundamentales del imputado) requiere, para la imposición de una medida de seguridad en los términos del artículo 34 inciso 1º del Código Penal, que se observen las normas relativas al procedimiento del juicio. No albergo dudas de que, la télesis de la norma es dotar de mayores exigencias a la hora de dictar una medida de seguridad en el fuero penal. Esto es, que previo al dictado de una medida de tal entidad, se acredite mediante un debido proceso, la existencia del hecho y la participación en él del agente.
En sintonía con lo expuesto, y con semejante impronta es dable destacar que el artículo 168 bis del Código de rito (texto según ley 14.128) prevé la celebración de una audiencia preliminar previa al dictado de alguna medida de coerción y, en lo que interesa destacar, la imposición de una internación provisional, audiencia que podrán requerir tanto las partes del proceso o designar de oficio el juez. Por su parte, con claridad el artículo reseña las características esenciales de tal procedimiento oral y público; así se lee “…en la misma serán oídas el fiscal, el particular damnificado si lo hubiera, la defensa, y el imputado se hallare presente, en ese orden, durante un tiempo máximo de quince minutos. Las intervenciones deberán dirigirse a fundamentar la procedencia o improcedencia de la medida a dictarse…”.
Ahora bien, nótese que los jueces que tuvieron injerencia en el dictado y/o confirmaron la medida, omitieron siquiera tener en cuenta las disposiciones del artículo 1ro. del C.P.P.; reitero, introducida al Código de rito por la misma ley que modificó el inciso 5º del artículo 323. Los magistrados citaron la manda antes aludida, esto es, uno de los supuestos que rige la procedencia del sobreseimiento. Adelanto que, observo no ajustado a derecho invocar tal supuesto para el dictado de una medida de seguridad penal; aunque parezca una obviedad, se refiere a una instancia de la instrucción penal preparatoria que regula la desvinculación de un sujeto con el proceso; y conforme lo expusiera –los decisorios puestos en crisis por la peticionante- contravienen de manera expresa lo previsto en el artículo 1ro. del Código de Rito.
En otras palabras, más allá de la interpretación realizada por los Sres. Camaristas acerca de la no procedencia –según el caso- del sobreseimiento, dado el texto del artículo de referencia, ello no significa –bajo ningún punto de vista- que el juez, en esta instancia, se encuentre facultado para imponer una medida de seguridad de carácter penal.
En función de lo que llevo dicho, el dictado de la medida de seguridad que cuestiona la defensa, se dictó sin fundamento legal, y reitero a contrario de lo previsto en el mencionado artículo 1ro. No paso por alto que, el texto citado (323 inciso 5º) en una lectura asistemática torna –en principio- improcedente el sobreseimiento ante la aplicación de una medida de seguridad en los términos del artículo 34 inciso 1º del Código Penal. Empero, entiendo que respetando la voluntad legislativa, la imposición de una medida de seguridad penal debe ser consecuencia de un proceso de sustanciación, en el que imperen los principios rectores de la etapa de juicio (Oralidad, Contradicción, Inmediatez, Publicidad) y en el cual el magistrado, valiéndose de la prueba disponible, esté en condiciones de evaluar la conveniencia y razonabilidad del dictado de tal medida.
Desde mi punto de vista, una adecuada intelección del alcance de la reforma introducida por la ley 14.296, no puede prescindir de la exposición de motivos que ilustran la télesis y objetivos puestos a consideración del poder legisferante. Así, se postuló como uno de los ejes centrales “…la afirmación de la garantía del juicio previo para la imposición de medidas de seguridad…”. De la lectura de los fundamentos, surge con claridad el propósito de robustecer la inmediación, bilateralidad y defensa en juicio, pilares de nuestro sistema de enjuiciamiento penal. Para el dictado de una medida de seguridad en el ámbito penal existen algunos presupuestos cuya acreditación resulta insoslayable. En primer lugar, es preciso tener por acreditado que el sujeto ha cometido un hecho previsto como delito. En segundo lugar, debe examinarse las características de la situación que lo torna inimputable; su origen, evolución y tratamiento más adecuado. En tercer término, establecer una prognosis, a partir del hecho y de las circunstancias que han determinado su estado de inimputabilidad, el riesgo propio, para terceros y la eventualidad de futuras acciones lesivas. Entonces para el adecuado examen de estos presupuestos y su correlato en la toma de decisión jurisdiccional es que el sistema de enjuiciamiento bonaerense ha establecido se sigan las reglas relativas al juicio previstas en el Libro III (art. 1ro in fine del C.P.P.).
En consecuencia, me permito sostener que una interpretación sistemática de las normas conduce a considerar, siguiendo en esto la jurisprudencia de nuestro máximo intérprete constitucional, la exégesis debe procurar el sentido que “…las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos...”.
De todos modos, resta precisar que cuando se aprecia una colisión de dos o más interpretaciones posibles, debe recordarse, siguiendo los lineamientos de nuestro máxime interprete constitucional, que “…el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal” (Acosta, Alejandro Esteban s/Recurso de hecho”, Causa 28/05 C.S.J.N.).
Sentado lo anterior, si surge evidente el estado de inimputabilidad de R. e innecesario que continúe abierto el proceso iniciado en su contra, se debe dar primacía a normas de mayor jerarquía como ser: plazo razonable del proceso, y de la privación de la libertad –en el caso la internación provisional-, y el derecho de defensa.
En otras palabras, aún a riesgo de resultar sobreabundante, subrayo que un ciudadano no puede estar sometido de manera indeterminada a un proceso penal, bajo el pretexto de una cita legal, a mi modo de ver erróneamente interpretada. Si el sistema penal intervino respecto de un sujeto que no tiene capacidad de culpabilidad, tal persona debe quedar fuera de la injerencia del poder punitivo, esto es, desvinculada del proceso. Dicho esto, el sobreseimiento es el mecanismo que por antonomasia prevé nuestra legislación para clausurar el proceso con relación al imputado. Bajo los lineamientos expuestos, no puedo dejar de señalar que, en el caso bajo examen, el proceso se inició el día 8 de enero de 2013 (fecha en la que se denunció el presunto hecho endilgado a R.) y, de la compulsa del expediente principal no se evidencias razones que justifiquen la continuación del mismo, o, en cualquier caso, esto debe ser materia de discusión mediante el procedimiento reglado de forma previa a la imposición de una medida de seguridad definitiva.
En todo proceso en el cual se plantea una internación psiquiátrica coactiva. –desde mi visión- deviene esencial el respeto a la regla del debido proceso en resguardo de los derechos fundamentales de los sujetos sometidos a ella; y ello encuentra basamento en el propio artículo 8, párrafo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; reglas que, con mayor razón deben ser observadas, en aquellos casos que el sujeto presente un estado de vulnerabilidad; por lo que se erige imperioso el control jurisdiccional de las condiciones en que se desarrolla la internación.
En esta inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa “R.M.J. s/ insanía” del 19 de febrero de 2008, estableció una suerte de catálogo sobre derechos mínimos para quienes sufran trastornos psíquicos que deben ser respetados rigurosamente. “…Que dicho marco normativo tanto nacional como supranacional, permite fijar un catálogo de derechos mínimos específicos para quienes padezcan trastornos psíquicos que deben ser respetados rigurosamente. Entre ellos cabe mencionar a los siguientes: a) derecho a ser informado sobre su diagnóstico y sobre el tratamiento más adecuado y menos riesgoso, b) derecho a un examen médico practicado con arreglo a un procedimiento autorizado por el derecho nacional, c) derecho a negarse a recibir un determinado tratamiento o formatos terapéuticos, d) derecho a recibir los medios adecuados tendientes a la cura o mejoría donde las negligencias o retardos en la prestación de un tratamiento pueden restar justificación a la internación, y volverla ilegítima, e) derecho a la continuidad del tratamiento, f) derecho a la terapia farmacológica adecuada, del que se deriva que la medicación no debe ser suministrada al paciente como castigo o para conveniencia de terceros, sino para atender las necesidades de aquél y con estrictos fines terapéuticos, g) derecho a un registro preciso del proceso terapéutico y acceso a éste, h) derecho a la confidencialidad del tratamiento, incluso después del alta o la externación, i) derecho a la reinserción comunitaria como un eje de la instancia terapéutica, j) derecho al tratamiento menos represivo y limitativo posible, k) derecho a no ser discriminado por su condición. (considerando 9º del fallo reseñado)…” –el subrayado me pertenece-.
“…Los pacientes institucionalizados, especialmente cuando son recluidos coactivamente sin distinción por la razón que motivó su internación, son titulares de un conjunto de derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la salud, a la defensa y al respeto de la dignidad, a la libertad, al debido proceso, entre tantos otros…” (considerando 6ª).
Por lo demás, en el pronunciamiento reseñado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –asimismo- hizo referencia al precedente: 328:4832, "Tufano" (especialmente en el considerando 5°, párrafos 2° y 3°). Sobre el punto, importa destacar que “…en los procesos donde se plantea una internación psiquiátrica involuntaria o coactiva, es esencial el respeto a la regla del debido proceso en resguardo de los derechos fundamentales de las personas sometidas a aquélla"
(considerando 4°, 2° párrafo) siendo dicha regla con mayor razón observadas en esa clase de procesos, "en virtud del estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el cual se encuentran frecuentemente quienes son sometidos a tratamientos de esta índole, erigiéndose por ende, como esencial control por parte de los magistrados de las condiciones en que aquélla se desarrolla (considerando 4° último párrafo, y en el mismo sentido "Hermosa, Luis Alberto s/ insanía - proceso especial", fallada el 12 de junio de 2007, en especial, considerando 5°, cuarto párrafo, voto en disidencia de los doctores Lorenzetti y Zaffaroni)…”. –El subrayado es de mi autoría-.
En relación a los principios moderadores de los tratamientos de personas inimputables, considero de interés reseñar aquellos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas, en resolución 46/119, del 17 de noviembre de 1991, “Principios para la Protección de Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental” aplicables también a las personas que cumplen penas de prisión por delitos penales que fueron detenidas en el transcurso de procedimientos o investigaciones efectuadas en su contra y que según se ha determinado o se sospecha, padecen una enfermedad mental; a saber: “…a) derecho a ser informado sobre su diagnóstico y sobre el tratamiento más adecuado y menos riesgoso , b) derecho a un examen médico practicado con arreglo a un procedimiento autorizado por el derecho nacional, c) derecho a negarse a recibir un determinado tratamiento o formatos terapéuticos, d) derecho a recibir los medios adecuados en la prestación de un tratamiento pueden restar justificación a la internación, y volverla ilegítima, d) derecho a la terapia farmacológica adecuada, del que se deriva que la medicación no debe ser suministrada al paciente como castigo para conveniencia de terceros, sino para atender las necesidades de aquél y con estrictos fines terapéuticos, g) derecho a un registro preciso del proceso terapéutico y acceso a éste, h) derecho a la confidencialidad del tratamiento, incluso después del alta o la externación, i) derecho a la reinserción comunitaria como eje de la instancia terapéutica, j) derecho al tratamiento menos represivo y limitativo posible, k) derecho a no ser discriminado por su condición…”.
Por su parte la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sirvieron de tales principios para resolver el caso “Víctor Rosario Congo c Ecuador” (Informe 63/99 de la Comisión IDH, caso 11.427, Ecuador del 13 de abril de 1991, párr. 54 y “Caso Ximenes Lopes vs. Brasil” sentencia del 4 de julio de 2006, parág. 128), se ha pronunciado sobre la especial atención que los estados deben a las personas que sufren discapacidades mentales en razón de su particular vulnerabilidad, asimismo se dio cuenta del deber de los Estados de “…asegurar una prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad mental” … “lo menos restrictiva posible”.
Ciertamente, los referidos principios se erigen en una suerte de guía para los estados en la tarea de definir la estructura de los sistemas de salud mental.
No huelga destacar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, reconoce y protege los derechos de las personas que padecen una discapacidad. Así las cosas, en el artículo 36. 5 estipula que “…Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; tendiendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados”.
Luego, los preceptos establecidos en la ley 26.657, fijan para el estado el deber de garantizar que las internaciones impuestas a personas con padecimientos mentales, como son las medidas de seguridad que, además tienen el objeto de recuperar y preservar la salud del paciente.
Con este norte, por considerarlo de interés, haré referencia al dictamen efectuado por la Dra. Bersi en el marco de la causa nº 59.678 de ésta Sala, en tanto respecto de un caso en el que se dictó una medida provisional en la órbita penal –dado el cuadro de salud mental que presentó al agente- afirmó que “…aún manteniendo la medida dispuesta, en cuanto a que debe ordenarse que la internación prosiga a exclusiva disposición del Tribunal de Familia que corresponda, a fin de que sea luego dicho órgano quien se expida sobre la mejor opción terapéutica para el causante, los términos que ésta debe cumplir, y el lugar donde deba ser llevada adelante, en los términos de la ley 26.657…”.
Lo expuesto hasta ahora, no implica el cese de una medida de tenor asegurativa, sino su readecuación a las reglas de procedimiento que deben seguirse de manera previa a la resolución definitiva del conflicto.
En este sentido, el procedimiento amplio de discusión que ofrecen las reglas de Juicio que deben seguirse (Cfr. art. 1ro. C.P.P.) facilitan la confrontación de las diferentes posibilidades de sujeción y ejecución de una medida de seguridad, en caso que sea necesario su imposición, entre las cuales deberá evaluarse la posibilidad de intervención de los órganos civiles competentes (ámbito de mayor especialización). Esta es la solución que estimo corresponde y postulo en consonancia con los artículos 1ro., 62 y 168 del Código de rito.
Magüer los lineamientos sentados en el presente decisorio, aclaro que el temperamento adoptado se limitó a resolver el puntual reclamo planteado por la defensa.
III. Zanjadas las cuestiones relativas, al procedimiento que se requiere para la imposición de una medida de seguridad penal, y expuesta que fuera mi opinión en relación al cierre del proceso vinculado con el imputado; percibo oportuno reflexionar sobre determinas consideraciones acerca de los regímenes (penal y civil) que tienen implicancia en el dictado de internaciones coactivas.
No puede perderse de vista que, cualquier medida de internación involuntaria y/o coactiva es semejante en ambos ámbitos. En esencia, en los dos casos deben ser estrictamente necesarias y, son equivalentes las características del tratamiento al que el paciente tiene derecho.
En esta líneas de ideas, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo propios los fundamentos y conclusiones del Señor Procurador General, en autos “Recurso de hecho deducido por la defensa, Antuña, Guillermo Javier s/ causa nº 12.434, con fecha 13 de noviembre de 2012, expuso “…En esencia, lo que distingue a una internación coactiva dispuesta en aplicación del artículo 34, inciso 1º, segundo párrafo, del Código Penal de la medida equivalente del régimen general del derecho civil reside en que, primero las condiciones de la internación pueden ser más rígidas, en virtud del carácter penitenciario de la institución psiquiátrica en la que el juez penal puede ordenar que la medida sea ejecutada. En segundo lugar, la liberación o “externación” es más dificultosa en el caso de las medidas penales, dado que el artículo 34 del Código Penal exige para ello una resolución judicial con previa audiencia de peritos y Ministerio Público, mientras que en el régimen civil es el equipo de salud de la institución en la que se lleva a cabo la internación quien ha de tomar la decisión sobre el “alta, externación o permisos de salida” sólo informando, en su caso, al juez interviniente…”.
Luego, en el caso de la medida de seguridad penal, es dable observar que conforme es doctrina del máximo Tribunal, debe precisar un plazo vencido el cual ésta ha de extinguirse y la persona queda nuevamente sometida al régimen del derecho civil.
En anteriores pronunciamientos como juez integrante de la Sala III, (vgr. causa nº 14.511 (Registro de Presidencia nº 49.995, caratulada “D. S., P. s/ Hábeas Corpus); teniendo en vista la manda prevista en el artículo 7 de la ley 26.657 he propiciado un criterio algo más rígido que entiendo necesario replantear a partir del fallo de nuestro más alto Tribunal Nacional.
Ello no significa en modo alguno, una situación que vaya en desmedro de las personas que deben sujetarse a un sistema de internaciones coactivas a partir de la comisión de un injusto penal, sino que teniendo en cuenta el programa de ejecución que ofrece nuestra ley provincial, notoriamente más operativo que el sistema nacional en este punto, el foco de atención debe centrarse en el tratamiento sanitario. Desde esta perspectiva, el art. 518 de la ley 12.256, según reforma ley 14.296, dispone de modo categórico e imperativo, la obligación de fijar plazos para los informes de seguimiento y evolución en la ejecución de la medida de seguridad, dichos plazos no podrán superar los seis (6) meses; presupuesto que, al menos en principio, permite inferir un seguimiento personal de la evolución sanitaria del internado.
De cualquier modo, allí donde exista menoscabo para el tratamiento de las personas internadas, frustrando las posibilidades de una mejor evolución sanitaria, habrá perjuicio y en consecuencia la obligación del Estado de su inmediata reparación.
Digo esto porque cuando se trata de una persona inimputable, mucho más cuando ese estado es incluso previo al hecho, estamos frente a un sujeto que mas allá de gozar de todas las garantías que hacen al debido proceso, carece, por sobre todo, de la capacidad de motivarse en la norma, razón por la cual decae la posibilidad del Estado (y de la sociedad) de reprocharle su accionar.
Es entonces que ese déficit, que no le es imputable, no necesita de una reacción penal para reestablecer la confianza en la vigencia del sistema penal, la sociedad no verá en esta exención de reproche un riesgo en el respeto a la norma. Por tanto, el sistema penal, tras acreditar estas circunstancias que hacen a la ausencia de capacidad para ser reprochado, poco tiene que hacer, no es su órbita natural de injerencia y, en términos generales, no suele ofrecer herramientas eficaces para atender la emergencia, de ahí mi inclinación habitual a dejar en manos de órganos de mayor especialización situaciones como las que nos ocupan, sin desconocer con ello que bien puede disponerse bajo la jurisdicción de este fuero, aunque –a mi modo de ver- su aplicación debe ser con criterio restrictivo.
IV. Bajo los lineamientos expuestos, dado el objeto del reclamo deducido por el recurrente; postulo hacer lugar a la acción de hábeas corpus interpuesta por la defensa, sin costas; casar parcialmente la resolución cuestionada, revocándose parcialmente la medida de seguridad, debiendo readecuarse el procedimiento a lo reglado por el art. 1ro. in fine del CPP, manteniéndose la internación provisional de Javier R.; reenviando los actuados a la instancia inmediatamente inferir, a fin de que por su intermedio se de curso a lo aquí resuelto (artículos 8, párr. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 34 inc. 1º del Código Penal; 7 de la ley 26.657; 1ro., 62, 168, 323 inc. 5º, 405, 406, 407, 415, 451, 518 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
A la primera cuestión el señor juez doctor Sal Llargués dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, por sus fundamentos y a esta cuestión también voto en igual sentido.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Que en orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde: hacer lugar a la acción de hábeas corpus interpuesta por la defensa, sin costas; casar parcialmente la resolución cuestionada, revocándose parcialmente la medida de seguridad, debiendo readecuarse el procedimiento a lo reglado por el art. 1ro. in fine del CPP, manteniéndose la internación provisional de J. R.; reenviando los actuados a la instancia inmediatamente inferir, a fin de que por su intermedio se de curso a lo aquí resuelto (artículos 8, párr. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 34 inc. 1º del Código Penal; 7 de la ley 26.657; 1ro., 62, 168, 323 inc. 5º, 405, 406, 407, 415, 451, 518 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal) ASI LO VOTO. A la segunda cuestión el Señor juez doctor Sal Llargués dijo:
Que adhiere al voto del doctor Carral, por sus fundamentos.
No siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando la Sala la siguiente:
I. HACER LUGAR a la acción de hábeas corpus, sin costas.
II. CASAR parcialmente la resolución cuestionada y REVOCAR parcialmente la medida de seguridad.
III. READECUAR el procedimiento a lo reglado por el art. 1ro. in fine del C.P.P., manteniéndose la internación provisional del nombrado.
IV. REENVIAR los actuados a la instancia inmediatamente inferir, a fin de que por su intermedio se de curso a lo aquí resuelto.
Rigen los artículos 8, párr. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 34 inc. 1º del Código Penal; 7 de la ley 26.657; 1ro., 62, 168, 323 inc. 5º, 405, 406, 407, 415, 451, 518 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, remítase copia certificada la presente junto a los actuados principales al "a quo"; notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
FDO.: DANIEL CARRAL – BENJAMIN RAMON SAL LLARGUES
Ante Mí: Jorge Andrés Álvarez
Fin de la sentencia