Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22314-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto in pauperis forma por el encausado R. y fundado por su defensa particular, el Dr. Jorge Marcelo Rossi, por los motivos expuestos en el considerando primero. (Arts. 168 y 171 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu", 498 y concordantes del C.P.P.).
II. Confirmar, en todo cuanto fuera motivo de agravio, la decisión de fecha 24 de agosto de 2026, por medio de la cual, los jueces integrantes del Tribunal Oral nro. 6 departamental, los Dres. Federico J. Tuya, Ariel Introzzi Truglia y Sebastian H. Urquijo, resolvieron: " I.- no hacer lugar al CAMBIO DE RÉGIMEN, A RÉGIMEN ABIERTO, peticionado en favor del encartado J . C. R. C. Disponiendo QUE CONTINÚE EN EL RÉGIMEN DE PROCESADOS, MODALIDAD ATENUADA en el que se encuentra inmerso (arts. 168 y 171 Const. Prov., 106, 146, 148, 163 y ssgtes. del C.P.P. y 100, 119, 120, 121 y 132 de la ley n° 12.256).", por los fundamentos expuestos en el considerando segundo (Arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 148, 159, 163, 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.; Arts. 4, 5, 6, 98, 100, 119 y sgtes. de la ley provincial 12.256).
III. Tener presente la reserva de caso federal introducida por el recurrente, art. 14 ley 48.
Causa nro. 22314/I/Ira. "R. J. C. S/ INCIDENTE DE REGIMEN ABIERTO (T6)"
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto in pauperis forma por el encausado Romero y fundado por su defensa particular, el Dr. Jorge Marcelo Rossi , contra la decisión de fecha 24 de agosto de 2026, por medio de la cual, los jueces integrantes del Tribunal Oral nro. 6 departamental, los Dres. Federico J. Tuya, Ariel Introzzi Truglia y Sebastian H. Urquijo, resolvieron: " I.- NO HACER LUGAR al CAMBIO DE RÉGIMEN, A RÉGIMEN ABIERTO, peticionado en favor del encartado J . C. R. CAINERO, DISPONIENDO QUE CONTINÚE EN EL RÉGIMEN DE PROCESADOS, MODALIDAD ATENUADA en el que se encuentra inmerso (arts. 168 y 171 Const. Prov., 106, 146, 148, 163 y ssgtes. del C.P.P. y 100, 119, 120, 121 y 132 de la ley n° 12.256)."
Sometida al acuerdo la presente causa y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: en primer lugar, el Dr. Oscar R. Quintana, y en segundo término, el Dr. Diego E. Martinez.
A continuación, los señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible la impugnación planteada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
Que la parte recurrente resulta legitimada "ex lege" para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del presente. Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada, y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación de conformidad con el artículo 498 del código adjetivo.
Ha cumplido también la defensora oficial con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión del juez a-quo, consignando su respectiva fundamentación mediante escrito electrónico.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA. (arts. 168 y 171 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu", 498 y concordantes del C.P.P.)
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega, Dr. Quintana, por sus mismos motivos y fundamentos, por lo que, VOTO POR LA AFIRMATIVA (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA DIJO:
I. Que el pasado 24 de agosto los jueces integrantes del Tribunal oral nro. 6 de San Isidro, resolvieron no incorporar a R. en el régimen abierto, disponiendo que continúe en el régimen de procesados con modalidad atenuada.
Para decidir en ese sentido evaluaron la existencia de peligros procesales ya que reviste calidad de procesado, de conformidad con el art. 163 y 159 de nuestro Código Ritual. Al respecto indicaron que, en virtud de la severidad de la pena impuesta, la que aún no se encuentra firme, verificaban riesgo de fuga, el cual se veía incrementado al haber el Tribunal de Casación Penal de esta Provincia confirmado el pronunciamiento dictado por el órgano de juicio.
Respecto del desempeño intramuros, señalaron que su evolución tratamental es reciente, más allá del dictamen favorable emitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense, destacando que el informe anterior, de aproximadamente un año atrás, fue desfavorable.
En virtud de lo cual, el a-quo consideró necesario evaluar su continuidad en el desarrollo incipiente de las tareas tratamentales, como su desempeño en las mismas.
Además, se refirieron a la capacidad económica del interno, conforme surge de los informes producidos, lo que aumenta las posibilidades de fuga.
Entendieron que la situación de R. no era compatible con su inclusión en el régimen más laxo del ámbito carcelario, caracterizado por la auto-gestión, la auto-disciplina y la ausencia de muros perimetrales o guardia armada
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación in pauperis forma R., fundado luego por su letrado particular.
El recurrente alegó que el Tribunal analizó la petición en base a una errónea determinación del marco jurídico aplicable, ya que equipara la situación su asistido, quien reviste calidad de procesado, con la de una persona condenada por medio de sentencia firme, lo que en el caso de R. no ocurre. A su vez, se refirió a la aplicación de las obstantes previstas en el artículo 100 de la Ley 12.256, que solo resultan aplicables a los institutos de salidas transitorias y/o semi-libertad, pero no para el régimen que aquí se pretende.
En segundo término, denunció la inexistencia de una evaluación concreta y actual del peligro procesal, en tanto el riesgo de fuga se sustenta exclusivamente en la escala penal en abstracto por el delito endilgado, y las circunstancias en las que ocurrieron los delitos en cuestión. En ese sentido, indicó que su asistido no ha realizado ninguna conducta que permita inferir intención de evadirse y/o de quebrantamiento de las reglas de encierro durante el tiempo que lleva detenido (más de 8 años). A su vez, criticó la exigencia del requisito temporal previsto en el artículo 13 del Código Penal.
De otra parte, reprochó la valoración de parte de los jueces sobre la posición económica de su asistido, aludiendo que resulta propietario de un complejo de cabañas y de equipamientos para impresiones 3D, que cedió en comodato a la unidad carcelaria, para sostener que cuenta con recursos suficientes en el caso de que intente evadirse.
Respecto de los informes criminológicos refirió que se efectuó un análisis arbitrario de su contenido y se ignoró la conclusión favorable del D.T.C.. Remarcó que con la decisión arribada se vulneran los principios de asistencia, tratamiento y progresividad del régimen de ejecución de la pena.
Por último, la defensa señaló la falta de proporcionalidad de la medida adoptada, sin ponderar la aplicación de medidas alternativas en los términos del artículo 163 del Código Procesal Penal. En ese sentido, explicó que existen mecanismos de control, tales como la vigilancia electrónica y/o presentaciones periódicas, resaltando que R. posee sólido arraigo familiar, y además requiere atención adecuada frente a la afección neurológica progresiva (siringomielia) que padece.
III. Analizada la cuestión traída a consideración de este Tribunal, adelanto que, en mi opinión, corresponde confirmar el auto apelado por los motivos que a continuación expondré.
En primer lugar, corresponde indicar que el 13 de julio de 2022 J. C. R. C. fue condenado a la pena de prisión perpetua, por haber sido considerado co-autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por su comisión mediante el uso de arma de fuego, robo agravado por ser cometido mediante efracción y robo agravado por efracción, escalamiento y por su comisión en lugar despoblado y en banda (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 41bis, 45, 55, 80 inc. 6to., 166, inc. 2do., 2do. Supuesto y 167, incs. 3ro. y 4to., en función del art. 163, inc. 4to. del C.P, y arts. 375, 530 y 531 del CPP).
Dicha condena, a la fecha actual no adquirió firmeza, ya que se encuentra en trámite el recurso de queja interpuesto por el defensor particular ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, luego de haber sido rechazado el recurso presentado ante el Tribunal de Casación Penal de la misma Provincia.
Asimismo, se encuentra detenido desde de hace aproximadamente ocho años y dos meses.
Se advierte, entonces, que R. aún reviste la calidad de procesado. Sin embargo, el dictado de un pronunciamiento condenatorio, aun cuando no haya adquirido firmeza, impone ponderar la cuestión a la luz del principio de certeza de los fallos judiciales (doctrina del T.C.B.A., Sala II, causa n.° 33.856 del 31/03/2009, con cita del Informe 66/01 de la C.I.D.H., caso "Levoyer Giménez").
Ahora bien, las leyes de ejecución penal nacional y provincial tornan aplicables a los procesados los institutos previstos en ellas cuando ello resulte más favorable (arts. 4, 7, 67 de la ley 12.256, 11 de la ley 24.660). Estas normas obligan a compatibilizar los recaudos propios del régimen progresivo con las exigencias cautelares derivadas de la ausencia de firmeza del pronunciamiento condenatorio.
En este sentido, la Sala V del TCBA explicó que "Si bien el encartado aún reviste la calidad de procesado, denegar el beneficio en función de la existencia de peligros procesales -en el supuesto del art. 169, inc. 10-, implicaría afectar el principio de proporcionalidad (art. 18 CN) en materia de medidas cautelares, en la medida que colocaría en una situación más gravosa al procesado con sentencia condenatoria no firme respecto del condenado con sentencia que hubiese adquirido firmeza y se encontrara en idénticas condiciones para acceder al beneficio requerido" (Causa N° 138123 caratulada "Martinez, Miguel Angel s/ Recurso de Casación", rta. 21/05/2025)
Desde esta perspectiva, aún tratándose de una persona procesada, a fin de no vulnerar el principio de proporcionalidad, corresponde examinar las constancias actualmente incorporadas al legajo, le permitirían ser incorporado a un régimen abierto (conf. ley 12.256). Es entonces esta la normativa bajo la cual debe analizarse la pretensión, pues lo contrario importaría excluirlo totalmente de esta posibilidad, ya que las dos únicas modalidades reglamentadas para los procesados son la atenuada y la estricta (art. 6 de la ley 12.256).
Ahora bien, del informe criminológico confeccionado por la Unidad Carcelaria nro. 48 de San Martín, donde ingresó el 10/04/2019, surge que de encuentra alojado en un régimen de procesados modalidad atenuada desde el mes de diciembre de 2021, habiendo transitado por los Pabellones 3, 4 y 1, este último desde el 15/04/2025, destinado " a internos que se encuentran incorporados en el programa tratamental..." .
Se informó que mantiene buen trato con el personal del SPB, como con los otros internos, observando regularmente los reglamentos carcelarios y las reglas de la buena convivencia, no posee actuaciones administrativas en trámite.
Por su parte, la Sección Talleres y/o Área Laboral hizo saber que, previo a su detención el interno refirió haber realizado tareas en el rubro de la construcción, mientras que dentro del ámbito carcelario: " el PPL no ha realizado tareas laborales en otras unidades. En la actualidad dentro de esta dependencia se encuentra realizando tareas laborales en el taller de impresiones 3D con fecha de alta laboral 09/03/2026, de lunes a viernes de 08:00 hs a 1530 hs. CAPACITACIÓN LABORAL. Huerta orgánica (2019) y Carpintería (2024), actualmente se encuentra realizando el Taller de peluquería" . Los encargados del área indicaron que mantiene buena relación tanto con los encargados como con sus iguales, siendo merecedor de un buen concepto. Asimismo, se consignó lo siguiente: "... que las máquinas (impresoras y cpu) utilizadas en el taller de impresión en 3D pertenecen a R. C. J., las cuales se encuentran en calidad de comodato. A su vez el mismo participó de la donación de ferulas fabricadas en impresión 3D al hospital Belgrano...".
Practica dos veces a la semana fútbol y actividades aeróbicas en forma activa, manteniendo buena relación con los referentes y sus iguales.
Con relación al Área Educativa y Cultura no registra antecedentes en el ámbito carcelario, mientras que el 03/06/2026 inició el segundo ciclo de la formación primaria. Asimismo, emerge que cumple el rol de tutor educativo en el pabellón y está incluido en el Programa Pabellones Literarios para la libertad.
La oficina de visitas consignó que lo visita una amiga, M. M., una vez cada 15 días, siendo la última visita del 30 de mayo de del corriente año.
Por último, el D.T.C. de la unidad informante sugirió la conveniencia de incluir a Romero en un régimen abierto.
Previo a ingresar en el análisis de lo relevado, he de recordar que, con respecto a los informes técnico-criminológicos, tal como he sostenido en diversos precedentes de esta Sala, la opinión técnica de las autoridades penitenciarias plasmada en los mismos queda sujeta siempre a contralor jurisdiccional, siendo los jueces quienes tenemos la competencia para resolver respecto de la procedencia, o no, de los beneficios que pudieran corresponder a los detenidos; esto, más allá de la opinión o decisión de la autoridad administrativa, no resultando dichos informes vinculantes para los Jueces, sino un instrumento más a valorar al momento de decidir. De tal forma he votado en causa n° 57.171 "Vivas, Claudia s/Incidente de Ejecución, con cita en este sentido del fallo "Silber" de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I ("Silber, Manuel Alfredo s/ rec. de casación" causa nro.3903, reg. 4913, rta. 19/03/2002).
Ha explicado la doctrina que la judicialización de la etapa de la ejecución penal es una consecuencia necesaria de la vigencia del principio de legalidad, y significa que los jueces deberán controlar la vigencia de los derechos en el ámbito carcelario y que todas las decisiones de la etapa de ejecución que implican una alteración de la determinación de la pena, deben ser tomadas por un juez, órgano jurisdiccional independiente de la Administración, en un proceso en el que se respeten las garantías del proceso penal. (Conf. Marcos SALT, "Comentarios a la nueva ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad" (Nueva Doctrina Penal 1996/B, 1996, Ed. Del Puerto, p. 675).
Por lo expuesto, entiendo que son los jueces de ejecución, no sólo aquéllos que deberán entender en todos los incidentes que se susciten en la ejecución de la pena, sino quienes deberán asimismo ejercer un control del cumplimiento de las garantías constitucionales en el ámbito penitenciario.
Aclarado ello, y tal como adelanté al inicio, he de coincidir con el Tribunal a-quo, en tanto consideró prematura la inclusión del causante en un régimen de tipo abierto.
Tal como indique anteriormente, los dictámenes criminológicos no tienen carácter vinculante para quien suscribe, mientras que en este caso, a pesar del dictamen de viabilidad del DTC para el cambio de régimen pretendido, advierto que ello deviene prematuro.
En primer lugar, el interno se encuentra en un régimen de procesado modalidad atenuada, por lo que, su paso al régimen más laxo con el que cuenta el SPB, a mi criterio, es prematuro teniendo en cuenta que lleva detenido poco más de 8 años y la pena no firme a él impuesta es de prisión perpetua (art. 13 del CP).
A mi juicio, no resulta contrario al principio de progresividad de la ejecución de la pena que la progresión en distintos regímenes, aún cuando no sea secuencial, importe una a paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena (art. 14 de la ley 24.660).
En ese sentido, conforme sostuve en reiterados antecedentes, el art. 6 de la ley 12.256 establece que los distintos regímenes de detención previstos en la ley pueden ser, cuando la situación así lo justifique, de utilización alternativa y no necesariamente secuencial. Ello, en tanto la incorporación en cada régimen debe obedecer y ser un reflejo del desempeño intramuros del interno y las necesidades de cada caso en concreto (conf. causa n° 57.171 "Vivas, Claudia s/Incidente de Ejecución).
Así, cuando la situación lo justifique, la utilización alternativa de los regímenes admitiría el acceso, no secuencial, de un interno a un régimen de mayor autogestión. Sin embargo, eso no se advierte en el caso de marras.
En esa línea, cabe remarcar que del informe proveniente de la Unidad Carcelaria donde se encuentra alojado desde el mes de abril de 2019, se desprende una incipiente participación en las tareas tratamentales. Se observa que desde marzo del corriente año es tutor del taller de impresiones 3D, e inició el segundo ciclo del nivel primario, sin contar con registros previos de tareas laborales, ni estudios desde su ingreso a la órbita del SPB.
Al respecto, si bien el desarrollo de tareas laborales y educativas es un derecho, y no una obligación de los penados y procesados, lo cierto es que la preparación de éstos en dichos ámbitos resulta de fundamental importancia, toda vez que constituye la principal herramienta para adquirir habilidades que le permitan lograr una reinserción social adecuada, además de constituir un indicador esencial a los fines de evaluar su desempeño intra-muros
Cabe recordar que el régimen abierto que aquí se pretende se trata del espacio de mayor autogestión con el que cuenta nuestro SPB, por lo que para acceder a un espacio de tales características el interno debe contar con las herramientas necesarias para afrontar la experiencia de manera fructífera y permanecer en el mismo sin la necesidad de limites concretos y/o personal de seguridad que se encuentre vigilando su cumplimento, lo que a la luz de lo expuesto, no se da en el caso de R.
Es por ello, que coincido con el Tribunal a-quo en que R. no cuenta con las condiciones para ingresar en ese lugar.
Cabe destacar, al igual que lo hizo el Tribunal, que el régimen abierto conforme se encuentra previsto en la ley 12.256 carece de medidas de seguridad siguientes medidas de seguridad tales como guardia armada uniformada, muros perimetrales, rejas u otras formas de contención. Por ello, la determinación sobre la viabilidad de incorporación de una persona en un establecimiento de estas características no puede ser ajena a consideraciones respecto del grado de confianza y la posibilidad de sustraerse. Ante ello, la valoración por parte del Tribunal a quo de la posibilidad de que R. intente evadirse dada la ausencia de controles, como así también la magnitud de pena en expectativa no se advierte irrazonable en el caso concreto.
Tampoco se aprecia desatinada la ponderación de que, en principio, R. no podría acceder al régimen de egresos transitorios (conf. art. 100 de la ley 12.256). Ello en tanto la evaluación sobre la pertinencia de incorporar a una persona privada de libertad en el régimen más laxo de detención no puede escindirse de la probabilidad que eventualmente tenga de retornar, aunque sea en forma restringida al medio libre. Así, en el presente no puede ignorarse que, según la normativa aplicable, R. recién podría acceder a egresos transitorios dentro (6) meses previos al otorgamiento de la libertad condicional (13 CP) y a la fecha lleva transitados poco más de ocho años de la pena no firme a prisión perpetua.
Reitero que ello no se contrapone con el principio de progresividad en el régimen de ejecución de la pena, pues el art. 6 de la ley 12.256, en los términos en que se encuentra vigente, no establece que la inclusión de un interno en los distintos regímenes sea operativa, sino que la supedita a sus antecedentes personales y a su desempeño intramuros, siempre con miras a facilitar una adecuada resocialización en la persecución de los fines constitucionales de la pena.
Considero entonces ajustado el régimen en que se encuentra inserto Romero, a la luz del principio de progresividad, que permite que las personas privadas de libertad vayan recuperando paulatinamente el ejercicio de los derechos que le fueron limitados por la sentencia de condena y cuenten con la posibilidad de un adecuado nivel de autogestión en aras de alcanzar el ideal resocializador.
Previo a concluir, advierto que la defensa hizo mención a una patología médica que padece su asistido, sin embargo nada surge de los informes del SPB, como tampoco el letrado explicó en que consiste esa afección, ni cual sería el perjuicio en el estado de salud de su defendido, que traería aparejado la negativa del cambió que solicita.
En consecuencia con lo expuesto, propongo al acuerdo CONFIRMAR, en todo cuanto fuera motivo de agravio, el auto de fecha 24 de agosto de 2026, por medio del cual, los jueces integrantes del Tribunal oral nro. 6 Deptal., dispusieron no incluir a R. en el régimen abierto. ASI LO VOTO (Arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 148, 159, 163, 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.; Arts. 4, 5, 6, 98, 100, 119 y sgtes. de la ley provincial 12.256).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega, Dr. Quintana, por sus mismos motivos y fundamentos, por lo que, ES MI VOTO (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto in pauperis forma por el encausado R. y fundado por su defensa particular, el Dr. Jorge Marcelo Rossi, por los motivos expuestos en el considerando primero. (Arts. 168 y 171 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu", 498 y concordantes del C.P.P.).
II. CONFIRMAR, en todo cuanto fuera motivo de agravio, la decisión de fecha 24 de agosto de 2026, por medio de la cual, los jueces integrantes del Tribunal Oral nro. 6 departamental, los Dres. Federico J. Tuya, Ariel Introzzi Truglia y Sebastian H. Urquijo, resolvieron: " I.- NO HACER LUGAR al CAMBIO DE RÉGIMEN, A RÉGIMEN ABIERTO, peticionado en favor del encartado J . C. R. C. DISPONIENDO QUE CONTINÚE EN EL RÉGIMEN DE PROCESADOS, MODALIDAD ATENUADA en el que se encuentra inmerso (arts. 168 y 171 Const. Prov., 106, 146, 148, 163 y ssgtes. del C.P.P. y 100, 119, 120, 121 y 132 de la ley n° 12.256).", por los fundamentos expuestos en el considerando segundo (Arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 148, 159, 163, 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.; Arts. 4, 5, 6, 98, 100, 119 y sgtes. de la ley provincial 12.256).
III. TENER PRESENTE la reserva de caso federal introducida por el recurrente, art. 14 ley 48.
Regístrese electrónicamente, para el caso de corresponder, actualícese el R.U.D. Notifíquese al Sr. Fiscal General, a la Defensa y al juzgado interviniente. Fecho, devuélvase a la instancia a fin de realice las notificaciones que estime corresponder.
Firmas
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 974-2026
Fin de la sentencia