Abriendo la norma
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8399 FOLIO Nº 173/174 PROT. ELECT. JR101015I.242
Río Gallegos, 01 de febrero de 2024.
La presente causa caratulada “R.L.C. S/ AMENAZAS” Expte. Nº 23038/22, Apelación Nº 8247/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 08/08 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó archivar las presentes actuaciones por no constituir delito el hecho investigado (art. 187 del CPP).
Que a fs. 09/11 y vta., la Sra. Fiscal de Primera Instancia de la mencionada localidad apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 15/16 vta. sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, agravió a la recurrente que el magistrado no vislumbre delito alguno y, en cambio, diga que el denunciante solo describe un panorama de desavenencias de pareja, propias de las relaciones familiares (desinteligencias respecto a los horarios y cuidado de sus hijos). A criterio de la apelante, los hechos que impulsaron a incoar la denuncia, trascienden tales aspectos. En este sentido, expresó la fiscalía que el denunciante se sintió amedrentado, pues su ex pareja lo habría amenazado diciéndole que le quemaría el vehículo e invitaría a sus amigos policías a agredirlo. También relató un episodio en que la denunciada le habría dicho que, si hacía llorar a sus hijas, lo iría a buscar y le daría un tiro. Según dijo la fiscalía, este último anuncio lo habría hecho con el arma reglamentaria.
Reprochó la recurrente que frente a la gravedad de los acontecimientos, se hubiera archivado la causa sin más trámite.
En otro orden de ideas, cuestionó que se omitiera constatar si efectivamente la denunciada es agente policial y, en tal caso, si posee en su poder un arma de fuego reglamentaria.
Por otro lado, la representante del ministerio público, puso de resalto que se anotició de la formación de la causa y de las constancias del sumario, con la notificación de archivo; lo cual –sostuvo- afecta el control de la prueba y limita la actuación en el ejercicio de la acción pública. En líneas generales, estimó la apelante que el temperamento adoptado no resulta ajustado a las circunstancias descriptas por el denunciante, siendo a su criterio apresurado proceder al archivo, sin que medie prueba tendiente a recabar más datos sobre los hechos.
Por último, pidió revocar el decisorio atacado y se instruya la presente causa, haciendo lugar a las medias instructivas.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, adelantamos, los agravios expresados por la recurrente obtendrán favorable acogida.
En primer término, concordamos con la apelante que los hechos descriptos por el denunciante distan mucho de tratarse de simples desavenencias de pareja, propias de las relaciones familiares, pues nótese que los males anunciados son ciertamente graves (quemar el vehículo de propiedad del denunciante o dispararle con un arma reglamentaria). Empeora aun más la situación, la circunstancia que, al tiempo de los hechos, la pareja habría convivido junto a un hijo en común, y dos niñas fruto de otra relación, todos menores de edad.
Desde ya, consideramos prematuro concluir la investigación sin siquiera constatar si la denunciada es o no agente de policía, como indica el Sr. J.E.M. en la denuncia.
Es que, esta última particularidad, le otorga mayor gravedad a la denuncia, dado que la presunta autora de las amenazas podría ser funcionaria pública pues, inclusive, para perpetrar uno de los hechos habría utilizado un arma de fuego reglamentaria perteneciente a la policía de la provincia. Por su parte, cabe considerar que la Sra. agente fiscal fue anoticiada de estas actuaciones directamente con la decisión de archivarlas, sin otorgarle la posibilidad de proponer diligencias útiles para el avance de la investigación. En ese aspecto, en su escrito de apelación, introdujo una serie medidas tendientes a arrimar prueba al proceso que, bien vale señalar, no resultan irracionales ni desmedidas. Dentro de los fundamentos del apresurado archivo, el magistrado entendió que el delito requiere que el mal anunciado tenga cierto grado de posibilidad de ser concretado; extremo que –a criterio de esta alzada- no se puede afirmar, sin una investigación que lo respalde. En el caso, dijo el denunciante haber sido amenazado con un arma de fuego reglamentaria, pero no se articularon medidas tendientes a acreditar en autos, como mínimo, si la causante es agente de policía, pues a continuación de la elevación del sumario por parte de la preventora, directamente se resolvió el archivo. En particular, la doctrina sostiene: “El archivo es una respuesta jurisdiccional que tiene, al igual que el rechazo al requerimiento fiscal, carácter liminar…, y su dictado resultará improcedente frente a una instrucción iniciada con sustento en una prevención o información policial…” (Mí resaltado) – (Navarro – Daray; Código Procesal Penal de la Nación –análisis doctrinal y jurisprudencial-; Ed. Hammurabi; T.2; pág. 144). Los mismos autores señalan que puede aceptarse el archivo en los casos en que, iniciadas las actuaciones ante la autoridad policial, y siendo delictivo el hecho que las motiva, no se logre individualizar a su autor; lo cual no ocurre en el presente caso.
Al respecto, se ha dicho: “Toda vez que no se ha agotado aún la posibilidad de producir prueba para completar el conocimiento de los hechos, la decisión de archivar las actuaciones resulta prematura.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II; 10/03/2022; “B., D. E. s/ legajo de apelación”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/19594/2022). Por lo antedicho, toda vez que con los elementos agregados al legajo no es posible descartar una hipótesis delictiva, sin más, corresponde revocar el auto apelado.
II. Para finalizar, cabe aclarar que, más allá de la revocación aquí decidida, no se apartará al Sr. Juez de su intervención en estos autos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el apartamiento de los jueces es una medida de extrema gravedad institucional, por cuanto son taxativas las causales de excusación/recusación previstas en nuestro digesto procesal, y más aún en el entendimiento de la prevalencia que deben esgrimir las garantías constitucionales del/la Juez/a natural y el principio de especialidad en la Magistratura, entiendo que no corresponde apartar a la Jueza de la causa, quien deberá seguir al frente de la instrucción de la presente causa. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido, remitiendo copia de la presente resolución a través del sne.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 08/08 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en el punto II) de los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia