Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Azul · Causa 72.923
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desiertos los recursos de apelación interpuestos por Biguá Rugby Club, J. y O. D. y L. d.
V. C, 2) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas (art. 68 del CPCC); 3) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la co demandada Uncas Rugby Club, con costas (art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
Causa: 1-72923-2024-
"O. R, L. S. Y OTROS C/ D. J. B. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores, Yamila Carrasco, Lucrecia Inés Comparato y Esteban Louge Emiliozzi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "O. R, L. S. Y OTROS C/ D. J. B. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)", (Causa Nº 1-72923-
2024), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores COMPARATO - CARRASCO - LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede declarar la deserción de los recursos de apelación interpuestos por la parte co demandada Biguá Rugby Club mediante escrito electrónico del 26.08.2024, el co demandado J. D. y los terceros citados O. D. y Lucía del Valle Cabello mediante escrito electrónico del 28.08.2024?.-
2da.- ¿Es justa la sentencia dictada el día 21.08.2024?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
I. Contra la sentencia de primera instancia recaída el día 21.08.2024 interpusieron recursos de apelación mediante escritos electrónicos del día 26.08.2024 y 28.08.2024 los co demandados Biguá Rugby Club y J. D. junto a sus progenitores respectivamente.-
II. Elevados los autos a la Alzada, se dicta la providencia del 20.09.2024, por la que se llama a expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art. 254 del CPCC, habiendo sido notificadas las partes electrónicamente.- Los informes de Secretaría de los días 10.04.2025 y 14.10.2025 dan cuenta del vencimiento del término para el cumplimiento de dicha carga procesal.-
Sentado lo expuesto, atento a la regla del art. 261 del CPCC., no habiendo presentado los recurrentes los respectivos escritos de expresión de agravios, corresponde declarar desierto los recursos de apelación señalados en la primera cuestión.-
Así lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION: la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
I.a. El día 25 de marzo de 2022 se presentan L. S. O. R, su progenitora A. A. R, y su progenitor P. S. O, a promover demanda por daños y perjuicios contra J. B. D, BIGUA RUGBY CLUB y UNCAS RUGBY CLUB. Solicitan que se condene de forma concurrente a los demandados al pago de los daños y perjuicios sufridos por los actores. Relatan los hechos sucedidos el día 19 de Mayo de 2019 en el marco de un partido de rugby disputado en la cancha del Club Uncas, entre este club (coorganizador) y el club Biguá Rugby Club de Mar del Plata. Relatan que en dicho partido, el jugador contrincante J. D. en una jugada antirreglamentaria le propinó una patada de manera intencional en su cabeza, utilizando botines profesionales de rugby que potenciaron el impacto, ello le causó un traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia y hematoma extradural temporoparietal izquierdo con desplazamiento de línea media y fractura de cráneo, la lesión fue tan grave que estuvo en riesgo su vida continuando con secuelas que le impiden una vida normal.-
Desarrolla los presupuestos de la responsabilidad, comenzando por los factores de atribución: en cuanto al demandado J. D, dice que debe responder como autor del hecho ilícito de acuerdo al art. 1749 y ccts. del CCC. Debe tenerse en cuenta que si bien el nombrado no llegó a ser condenado penalmente, ello obedeció a su acogimiento voluntario al beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation) después de que, terminada la investigación, la Agente Fiscal formulara contra él la acusación por lesiones graves (art. 90, Cód. Penal) mediante la requisitoria de elevación a juicio cuyos fundamentos fueron consentidos por el acusado, sus padres y su defensa. Incluso D. aceptó voluntariamente las reglas de conducta, dirigidas a su resocialización, que le impusiera la jueza interviniente a cambio de no recibir una sanción penal por el beneficio de la probation.
Respecto del demandado Bigua Rugby Club, señala que es responsable por los actos ilícitos de sus dependientes, cometidos en ocasión de funciones, por los cuales la entidad se sirve para el cumplimiento de sus fines. Ello ocurrió en el caso toda vez que J. B. D. se desempeñaba como jugador del equipo del club, en la categoría año 2002, en el certamen oficial del torneo de la liga regional de la Unión Marplatense de Rugby. En dicha ocasión, en el partido mismo, dentro del campo de juego, mientras se disputaba el partido, D. cometió el acto de agresión antijurídica ya mencionado, que el deber de resarcir que pesa sobre el club Bigua se funda en el art. 1753 del CCC, resultando irrelevante si el deportista autor del hecho era profesional o amateur, para configurar el vínculo de dependencia exigido por la ley para extender la responsabilidad al club por los hechos ilícitos cometidos por un integrante de su equipo en ocasión de sus funciones.
En cuanto a Uncas Rugby Club, dice que su responsabilidad surge al menos por dos razones jurídicas convergentes y no excluyentes entre sí. La primera por su carácter de organizador (o coorganizador) del evento deportivo, que se llevó a cabo, además, en sus instalaciones y bajo su control. Por un lado, se refiere a la responsabilidad por el riesgo creado, que en el actual Código se extiende a las cosas y también a "las actividades que sean riesgosas" (art. 1757, CCC), agrega además, que "en caso de la actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella" (art. 1758). El Club Uncas reúne todas las características. Explicita que la otra fuente a considerar, que actúa como norma especial, es la Ley N° 23.184 que contiene disposiciones sobre los eventos deportivos. Respecto a la responsabilidad civil, el art. 51 de la ley establece -sin hacer ninguna distinción entre los destinatarios de la protección- que "las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios".
Respecto del segundo fundamento de la responsabilidad del Club Uncas señalan que: -convergente al anterior y, quizá, preferente por especificidad- obedece a la obligación de seguridad incluida en el vínculo que los unía a la entidad con los actores. Definen el vínculo como contractual. Finalmente, remarcan que no es posible que el club demandado alegue como causa de eximición de la responsabilidad la existencia de un hecho ilícito provocado por un tercero por el cual no deba responder. Esta conclusión se deriva de la combinación de los arts. 1731, 1730 y 1733 del CCC, y de la pacífica interpretación de la doctrina y la jurisprudencia.
b) Con fecha 5 de mayo de 2022 se presentan los apoderados del demandado "UNCAS RUGBY CLUB" a contestar la demanda incoada por los actores, solicitando su rechazo en todas sus partes con expresa imposición de costas. Solicitan la citación a este juicio del "organizador" del partido de Rugby que se disputó entre los clubes Uncas Rugby Club de Tandil -quien actuó de local- y Biguá Rugby de Mar del Plata -quien actuó de visitante- el día 19 de mayo de 2019 categoría 2002, que resulta ser la "Unión de Rugby de Mar del Plata" con domicilio en la calle Balcarce 4461 de Mar del Plata.
Asimismo, solicitan la citación a este juicio de los progenitores (art. 1754 CCyCN) del aquí codemandado J. B. D, también de la "Unión Argentina de Rugby" (UAR), atento la existencia de un "Fondo Solidario" para atender las secuelas causadas a los jugadores de Rugby, al que contribuyen todos los jugadores con el aporte de una parte del importe percibido por el fichaje de cada jugador. Interpone excepción de "Falta de Legitimación Pasiva" de "UNCAS RUGBY CLUB", toda vez que no resulta titular de la relación jurídica substancial en que la parte accionante funda su pretensión, dado que NO fue organizador del evento -solo actuó como local en el partido- que fue organizado exclusivamente por la "Unión de Rugby de Mar del Plata". Asimismo, aborda el argumento de la inexistencia de nexo causal por la responsabilidad penal como emerge de la Sentencia dictada en la Justicia de Menores (IPP 2229/19) provocada por el hecho doloso antijurídico y antirreglamentario cuyo autor fue el demandado D. J. B, y por la responsabilidad del codemandado BIGUA RUGBY CLUB (culpa in vigilando art. 1753 CCyC) y de los padres (por hecho de los hijos art 1754 CCyC).-
c) Con fecha 22 de agosto de 2022, contesta demanda J. B. D, solicitando el rechazo de la misma con expresa imposición de costas al accionante.- Reconoce que Uncas Rugby Club organizó, pero en conjunto con la Unión de Rugby de Mar del Plata, el partido de rugby disputado en su cancha el día 19 de Mayo de 2019, entre los equipos de divisiones inferiores menores de 17 años, (clase 2002) entre Uncas Rugby Club y el club Biguá Rugby de Mar del Plata, en virtud de participar ambos clubes en la competencia regular anual que determina por la Unión de Rugby de Mar del Plata. Destaca que Uncas Organizó el Tercer tiempo, cobra el ingreso al espectáculo o estacionamiento, contrató al Médico y la Unión de Rugby de Mar del Plata, dispuso el calendario y designó al árbitro. Niega haber dañado al actor, cita los testimonios de la causa penal de las cuales surge que nadie vio la supuesta patada a él endilgada y responsabiliza a los jugadores del equipo de Uncas.- Relata pormenorizadamente los avatares del encuentro y explica la razón por la cual accedió a la probation.- d) Con fecha 17 de diciembre de 2022 se presentan los apoderados de BIGUA RUGBY CLUB, a contestar la demanda incoada en contra de su mandante, solicitando desde ya el rechazo de la misma con expresa imposición de costas al accionante, por las razones de hecho y de derecho que allí exponen.
e) Con fecha 8 de marzo de 2023 se presenta L. D. V. C, en carácter de progenitora del co demandado J. D, citada como tercera por del codemandado Uncas. Contesta adhiriendo en los términos de la contestación efectuada por su hijo.-
f) Con fecha 9 de marzo de 2023 se presenta O. F. D, en su carácter de progenitor del co demandado J. D, citado como tercero por el co demandado Uncas, adhiriendo en los términos de la contestación efectuado por éste.
g) Con fecha 15 de mayo de 2023 se presenta por medio de su apoderado UNION DE RUGBY DE MAR DEL PLATA (en adelante la URMDP), a contestar la citación de tercero dispuesta a su respecto, solicitando el total rechazo de la acción promovida, con expresa imposición de costas.
En todos los casos me remito a los escritos señalados en honor a la brevedad.
h) Una vez producida la prueba pertinente dicta sentencia el Sr. Juez de grado en la fecha indicada en la segunda cuestión, allí resuelve rechazar la demanda impetrada contra todos los co demandados y terceros citados. Al tratar los agravios me referiré a los vastos fundamentos de la misma.
i) Tal sentencia fue apelada por la parte actora quien expresó agravios con fecha 20.09.2024 y por el co demandado Uncas quien expresó agravios con fecha 28.09.2024. Estos fueron contestados conforme surge de los informes de Secretaría y sus aclaratorias.- Asimismo con fecha 2.10.2024 la co demandada Unión de Rugby Club de Mar del Plata desistió del recurso oportunamente interpuesto. Los restantes recursos ya fueron tratados en la primera cuestión.
j) Conforme lo peticionado por la parte actora se solicitó la causa penal en formato papel, la que fue recibida en esta instancia.
Posteriormente se ordenó vista al Fiscal General quien emitió dictamen con fecha 24.09.2025.
k) El dictamen del Sr. Fiscal General recibió responde del citado como tercero “Unión de Rugby de Mar del Plata” el día 1.10.2025 y 13.10.2025, del actor con fecha 13.10.2025 y el co demandado J. D. y tercero citado O. D. con fecha 14.10.2025.
l) En este estado y culminados los trámites que conllevaron a la suspensión de la causa, se reanudan los términos procesales.-
II. Comenzaré por tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora toda vez que se refiere a la procedencia de la acción. No se encuentra controvertido que el día 19 de Mayo de 2019 se disputó un partido de rugby en el club Uncas de Tandil, entre el mencionado club y el club Biguá de Mar del Plata, que en dicho partido se lesionó L. O, que tal lesión fue producto de un golpe. Se encuentra controvertido cómo sucedió el hecho que provocó la lesión, la autoría de tal golpe, si fue por medio de una patada y si fue antirreglamentaria. Asimismo también se encuentran controvertidas las respectivas responsabilidades de los demandados y terceros citados.-
Respecto del hecho, el Sr. Juez luego de un exhaustivo análisis de los testimonios brindados en la causa (los que se puede observar de la audiencia videograbada se extienden por más de dos horas) concluyó que no pudo probarse que el co demandado J. D. le propinara una patada en una jugada antirreglamentaria a L, de allí que, rechazó la demanda entablada contra J. D. y deslindó la responsabilidad del club para el cual jugaba, esto es Biguá.- Luego analizó el factor objetivo de atribución de responsabilidad respecto de Uncas y URMDP y también desestimó la demanda contra éstos últimos.-
En relación a la producción del hecho y su autoría los actores en la expresión de agravios dijeron: que no se analizó debidamente la causa penal y los indicios claros y contundentes que de ésta surgen (sobre ello volveré) y que no se tuvo en cuenta el reconocimiento del hecho como una jugada antirreglamentaria por parte del co demandado Uncas Rugby Club.- Respecto de esto último dicen que oportunamente adjuntaron una publicación realizada por el club co demandado en la que ya decía que las lesiones de L. se debían a una jugada antirreglamentaria de un jugador del otro club y luego al contestar la demanda nuevamente señala lo mismo.- En respuesta a dicho agravio cabe decir que el reconocimiento o admisión de un hecho que haga uno de los litisconsortes no atañe al resto de los litisconsortes, que pueden reconocerlo también o negarlo (como es el supuesto de autos).
Por ello no lo exime de probar aquello que sustenta.- Tal como lo señala Martínez en su obra “Procesos con sujetos múltiples”, 2da. Edición actualizada, pág. 17 refiriéndose al litisconsorcio facultativo: “en el litisconsorcio, cada una de las partes que lo constituyen permanece independiente de las demás, cada litisconsorte tiene un carácter independiente frente a su adversario, en la acumulación subjetiva, los litisconsortes mantienen autonomía, de modo que deben ser considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes distintos y los actos de uno no aprovechan ni perjudican a los demás”. Luego continúa en la página 91 (refiriéndose al litisconsorcio necesario, más aplicable al facultativo y en mayor medida): “En el litisconsorcio necesario, las notas que pregonamos del facultativo, independencia y autonomía si bien con otras connotaciones, no se encuentran impedidas.
Así lo señala claramente Podetti: “la comunidad o conexidad inescindible del interés de cada sujeto individual integrante del litisconsorcio necesario, disminuye su autonomía procesal, pero no la impide, o Alsina, al expresar que “nos encontramos en presencia de una relación procesal única, con pluralidad de sujetos que actúan como actores o demandados, pero en forma autónoma, es decir, independientemente los unos de los otros”. Estas notas de independencia y autonomía, aunque atenuadas, dan lugar a la posibilidad de acciones discordes, aunque éstas, en cuanto tales, y por la esencia del litisconsorcio necesario, no pueden tener efectos escindentes, sino que la discordancia de uno de los litisconsortes se proyecta en el proceso con efectos extensivos, ya que obliga a una actividad procesal similar a la actitud contestataria de todos los litisconsortes.”
El autor que vengo citando más adelante (en el apartado 15. Prueba) señala: “Si se está frente a un litisconsorcio pasivo necesario, el hecho de que uno solo de los litisconsortes niegue un hecho reconocido por los demás, hace necesario que éste sea comprobado fehacientemente; si uno de los litisconsortes reconoce un hecho afirmado por la contraria y otros lo niegan, el hecho debe ser acreditado. Si no lo es, su existencia no es admisible respecto de ninguno en virtud de que no puede haber más de una sentencia frente a todos ellos, asimismo en virtud del principio de adquisición procesal, la prueba acumulada puede invocarse contra todos los litisconsortes.”
En el mismo sentido que vengo citando se ha resuelto: “lo esencial en el litisconsorcio necesario es que ningún consorcista puede quedar fuera de la sentencia que se dicte, que además debe ser una e igual para todos, haciendo esta inescindibilidad sustancial que también el proceso deba ser uno e igual, aunque sea diversa la actitud que en él asuma cada comunero. Es así, por ejemplo, que el allanamiento de uno o varios no cumple sus efectos propios, en tanto si la defensa opuesta por otro u otros prospera, el rechazo de la demanda los comprende a todos. (Cám. Civ,. y Com, de San Martín, Sala 2, causa n° 47829, “Castagno, Norberto Natalio y otra...”, del 25/04/2000). En esa línea, se ha dicho también que “aunque es efecto del litisconsorcio la decisión de todas las cosas por un mismo procedimiento, cada litisconsorte se encuentra frente a su adversario como un litigante independiente. El allanamiento, la renuncia o el desistimiento no producen efectos más que frente al litisconsorte que ha realizado esos actos.” (Cam. Civ. y Com. 1 de La Plata, Sala 2, causa n° 211878, “Álvarez, Aurelia... del 04/08/1992).
III. Aclarado el alcance del reconocimiento citado (que debe ser probado), proseguiré con lo atinente a la causa penal respecto de la cual los apelantes indican que todo lo que allí surge resulta un indicio claro y preciso de lo alegado en la demanda, concordado con la prueba aquí producida. Señalan que no se tuvo en cuenta que la Agente Fiscal consideró probada la existencia del hecho ilícito y la autoría de D. y por ello lo llamó a prestar declaración como imputado en los términos del art. 308 del Cpp., que frente al silencio de D. la causa continuó su curso y la Fiscal formuló la requisitoria de elevación, acusándolo formalmente por lesiones graves (art. 90 del Cód.Penal). Que la salida alternativa no afecta el valor probatorio de las pruebas recolectadas durante la investigación.
De la causa penal señalan además, la declaración de L. quien desde el primer momento identificó a D. como autor de la patada cuyo testimonio fue considerado fundamental (fs. 148) por la Fiscal y lo halló concordante con otras pruebas, lo cual se condice con la declaración realizada en la instancia de origen conforme surge de la audiencia videograbada y lo declarado por el testigo J. I. S. en esta causa y la causa penal. Señalan el informe de la perito psicóloga del fuero penal juvenil agregado a fs. 192, del que surge que D. no resulta veraz en su relato y que no mostró preocupación por el estado de L.
Citan las conclusiones de la perito médica Dra. Luna quien manifiesta: “el mecanismo de producción es compatible con el relato aportado por el joven L. O. y los testigos” (fs. 96/97).
De la presente causa mencionan, el informe presentado por la asistente social María Alicia Hugo realizado respecto de L, el informe de la perito psicóloga María de la Paz Safenreiter quien corroboró la veracidad del testimonio de L. sin detectar indicios de mendacidad. El informe del perito médico Farina del que puede extraerse las lesiones sufridas por L. y que las mismas se condicen con el relato de éste.-
Concluyen que el hecho como antirreglamentario y la autoría se encuentran probados.-
En primer lugar y respecto de la acusación fiscal y la suspensión del juicio a prueba, más allá de lo resuelto por el Sr. Juez de la instancia de origen cabe agregar, tal como lo señalé en la causa nº 63125 del 11.09.2018 con citas de causas anteriores que: “… teniendo en cuenta lo prescripto por los arts. 76 bis y quater del Código Penal podemos concluir que en el caso que nos ocupa no resultan de aplicación las reglas de prejudicialidad previstas por los arts. 1101 y 1102 del C.C.; sin perjuicio de lo cual, la suspensión del juicio penal a prueba si bien no resulta concluyente a los fines de la acción civil, no puede soslayarse como un indicio más al momento de determinar la responsabilidad del demandado (esta Sala doct. causa n° 56.896 “Frigieri…” del 15/11/12 y sentencia única en causas n° 60.414 “Díaz…” y n° 60.415 “Dávila…” del 27/10/15…”); (en el mismo sentido, esta Sala causa n° 60.778, “González” del 1/9/16, entre otras).
De allí que sí puede resultar un indicio los fundamentos vertidos por la Sra. Agente Fiscal Penal Juvenil actuante (fs. 147/150) al solicitar la elevación a juicio, más siendo que se suspendió el juicio a prueba y, habiéndose declarado extinguida la acción penal generadora de dichas actuaciones con fecha 02.12.2021 por haber cumplido el co demandado D. las pautas de conducta allí estipuladas, entiendo que en esta instancia se pueden valorar libremente los hechos y la culpabilidad del mismo, sin quedar atados a las conclusiones arribadas por la Fiscalía, toda vez que no ha de perderse de vista que su función resulta esencialmente acusatoria.- Dicho ello me referiré seguidamente a la prueba producida en sede penal en orden a los agravios de la parte actora, sin perjuicio claro está de la prueba aquí producida y respecto de la cual también me expediré, centrándome en primer lugar respecto a la autoría endilgada del hecho dañoso.
Como se ha dicho, siempre debe preferirse el medio de prueba que sea más apto y directo para demostrar la verdad del hecho controvertido. No corresponde, en consecuencia, sustituir un medio directo por otro indirecto. Si un tercero tuvo conocimiento personal del hecho, debe ser llamado a declarar como testigo. Si, en cambio, el hecho consta en el archivo o registro del tercero, es prueba de informes. Y no se debe permitir la sustitución de una prueba por otra, por los ámbitos diferentes en que se produce cada una de ellas (conf. esta Sala causa n° 60.216 del 20/10/2015, causa n° 60.591 del 07/04/2016 entre otras).-
Es así que, un hecho sucedido en un contexto en el que se encuentran muchas personas presentes, la prueba más idónea a fin de describir el hecho es la testimonial del testigo ocular o de vista tal como lo describe Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil esto es “El que conoce personalmente los hechos sobre los que declara… Lo importante es que su conocimiento sea personal, y no trasmitido por otras personas”, agrega que testigo es toda persona que tiene conocimiento de los hechos controvertidos y que no es parte en el juicio respectivo, luego las restantes pruebas coadyuvarán a dar certeza de lo testimoniado.-
En el sub lite y del mismo modo en la causa penal ningún testigo identificó al autor de la patada, además un solo testigo precisó que vio una patada (al bulto, no sabe si a la cabeza), por otra parte de tales testimonios surge que los jugadores de Uncas pudieron identificar al agresor más tales jugadores no fueron citados ni ofrecidos como testigos, en esta causa y tampoco en la causa penal.-
Los testimonios de la causa penal resultan muy valiosos porque en general (y como en este caso) son más inmediatos al hecho y más allá del exhaustivo análisis llevado a cabo en la sentencia de grado de los testimonios aquí brindados en orden a los agravios esgrimidos me detendré en los testimonios señalados en primer término esto es los correspondientes a la causa penal identificada como IPP n° 01-01- 002022/19 caratulada D.,J.B. (menor de edad) s/ Lesiones graves-art. 90 CP” que en este estado tengo a la vista en formato papel conforme lo requirieran los apelantes.
Así, a fs. 16/18 vta. consta la declaración del árbitro del partido Sr. Juan M. Savino. Dice que no vio la jugada que provocó la lesión a L, que el partido fue lindo pero aguerrido. Solo menciona una situación en la que dos jugadores, uno de cada equipo se quedan agarrándose y el resto intenta separar, que serían unos diez jugadores. No constató agresiones. Igualmente preguntó a los capitanes si querían continuar con el partido y le dijeron que sí, ello sucedió alrededor de tres minutos antes de la finalización.
A fs. 21/22 vta. declara Juan I. Presa, es entrenador y estuvo en el partido. Dice que no vio la patada. Que el partido fue de mucha provocación verbal de parte de Biguá. Que vio la última jugada que fue donde lo agarran a G. del cuello en una situación de ruck (puede inferirse que es la juagada que había mencionado el árbitro). Que se entera de la patada por Juan Solana y que había sido antes de la jugada de ruck que describió. Que Juan Solana además le dijo que cuando L. le informó de la patada le aconsejó avisarle al árbitro y que no sabe si lo hizo. Dice que la publicación realizada por el Club Uncas, se consensuó luego de una reunión y conforme el relato de Juan Solana.
A fs. 24/25 vta. declara N. S. Dice que es entrenador, que trabaja para la Unión de Rugby de Mar del Plata y que fue al partido ya que estaban en una época de reclutamiento de jugadores. No vio la jugada que provocó la lesión o agresión a L. Después de la jugada ve a L. que se acerca a los entrenadores J. S. y E. C, cree que también estaba T. A. E. cree estaba detrás del alambrado y cerca de las escaleras porque el árbitro lo había apercibido. Que él estaba cerca de las escaleras pero más próximo a la cancha y cerca de J. S. que es quien afirma haber visto la situación.. Que vió que los jugadores de Biguá golpeaban demás, que le pareció un partido subido de tono. Patadas no vio, el pie en el rugby está muy mal visto. Las mayores sanciones son para ese tipo de infracciones. Además dice: “si noté que el jugador wing del equipo contrario (no recuerdo el número de camiseta) que lo marcaba a él, estaba todo el tiempo provocándolo de manera verbal, agrediéndolo incluso en situaciones donde ni siquiera el estaba involucrado con la pelota… En otra jugada a cinco o siete minutos de finalizar este chico tuvo una reacción de tirarlo a L. luego de un tacle que no fue advertida por el árbitro pero justificaba una advertencia; pero no me pareció que haya sido un codazo fuerte ni una patada ni golpe. Después L. pide el cambio por el golpe en la cabeza.” Luego dice: “En esas conversaciones Juan mantuvo que había visto la situación junto a alguien más que no recuerdo. Preguntado si escuchó a alguno de los jugadores de Uncas afirmar que había visto quién le dio la patada a L. dice que no escuchó a ninguno, que durante esos días han estado muy alborotados y dicen que lo ubicaron por redes, con fotos y que saben quien es pero concretamente a ninguno le escuché decir que sabía quién era por haberlo visto.
A fs. 26/27 vta. declara J. S, quien manifiesta ser uno de los entrenadores de L. Respecto de la jugada que provocó la lesión de L. dice: “yo lo que veo es que a raíz de un line L. taclea a un jugador de Biguá caen ambos al piso como es normal, el jugador que tiene la pelota debe disponer la pelota hacia su lado de la cancha y el que tacleó debe retirarse; cuando el compañero del tacleado quiere pasar el ruck y recuperar esa pelota debe pasar por encima de su propio compañero y aguantar esa situación con el cuerpo; lo que yo veo es que antes de que L. pudiera retirarse y todavía en el piso entra mal un jugador de Bigua y al pasar por encima de ambos con una pierna pasa hacia adelante y con la otra pega una patada contra el cuerpo; yo no vi si fue en la cabeza o en la espalda pero al levantarse L. me dice “J. me pegaron una patada en la cabeza”. Como nosotros los entrenadores no podemos hablar con el árbitro le dije que le avisara él… pero L. no fue, se va para atrás dentro de la cancha…”. Continúa: “Como parte de esa misma jugada… se arma una pelea grande, L. va hacia ese sector como a separar, lo agreden nuevamente, veo que lo revolean a metro y medio del tumulto, se acerca a mi nuevamente y me pide el cambio, nosotros ya estábamos pidiendo el cambio por la patada con T. el otro entrenador, es una seña que se le hace al árbitro, ahí sale L. y entra el P…”. Preguntado si de su experiencia y entrenamiento en el deporte considera que esa patada del jugador contra Lucho puede haber sido parte del juego o del movimiento normal para recuperar la pelota, dice que no, que todo jugador de rugby sabe que la cabeza es lo último que se toca y que los pies se usan para patear y correr, lo que observó el testigo es que el jugador entró con mala intención. Preguntado si puntualmente alguno de los jugadores de Uncas le refirió el nombre de la persona que propinó la patada a L. dice: uno de los chicos de la categoría que no estaba jugando y estaba de público, M.
L. a quien le dicen el R. vio la situación y le pareció que era el wing derecho que tenía la camiseta 22, yo no lo ví y me parecía raro que fuera porque creí que el 22 era el que había sido tacleado por L. Lo que si es cierto es que el chico de la camiseta 22 estuvo todo el tiempo provocando y bardeando verbalmente a L…” Luego contó un suceso del día anterior con los jugadores de Bigua en el que también lastimaron a un jugador de Uncas. Preguntado si sabe si F. P. participó o vio la jugada dice: yo hablé con F. directamente antes las versiones que circulaban entre los chicos y él me dijo que no, que no la vio. Y participar imposible porque estaba de suplente y no podía ingresar a la cancha…”.
A fs. 29/30 declara E. J. C. S, también entrenador de la M17 de Uncas junto con T. Á. y J. S. Dice: “no vi el momento en que lo golpean a Luchi. Lo que si vi fue la gresca final antes de que el partido terminara; puntualmente que lo toman a G. del cuello y veo al L. C. volar por el aire; a L. lo veo solo en el último momento como llegando hasta donde estaban los demás…”. En cuanto si vio agresiones a L. dice:
“puntualmente vi que el wing de Bigua todo el tiempo lo increpaba, lo peleaba verbalmente provocándolo, y en una jugada cuando Luchi lo taclea bien ese chico le pega un empujón y lo revolea contra los ligustros que están alrededor de la cancha. También veo que en un momento N. S. le pide a uno de los jugadores de Biguá, creo que el 22, que deje de pelear porque había visto un par de ocasiones de agresión de este chico”. Preguntado si el chico 22 era el wing dice que según su entender son dos personas distintas, de hecho cree que el wing tenía la camiseta 14. Describe luego a ambos jugadores. Continúa diciendo: “J. vio la patada y dijo que era un alto morocho aunque no pudo identificar quien se la dio porque la jugada fue muy rápida. Los chicos fueron reconstruyendo después del partido y llegaron a la conclusión de que había sido el número 22; incluso me mostraron una foto del chico que lo habían encontrado en Instagram, no recuerdo el nombre pero yo lo asocié con el 22 y no con el wing.”
A fs. 31/32 declara M. O. S, padre de un jugador M17 (G). Dice que no vio la jugada. Describe todo lo sucedido al término del partido en cuanto a la situación de L, de hecho fue quien lo acompañó en la ambulancia. Señala: “el partido fue un poco desprolijo en general, los entrenadores de Biguá les gritaban mucho a sus propios jugadores pero no alentando sino como incitando a un juego más brusco que no corresponde, no se respetaban por parte del contrario códigos básicos de valores y respeto que son habituales en el rugby, los jugadores no lo respetaban y sus entrenadores no reaccionaban frente a eso. Puntualmente a mi hijo G. veo que después de una jugada lo agarran del cogote que no es algo permitido y lo hicieron frente a sus propios entrenadores, sin ninguna reacción de su parte; esa fue casi la última jugada donde el árbitro lo ve y cobra penal a favor de Uncas. A G. también le pegaron una patada en la espalda, eso me lo comenta después que había sido una patada intencional.” Dice que, quien vio la patada fue J. el entrenador, pero que no sabe quien fue. Agrega que tiene entendido que los chicos tampoco pudieron identificar quien dio la patada.”
A fs. 34/35 declara T. Á, dice que es entrenador de la M17, el día del partido estaba haciendo de lineman. Dice que no vio la jugada que provocó la lesión de L, “vi empujones y agarrones en otros momentos del partido, principalmente un jugador de Bigua que tenía la camiseta 22 y jugaba de wing agredía verbalmente a L. en particular y no se si a alguien mas, eran muchas provocaciones que yo pude escuchar directamente porque estaba sobre el mismo lado donde jugaba L. y este chico estaba frente a él, recuerdo otra situación en donde L. lo taclea legalmente y ese chico lo empuja después de terminada la jugada y lo tira contra los arbustos que están alrededor de la cancha.” Describe a dicho jugador como bajito, de contextura parecida a L, quizás más delgado, parecido a un jugador neozelandés. Dice que no puede dar certeza de quien pegó la patada porque no vio nada. Continúa: “fue L. el que me dijo que le habían pegado la patada pero yo no vi si salió de una jugada o fue anterior, yo seguía la pelota en mi rol de lineman. El en un momento se acerca cuando yo estaba con J. el otro entrenador y nos dice: me pegaron una patada me duele la cabeza, en ese mismo momento le pedimos el cambio y entra otro jugador.” Culmina diciendo: “los chicos afirman que fue este chico de la camiseta 22 pero puntualmente a mi ninguno me dijo que lo había visto”.
A fs. 69 obra un informe de los entrenadores del club Bigua en el que manifiestan que no hubo incidentes, que fue un partido normal, en el cual prácticamente no hubo alteraciones de importancia más allá de las fricciones habituales de un deporte de contacto como es el rugby. Resaltaron que en presencia de entrenadores, managers, jugadores, árbitros, y público en general nadie advirtió dentro ni fuera de la cancha que durante la competencia se haya aplicado un golpe de mala fe a ningún jugador oponente. No hubo exclusiones ni sanciones. Relatan luego que se solicitó un médico para un jugador de Uncas que se había desvanecido. El Sr. Arichuluaga, manager de la división, ofreció su ayuda por ser el más idóneo entre los presentes para brindar ayuda. Que luego llegó la ambulancia y los paramédicos. Así es que compartieron el tercer tiempo se subieron al micro y se fueron a Mar del Plata.-
Hasta aquí los testimonios que constan en la causa penal.
Luego, escuchados los testimonios brindados en autos por intermedio del CD en el que consta las audiencias videograbadas en la instancia de grado, puedo decir que nada surge distinto de lo antes transcripto. Los testimonios de los jugadores de Biguá (los señalo en particular toda vez que no testimoniaron en la causa penal), nada agregaron en cuanto al hecho ni la autoría. Sí señalaron que fueron los jugadores de Uncas quienes agredían en el partido.-
La parte actora no citó a ningún jugador de Uncas, vale decir tampoco a quienes estaban presentes en el partido toda vez que fueron citados por los codemandados, y ello así a pesar que de la causa penal ya surgía que supuestamente (sus compañeros) eran quienes habían identificado al jugador que llevaba la camiseta 22 como el supuesto agresor y que de alguna forma habían podido reconstruir la jugada. Tampoco en la demanda describió la jugada en la que sintió la supuesta patada, no dijo qué otros jugadores intervinieron en tal jugada (más allá de señalar a D.), relató más detalladamente otro hecho de violencia en el juego (citando un testimonio de la causa penal) más no el correspondiente al que se imputa en estos autos, recordemos que demandó por un hecho puntual del juego señalando además a un jugador en particular. No responsabilizó al referí o a los entrenadores (para el caso que se advirtiera que sus conductas no fueron las apropiadas a la situación en virtud que el partido se advertía tenso y por momentos violento).-
Sí procedió a hacer un relato más detallado (del autor y la patada) al absolver posiciones, más como tenemos reiteradamente dicho: “No debemos olvidar que, como bien decía Isidoro Eisner, antes de la carga de probar existe la carga de alegar, (“La prueba en el proceso civil”, págs. 20/21, cit. por esta Sala en causa n° 52373, “Gabarrot”, del 11.03.09.; n° 60289, “Perrotta”, del 13.08.15.; n° 63551, “Cos”, del 27.12.18., nº 65.766 “Sucesores…” del 6.08.2020, n° 72.929 “G. D. c/ Banco Provincia…” del entre muchas otras). En nuestro Código Procesal esta carga está impuesta en el art. 330 inc. 4, que dispone que la demanda debe contener “(l)os hechos en que se funde, explicados claramente”.-
Volviendo a los testimonios, ya sea de los transcriptos aquí (correspondientes a la causa penal) y los transcriptos en la sentencia de grado a los que me remito en honor a la brevedad (más allá de la totalidad de lo testimoniado que surge de las audiencias videograbas), no puede determinarse cómo fue la jugada, quién propinó la patada y en su caso si fue en el marco de una jugada antirreglamentaria.-
Por un lado en la causa penal (también en autos), J. S. dice que L. taclea a D. y que luego en el ruck un jugador de Biguá patea a L, más duda que sea D. porque en la descripción de la jugada éste estaría en el suelo. Sí hay coincidencia en que L. avisa de la patada y a pesar de denunciar tal agresión respecto de la que todos coinciden resulta totalmente prohibida en el rugby, el partido continuó y sin que el árbitro se enterara. Vuelvo a los testimonios de los jugadores de Biguá, todos coinciden en que no hubo incidentes, que no hubo una patada, y S. G. G. en el min. 47.30 aproximadamente de la audiencia videograbada dice contundentemente que J. D. estaba en el banco de suplentes junto a él en la parte final del segundo tiempo, que ambos habían salido de la cancha y que precisamente cuando se armó la gresca final por todos descripta (apenas unos minutos después de la jugada de la supuesta patada), J. quiso levantarse para ingresar a la cancha y él lo frenó porque está prohibido, el Sr. Juez de la instancia de origen le pregunta al respecto y el testigo lo reafirma.-
Difiere asimismo la jugada descripta por L. al absolver posiciones con la descripta por su entrenador J. S, L. dice que llevaba la pelota y en esa ocasión es tacleado o frenado o que choca a otro jugador (señala a D.) y el entrenador estima que L. taclea al jugador de Biguá (D) y que al caer y aún en el piso otro jugador de Biguá ingresa al ruck y lo patea por ello le parece difícil que el pateador sea D, tal jugada además como ya dije no fue descripta en la demanda.-
Hasta aquí los testimonios de sendas causas. Luego, no resulta posible tener por probada la autoría del hecho por los dictámenes psicológicos, toda vez que en todo caso éstos podrían corroborar los testimonios pero no al revés.-
Asimismo no resulta de incumbencia de una perito asistente social referirse al hecho que se investiga sino a la situación social de quien es peritado. En su caso aquello que diga al respecto es solo su interpretación o reproducción de lo dicho por el peritado.-
En cuanto a las pericias médicas, pueden referirse a la mecánica del hecho en cuanto a la compatibilidad de la lesión y el mecanismo que la produjo, más no resulta posible vincularlas con el autor en este caso toda vez que en ningún momento se describió en la lesión externa si había marcas por ejemplo de un botín que pudiera a su vez asociarse a alguna persona en particular.-
En relación al valor probatorio de la declaración de L. al absolver posiciones conforme surge de la audiencia videograbada, y más allá de haber depuesto libremente, es lo cierto que: “…La confesión considerada como prueba consiste en una declaración formulada por quienes son partes en el proceso, sobre hechos personales o sobre hechos de sus conocimientos personales, desfavorables al confesante y favorables a la otra parte…” (Arazi, Roland - Bermejo, Patricia – De Lázzari, Eduardo – Falcón, Enrique M. – Kaminker, Mario E. – Oteiza, Eduardo – Rojas, Jorge A.; Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fé – Año 2012, Tomo II, pág. 46).- Por ese sendero, nuestro Máximo tribunal de Provincia ha dicho que “…La absolución de posiciones es un medio para provocar que el adversario (absolvente) reconozca, bajo juramento o promesa de decir verdad, un hecho pasado previamente afirmado por el ponente, personal o de conocimiento personal de aquél y contrario al interés que sostiene en la concreta causa…” (S.C.B.A.; Ac. 86304, en autos “Alba” del 27.10.04; Ac 94515, en autos “Monserrat” del 12.04.06; C 105828, en autos “Ramos” del 09.06.10; C 109072 en autos “Lincuiz” del 12.12.12); y que “…La absolución de posiciones prueba en contra pero no a favor del absolvente…” (S.C.B.A.; L 41092 en autos “Gómez” del 21.03.89; L 74342, en autos “Peralta” del 28.09.01; L 74289, en autos “Ávila” del 13.03.02; entre otros) (ésta Sala causa n° 66326 “Díaz…” del 13.04.2021).-
He de agregar que, llegado a este punto no resulta ocioso destacar que la tarea del juzgador consiste en reproducir, a la luz de las probanzas incorporadas al proceso, la forma en que verosímilmente pudo haber acaecido el accidente para así determinar, en función de ello y de la sana crítica, la responsabilidad que pudiera caber a los intervinientes (arts. 375, 384 y concds. del C.P.C.C.).-Al respecto, el art. 375 del código de rito impone la carga de la prueba de la existencia de un hecho controvertido a la parte que lo alega, cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.-En tal sentido, el cimero tribunal provincial ha sostenido que: “…El artículo 375 del C.P.C.C. dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de la prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan -y que pretenden subsumircomo sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo…” (S.C.B.A.; C 120605, en autos “Guzmán” del 07.03.18.).-Esta Alzada tiene dicho que: “…el juez no debe presumirlo todo, es sabido que el principio general que rige la materia indica que la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer (art. 375 del CPCC)…” (esta Sala, causas n° 59.385, “Núñez” del 03.03.15.; n° 60.778, “González” del 01.09.16; n° 64.996, “Sau” del 19.03.20., Nº 69.333 citada entre otros).-
Es así que, en orden a todo lo expuesto, no resulta posible identificar a Domínguez como el autor de la lesión que provocó los daños a Luciano (arts. 374, 384 y cctes. del Cpcc).-
IV. Continuaré ahora con el agravio referido a si la patada o la agresión antirreglamentaria existió como tal y sin perjuicio de lo ya analizado en el apartado anterior.-
Más allá de los testimonios sobre los cuales volveré en lo que aquí interesa, me referiré a las pericias médicas.
A fs. 96/97 de la causa penal consta el informe del perito médico pediatra. En lo que respecta al mecanismo de producción de la lesión señala: “es compatible con una lesión primaria por contacto o impacto directo y es importante tener en cuenta que se puede producir por un doble mecanismo: el trauma de un objeto contundente sobre la cabeza y cuando la cabeza es el objeto móvil y se golpea contra un ya sea (abro paréntesis para decir que lo he transcripto tal cual surge del informe médico) con o sin aceleración. Desde el punto de vista clínico, dado que presentó también una fractura de cráneo (temporo-parietal), si bien las mismas pueden producirse por golpes en cualquier parte del cráneo reconocer las características puede orientar el mecanismo, las mas frecuentes son las fracturas coronales habitualmente producidas por golpes en la región lateral del cráneo. Concluyendo el mecanismo de producción es compatible con el relato aportado por el joven L. O. y los testigos”.
Del informe del perito médico actuante en este proceso adjuntado con fecha 6.04.2024 puede leerse: “Indique si el golpe pudo haberse ocasionado por un cabezazo, por un rodillazo, por un golpe en el piso, y/u otro elemento, o solo por una patada. En su caso fundamente su respuesta. Rta.: Cualquiera de ellos son suficientes como para producir las lesiones. Indique si es posible que el actor haya recibido un golpe y luego siga jugando, sin sentir nada. Rta.: considero que no es posible. Indique si a su criterio luego de manifestar a los entrenadores que recibió el golpe en la cabeza, el actor debió seguir jugando, o se le debieron realizar preguntas y/o algún tipo de protocolo para mitigar el daño o las consecuencias sean más gravosas. Rta.: considero que luego de dicho traumatismo no debe haber seguido jugando. Indique, si el daño pudo haber sido ocasionado por más de un golpe. Rta.: creo que un solo golpe es suficiente.”
“Informe si, en caso de haberse ocasionado el daño por una patada, una persona de 17 años pudo haberse levantado sin signos del daño y mantenerse en juego hasta la finalización del partido. Rta.: Ello depende de la magnitud del hematoma. Indique si un hematoma extradural puede ocasionarse de forma espontánea. Rta.: No es el caso que nos ocupa. Indique si un hematoma extradural puede ocasionarse por un traumatismo leve. Rta.: Depende a que se llame un traumatismo leve. Informe si puede un paciente recordar exactamente lo sucedido, cuando consta en la historia clínica que ingresó al Hospital con un Glasgow 5/15. Rta.: Le recuerdo que fue trasladado con traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia. Informe el especialista de qué magnitud debería ser una patada para provocar las lesiones denunciadas por el actor. Rta.: De la magnitud de las sufridas por el. Informe si se describen signos externos de traumatismo de cráneo como hematomas o heridas contuso-cortantes en algún pasaje de la historia clínica. Rta.: se hace mención a hematoma extradural temporoparietal izquierdo con desplazamiento de línea media y fractura de cráneo. Indique si de acuerdo a las lesiones que surgen de la histórica clínica, en caso de haber sido provocados por una patada, éstos debieron haber dejado algún traumatismo o marca visible. Rta.: puede ocurrir. Indique si en el 100% de los casos se dan la totalidad de los síntomas del cuadro clínico de hematoma extradural: pérdida de conciencia breve, intervalo lucido y posterior deterioro. Rta.: Es variable._ Con fecha 18.04.2024 ante un pedido de explicaciones contesta: “Rta.: Como me expresara en el informe pericial, léase: “..según consta en autos y es referido por el peritado, el día 19/05/2019, cuando estaban jugando un partido de rugby en la cancha del Club Uncas de Tandil, el jugador J. B. D, le propinó una violenta patada en la cabeza a L. O, provocándole traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia y hematoma extradural temporoparietal izquierdo con desplazamiento de línea media y fractura de cráneo..”, lo cual es referido por él, y por sus familiares que lo acompañaron al momento de la entrevista. Asimismo, los causantes “un cabezazo, por un rodillazo, por un golpe en el piso”, también pueden producir la misma lesión.”
De lo antes transcripto es dable decir que la lesión pudo haber sido por una patada u otro mecanismo de golpe. L. dijo que sintió una patada. Juan solana (entrenador) dijo que vio una patada.- El resto de los testigos traídos al proceso y en la causa penal refieren que escucharon sobre la patada pero no la vieron. Ahora bien, si estamos hablando de que la lesión se produjo en una jugada con la pelota, no es difícil concluir que todos o la mayoría de los jugadores están mirando la jugada, esto es por el interés en la pelota, estimo que también el referí debe centrar su mirada en la jugada que está la pelota, el lineman, los entrenadores.
Los jugadores de Biguá que brindaron testimonio en autos, A. I. A, I. S. G, S. G. G. (estaba fuera de la cancha), C. B. L. y F. D. G. (interrumpido por su padre en el momento que se encontraba declarando) no describieron la jugada en la que supuestamente se produjo la lesión, solo refirieron que no vieron la agresión aludida.-
Varios testimonios coinciden en señalar que el partido fue ríspido, algunos ubican las agresiones a los jugadores de Uncas otros a los de Biguá e inclusive a los entrenadores como alentadores de la agresión. Así las cosas, entiendo que hubo una jugada en la que se dañó a L, que en orden a las pericias médicas pudo ser una patada tal como lo sintió L. y lo vio el entrenador J. S, más no pudo establecerse en qué marco se dio tal patada (si fue en el fragor del juego o fue dolosa), también la lesión pudo haber sido producto de un rodillazo u otro golpe. No se puede negar que hubo una lesión fuera de lo normal de un partido de rugby amateur. Todos coinciden que no resulta dentro de la normalidad de un partido amateur suceda un hecho de tal envergadura.- Asimismo luego de escuchar más de dos horas de testimonios, y leer pormenorizadamente la causa penal, no puedo dejar de señalar que me asombra la indolencia del equipo contrario a Uncas y de algunos de los adultos que acompañaban a dicho equipo. De los testimonios surge que no se habló casi del tema, algunos se enteraron de “algo” en el colectivo, otros al llegar a Mar del Plata (recordemos que una de las personas que socorre a L. es de los acompañantes del equipo de Bigua), ¿Cómo podía pasar desapercibido un hecho así?, reitero un jugador en coma, inconsciente, con grave peligro de vida.
Surge también que el partido fue ríspido, agresivo, más de lo que normalmente se espera en un partido amateur, conforme lo señalan algunos de los testigos.- Llegados a este punto ¿Cuál era la conducta que debía seguir el entrenador, J. S, al ver la patada que él mismo señala?, ¿fue correcto su proceder al no denunciar el hecho en ciernes si tal como lo señalan todos es una falta gravísima?, ¿le cabe alguna responsabilidad?, son preguntas que quedarán sin respuesta toda vez que en la demanda no se alegó al respecto. Entonces ¿existió tal patada como jugada antirreglamentaria si a la vista de un entrenador y el aviso a otro entrenador el juego continuó?. ¿Fue correcta la conducta del referí si continuó con el partido a pesar de la tensión y violencia observada?. Entiendo que no puedo analizar sus conductas toda vez que no fue así demandado por la parte actora, estimo que sería sorpresivo y alteraría el debido proceso y de defensa en juicio si procediera a analizarlas.-
Por otra parte, ¿qué solución cabria si se prueba la jugada antirreglamentaria, más no a su autor?. Recordemos que el rugby es un deporte de grupo, de fuerte contacto físico y riesgo recíproco, por ende plausible de generar roses y fricciones entre sus contrincantes. De ahí que a la postre, éstos puedan resultar lesionados. La lucha por la pelota (mediante tackle), la forma de ponerla en movimiento (line out y scrum), las formaciones grupales (rucks y mauls), son algunas de las situaciones habituales de juego con alto roce físico (conf. Prevot Juan Manuel “Daños ocasionados en la práctica del rugby”, public en RDD 2010-2, pág. 93). Es en tales jugadas (grupales) en las que se provocan generalmente las lesiones, y que en tales jugadas puede haber golpes con intención, sin intención y hasta puede suceder que la víctima sea quien ante una mala jugada o caída se provoque lesiones sin que otro u otros incidan en ello. El artículo 1761 del CCyC brinda solución a las situaciones en las que el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo, estableciendo que todos ellos responden solidariamente, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción.- Si bien el Sr. Juez de la instancia de origen mencionó algo al respecto, es lo cierto que no aplicó la misma por considerar que no se encuentra probado el hecho como una jugada antirreglamentaria.
Al respecto en el artículo de doctrina: “La Responsabilidad Colectiva en los daños deportivos” por Enrique Máximo Pita (public. en RDD-2025, págs. 285/286)): “Las reglas precedentemente expuestas son aplicables en el ámbito de la responsabilidad individual, la cual debe ser juzgada –acorde fuera señalado– en clave subjetiva. En tal caso deberá comprobarse si el deportista a quien se atribuye responsabilidad ha ajustado su conducta a los señalados estándares o si se ha apartado de ellos, causando el daño intencionalmente o con grave apartamiento de las reglas deportivas que rigen el deporte de que se trate. Menor atención ha recibido de la doctrina y de la jurisprudencia la posibilidad de que esa categoría de daños sea causada no individualmente sino por un grupo de deportistas (ocasionalmente agrupados u organizados como equipo de juego). En tal caso –fundamentalmente cuando no se haya podido individualizar al autor material del daño– podrán devenir aplicables las previsiones legales de los artículos 1761 y 1762 del CCC. Si así fuere estaríamos ante un cambio cualitativo del régimen de responsabilidad aplicable, en tanto el factor de atribución será objetivo y la responsabilidad será grupal, con eximentes específicas (y también diferentes –acorde ya fuera puesto de resalto– según se subsuma el caso en una u otra norma). De cualquier modo –aun en el caso de responsabilidad colectiva o anónima aplicada a los daños deportivos–, nos parece que la valoración primaria de la responsabilidad debe hacerse del mismo modo que en los daños provenientes de autores singulares e individualizados. O sea que para que el grupo de deportistas pueda ser responsabilizado –y en función de ello atribuir responsabilidad a quienes lo integran– deberá comprobarse inicialmente que no se trate de una contingencia propia del deporte de que se trate y que el evento dañoso evidencie, en cambio, una acción excesiva, una grosera vulneración de las reglas de juego. A esos fines resulta irrelevante que el daño sea individual o grupal pues si se concluye en que las lesiones o el daño resultante no muestran, objetivamente, esas características, no cabrá responsabilidad de ningún tipo.”
Tal responsabilidad (la emanada del art. 1761 del CCyC) no ha sido invocada por la parte actora, tardíamente al expresar agravios señala que aún sin haberse identificado al autor se tenga por probado el hecho de la patada en una jugada antirreglamentaria.- Y digo tardíamente toda vez que no resulta posible por el principio de congruencia tratar en la Alzada cuestiones no planteadas ante la instancia de origen.-
Ello así por cuanto como es sabido “…El principio de congruencia opera como marco regulador y delimitador de todo proceso. Establece que las partes son las únicas que pueden introducir en un juicio las pretensiones, defensas, pruebas, y cuestiones a debatir durante la tramitación del mismo…” (Frencia, Andrea V. - La congruencia. Principio que no debe ser flexibilizado - Revista Latinoamericana de Derecho Procesal - Número 10 – diciembre de 2017).
En efecto, se ha definido a la congruencia como “…la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en juicio”; de allí que “toda sentencia debe versar sobre las cuestiones planteadas por los justiciables, recaer sobre el objeto reclamado y pronunciarse en función de la causa invocada” (Fenochietto, Carlos – Arazi, Roland “Código...”, T. I, pág. 138).-
Así, el mencionado principio procesal “…exige la estricta adecuación del pronunciamiento judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado o en los escritos presentados por cualquiera de las partes con motivo de algún incidente suscitado durante el curso del proceso…” (Palacio, Lino Enrique, y Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 1988, t. 2, p. 114).
En este orden de ideas, esta Sala ha manifestado que “…El proceso civil está gobernado por el principio dispositivo, de lo que se sigue que a las partes incumbe fijar el alcance y contenido de la pretensión y oposición, allegando los datos que conforman sus elementos (sujeto, causa y objeto). Esta actividad concurre a delimitar el thema decidendum, al que debe ajustarse el órgano judicial. La sujeción de marras se denomina congruencia, y cabe definirla como la conformidad que media entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto contornean ese objeto. Ese “acople” que exige el principio de congruencia debe observarse respecto de la totalidad de los elementos definidores de la pretensión y oposición; es decir, la sentencia debe amoldarse de modo estricto a las personas, a la calidad de las partes que intervinieron en el proceso, al objeto del litigio y a la causa o vínculo puesto en discusión…” (Azpelicueta – Tessone “La Alzada.
Poderes y Deberes”, pág. 157 y sig., con cita de fallos de la S.C.B.A., Ac. 30.409, 33.462, 42.243, 43.417; esta Sala, causa n° 54.775, “HSBC Bank Argentina S.A…”, del 03.02.11, causa n° 56677, “Carbonazzo…” del 10/07/2012, n° 64734 "Caro" del 28.11.2019, entre muchas otras).-_ En lo que respecta estrictamente a la congruencia en la Alzada hemos señalado: “Asimismo, como es sabido, el tribunal de Alzada debe examinar las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubieren sido materia de apelación (art. 266 del C.P.C.C.; Azpelicueta – Tessone, “La Alzada. Poderes y Deberes”, pág. 157 y ss., con cita de fallos de la S.C.B.A., Ac. nº 30.409, nº 33.462, nº 42.243, nº 43.417, entre otras; esta Sala, causas n° 54775 “HSBC Bank Argentina S.A.” del 03.02.2011, n° 55729 “Carbonazzo Hogar S.A.” del 23.11.2011, nº 56858 “Sagardia” del 25.09.2012, n° 69644 “Llanos…” del 12.05.2023 entre otras.
Es sabido – además - que en la Cámara de Apelaciones el principio de congruencia se torna más exigente, ya que ésta debe examinar las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios (art. 266 del C.P.C.C.). Por ello, se exige a la Alzada prestar especialísima atención a dos estadios procedimentales, cuales son el de la traba de la litis, y el de interposición y fundamentación del recurso de apelación, pues sus potestades decisorias sufren una doble restricción: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante voluntariamente imponga a través del escrito de interposición del recurso y de la pieza que contiene el desarrollo de los agravios.
Ninguna parcela del decisorio recurrido podrá revisar si la impugnación no está contenida en estos últimos actos procesales; pero tampoco podrá resolver cuestiones novedosas o sorpresivas, introducidas por primera vez en la instancia de apelación (Azpelicueta - Tessone “La Alzada. Poderes y Deberes”, pág. 157 y ss.con cita de fallos de la S.C.B.A., Ac. 30.409, 33.462, 42.243, 43.417; esta Sala, causas n° 54.775, “HSBC Bank Argentina S.A…”, del 03.02.11; n° 55.729, “Carbonazzo Hogar S.A…”, del 23.11.11).
En este sentido, ni siquiera podría admitirse la incorporación de una nueva defensa cuando el litigio ha entrado en su fase conclusiva, sin agravio de la garantía constitucional del debido proceso. No hay en ello ningún ritualismo excesivo sino el respeto por el ordenamiento que la ley ha establecido para hacer valer los derechos, los cuales deben ser planteados en la forma y dentro del plazo legal y, en cuya observancia está directamente interesada la seguridad jurídica y el derecho de defensa en juicio de la parte contraria (ésta Sala causa n° 69644 ya citada). Así las cosas en orden a todo lo expuesto, la prueba analizada a la luz de los principios y reglas correspondientes y la normativa aplicable citada, permite evidenciar que no se encuentra acreditado el autor (ya dicho en el acápite anterior) ni la conducta antirreglamentaria, dolosa o excesiva en el fragor del juego invocada por el actor como causante de su lesión (arts. 375 y 384 del C.P.C.C.) en orden a los términos planteados en la demanda y más allá de la envergadura de la lesión sufrida, no siendo posible responsabilizar al co demandado D, a sus padres (citados como terceros), al club Biguá, al club Uncas y a la URMDP respecto de las lesiones sufridas por Luciano.
V. En cuanto a los factores objetivos de atribución de responsabilidad respecto de Uncas Rugby Club y URMDP.-
El actor invoca el art. 1757 del CCyC endilgando responsabilidad a los organizadores por resultar el rugby una práctica deportiva riesgosa. Asimismo invoca el deber de seguridad contractual respecto de Uncas por ser Luciano socio, y como co organizador con la URMDP. Invoca la aplicación del art. 51 de la ley 23.184 (ref. por ley 24192) y la aplicación del derecho del consumidor en la relación de L. y Uncas. Respecto de esto último si bien fue invocada solo en los agravios menciona que siendo una ley de orden público debe ser aplicada aún de oficio.-
Comenzaré diciendo que, conforme lo resolviera el Sr. Juez de la instancia de origen, en los casos de lesiones provocadas entre jugadores durante el partido que se dispute, primero debe probarse que el hecho por el que se produjo la lesión resulta de una jugada antirreglamentaria o dolosa o gravemente imprudente, (y agrego) o por la conducta inadecuada o incumplimiento de los deberes inherentes (conforme las circunstancias) de los entrenadores, árbitros o encargados de la dirección del partido que se trate (recordemos que esto último no fue alegado en la demanda). Adunando a la doctrina emanada de la SCBA citada en la sentencia cuestionada, he de agregar otro precedente del mismo Tribunal superior, en el cual al desarrollar la temática vinculada a los riesgos del deporte y sus límites en cuanto a las responsabilidades por daños, la Dra.
Kogan – reeditando lo proyectado por el Dr. Roncoroni- sostuvo entre otras cosas que: “…En todo partido de fútbol (trasladable al rugby) los jugadores se exponen a los riesgos propios de esa práctica deportiva que muchas veces derivan en lesiones. Cuando tales lesiones provienen del riesgo normal que imponen las reglas del juego, ellas quedan cubiertas por la "licitud" del mismo (…) No está de más recordar en esta parcela del pronunciamiento lo dicho por Rezzónico en sentido concordante: 'que la irresponsabilidad en los accidentes deportivos, resulta de la concurrencia de diversos elementos: la licitud del juego o deporte mismo; el consentimiento de la víctima para exponerse y someterse a los riesgos inherentes al deporte que practica; la ausencia de dolo, culpa u otra circunstancia que comporte la responsabilidad del autor del daño; y finalmente la observancia de las reglas, pragmáticas o cánones del juego o deporte de que se trate (Estudio de las Obligaciones T.II, 9ª ed.
Depalma, Buenos Aires, 1961, pg. 1529 citado por A.J. Bueres y A. Kemelmajer de Carlucci en 'Responsabilidad por Daños en el tercer Milenio', Homenaje al profesor doctor Atilio Alterini, pág. 821)"…” (S.C.B.A., C. 85692 en autos “G., E. O.” del 09.06.10.).” Es así que, la regla general en materia de responsabilidad civil imputada a deportistas es que los daños que puedan provocarse entre sí los participantes o contendientes en una actividad deportiva no generan, por regla y sin perjuicio de situaciones excepcionales, responsabilidad civil. Sin embargo, aun cuando se sostenga que el ejercicio de un deporte tiene riesgos inherentes que son asumidos por el jugador, ello no debe llevarnos a mantener tal conclusión cualquiera sea la conducta asumida por el deportista.
El señalado principio general, que afirma la irresponsabilidad del participante en la actividad deportiva, deberá excepcionarse cuando nos encontremos frente a un comportamiento doloso, o sea, ante un actuar intencional dirigido a obtener el resultado dañoso, o frente a una conducta gravemente imprudente o excesiva, que implique una grosera vulneración de las reglas del juego (Pita, Enrique M., La responsabilidad civil deportiva, Rubinzal-Culzoni, 1ª ed., Santa Fe, 2015).
Asimismo y si consideráramos al rugby como un deporte riesgoso para la integridad física de los participantes en orden a lo normado hoy por el art. 1757 del CCyC, la autorización del estado para practicarlo constituye causa de justificación suficiente para excluir la "antijuridicidad" -como presupuesto de la responsabilidad civil- (conf. Mosset Iturraspe Jorge, “El daño deportivo, responsabilidad de su autor y de la institución” publicado en: LA LEY1983-D, 384 - Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo V, 1193, cita: TR LALEY AR/DOC/10390/2001).
Sin querer ser reiterativa en los conceptos ya vertidos, me permito citar también lo dicho por Pablo Barbieri en su artículo de doctrina “Daños y perjuicios entre deportistas” Publicado en: RCCyC 2025 (octubre), Cita: TR LALEY AR/DOC/2274/2025” toda vez que el mismo es actual y puede observarse que no ha cambiado la doctrina ni jurisprudencia en cuanto a la temática que vengo tratando: “El principio general en la materia es el de la irresponsabilidad civil. Esto es, la ocurrencia de daños entre deportistas es una consecuencia lógica de la disputa deportiva y, por ende, las lesiones producidas por un deportista a otro no provocarían el reproche resarcitorio. Se suma a ello, la autorización estatal correspondiente para la práctica de la actividad deportiva. Esta suerte de regla fue consagrada en diversos pronunciamientos judiciales….
El fundamento esencial de esta enunciación es la teoría del "riesgo asumido", que ha tenido consagración específica con la sanción del Cód. Civ. y Com. en la Argentina, pese a existir el instituto en estudios doctrinarios y decisiones judiciales antes de su entrada en vigencia. Las normas positivas en juego en esta materia son: Art. 1719 del Cód. Civ. y Com.: "La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal...", art. 1720 del mismo cuerpo legal: "Sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abusiva, libera de responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles".
De allí que, como conclusión primaria, pueda establecerse que el consentimiento libre e informado del damnificado produce una eximición de la responsabilidad civil, al menos como principio general. (abro un paréntesis aquí para decir que en el sub lite el consentimiento fue dado por los progenitores de L).
…En síntesis, como lo sostiene calificada doctrina española, "la exención de la responsabilidad del deportista se basa en el consentimiento dado por la víctima para participar en el juego, lo cual implica la aceptación los riesgos inherentes al deporte, en la inteligencia de que se asumen los riesgos normales y típicos y no los anormales, atípicos o cualificados". Puede verse, en estas afirmaciones generales, la particularidad en la atribución de la responsabilidad en los daños producidos entre deportistas. Se trata de un principio afirmado en la materia —avalado por copiosa doctrina y jurisprudencia— que recoge las particularidades de los riesgos propios de la actividad deportiva.
Empero, este principio general no es absoluto. Hay supuestos específicos en los cuales cede y produce la aplicación de otros criterios. Hacia ello nos dirigimos en el acápite que sigue.
IV. Excepciones: los supuestos de procedencia de la responsabilidad. El pregonar una irresponsabilidad absoluta ante los daños y perjuicios acaecidos en la actividad deportiva importaría una vulneración de los principios generales del derecho y, en particular, a las previsiones de los arts.1716 y ccds. del Cód. Civ. y Com. de la Nación.
De allí que deban establecerse cuáles son las hipótesis en las cuales la responsabilidad civil —y el deber resarcitorio consecuente— por los daños causados entre deportistas es procedente.
Al respecto, entendemos gráfico consignar un decisorio —que puede ser considerado clásico en la materia— que intentó establecer estos parámetros. Se resolvió que "el deber de responder por las lesiones deportivas tiene origen en los siguientes casos: a) cuando existe una acción excesiva que viola grosera y abiertamente el reglamento del juego, b) cuando existe intención de provocar el resultado dañoso, sea durante el desarrollo del juego o bien cuando este se encuentre detenido"; profundizando algo más desde lo jurídico, se sostuvo, en concordancia, que "si la acción que provocó el daño fue dolosa o gravemente culposa, ni siquiera el respeto a las leyes del juego puede constituir eximente de responsabilidad".
Va de suyo, pues, que estamos ante una responsabilidad de carácter subjetivo, provocada por factores de atribución de dicha naturaleza, esto es, el dolo y la culpa grave, teniendo vigencia, pues, la teoría general en la materia y, especialmente, la delimitación de dichos conceptos llevada a cabo por el art. 1724 del Cód. Civ. Y Com.. Amén de ello, deben reunirse también los restantes elementos constitutivos de la responsabilidad, como la antijuridicidad y la causalidad.”
En otro orden de ideas y no por ello contradictorias, Prevot Juan Manuel en el artículo ya citado dice: “En casos de daños causados durante el desarrollo de ciertas prácticas deportivas como el rugby, la asunción de riesgos es irrelevante (aun cuando se la incluya dentro del concepto genérico de hecho de la víctima), precisamente porque existe como punto de partida una actividad lícita, en la que los daños son contingencias habituales de la actividad, y que, por tanto quedan en principio, al margen de toda relevancia jurídica. Y ello es porque los riesgos propios de la actividad quedan absorbidos por la licitud de ella, y no por el consentimiento de la víctima. Claro está que tales lesiones de la esfera ajena pasan a ser ilícitas cuando la conducta del agente dañador merece el calificativo subjetivo de dolosa (o culposa grave, como son los casos de la culpa con representación o previsión, y la culpa consciente)…” (pág. 104) Específicamente en cuanto a la responsabilidad de los organizadores, en la causa de ésta Sala nº 69.333 “V.M. c/ S.W. y ot. s/ daños y perjuicios” del 27.12.2022 dije: “Como ya fuera expuesto ha devenido en firme el marco legal asignado en instancia de origen al hecho traído a debate, es decir el de responsabilidad contractual.-… Las entidades que organizan eventos como el de marras asumen una obligación de seguridad tanto frente a los espectadores como a los que participan en los mismos. Dicha relación contractual imponía a la firma organizadora del evento el deber de tomar las medidas necesarias para mantener la normalidad en el desarrollo de la competencia. Pero esto no implica que la misma deba responder por los daños ocasionados producto de las contingencias propias de un deporte de alto riesgo como como el que practicaba el accionante, pues, aunque los mismos puedan llegar a ser predecibles (lesiones como consecuencia de una caída, etc.), resultan inevitables para los organizadores por constituir un alea que resulta inherente e inseparable de esa práctica deportiva específica.- En consecuencia, no habrá responsabilidad si no se demuestra que la lesión ha sido producto de un incumplimiento de las reglas del deporte que se practique o a un vicio de las cosas y/o o instalaciones donde se desarrolle el mismo.”. Cabe aclarar que en la causa en ciernes el reclamo provenía de un participante de un evento deportivo que no era socio de los organizadores.-
Continuaré con la obligación de seguridad emanada de la ley de defensa del consumidor. Los apelantes citan un precedente de la Sala II de ésta Cámara Departamental, causa nº 71248 “Edeen…” del 4.06.2024, en la que se dijo que existía una relación de consumo entre el actor y el club organizador. Ahora bien, en aquella causa se trataba de un jugador aficionado, allí citándose a S. M. se calificó la relación en tales términos. Más no es el caso de autos.- Aquí L. es un jugador amateur federado y tal autor diferencia la situación en cada caso.-
Así, José M. Sabat Martínez, en su extenso trabajo doctrinario titulado “Daños derivados de la práctica del deporte: ¿existe un deber de seguridad?, public. en El Derecho-Diario, Tomo 297, del 3/8/22)” distingue la relación y responsabilidad del club conforme la situación de cada deportista, en lo que aquí interesa dice: “Para dilucidar el vínculo existente entre el club y el deportista, se debe comenzar por distinguir entre las distintas modalidades jurídicas que puede presentar la práctica deportiva. El deportista amateur es aquel que realiza su prestación por mero amor al deporte, sin esperar una contraprestación…. En tanto que el deportista profesional actúa en pos de una finalidad de lucro… .-
El deportista federado es aquel que ha sido objeto de una ficha federativa (es el caso de L), esto es, “el instrumento que acredita la titularidad registral que tiene una asociación civil deportiva de primer grado frente a una asociación civil deportiva de segundo grado o una asociación civil deportiva de representación nacional, respecto de un atleta, para que este participe en determinada competencia oficial, en nombre y representación de aquella entidad” (art. 41, párr. 3º, ley 20.655). Finalmente, aquel deportista que no representa a su club puede ser tenido como un mero aficionado.”
Luego continúa analizando la índole de la responsabilidad, y dice “Tampoco es dudosa la existencia de un contrato en el caso de los deportistas amateurs federados, sean o no becarios. Los deportistas deben entrenar, cumplir horarios, someterse a las instrucciones de los entrenadores, utilizar las divisas del club y competir. Por su parte, el club debe brindar instalaciones adecuadas, proveer los recursos humanos necesarios para el entrenamiento y autorizar el desempeño de los deportistas en representación suya en las competencias de que se trate.” “En cuanto a los meros aficionados, también se vinculan contractualmente al club, ya que abonan una cuota social a cambio del uso de las instalaciones y servicios del club.”
Continúa refiriéndose en torno a la existencia de un eventual deber de seguridad: “Si el deportista se vincula al club mediante un contrato de trabajo, la cuestión se dilucidará mediante las normas del derecho laboral. Distinto es el caso del federado amateur o del federado profesional no sujetos a una relación de dependencia laboral. Cabe aquí volver sobre lo dicho en torno a la responsabilidad de las ligas: la ley 24.192 no se aplica a los daños originados en la práctica deportiva en sí misma, sino que requiere una conexión causal con el espectáculo público deportivo como fenómeno exterior al ejercicio físico.”
“Ahora bien, podría discutirse si el deber de seguridad puede deducirse de la buena fe. En tal sentido, cabría mencionarse que las entidades se beneficiarían de las prestaciones de sus deportistas, incluso desde el punto de vista patrimonial. Si obtienen una ventaja, podría ser razonable que debieran soportar también los riesgos. Empero, lo dicho no resulta persuasivo. Ya supra hemos referido a la incidencia del caso fortuito y de la asunción de riesgos en la materia analizada. Amén de ello, debe tenerse presente que los clubes no tienen una finalidad de lucro, sino que su objetivo es la promoción deportiva y social. Cooperan desinteresadamente los directivos, jugadores y simpatizantes, quienes orgullosamente prestan su labor sin otro interés que el de defender el emblema de su institución.
De tal manera, los resultados económicos que obtiene la entidad son en provecho de la comunidad vinculada al club. Cuando se actúa en este marco de afecto social, no parece razonable considerar que, de buena fe, el deportista pueda creer que exista una suerte de plusvalía obtenida por la institución que amerite que se le adeude una garantía de indemnidad.” “Sin embargo, nada obsta a que los clubes puedan ser responsabilizados, según el caso, conforme a las normas generales (por ej., culpa, vicio y riesgo de la cosa). Incluso, cuando se trata de categorías formativas, podrían ser responsabilizados conforme al régimen de los establecimientos educativos, si en el club se brinda una enseñanza de cualquier tipo.” No dice Sabat Martínez que en los casos de jugadores amateurs federados existe una relación de consumo con su club al momento de representarlo en la práctica deportiva que se trate, sino que expresamente se refiere a ello en relación a los meros aficionados, “Son aquellos que no representan al club, y que normalmente no intervienen en espectáculos deportivos.
Sin embargo, entrenan en el club, compiten en torneos internos y disputan entre sí partidos o torneos amistosos extraoficiales. En estos supuestos, entendemos que existe una relación de consumo. El proveedor estaría constituido por el club, cualquier sea la forma jurídica que adopte. Es indiferente, v. gr., que sea este una asociación civil, o una persona de derecho público, o bien una sociedad comercial. El consumidor sería el afiliado, socio, o usuario del club. En estos casos, el deber seguridad tiene su fuente en el art. 5º de la ley 24.240. El alcance de este deber de seguridad refiere a todo lo que rodea al juego o a la práctica deportiva: instalaciones, servicio médico, instrucción apropiada para que la actividad se pueda cumplir de modo seguro, árbitros o profesores que controlen el desarrollo del juego, etc.
Esta sutil diferencia no fue advertida en el dictamen del Sr. Fiscal General al citar a Sabat Martínez.-
Igualmente es dable citar lo resuelto en la causa mencionada por el apelante de la que vengo haciendo referencia toda vez que en la misma tampoco se exime de probar la conducta antijurídica en el juego, más allá de la normativa aplicable (deber de seguridad por la relación contractual o por el principio de buena fe o por aplicación del art. 5 de la le de defensa del consumidor): “Tampoco estimo, como anticipé, que pueda configurarse la responsabilidad pretendida, por conducto de un eventual incumplimiento de la obligación de seguridad. Recuerdo que dicha obligación puede ser tácita, derivada del alterum non laedere y del principio general de buena fe, habiéndosela situado en el marco del actual Código Civil y Comercial, en distintos preceptos, como en el art. 1710 CCCN (como el Dr. Lorenzetti, su voto en Fallos: 340:1940, CSJ 1255/2013, “Arregui, Diego Maximiliano...” del 26/12/17); o en el art. 1723, primera parte (como Galdós y Valicenti - Vigencia y resistematización de la obligación tácita de seguridad en el Código Civil y Comercial, La Ley 09/06/21,1-). La aludida obligación de seguridad también puede ser expresa, por resultar del contrato o de un régimen normativo específico; tal lo que se advierte en el derecho del consumo, conforme los artículos 42 CN y 5 de la Ley 24.240.”
“…Concluído entonces que todos los accionados eran deudores de seguridad a los jugadores participantes del torneo (entre otros), corresponde delimitar el contenido o alcance concreto de ese débito; el que, naturalmente, no podría ser ilimitado (arts. 3 y 10 CCCN). A mi criterio, concordante con la opinión doctrinaria y jurisprudencial fuertemente mayoritaria, el débito de seguridad en supuestos como el de autos, no se extiende al de evitar los daños a la integridad física de los jugadores, resultantes de la práctica normal, habitual y reglamentaria de la disciplina deportiva en cuestión. Ello pues la posibilidad de tales daños, es inherente e indisoluble del desarrollo de la práctica en sí misma; y son, lisa y llanamente, inevitables para el club coaccionado y los organizadores del evento.”
“En efecto, señala Sabat Martínez que, en casos como el de marras, el alcance del deber de seguridad emanado del art. 5 del LDC, “refiere a todo lo que rodea al juego o a la práctica deportiva; instalaciones, servicio médico, instrucción apropiada para que la actividad se pueda cumplir de modo seguro, árbitros o profesores que controlen el desarrollo del juego, etc. Pero, cabe considerar que el deber de seguridad no se extiende al desenvolvimiento del juego en sí mismo ni a las circunstancias que le son intrínsecas. Tal conclusión se debe a que el juego es una acción que es desarrollada y puesta en práctica por los propios jugadores y en la que el club no tiene injerencia. Su actividad, sobre la cual asume los riesgos correspondientes, es la de brindar el marco apropiado para el deporte, pero no tiene injerencia en su ejercicio”.
Y concluye contundentemente el autor citado, que “no existe un deber de seguridad relativo a los daños originados en la práctica del deporte en sí misma”. (cf. José M. Sabat Martínez, cit.). “Esa conclusión, es acorde al criterio mayormente sentado por la jurisprudencia. Así, en el ámbito de la Corte Suprema, en la causa “Ferreyra, Víctor Daniel...” (CSJN, F. 1116. XXXIX, Fallos 329:646, del 21/3/06), expresaba Lorenzetti (por su voto), que “una vez calificada la existencia de una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la Constitución Nacional) y legal (art. 5 ley 24.449; ley 24.240) (...) la extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas.
(...) no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado, de manera que el usuario no sufra daño alguno. El régimen de causalidad vigente (arts. 901 a 906 del Código Civil) toma en cuenta las consecuencias normales y ordinarias previsibles, eximiendo al responsable de aquellas que son inevitables o no previsibles”. Y añadía más adelante que “incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas.”. Igual criterio ha adoptado la Corte Suprema en el ámbito del derecho laboral y de la obligación de seguridad que allí impera, al señalar, haciendo pie en la previsibilidad y evitabilidad del riesgo, que “la extensión del deber de seguridad se refiere a los acontecimientos previsibles según el curso normal y ordinario de las cosas, y la previsibilidad exigible variará –de acuerdo a la regla del art. 902 del Código Civil (hoy art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación) (...) por lo que incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas o genéricas (Fallos: 329:646).
En ese sentido, se observa que la sala se limitó a mencionar el citado deber de seguridad sin efectuar examen pormenorizado alguno respecto de la previsibilidad del acontecimiento y la posibilidad del empleador de adoptar las medidas pertinentes a su respecto (Fallos 343:1784, causa CCF 432/2011/1/RH1, “Martínez, Rosa Argentina...”, del 26/11/20).”
…“Más recientemente, y en el marco de daños padecidos por un jugador en un partido de fútbol de salón, la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, señaló que “aparece configurada en la especie una lesión no imputable a nadie más que a la mecánica del deporte que se encontraba practicando el actor en el momento de sufrir la fractura”. Asimismo, respecto de la obligación de seguridad emanada del art. 5 de la Ley 24.240, señalaba que “ese deber de garantía no le es exigible al proveedor más allá de lo razonable y posible de conformidad no sólo con el estado actual de la técnica (vgr. dimensiones de la cancha apropiadas, protecciones respecto de paredes o columnas, retiros apropiados del campo de juego, superficie antideslizante), sino también (....) de la propia dinámica del consumidor en el uso de las instalaciones: en el caso la práctica y riesgos de un partido de fútbol de salón”. (Cam. Nac. Civ., Sala G, causa n° 43.998/2017, “Pérez, Maximiliano J...”, del 30/5/23).”
VI. Por último y en cuanto a la aplicabilidad del art. 51 de la ley 23.184 (ref. por ley 24.192), más allá de no haber rebatido la doctrina emanada de nuestra SCBA citada por el Sr. Juez de la instancia de origen, me permito transcribir las palabras de Barbieri, Pablo C. expresadas en el artículo ya citado: “En efecto, la atribución de responsabilidad civil por daños causados por episodios de violencia en un espectáculo deportivo (art. 51, ley 23.184, T. O. por ley 24.192), tiene parámetros diferentes de evaluación y atribución que, en cierto modo, agravan la situación de las denominadas "entidades participantes" del evento donde se produce el hecho dañoso. En mi modo de ver, la invocación de dicha normativa especial para tratar de generar la procedencia de la responsabilidad de un club por los daños causados entre deportistas carece de absoluto andamiaje jurídico. Comentario: en un decisorio jurisprudencial que así lo resolvió, sostuve que "dicho régimen especial, apunta a la 'prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos', tal como su denominación lo indica. Y, asimismo, dicho precepto se dirige al establecimiento de responsabilidad civil a espectadores y/o protagonistas, por daños que se generen en los estadios, situación ésta absolutamente lejana a la realidad del hecho dañoso debatido en los actuados en examen."
También Sabat Martínez en el trabajo doctrinario que vengo citando, señala la dotrina de la SCBA de la causa “Montenegro…” citada en la sentencia de grado y concluye: “De lo desarrollado resulta que la relación de las ligas con los deportistas es, en principio, extracontractual. En cambio, el vínculo de los clubes con los jugadores, cualquiera sea su especie, es siempre contractual. No existe un deber de seguridad relativo a los daños originados en la práctica del deporte en sí misma. La responsabilidad objetiva de la ley 24.192 solo regirá cuando exista una relación causal entre el daño y el espectáculo deportivo, hecho externo al ejercicio de que se trate. Esto sin perjuicio de que las ligas y los clubes puedan, según el caso, ser responsabilizadas conforme el régimen general.”
Por todo lo expuesto, no habiéndose acreditado una conducta dolosa o gravemente culposa o antirreglamentaria en el trascurso del partido, los agravios referidos a la obligación de seguridad, ya sea conforme lo normado por el CCyC o la ley del derecho de consumidor (más allá de lo señalado en cuanto a su aplicabilidad al caso) no prosperan, resultando inaplicable por otra parte al caso de autos, lo normado por el art. 51 de la ley 23.184 (ref. por ley 24.192).
En orden a ello corresponde desestimar en todos sus términos el recurso de apelación interpuesto por la parte actora con costas en relación a los co demandados y a los terceros citados, toda vez que en los agravios se intentó responsabilizarlos más allá de no haberlos demandado originariamente (art. 68 del CPCC), ello como se verá seguidamente no modifica las costas impuestas en la instancia de origen.
VII. Continuaré ahora con el recurso de apelación interpuesto por el co demandado Uncas Rugby Club. Cuestiona la imposición de costas en relación a los terceros citados, remitiéndome a los fundamentos vertidos en la expresión de agravios.-
A fin de dar respuesta a dicho agravio he de citar lo dicho mi estimada colega Dra. Carrasco en la causa n° 64305 “Silva…” del 27.08.2019: “Conforme tiene dicho esta Sala “es dable advertir que en general se ha aceptado el criterio según el cual si la sentencia definitiva resulta favorable a la posición del tercero, la parte que ha solicitado su citación debe cargar con las costas derivadas de la misma (Conf. Cám. Nac. Civ. Sala E, 25.03.92, LL, 1992-E-600). Normalmente es el demandado quien solicita la intervención del tercero; de ahí que las costas devengadas por la participación del tercero en el juicio, demostrada la improcedencia de la citación, deben estar a cargo de quien promovió la intervención estéril que evidencia un exceso de la defensa en detrimento del derecho ajeno (Cám. Nac. Civil, Sala D, 19.03.82, ED, t. 98, p. 691; id. Sala F, 31.05.84, E.D.m t. 110-241). Que es el citante quien debió meritar las circunstancias vinculadas a la citación y sus riesgos; por tal motivo, es el responsable de las costas generadas de la instancia que promovió con la citación del tercero (Conf. Loutayf Ranea, Roberto; Condena en costas en el proceso civil, p. 208; esta Sala, causa 52.580, “Dominguez”, del 02.09, con voto preopinante de la Dra. Fortunato de Serradell)”.-
En esa línea, tal como lo señalara en aquella oportunidad la Dra. Fortunato de Serradell, querida ex colega de esta Sala, si bien pudo el Club Uncas creerse con derecho a promover la referida citación, en orden al resultado que surge de la sentencia, corresponde imponerle las costas generadas por la intervención de los terceros citados, máxime que tal como lo señala el apelante, tales terceros fueron mencionados en la etapa de mediación, más no habiéndose notificado a los mismos el actor no instó su citación, de modo tal que no corresponde imponerle ahora las costas en relación a terceros a quienes si bien en su momento consideró demandar luego de alguna forma no continuó con tal voluntad.-
En consecuencia estimo que corresponde desestimar los agravios aquí tratados (art. 68 del CPCC), sin perjuicio de las costas impuestas en esta instancia conforme surge del acápite anterior.-
Así lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA TERCERA CUESTION: La Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, propongo al acuerdo: 1) Declarar desiertos los recursos de apelación interpuestos por Biguá Rugby Club, J. y O. D. y L. d. V. C. 2) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas (art. 68 del CPCC); 3) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la co demandada Uncas Rugby Club, con costas (art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
Así lo voto.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se
1. Declarar desiertos los recursos de apelación interpuestos por Biguá Rugby Club, J. y O. D. y L. d.
V. C, 2) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas (art. 68 del CPCC); 3) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la co demandada Uncas Rugby Club, con costas (art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese en forma electrónica (conf.art.10 del Reglamento para presentaciones y notificaciones electrónicas (SCBA. Ac.4039 del 14/10/2021) y oportunamente devuélvase.-
CONFIRMA
Fin de la sentencia