Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121073
En la ciudad de La Plata, a 2 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.073, "Medina, Francisco Antonio contra Pare Hnos. S.R.L. y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción promovida, con costas a las codemandadas vencidas (v. fs. 340/372 vta.).
Se interpuso, por QBE ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 401/415 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa por haber sido materia de agravios, el tribunal de grado desestimó la excepción de prescripción opuesta y -declarando la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557- acogió la acción promovida por el señor Francisco Antonio Medina, condenando solidariamente en los términos de los arts. 1.716, 1.717 y 1.749 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1.074, Cód. Civ., ley 340) a QBE ART S.A. -hoy Experta ART S.A.; ver fs. 474/475- al pago del importe que específicamente determinó para reparar integralmente el daño derivado de las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente de trabajo que el reclamante sufriera el día 6 de junio de 2009 (v. fs. 340/372 vta.).
I.1. En lo que respecta a la defensa de prescripción, el juzgador dispuso su rechazo por entender que entre la fecha en que el actor tomó conocimiento de su incapacidad (12 de marzo de 2010) y aquella otra en que interpuso la demanda (5 de diciembre de 2011), no se había cumplido el plazo bienal previsto por los arts. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo y 44 de la ley 24.557 (v. sent., fs. 354 vta./355 vta.).
Para arribar a dicha decisión, consideró que, como bien lo había apuntado el actor al evacuar el traslado de la excepción interpuesta, en el supuesto de accidentes de trabajo la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad generalmente coincide con la ocurrencia misma del infortunio, pero que así no resulta cuando las lesiones originadas por el siniestro producen un daño que se consolida con el tiempo y que se torna irreversible con posterioridad (v. vered., fs. 344).
Partiendo de esa base y tomando en cuenta que, como consecuencia del infortunio padecido, el promotor del pleito discutió el porcentaje de incapacidad otorgado por la aseguradora de riesgos del trabajo, lo que derivó en la intervención de la Comisión Médica jurisdiccional que reconsideró el mismo, elevándolo del 20% al 35,03%, concluyó que -dadas las especiales particularidades del caso- el señor Medina tomó conocimiento de la real dimensión de su incapacidad el día en que esta última entidad emitió su dictamen, esto es, el día 12 de marzo de 2010 (v. fs. 344 vta.).
I.2. Sentado ello, y puesto a analizar la responsabilidad de la empleadora (rebelde), el sentenciante consideró que debía responder integralmente al haberse configurado en el caso los factores de atribución de responsabilidad objetiva y subjetiva contemplados en los arts. 1.716, 1.724, 1.725 y 1.757 (y concs.) del Código Civil y Comercial de la Nación -arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil- y 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 355 vta./358).
Luego, halló comprobada la existencia del nexo de causalidad adecuado entre el daño sufrido por el trabajador y el obrar omisivo de QBE ART S.A., al no cumplir con sus obligaciones legales, debereséstos que -afirmó- conforme la normativa vigente correspondía identificar como de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visita a lugares de trabajo y denuncia ante los organismos pertinentes (arts. 4 y 31, ley 24.557), por lo que juzgó que resultaba solidariamente responsable con el principal por el pago del monto establecido en concepto de reparación integral (arts. 1.716, 1.717 y 1.749, Cód. Civ. y Com. de la Nación y 1.074, Cód. Civ.; v. vered., fs. 347/348 y sent., fs. 358 in fine /362 vta.).
Por último, verificada la responsabilidad civil de la empleadora y de la aseguradora de riesgos del trabajo, el juzgador declaró la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 y, una vez descontado el importe de las prestaciones dinerarias previstas en dicho régimen legal percibidas en sede administrativa, condenó solidariamente a ambas accionadas a pagarle al actor la suma de $371.937 en concepto de reparación integral de daños (v. sent., fs. 362 vta./367 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento la letrada apoderada de QBE ART S.A. -hoy Experta ART S.A.; ver fs. 474/475- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia arbitrariedad y la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 y 31 de la Constitución local; 47 y 63 de la ley 11.653; de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona el rechazo de la defensa de prescripción.
En este sentido, alega que la decisión del tribunal de grado que determinó como fecha de toma de conocimiento de la incapacidad por parte del trabajador el día 12 de marzo de 2010, transgrede el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional. Ello así, explica, porque del razonamiento llevado a cabo por el juzgador no surge cuáles han sido los estándares que utilizó para resolver de ese modo.
Argumenta que en supuestos como el de autos, donde se reclama el pago de una indemnización con sustento en las disposiciones del derecho común por las consecuencias derivadas de un accidente de trabajo, resultan aplicables las disposiciones del art. 4.037 del Código Civil (ley 340), debiéndose computar el plazo de prescripción desde el día en que ocurrió el infortunio (v. fs. 409/410).
II.2. En segundo orden, critica la atribución de responsabilidad formulada en la sentencia con sustento en las normas del derecho civil.
Manifiesta que de conformidad con los términos en que fuera celebrado el contrato de afiliación suscripto con la empleadora del señor Medina, su obligación se halla limitada únicamente al otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, sin que -para más- dicho régimen contemple la inclusión de responsabilidad civil alguna.
Afirma que jamás una aseguradora de riesgos del trabajo puede responder por las derivaciones de una acción judicial extrasistémica, que precisamente intenta -mediante un concreto planteo de inconstitucionalidad- apartarse de todo el sistema especial de reparación de infortunios laborales, procurando obtener una indemnización que excede y se diferencia de las prestaciones dinerarias contempladas en dicho régimen legal.
En apoyo de su postura, denuncia transgredida la doctrina legal delineada en la causa L. 47.438, "Cirone" (sent. de 10-XII-1991), donde esta Corte sostuvo que "el contrato de seguro debe interpretarse literalmente en los supuestos en que la cobertura esté expresada claramente, no siendo posible otorgarle una interpretación extensiva, toda vez que la enumeración de los riesgos y la extensión de la cobertura debe apreciarse limitativamente" (fs. 410/411 vta.) .
Indica además que tal como lo consignó el perito técnico en su informe, su parte cumplió con todos los deberes de prevención y control que la Ley de Riesgos del Trabajo pone a su cargo, ya que observó todos los protocolos de seguridad, realizó denuncias a sus afiliados y brindó capacitación.
Señala que en la especie existió una imposibilidad manifiesta para que QBE ART S.A. pudiera cumplir adecuadamente con el deber de control, ya que el actor se accidentó prestando tareas en un lugar diferente al establecimiento de su empleadora, atento la naturaleza de los servicios que esta última presta.
Expresa que no se verificó en autos la existencia de nexo causal entre el hecho imputado a la aseguradora y el daño sufrido por el trabajador, habida cuenta que si bien existió una norma que le imponía el cumplimiento específico de un deber a dicha entidad, ésta lo cumplió, aunque resultó igualmente condenada por una sentencia arbitraria cuyo único propósito fue extenderle solidariamente la responsabilidad frente al estado de rebeldía de la empleadora en la causa.
Aduce que en el específico supuesto de autos el único responsable frente al perjuicio ocasionado es la empleadora (Pare Hnos. S.R.L.), propietaria de la cosa riesgosa con la cual el trabajador se accidentó.
Luego, desarrolla distintas consideraciones respecto de los factores de atribución de responsabilidad civil contemplados en el art. 1.113 del Código Civil, que abonan su tesis de que el principal debe responder patrimonialmente por todo el daño sufrido por el dependiente en ejercicio de una función que le fuera por él encomendada.
Insiste en sostener que no pudo válidamente el a quo adjudicar a su parte el incumplimiento del deber de control cuando, dadas las características en que las tareas eran prestadas -en distintos lugares o establecimientos, en el caso, las instalaciones de la firma Swift S.A.- no se tenía conocimiento de cuál era el lugar físico en el que el dependiente las desarrollaba (v. fs. 411 vta./414).
Por otra parte, alega que no obstante haberse consignado en el peritaje técnico que QBE ART S.A. cumplió con la normativa vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, el tribunal de grado igualmente lo consideró insuficiente, no aportando la parte actora -como era su carga- prueba alguna que demuestre que dicha entidad inobservó los deberes impuestos por la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 414 y vta.).
II.3. Finalmente, denuncia que el sentenciante incurrió en un error al liquidar el monto de condena, toda vez que no hubo de descontar el importe de $52.292 que oportunamente le fuera abonado al actor en sede administrativa en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial derivada del infortunio padecido (v. fs. 414 vta./415).
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio dirigido a cuestionar el rechazo de la defensa de prescripción es improcedente.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad y, en consecuencia, establecer el momento en el que debe comenzar a correr el plazo de la prescripción, constituye una cuestión de hecho reservada a la apreciación de los jueces de grado, salvo absurdo (causas L. 114.222, "Maggi", sent. de 29-V-2013; L. 117.901, "Fernández", sent. de 20-V-2015; L. 105.331, "M., R", sent. de 22-II-2017 y L. 120.002, "Suvia", sent. de 27-VI-2018; e.o.).
Sin que pase inadvertido que la recurrente no ha denunciado, en concreto, la configuración del aludido vicio en la parcela, ni la errónea interpretación o aplicación -más allá del grado de acierto o error que pudiera adjudicarse a dicha decisión- de las precisas normas actuadas por el tribunal de grado (arts. 258, Ley de Contrato de Trabajo y 44, ley 24.557), lo que autorizaría -sin más- a desechar el agravio bajo examen (causas L. 99.924, "Gatta", sent. de 30-XI-2011; L. 107.360, "Manterola", sent. de 3-VII-2013; L 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016 y L. 117.517, "Rodríguez", sent. de 15-XI-2016; e.o.), la insuficiencia de la crítica se exhibe manifiesta al constatar que no se ocupa de atacar el argumento central sobre el que dicho órgano jurisdiccional estructuró este aspecto del pronunciamiento.
Como fuera relatado líneas arriba, al responder al interrogante planteado en la cuarta cuestión del veredicto, el tribunal de grado destacó que al evacuar el traslado de la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora, el actor refirió que tomó conocimiento de su incapacidad el día 12 de marzo de 2010, es decir, cuando la Comisión Médica emitió su dictamen, citando jurisprudencia de esta Suprema Corte en cuanto tiene establecido que "en el supuesto de accidentes de trabajo la fecha en que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad, generalmente coincide con el acaecimiento del infortunio cuando en esa oportunidad se produjo la minusvalía permanente de aquél. Pero así no resulta cuando las lesiones originadas por el siniestro producen un daño que se consolida con el tiempo y que se torna irreversible con posterioridad" (fs. 344).
Con apoyatura en esta última definición, en la sentencia indicó que, si bien la acción de autos se sustentó en el acaecimiento de un accidente laboral, el plazo de prescripción debía contarse desde el momento en que el señor Medina tuvo pleno conocimiento de la minusvalía que dicho evento le generó tanto a nivel físico como psicológico (v. fs. 354 vta.).
Recordó el juzgador que en el ámbito del derecho del trabajo la interpretación de las normas que regulan el instituto de la prescripción debe ser más estricta que en el derecho común, por lo que en el caso de duda debe resolverse a favor del mantenimiento de la acción (v. fs. 355).
Estas definiciones plasmadas por el sentenciante no logran ser desmerecidas por la quejosa, pues -se advierte- no se ha ocupado de formular una crítica eficiente de lo decidido. Ello así, pues ha omitido efectuar una réplica concreta y eficaz de las motivaciones esenciales del fallo (causas L. 99.033, "Ievscek", sent. de 28-IV-2010; L. 103.765, "P., J. A.", sent. de 10-VIII-2011; L. 104.172, "Meza", sent. de 7-III-2012; L. 110.403, "Burgos", sent. de 5-XII-2012 y L. 117.775, "J., Q, F.", sent. de 29-III-2017).
III.2. Tampoco resulta atendible el cuestionamiento que exhibe el recurso respecto de la atribución de responsabilidad efectuada por el tribunal de trabajo con sustento en las normas del derecho civil.
III.2.a. Liminarmente, considero necesario señalar que el encuadre jurídico bajo el cual el tribunal de grado abordó el análisis de este aspecto de la controversia (v. sent., fs. 355 vta. y 356) no ha sido -más allá de lo que al respecto pudiera opinarse- cuestionado por la interesada.
III.2.b. Aclarado ello, no le asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene -reiterando los términos en que sustentó la defensa de falta de legitimación pasiva formulada al contestar la demanda (v. fs. 92 vta. in fine /94)- que las aseguradoras de riesgos del trabajo sólo pueden amparar aquellas contingencias emergentes de la ley 24.557, no teniendo que responder por las derivaciones de una acción judicial extrasistémica (v. rec., fs. 410 vta./411).
III.2.b.i. Al resolver la contienda, tras juzgar configurada la responsabilidad objetiva y subjetiva de la empleadora (v. fs. 355 vta./358), el órgano judicial de la instancia decidió extender la condena solidariamente a la aseguradora de riesgos del trabajo con sostén en los arts. 1.716, 1.717 y 1.749 del Código Civil y Comercial de la Nación -art. 1.074 del Código Civil-, en la inteligencia de que esta última había incurrido en una omisión culposa (incumplimiento de la obligación preventiva impuesta por los arts. 4 y 31, ley 24.557) contribuyendo tal circunstancia a causar el perjuicio en la salud del accionante (v. sent., fs. 358 vta./362 vta.).
III.2.b.ii. La condena halló así basamento en que, a juicio del tribunal de grado, quedó configurada su responsabilidad civil por los daños derivados del accidente de trabajo que culminó con una secuela incapacitante en el actor.
Luego, luce inhábil lo expuesto por la impugnante al manifestar que las aseguradoras tienen como único objeto el otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, ya que -en el criterio del tribunal interviniente- el fundamento de la condena resultó extraño al sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Cabe recordar que esta Corte ha resuelto que, situados en el marco de la responsabilidad civil extracontractual en que se consideró incursa a la aseguradora de riesgos por omisión de los deberes a su cargo, el resarcimiento debido queda ligado y determinado por los parámetros de integralidad previstos por la normativa de derecho común y ajeno, por lo tanto, a las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, marco reparador extraño al fundamento y naturaleza de la condena aplicada en autos (causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 117.404, "Romero", sent. de 24-IX-2014; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 118.873, "Araoz", sent. de 29-XI-2017).
Y fundamentalmente, dable es destacar que -tal como lo expuso el tribunal de grado en el pronunciamiento (v. fs. 362 y vta.)- la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009). Ello, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro" (sent. de 31-III-2009).
III.2.c. A partir de lo expuesto, aclaro, pierde también vigor la impugnación sustentada en la denuncia de violación de la doctrina que invoca la recurrente.
Es que el precedente vinculado a los alcances e interpretación del contrato de seguro de responsabilidad civil regulados por la ley 17.418 (causa L. 47.438, "Cirone", sent. de 10-XII-1991; v. rec., fs. 411 in fine y vta.) no resulta aplicable a los contratos de afiliación regulados por la ley 24.557, tal como reiteradamente lo ha declarado esta Corte frente a agravios similares al aquí examinado, en los que las aseguradoras de riesgos del trabajo alegaban la violación de dicho fallo (causas L. 98.584, cit. y L. 97.482, "López", sent. de 2-III-2011).
III.2.d. Igualmente infructuosa se presenta la objeción planteada en torno a la acreditada inobservancia de las obligaciones de prevención y control.
III.2.d.i. Sabido es que determinar si las aseguradoras de riesgos del trabajo han cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos de trabajo como, asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, no revisable en casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 105.679, "Lazarte", sent. de 12-XII-2012 y L. 120.374, "Brufou", sent. de 29-VIII-2018).
III.2.d.ii. La recurrente no logra acreditar la configuración del referido vicio invalidante, pues, omitiendo una vez más denunciar las normas en las que se sustentó esta parcela del pronunciamiento (me refiero a los arts. 4 y 31 de la ley 24.557), se limita a oponer un criterio diferente al plasmado por el juzgador en la sentencia que impugna sobre la base de la propia significación que le atribuye a la prueba pericial técnica, transitando la crítica por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo.
En efecto, afirma la agraviada que tal como fuera plasmado en dicho medio probatorio cumplió con todos los estándares y con la normativa vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, no habiendo el actor incorporado prueba alguna a la causa que acredite tales inobservancias (v. rec., fs. 414 y vta.).
Ahora bien, el tribunal interviniente sostuvo que en la cuestión décima del veredicto se había concluido que la aseguradora no había logrado comprobar el c
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