Abriendo la norma
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.313 FOLIO Nº 156/159 PROT. ELECT. JR101 461I.261
Río Gallegos, 13 de octubre de 2026.-
La presente causa caratulada "R.J.R. S/ Lesiones en Accidente de Tránsito” Expte. Nº 93839/25 - Apelación/Causa JR Nº 10.392/26, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 97/102vta., obra glosada la resolución dictada por el Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada J.R.R. en orden al delito de “Lesiones Graves Culposas en Accidente de Tránsito” (Arts. 94 bis 1º párrafo del C.P); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($1.500.000).
A fs. 106/108 la defensa apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 121 (código de validación: 01511941), sin haber presentado el memorial de art. 437 de CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
1. En primer término, la defensa se agravia de la valoración arbitraria e incompleta de la prueba, por considerar que el magistrado otorgó carácter prácticamente concluyente al informe accidentológico, prescindiendo del análisis integral de los restantes elementos incorporados.
Cuestiona que se haya descartado el descargo de la imputada -quien afirmó que la Ford Ranger también circulaba a elevada velocidad y que la menor viajaba sin cinturón de seguridad- mediante la afirmación dogmática de que procuraba mejorar su situación procesal, sin explicar las razones objetivas para desestimar su versión, sosteniendo que ello vulnera la sana crítica racional y el derecho de defensa.
Asimismo, objeta el valor atribuido a la pericia elaborada por la Lic. C.S., sobre la cual entiende que descansa casi exclusivamente el procesamiento, y señala que los dictámenes periciales no son vinculantes y deben valorarse conjuntamente con las demás pruebas, pese a lo cual el juez habría conferido al informe un valor prácticamente absoluto. Argumenta que la velocidad estimada de 58 km/h constituye una reconstrucción técnica basada en indicios que no demuestra, por sí sola, la existencia de culpa, y que la conclusión que identifica el exceso de velocidad como causa eficiente del resultado carece de suficiente fundamentación y confrontación con otros elementos objetivos. También reprocha la omisión de examinar la eventual concurrencia causal de la conducta del conductor de la Ford Ranger, afirmando que el magistrado otorgó plena credibilidad a su relato y al de su pareja, sin analizar críticamente la incidencia de su conducción ni la afirmación de la imputada acerca de la elevada velocidad de ese vehículo.
Sostiene que la prioridad de paso no exime de verificar el cumplimiento del deber objetivo de cuidado, particularmente al aproximarse a una intersección urbana, cuestionando la fundamentación del nexo causal y de la imputación objetiva.
En ese marco, insiste en la falta de análisis de la ausencia de cinturón de seguridad de la menor, señalada en la indagatoria de fs. 88/89, por su posible incidencia tanto en la entidad de las lesiones como en la relación causal.
También indica que la imputada manifestó haber sufrido lesiones graves y haber recibido agresiones verbales, amenazas e insultos del otro conductor y su esposa, tanto al momento del accidente como durante el traslado en ambulancia, cuestionando que tales extremos fueran soslayados mediante la afirmación de que la culpa de la víctima no compensa la imprudencia del autor.
Finalmente, sostiene que en el procesamiento subsisten aspectos controvertidos sobre la velocidad de ambos vehículos, la incidencia de la prioridad de paso, la ausencia del cinturón de seguridad, la mecánica exacta del impacto y la conducta del conductor de la Ford Ranger y considera que estas cuestiones impiden alcanzar el grado de probabilidad necesario para sustentar la imputación, por lo que solicita revocar el procesamiento y disponer el sobreseimiento de su asistida. Quedan así los agravios planteados para ser resueltos.
Daremos abordaje a los presentes adelantando que esta Alzada coincide plenamente con el criterio adoptado por el magistrado, resultando menester confirmar la resolución apelada en todos sus términos.
En este sentido, la atribución de responsabilidad penal a la imputada no obedece a una valoración arbitraria o incompleta del cuadro probatorio, sino a la existencia de elementos que permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, que la nombrada habría infringido el deber objetivo de cuidado al circular a una velocidad excesiva para una encrucijada urbana y omitir respetar la prioridad de paso que le asistía al rodado conducido por V.V.
Que, respecto del agravio referido al valor otorgado a la pericia accidentológica cinemática efectuada por la Lic. C.B.S., es preciso señalar que el ordenamiento procesal faculta al juzgador a ponderar los dictámenes técnicos bajo las reglas de la sana crítica racional (arts. 116 y 247 del CPP), utilizándolos como elementos ilustrativos sin resignar la plena potestad de juzgamiento.
En el caso traído a estudio, las conclusiones del informe pericial -que identificaron como causa eficiente del siniestro el exceso de velocidad del Volkswagen Polo conducido por R. y la omisión de ceder el paso- no se hallan aisladas ni constituyen el único sustento de la imputación. Por el contrario, dichas conclusiones resultan congruentes con las restantes pruebas incorporadas y encuentran respaldo en la inspección ocular (fs. 03/05), las copias de los certificados médicos (fs. 19/21), el informe técnico (fs. 27/55), las secuencias fílmicas incorporadas en soporte digital (CD-R) -cuya visualización por esta Alzada permitió constatar la dinámica del siniestro-, la declaración testimonial del conductor del rodado Ford Ranger V.V. (83vta.) y las manifestaciones de M.B.A. (67/vta.).
Asimismo, la existencia y entidad de las lesiones padecidas por la menor N.V. habrían sido acreditadas desde el plano médico tanto por la certificación extendida el 17 de junio de 2025 por la Pediatría, MdC como por el examen pericial efectuado el 18 de septiembre de 2025 por el Dr. F.E. del Cuerpo Médico Forense, donde se constataron traumatismo de cráneo, traumatismo dentario con hemorragia pulpar y fractura incompleta de esmalte, e importantes equimosis y hematomas en el rostro y miembros.
Siguiendo esta línea, debemos decir que la conducta típica en los ilícitos viales se concreta a partir del quebrantamiento de las normas reglamentarias que imponen deberes precautorios a los conductores. Al respecto, la prueba pericial determinó que la encartada ingresó a la intersección de las calles O. y P. a una velocidad mínima estimada de 58 km/h, transgrediendo manifiestamente el límite máximo contemplado por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 para encrucijadas urbanas sin semáforo, esto es 30 km/h.
A dicha infracción reglamentaria se suma la vulneración del artículo 41 de la citada norma, el cual consagra la prioridad absoluta de paso de quien cruza desde la derecha, presupuesto que obligaba a R. a detener o disminuir la marcha para ceder el paso a la camioneta Ford Ranger que avanzaba por la calle P.
Por su parte, las manifestaciones efectuadas por la encartada en su declaración indagatoria obrante a fojas 88/89, relativas a la supuesta elevada velocidad de la camioneta, la alegada falta de cinturón de seguridad en la menor damnificada, las lesiones sufridas por la propia imputada o los incidentes verbales ocurridos tras el choque, configuran meros intentos de mejorar su situación procesal que carecen de respaldo objetivo y no logran enervar el cuadro probatorio de cargo reunido en el sumario.
En este aspecto, resulta doctrina inalterable en la materia que en el fuero penal no rige la teoría de la compensación de culpas o culpa concurrente de la víctima, en atención al carácter público que ostenta la pretensión punitiva estatal y a que la creación de un riesgo no permitido mediante la inobservancia de los deberes de cuidado genera la plena responsabilidad del autor. Este criterio ha sido sostenido de manera constante por este Juez de Recursos en múltiples precedentes, entre los que destacan las causas "H.F.N. s/ homicidio culposo" (Apelación Nº 8393/23),"Q.A.M. s/ lesiones culposas graves" (Apelación Nº 9595/25), "F.C.D. s/ muerte en accidente de tránsito" (Apelación Nº 9041/24), entre otros.
En concordancia con ello, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal ha ratificado que: “...el procesamiento debe confirmarse cuando la evidencia acumulada permite establecer que las lesiones sufridas por la víctima derivaron directamente de la violación al deber objetivo de cuidado en la conducción vehicular…” (causa "E., E. J. s/ procesamiento", del 14/07/2023). En virtud de las razones expuestas, al constatarse la existencia del hecho, la materialización de las lesiones graves en la niña N.V. y la imputación objetiva de la conducta de J.R. a título de culpa por impericia e inobservancia de los deberes a su cargo, se concluye que concurre en el legajo el grado de probabilidad requerido por el artículo 289 del CPP para confirmar en su integridad la resolución puesta en crisis.
2. En cuanto al embargo trabado, se agravia la defensa de su falta de fundamentación y proporcionalidad, al no explicitarse parámetros de cuantificación, gastos médicos documentados, tiempo de incapacidad u otros datos objetivos que justifiquen el monto de PESOS Un Millón Quinientos Mil ($1.500.000).
Sostiene que la medida debe guardar correspondencia con el perjuicio que pretende garantizar y que su fijación arbitraria vulnera el derecho de propiedad y desnaturaliza su finalidad cautelar, convirtiéndola en una sanción anticipada incompatible con la presunción de inocencia. Por ello, solicita dejarla sin efecto o, subsidiariamente, reducir sustancialmente su monto, aun cuando se confirme el procesamiento.
Ingresando al tratamiento del último agravio relativo al monto del embargo trabado, corresponde adelantar que la solicitud de reducción efectuada por la defensa no tendrá acogida favorable en esta instancia.
En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 102/vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En este sentido, debo decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Magistrado para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "...conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse -llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación.
Es por ello que el embargo cautelar decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución del TSJ de la provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1°)-CONFIRMAR el auto de fs. 97/102vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.- 2°)- REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.-
3º)-Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia