Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a R. J. C., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de UN (1) MES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO por considerarlo autor penalmente responsable del delito de HURTO SIMPLE, previsto y reprimido en el art. 162 del Código Penal y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
2Disponer la DETENCIÓN CONJUNTA de R. J. C. en la presente causa con la que se registra en los autos "R. J. C. S/HURTO" -Expte Nro. ****/206-, LÍBRENSE las comunicaciones de estilo a fin de proceder a su registro e inscripción en la sede judicial correspondiente y en la dependencia penitenciaria donde el condenado se encuentra alojado.
LIBRO: XCIX REGISTRO: 3425 FOLIO: 009/013
RÍO GALLEGOS, 22 de junio de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con las vocalías del Dr. Jorge Daniel Yance -titular- y el Dr. Fernando Zanetta -subrogante-, asistidos por la Secretaria, Dra. María Fernanda Tuñón, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "R. J. C. S/HURTO SIMPLE” Expte. Nro. ****/25 y resolver la situación procesal de R. J. C., de apellido materno R. J. C., hijo de R. O. (2) y O. B. (2), argentino, nacido el ** de ***** de 1982 en xxxx, provincia de Santa Fe, soltero, alfabeto, albañil, actualmente alojado en la Comisaria Primera de San Julián, con último domicilio xxxxx *** de esa ciudad; titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, quien se encuentra asistido por el Dr. Emin Charif Sat, siendo la acusación representada por la Fiscal de Cámara Dra. Verónica Zuvic, de los que;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a R. J. C. “...Haber sustraído del patio del Local xxxxx dos (2) cubiertas rodado 13, marca Tango, un (1) compresor marca DOGO 2HP, color negro y amarillo que contenía una manguera color azul con pico para inflar cubiertas, una batería de camión, color negro de 12 voltios, habiendo recuperado las dos cubiertas por la suma de cuarenta mil pesos ($40.000,00) compra que realiza V. V. en la vivienda de xxxxx Nro. ***, localidad. Hecho ocurrido en Puerto San Julián, entre el 16 de diciembre de 2023 y 18 de diciembre de 2023, en el domicilio xxxxx Nro. ***...".
Que a fs. 195/196 la Fiscal de Cámara propuso la Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito, estimando que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden a los delitos de “hurto simple” previsto y reprimido por el art. 162 del Código Penal, correspondería aplicar como monto de pena apropiado un (1) mes de prisión de cumplimiento efectivo, además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
Que a fs. 213., tanto el Defensor Oficial, Dr. Emin Charif Sat, como el imputado aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Fiscal de Cámara, quedando expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Que, cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado R. J. C.. Y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es admisible y procedente la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Fiscalía de Cámara?:
Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Fiscalía de Cámara, la aceptación tanto del defensor interviniente como del imputado.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Fiscal de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal de la acusada?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que a fines de reconstruir el hecho investigado en autos y comprobar tanto su materialidad como su eventual autoría, se realizará un análisis integral del plexo probatorio recopilado en autos.
Que las presentes actuaciones se iniciaron el día 19 de diciembre de 2023, en la División Comisaría Primera de la Policía de Puerto San Julián, a raíz de la denuncia formulada por C. H. W., quien manifestó que el día 16 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 21:00 horas, se retiró de su vivienda con destino a un campo, quedando en el local comercial denominado “xxxxx” el chofer J. S. y la secretaria A. M..
Que, al regresar dos días después, el 18 de diciembre del mismo año, tomó conocimiento a través de J. S. que personas desconocidas habrían ingresado por el patio externo del establecimiento, sin ejercer violencia, y sustraído dos (2) cubiertas rodado 13, marca TANGO; un (1) compresor marca DOGO 2HP, de color negro y amarillo, con una manguera de color azul con pico para inflar cubiertas, la cual se encontraba manchada con aceite por su uso; y una (1) batería de camión, de color negro, tamaño mediano, de 12 voltios, sin poder precisar su marca.
Asimismo, destacó que, en fecha de la denuncia, observó una publicación en la red social Facebook en la que se ofrecían a la venta las ruedas sustraídas, bajo el usuario “M. C.”, motivo por el que un conocido suyo, identificado como “M. Q.”, el mismo se comunicó con dicho perfil mediante mensaje privado con la finalidad de adquirir los neumáticos, recibiendo como respuesta la ubicación del domicilio xxxxx N° ***.
Que, posteriormente, su pareja, V. V., se apersonó en el lugar, donde fue atendida por una persona de sexo masculino, quien la hizo ingresar al patio externo de la vivienda a fin de exhibirle las cubiertas, procediendo aquella a abonar la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) por ambos elementos, circunstancia que fue registrada mediante filmación.
El denunciante manifestó contar con cámaras de seguridad en el lugar; no obstante, el sector donde se encontraban los elementos sustraídos se hallaba parcialmente obstruido por una casilla, lo que impide una correcta visualización. Asimismo, expresó sus sospechas respecto de una persona de apellido R. J. C., en razón de sus antecedentes en la localidad, indicando que sería quien aparece en la filmación referida y se domicilia en xxxxx Nro. ***.
Finalmente, estimó el valor de los bienes sustraídos en la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) y aportó imágenes consistentes en capturas de pantalla de la conversación mantenida a través de la red social Facebook.
Es conteste con lo expuesto, la declaración testimonial de V. E. V., quien manifestó que al tomar conocimiento de la sustracción de los bienes pertenecientes a su pareja, remitió un mensaje a su hijo, M. Q., comentándole lo sucedido y solicitándole que los ayudara verificando en Facebook si alguna persona los ofrecía a la venta. Momentos más tarde, recibió de éste una captura de pantalla correspondiente a una publicación del usuario “M. C.”, quien ofrecía ruedas de similares características a las sustraídas, indicándole como domicilio la xxxxx N° ***.
Al presentarse en dicho lugar, un masculino le exhibió las cubiertas, solicitando la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) por el par. Tras manifestar su conformidad con la compra, se dirigió hacia su vehículo con el fin de buscar el dinero, oportunidad en la que comenzó a registrar en video la secuencia que luce agregada a fs. 113/114.
Asimismo, se recibió declaración testimonial de M. Q., cuyos dichos resultan coincidentes con los de su progenitora. Agregó que remitió un mensaje al usuario de la publicación y que, a los pocos minutos, obtuvo respuesta en la que se le indicó una dirección, la cual envió a su madre. Refirió conocer quiénes residían en dicho domicilio –D. G. F. y R. J. C.– en razón de desempeñarse en el área de Tránsito Municipal, señalando que con anterioridad se había procedido al secuestro de un vehículo en esa vivienda.
Refuerza lo expuesto el informe elaborado por la División Investigaciones de San Julián (a fs. 54/55 y vta.), del que surge que, en el marco de las averiguaciones practicadas respecto del perfil de Facebook correspondiente al usuario “M. C.”, se constató que el domicilio suministrado –xxxxx N° *** de esa localidad– correspondía a R. J. C..
Asimismo, mediante el análisis de capturas extraídas de la secuencia fílmica registrada por V. V. (2), se verificó que la vivienda observada en dichas imágenes coincide con el domicilio del encartado, advirtiéndose además la presencia del nombrado en el lugar.
Completa el plexo probatorio el acta de inspección ocular obrante a fs. 04, transcripta a fs. 05, la cual da cuenta del lugar donde fueron sustraídos los elementos en cuestión, resultando ser la intersección de las calles El Cano y Vieytes, donde se emplaza el comercio del denunciante, denominado “xxxxx”. Por su parte, el acta de resultado de allanamiento obrante a fs. 12/15 describe las características del inmueble inspeccionado y deja constancia del hallazgo de diez (10) cubiertas de distintas medidas y marcas, circunstancia que se encuentra documentada en las imágenes incorporadas a fs. 36.
Así las cosas, este Tribunal tiene por probado, como hecho constitutivo de ilicitud, que entre los días 16 y 18 de diciembre de 2023, R. J. C. ingresó al local comercial denominado “xxxxx”, sito en la intersección de las calles El Cano y Vieytes, sin provocar daño, y se apoderó ilegítimamente de diversos elementos propiedad de C.
H. W..
En razón de lo señalado, y a partir de los relatos incorporados a la causa, los que fueron ratificados y resultan contestes entre sí, corroborados además por los informes y demás constancias obrantes en autos, se tiene por acreditada la materialidad del hecho imputado en cabeza de R. J. C. como responsable en calidad de autor material del ilícito.
Concluido este punto de análisis, y toda vez que en el transcurso de la producción del proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal ni de ninguna excusa absolutoria, por lo que en razón de lo analizado el Tribunal entiende que el encartado deberá responder penalmente por el hecho imputado.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta de la acusada en el hecho?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que la calificación legal oportunamente asignada al momento de requerirse la elevación a juicio de las presentes actuaciones, y sostenida por la Fiscal de Cámara, encuadró el hecho como constitutivo del delito de hurto, previsto y reprimido por el art. 162 del Código Penal.
Acreditadas la materialidad del hecho y la autoría en cabeza de R. J. C., corresponde seguidamente describir la adecuación típica de la conducta desplegada la cual se sustenta en la concurrencia de los siguientes elementos de la figura típica: Se comprobó que R. J. C. se apoderó ilegítimamente de dos (2) cubiertas rodado 13, marca TANGO; un (1) compresor marca DOGO 2HP, de color negro y amarillo, con una manguera de color azul con pico para inflar cubiertas; y una (1) batería de camión, mediana de 12 voltios, entendemos que nos encontramos ante un claro caso de hurto (previsto y reprimido por el artículo 162 de Código Penal). En cuanto al aspecto objetivo del tipo penal, se encuentra acreditado que R. J. C. ingresó al local comercial del damnificado y se apoderó ilegítimamente de diversos bienes muebles ajenos, retirándolos de la esfera de custodia de su titular sin mediar consentimiento alguno.
En lo concerniente al elemento subjetivo, la conducta fue desplegada con pleno conocimiento de la ajenidad de los objetos sustraídos y con voluntad de desapoderar a su legítimo tenedor para incorporarlos a su propia esfera de disposición, extremo que se evidencia, además, en el posterior ofrecimiento de parte de dichos bienes para su venta.
De tal modo, existe adecuado nexo de atribución entre el obrar del encartado y el resultado lesivo al patrimonio del damnificado, verificándose la totalidad de los extremos exigidos por el art. 162 del Código Penal.
Es por ello que este Tribunal entiende que la conducta desplegada por R. J. C. resulta constitutiva del delito de “hurto simple”, previsto y reprimido por el art. 162 del Código Penal.
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar y qué pena corresponde imponer?
Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación del imputado y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Que en este caso en particular y habiendo existido pena sugerida por la Fiscal de Cámara al momento de efectuar la propuesta de omisión de debate, el Tribunal debe actuar conforme lo estipula el artículo 517 del Código de Rito, más precisamente en su párrafo quinto, según el cual, si bien puede arribarse a una sentencia absolutoria, en caso de dictarse sentencia condenatoria la sanción nunca podrá superar la pena mayor requerida por el Agente Fiscal o la parte querellante (si la hubiere).
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz tiene dicho que “…la adecuada fundamentación del fallo exige que se mencionen los aspectos que emplean para dimensionar la pena y se indique con precisión que se los tiene por atenuantes o agravantes, sin que sea necesario, además, que se explique por qué razón se les asigna ese sentido, lo cual por lo demás, será fácilmente advertible por el enrolamiento del juzgador en determinadas líneas de pensamiento sobre los fines y fundamentos de la sanción…” (In re C. M. B., Sentencia 17/05/2018, Tomo VII, Registro 002, Folio 024/030).
Así, a los fines de graduarla, deben tenerse en cuenta las resultas y las demás constancias obrantes en autos, de las que surge que R. J. C., nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, hace 44 años, primario completo, tiene seis hijos, realizaba changas de albañilería En lo que respecta a las circunstancias atenuantes del presente caso, corresponde valorar los medios de vida del imputado, su escaso nivel de instrucción. En cuanto a los agravantes, además del manifiesto desconocimiento al sistema jurídico y la propiedad privada, corresponde justipreciar la existencia de antecedentes penales en cabeza del encartado, quien en el marco de los autos “R. J. C. ROBERTO JOSE S/ROBO -TRES HECHOS, DOS EN GRADO DE AUTOR Y UNO EN GRADO DE DE COAUTOR- Y HURTO EN GRADO DE COAUTOR, TODOS EN CONCURSO REAL ENTRE SÍ” -Expte. Nº ****/25- fue condenado mediante sentencia de fecha el 05 de septiembre de 2025 -protocolizada al Libro LXXXVIII, R° 3173 Folios 055/063- a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo en orden a los delitos obrantes en la carátula de dicho expediente.
Corresponde asimismo ponderar que el encartado se encuentra actualmente alojado en la Comisaría Primera de Puerto San Julián, privado de su libertad en el marco de la causa N° ****/26 caratulada R. J. C. S/HURTO, debiendo librar las comunicaciones para su correspondiente registro e inscripción en la sede judicial y en la dependencia penitenciaria en la que se encuentra alojado.
Con respecto al monto de pena a imponer al acusado, habiéndose evaluado su situación personal en su relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso y conforme a las pautas mensurativas contenidas en el Digesto Penal, y a fines de que el que el encartado adquiera conciencia de la ilicitud de su conducta, del daño que ocasionó y adopte una actitud positiva para renunciar a la comisión de nuevos delitos, se considera apropiado aplicar la pena de un (1) mes de prisión de cumplimiento efectivo para el delito de hurto simple (art. 162 del Código Penal); en su mérito, deberá mantenerse su estado de detención.
De esta manera, el tiempo y modalidad de cumplimiento de la pena impuesta se corresponde con la finalidad prevista en la Ley N° 24.660, más precisamente en el art. 1, donde se establece que "La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad…".
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial:
1. CONDENAR a R. J. C., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de UN (1) MES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO por considerarlo autor penalmente responsable del delito de HURTO SIMPLE, previsto y reprimido en el art. 162 del Código Penal y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
2. DISPONER la DETENCIÓN CONJUNTA de R. J. C. en la presente causa con la que se registra en los autos "R. J. C. S/HURTO" -Expte Nro. ****/206-, LÍBRENSE las comunicaciones de estilo a fin de proceder a su registro e inscripción en la sede judicial correspondiente y en la dependencia penitenciaria donde el condenado se encuentra alojado.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila –presidenta-, Dres. Jorge Daniel Yance –juez- y Fernando Zanetta –juez subrogante-. Dra. Gabriela Mansilla –secretaria-.
Fin de la sentencia