Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXXVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8787 FOLIO Nº 188/191 PROT. ELECT. JR101465I.242
Río Gallegos, 28 de junio de 2024.
La presente causa caratulada “R.J.L. S/ LESIONES Y AMENAZAS-E.C.V.G.” Expte. Nº 26537/23, Apelación Nº 8739/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 77/82, obra glosado el auto dictado por la otrora Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.L.R., en orden al delito de “Lesiones Leves agravadas por el vínculo, Lesiones Leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género y Amenazas, todos en concurso real entre sí” (arts. 45, 89 y 92 en función de lo dispuesto en el art. 80 incs. 1 y 11 y 149 bis primer párrafo primera parte del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000).- Que a fs. 85/89, la Dra. G.G., Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial de Mayores Nº Uno apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 93 sostuvo el recurso (cód. validación 3a9ff10b) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en primer término, sostuvo la defensa que el auto apelado le causa un gravamen irreparable a su defendido y es perjudicial a sus intereses.-
En particular, señaló que el mismo no resulta una derivación razonada del derecho vigente, y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la instrucción. En tal sentido, advirtió que las aseveraciones de cargo que fundamentan la situación procesal de su asistido, resultan meras afirmaciones dogmáticas, carentes de apoyatura probatoria.-
Señaló, que las declaraciones testimoniales sean de oficiales de policías, quienes no presenciaron los hechos que la denunciante expone, solo concurrieron frente al requerimiento telefónico de una amiga de la iglesia de la pretensa víctima, pero lejos está de quedar acreditada la autoría de los hechos que se pretenden imputar a su defendido.-
Citó jurisprudencia haciendo referencia a la tipicidad del delito de amenazas y en favor del imputado.-
Hizo mención, a la escasa valoración de la prueba, además de ello, la tipicidad y comisión del delito de amenazas no debió imputarse la autoría de su defendido, por no poder acreditarse la responsabilidad de este, con el agravante de la relación de pareja, ya que surge de la propia denuncia de la pretensa víctima, encontrarse separada, durmiendo en otra habitación, por consiguiente, no se valoró, y debe ser desestimada tal calificación.- Continuó su exposición, en relación a la calificación legal de las amenazas, que tampoco se pudo probar.-
Puso de resalto, la duda que surge de sus dichos -pretensa víctima-, porque ello hace al debido proceso y a la defensa material del imputado, ambos derechos deben contemplarse por la instrucción al momento de pretender endilgar responsabilidad criminal a un tercero.-
Manifestó, en relación a la carencia de elementos de convicción que acrediten en forma fehaciente la comisión de los delitos que se le atribuyen; adujo que S.S. cobra especial relevancia los dichos vertidos por la denunciante, todo ello, deja en claro que el imputado no estuvo presente en el lugar del hecho.-
Postuló que los dichos de la pretensa víctima deberían ser analizados con mayor estrictez valorativa y citó doctrina y jurisprudencia en sostén de su postura.-
Cuestionó los certificados médicos, ya que no se puede presumir su autoría.-
Solicitó que se revoque el resolutorio atacado, y se dicte el sobreseimiento definitivo del Sr. J.L.R..-
Por último, consideró desproporcionado el monto de embargo dispuesto, e indicó que su asistido no posee patrimonio que -en su conjunto- permita arribar a la suma fijada; también mencionó acerca que no se realizó como medida previa el informe social.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Yendo al tratamiento de los agravios expresados por la defensa, adelantamos, serán rechazados.-
En efecto, entendemos, yerra la defensa al señalar que el auto impugnado no fuera una derivación razonada del derecho vigente y ajustado a las constancias probatorias colectadas en la instrucción, dado que, su simple lectura, permite descartar esa posibilidad.-
Ello así, pues la damnificada el día 11/04/2023 relató circunstanciadamente los hechos que habría padecido a manos del imputado -fs. 05/06-.-
De ello, dieron cuenta los oficiales de policía R.R.A., V.K.E. y G.O.A., que acudieron al domicilio en que residía la pareja el 11/04/2023, en virtud de un llamado -amiga de la víctima- que alertaba respecto del presunto hecho de violencia contra una mujer -fs. 08/ y vta. y fs. 12/13 y vta.-; que robustecen los dichos de la víctima y que corresponde expedirse sobre la validez probatoria de los relatos de los efectivos policiales.- Dentro de esta misma línea y respecto de la validez probatoria de los relatos de los efectivos policiales, también esta Alzada ha tenido ocasión de expedirse con anterioridad (v.gr. Apelación N° 4257/13 -criterio que comparte el suscripto-), habiéndose hecho mención a lo sostenido por la jurisprudencia nacional que indica que “...los dichos policiales poseen plena fuerza probatoria cuando refieren a hechos conocidos por razones funcionales y no se basan en interés, afecto u odio, ya que al sentido moral genérico que inspira la verdad de todo testigo se agrega el sentimiento de un deber especial y particular que proviene de su propia condición y que tiene su origen en el cargo que desempeña...” (CNFed.
CCorr., Sala I, 18-10/95).- "...No se observa impedimento legal alguno en que el personal policial preventor declare en forma testimonial, en la medida en que haya tomado conocimiento de los hechos por razones funcionales. Tampoco hay óbice en computar sus dichos como prueba cargosa si no se demuestra que hayan actuado movidos por interés, afecto u odio..." (CFed., San Martín, "Lencina, Marcelo s/ prisión preventiva", reg. 252, Sec. Penal 2, del 4/9/90 citado en Sergio Gabriel Torres, "Nulidades en el proceso penal", Apéndice Jurisprudencial, Quinta edición, Ad-Hoc, pág. 264).- "...Invocar la supuesta similitud o concordancia de las declaraciones del personal policial para postular la existencia de una suerte de conspiración para incriminar a su pupilo carece de virtualidad convictiva, justamente, las notas de coincidencia de los testigos son el signo que denota su veracidad y no justamente lo contrario, a menos que se menee una suerte de ´capitis diminutio´ de los uniformados para deponer..." (Cám.
Apel. Concepción del Uruguay, Sala Penal, 28/11/01, "B.R. s robo calificado en grado de tentativa", citado en Rubén A. Chaia en su libro "La prueba en el proceso penal", Hammurabi, José Luis Depalma Editor, pág. 671).- En relación a la declaración de los efectivos policiales también se ha dicho: “Así entonces, con posibilidades tan extensas de actuación funcional, el policía en la mayoría de las ocasiones de intervención en un proceso penal, no sólo podrá sino que deberá ser citado por el tribunal a prestar su declaración testimonial, para aclarar su intervención, aportar experiencias adquiridas o circunstancias experimentadas en el hecho mismo, vale decir, que su exposición puede llegar a tener significativa relevancia en autos, aun cuando el carácter de policía de seguridad o agente de la fuerza pública, pueda crear cierta reserva o debilitar en algunos casos la creencia de sus dichos, situación ésta que, en cualquier oportunidad encontrará a través de la "sana crítica" la interpretación pertinente, que determine la validez o la observación correspondiente” (Declaración testimonial del policía con actuación en el proceso penal; Scimé, Salvador F.
Publicado en: DJ 1994-2, 769; Cita Online: AR/DOC/4293/2006).- Por ende, no se vislumbra la existencia de animosidad -por parte de los funcionarios del orden- tendiente a perjudicar al procesado y no resultando contradictorios entre sí; sin perjuicio, que no resultaron ser testigos presenciales.-
Además, dicha versión, encuentra correlato en el certificado médico adunado al sumario, suscripto por la Dra. M.C.A. -médica del Hospital Regional Río Gallegos-, donde se constató la existencia de "traumatismo múltiple contusos" -fs. 07-. En relación a este instrumento, se aclara a la recurrente que no tiene el propósito de acreditar quién infirió las lesiones, sino que viene a demostrar la materialidad del hecho, en tanto la autoría, surge a partir de la declaración de la víctima, y la valoración integral de los elementos reunidos, junto al contexto descripto por la magistrada.- En suma, el relato de la Sra. C.I.E. se encuentra respaldado con una variedad de elementos probatorios, que ponderados armónicamente robustecen su valor conviccional.-
Asimismo, esta Alzada ya se ha referido -en otras ocasiones- al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de la víctima, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma y dentro del contexto en que habrían acaecido los hechos investigados.-
Es por lo expuesto, que el cúmulo de prueba no es insuficiente como lo sostiene la defensa, a tal punto de no configurar elementos para sostener que su defendido sea probablemente autor de los hechos que le fueran impuestos. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Amén de todo ello, no nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales ni se ha alterado el debido proceso. El imputado fue enrostrado de los hechos en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con lo relatado por la presunta víctima en sus declaraciones, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.- No corresponde, como pretende la apelante, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas. En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad..." (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos –.-
La resolución atacada evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- En función de lo expresado, no vislumbrándose, se insiste, que la resolución atacada sea violatoria de los derechos de defensa, es que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado J.L.R. dictado por la instrucción y en orden a los delitos allí calificados.-
II. En relación a la crítica acerca de la calificación legal de las "amenazas", entendemos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos, la razón que la llevó a encuadrar los hechos en función de lo previsto por los arts. 45, 89 y 92 en función de lo dispuesto en el art. 80 incs. 1 y 11 y 149 bis primer párrafo primera parte del Código Penal, provisoriamente calificado como “Lesiones Leves agravadas por el vínculo, Lesiones Leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género y Amenazas, todos en concurso real entre sí”.- Sin embargo, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el/los hecho/s imputado/s en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras; con lo cual, no será pasible de tratamiento.-
III. Por último la defensa cuestionó el embargo dispuesto por la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) a su asistido, argumentando que su defendido no posee capacidad económica -no posee un patrimonio-, que la suma es desproporcionada, debiendo modificarse el monto del embargo sobre sus bienes.-
Ahora bien, en este punto debo decir, que no tendrá acogida favorable en esta instancia.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del C.P.P..-
En efecto, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que la Sra. Magistrada (en el apartado V) de los considerandos, ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria de los hechos investigados y de la participación del imputado en los mismos, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- Por otro lado, no debemos perder de foco el tiempo trascurrido desde que se dictó la medida con los altos niveles inflacionarios, razón por la cual el monto no se percibe como inadecuado.-
En orden a lo expuesto y a las circunstancias de los hechos debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la A Quo para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia de los delitos investigados en autos, por lo que la suma ordenada de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada.-
En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Angel”. Vocales: Funes, Pueyrredon, Vargas. Secc. N1).-
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 77/82, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE
Fin de la sentencia