Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 2547
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en cuanto a las indemnizaciones fijadas por gastos de asistencia y pérdida de chance de ayuda futura.
2Elevar las sumas por daño moral para los progenitores a la suma de $ 3.500.000 para cada uno y para los hermanos convivientes de la menor fallecida individualmente a $ 650.000 3) MANTENER el rechazo del reclamo por daño moral de B. A. C.
4Imponer las costas de Alzada a la parte demanda y su aseguradora (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
Expte. n°: JU-2547-2018 R., C. A. Y OTROS C/ L., E. E. S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
------------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-2547-2018 caratulada: "R., C. A. Y OTROS C/ L., E. E. S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En la sentencia dictada el 7 de Julio de 2022 la Sra. Jueza Dra. Daniela K. Ragazzini hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios entablaron C. A. R. y M. G. S., por derecho propio y en representación de sus hijas menores C, A. y M. R. y S., y por derecho propio B. A., N. E., W. E., J. M. C. y S. contra E. E. L. y la citada en garantía ORBIS Compañia de Seguros S.A., condenándolos al pago de los siguientes importes indemnizatorios: 1) por gastos de farmacia la suma $2.116,80, 2) pérdida de chance para la Sra. S. la suma de $570.000, 3) pérdida de chance para el Sr. R. la suma de $448.000, 4) daño moral para cada uno de los padres $1.800.000, 5) daño moral de los hermanos convivientes C. A. y M. R. y S.; N. E., W. E. y J. M. C. y S. en la suma de $300.000 para cada uno de ellos, Todo ello con más intereses y costas. Rechaza en cambio el daño moral reclamado por B. A. C. al no ser conviviente. Apelaron el fallo el Dr. Pérez Rachel en representación de la aseguradora el 11/772022 y la parte actora con el patrocinio letrado del Dr. Mónaco el 1/8/2022.
Llegadas las actuaciones a este tribunal y puestas en estado expresaron sus agravios el 4/10/2022 y el 12/10/2022, respectivamente. El Dr. Pérez Rachel critica la procedencia del daño moral y de los gastos de asistencia médica, sosteniendo que ninguno de ellos se ha acreditado.
Circunscribo a estos aspectos del fallo su queja, por cuanto la simple alusión que formula en punto a la responsabilidad, sin la menor fundamentación, no puede ser considerado un agravio para su tratamiento (art. 260 y 261 CPCC)
Por su parte los actores se quejan de 1) la cuantificación de la pérdida de chance de ayuda futura que fuera determinada en la instancia de origen en el 14% -en conjunto para ambos progenitores- sobre el SMVM, por el período de tiempo comprendido entre la edad de aptitud laboral de la niña fallecida L. V. R. y la de expectativa de vida de sus progenitores, solicitando se eleve al 30%; 2) la insuficiencia de todas las sumas fijadas por daño moral y el 3) el rechazo de daño moral reclamado por el hermano no conviviente B. C. Ejercieron su derecho a réplica los actores el 2/11/2022 resistiendo la impugnación. Oído que fue el Sr. Asesor de Menores y firme el llamado de autos para sentencia se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC)
II. En esa tarea, he de comenzar señalando que en relación al daño emergente por gastos de atención médica y farmacéuticos, el art. 1746 CCCN consagró respecto a los rubros mencionados su carácter como presunción legal iuris tantum, lo que ya constituía una presunción judicial consolidada (Sebastián Picasso y Luis R. J. Sáenz "Tratado de derecho de daños" La Ley To. I p. 223). En caso de fallecimiento (art. 1745 inc. a CCCN) , rige la misma presunción tratándose de aquellos que hubieran sido razonables para su asistencia ya sea para evitar la muerte o para que el proceso se soporte de la mejor forma posible ( Matilde Zavala de González y Rodolfo González de Zavala "La responsabilidad en el nuevo Código " Alveroni ed., To. III p. 217).
De la historia clínica agregada a fs. 50/123 de la causa penal acollarada resulta que L. estuvo internada en la UTI en el Hospital Interzonal Abraham Piñeyro, por más de dos meses desde el accidente hasta su deceso. Que su internación haya sido en un nosocomio público no es óbice para la admisión del reclamo, por la suma fijada teniendo en cuenta que aún en tal circunstancia igualmente se generan erogaciones necesarias por costos no cubiertos o en procura de evitar el fatal desenlace.
Por ello el recurso de la citada en garantía sobre este ítem debe ser rechazado.
III. Prosiguiendo con la indemnización del perjuicio patrimonial que su muerte provocó a sus progenitores consistente en la pérdida de chance de ayuda futura (art. 1745 inc. c CCCN) la misma equivale a la expectativa razonable de colaboración que no puede verse reducida a una futura merma de apoyo dinerario a favor de aquellos, especialmente en sus últimas etapas de la vida, sino que debe ser visualizada también desde lo relacional en cuanto a la desaparición de quien podía contribuir a la solución de carencias y dificultades de contenido económico. Teniendo siempre presente que no consiste en el sostén sino en el aporte, la colaboración que pueden necesitar y el hijo/a brindar.
Ahora bien, más allá de los límites temporales, las pautas cualitativas para su estimación se ven notoriamente disminuidas cuando el hijo fallecido se trata como en el caso de una menor de escasa edad y en etapa de escolaridad, ya que resulta imposible determinar siquiera estimativamente su capacidad económica futura (e incluso de tiempo disponible) para esa asistencia. Por tal razón, ante la inexistencia de variables certeras ha existido un rechazo a la instrumentación de fórmulas. Sin embargo, con precauciones y gran flexibilidad para su adaptación al caso concreto, igual entiendo que son un medio útil para traducir el razonamiento judicial empleado.
Con las limitaciones expuestas y la relatividad propia de muchos de esos parámetros, paso a detallar los aspectos que deben ser valorados: 1) la situación patrimonial del Sr. R. y la Sra. S. (trabajo en relleno sanitario y changas, casa humilde en el barrio El Progreso entregada en propiedad por el Municipio, y ella ama de casa), que resulta del beneficio de litigar sin gastos concedido en expte JU-328-2019 consultado por Augusta, que por su precariedad opera en un doble sentido: haciendo más necesaria la colaboración del núcleo familiar e inversamente disminuyendo las posibilidades de haberle brindado una mejor capacitación para obtener superiores ingresos a futuro); 2) que el SMVM si bien en abstracto debe ser considerado el piso, es un dato de nuestra realidad económica desde hace bastante tiempo con los niveles de desocupación informalidad laboral existentes, no siempre es alcanzado y 3) la existencia de numerosos hermanos unilaterales y bilaterales que también pueden coadyuvar en esa ayuda.
Computando todo ello, que se ha tomado como porcentaje para el cálculo el 14% del SMVM en forma uniforme para todos los años de los períodos respectivos, cuando lógicamente habrá oscilaciones entre posibilidades y requerimientos y, como anteriormente dije, las prestaciones no dinerarias pero de significación económica, estimo que las sumas indemnizatorias, establecidas a través de los factores empleados en la fórmula, deben ser mantenidas.
IV. Respecto al daño moral, sobre cuyas indemnizaciones median agravios en todos los casos en sentido opuesto, emerge de un modo incontrastable que la pérdida de una vida es hipótesis de extrema nocividad cuando se trata de un hijo. La ausencia trágica e intempestiva de L., alterando la ley de la vida de que los hijos sobrevivan a los padres, no es susceptible de una verdadera reparación aunque sea por una apropiada expresión dineraria, sino que únicamente será posible mitigar el padecimiento de la espiritualidad dañado en sus progenitores a través de una suma no simbólica con mediana idoneidad compensatoria para procurar una satisfacción, obviamente de un modo no equivalente, como respuesta jurídica al trastorno emocional injusta y definitivamente provocado.
Para superar la anarquía judicial en su valoración que importe un agravio por su inequidad y sin que ello excluya la ponderación de las situaciones individuales en cuanto a sus repercusiones, no existe mejor parámetro que recurrir - con las correcciones del caso según edades, existencia de otros lazos familiares iguales y particularmente en una economía inflacionaria al valor de nuestro signo monetario- a los importes que han regido en los precedentes judiciales del tribunal para casos análogos. Y con este recurso claramente la notoria insuficiencia de las sumas fijadas en $.1.800.000 para cada progenitor, debiendo las mismas ser elevadas individualmente a $ 3.500.000 (art. 1741 CCC)
El nuevo ordenamiento amplió el elenco de damnificados indirectos legitimados para reclamar, sin hacer alusión como disponía el art. 1078 del derogado Código Civil a los "herederos forzosos" lo que dio lugar a una profusa doctrina y jurisprudencia que paulatina pero progresivamente vino a ampliarla por la injusticia de esa restricción a otros supuestos especiales (llamamiento potencial para incluir a otros ascendientes y descendientes, convivientes, progenitores e hijos afines en familias ensambladas, hermanos). Lo hizo bajo la fórmula de " quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible", en la cual quedan obviamente comprendidos los que ostentan un vínculo fraternal. Si éste por sí solo basta, sin el otro requisito de la convivencia, será materia de análisis al abordar el agravio de B. A. C.
Dicho esto, considero que las sumas fijadas para cada uno de los cinco hermanos convivientes es escasa según los parámetros que este tribunal emplea, sin que el número de los reclamantes tenga incidencia en la reparación del detrimento espiritual personal. Propongo por ello su elevación a $650.000 para cada uno.
Todos los importes de este acápite han sido calculados a la fecha de la sentencia en revisión.
V. Resta el agravio por el rechazo del reclamo del hermano no conviviente.
Tuve oportunidad de ocuparme de la cuestión en Expte. n°: JU-4462-
2014, LS 60 n° 19 sent. del 19/2/2019. Allí dije:
"...en Expte. JU-4780-2014 "OYHANARTE" LS 59 n° 160 sent. del 25/9/2018 dije en relación al art. 1078 del CC "... ya he tenido la oportunidad de pronunciarme en las causas "Mercado Adriana y otros c. Falcón Luis Orlando" 18/11/2008 LLBA 2009 (marzo), 196 y "M.G.A. y otros c/ Semento Oscar Omelio" 27/11/2012 RCyS 2013,I,195 y La Ley 2013-C-308, "Campos Isolina Ermelinda y ot. c/ Romera Marcos A. s/ Daños y Perj.Autom". L.S. Nº: 55, N° de orden 62, del 24/04/2014", entre otras, por lo que considero innecesario reproducir in extenso los argumentos en favor de la postura que de lege lata sostiene la Casación provincial y que comparto, la que como bien resume el distinguido colega y prestigioso autor Dr. Galdós no se trata siempre de una inconstitucionalidad in abstracto y a priori sino que corresponde discriminar las distintas situaciones del damnificado, las concretas circunstancias del caso, distinguiendo entre legitimación y prueba de los damnificados indirectos no habilitados por el art. 1078 CCivil. Sólo una vez que en concreto se pruebe la existencia del daño moral podría invalidarse la exclusión legitimatoria (remito como de imprescindible lectura para la cuestión y los criterios de lege ferenda a "Diálogos de doctrina sobre Daño Extrapatrimonial" publicado en RCyS 2013- IV,5, muchos de cuyos pasajes de los distintos partícipes debo resistir la tentación de transcribir en homenaje a la brevedad)
En el caso particular de los hermanos, la Suprema Corte tuvo ocasión de ratificar esta doctrina en el fallo "Balerdi Josefa c/ Menchon Horacio y otro s/ Daños y Perjuicios" 26/6/2013 Cita Online La Ley AR/JUR/92798/2013, aún cuando haya sido para desestimar su procedencia por ausencia probatoria que impedía tener por configurado un supuesto excepcional, avalando así la decisión de la Sala II de la Cámara de Azul.
Ahora bien, no podemos pasar por alto que de un tiempo a esta parte, ha entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, que en su artículo 1741 ahora legitima expresamente a quienes convivían con el damnificado directo recibiendo trato familiar ostensible.
¿Tiene esto alguna repercusión en las situaciones anteriores a su entrada en vigencia? Sobre ello ya dije en expte JU -2951-2010 LS 56 n° 239 sent. del 10/12/2015: "tratándose de una cuestión debatida en doctrina y jurisprudencia" se han dado dos soluciones: según Moisset de Espanés (obra recién citada p. 110, aunque para otro supuesto, "la aplicación inmediata sólo sería admisible, a nuestro entender, por tribunales que ya estuvieran aplicando el criterio que ahora consagra...". En cambio para Kemelmajer de Carlucci ("La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes" Rubinzal-Culzoni N°V 43 y 57.1), reflexionando aclaro también para otros casos, en opinión que comparto "sería deseable que el juez aplique el criterio de la nueva ley". Ello no sería aplicar retroactivamente el precepto sino "analizar el caso conforme a la legislación anterior, pero a la luz de la doctrina que propiciaba la misma solución a la que el luego el legislador adhirió". Ello ya había sido expresado a través del voto que emitiera como integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 1 el 22/4/2003 in re March Molina Juan c. Fernández Gustavo y Ot. Ejec. típica (Cob. alq.) s/ Inc. Cas": "entiendo que el juzgador debe resolver el caso a la luz de lo querido por el legislador y no apartándose de su mandato. A los sólidos argumentos dados por la doctrina y la jurisprudencia anterior a la sanción, antes citados, hoy se suma una ley que los ha ratificado".
Siguiendo este criterio, entonces, se impone concluir que la única situación de excepción que justifica la declaración de inconstitucionalidad es la de convivencia, con trato familiar ostensible."
Comentando el fallo de la CSJN "Lima c. Agon" del 5/9/2017 nuestro colega Emilio A. Ibarlucía ("La legitimación para reclamar reparación del daño moral. Un fallo prudente La Ley 2018-D, 26) reflexionaba "Es de señalar que el art. 1741 tiene su fuente en el art. 1689 del Proyecto de Código Civil y Comercial de 1998. En efecto, el 2º párr., de esta norma fue repetido casi textualmente, pero no se hizo lo mismo con el 3º párr., que decía que "los tribunales tienen atribuciones para asignar legitimación a sujetos, en los casos especiales en los que el hecho tiene un grado de repercusión en el reclamante que excede del ordinario, habida cuenta de su vinculación con el damnificado y demás circunstancias". Evidentemente se ha tratado de una omisión deliberada. No ha querido el legislador de 2014 abrir una puerta tan grande a la discrecionalidad de los jueces. Es que el temor a la "catarata" indefinida de damnificados sigue presente, y cuanto más se objetiva la responsabilidad (arts. 1722, 1723, 1731, 1757, 1758 y cctes.), más necesario es resguardar el régimen con un fuerte sistema asegurador de la responsabilidad civil, que requiere previsibilidad de los riesgos e indemnizaciones a pagar. El fallo de la Corte Suprema, que comentamos, viene a ratificar esta interpretación." En el mismo sentido señala Federico A. Ossola ("Legitimados para accionar por el resarcimiento de daño moral" en RDD Rubinzal Culzoni Responsabilidad por daño no patrimonial 2018-3p. 86/7) "...se trata en definitiva de una cuestión de política legislativa, de cara al riesgo apuntado y que además busca proteger al círculo - en teoría- más cercano de afectos de la víctima a fin de que sean ellos quienes puedan percibir la indemnización, ante una eventual situación de insolvencia del responsable civil. También en particular, a fin de brindar cierta previsibilidad a la cobertura de riesgos (en palabras que la Corte hace suyas en dicho fallo) en inequívoca referencia a la sustentabilidad del sistema asegurativo, cuya buena salud es una de las claves para que las reparaciones de los daños sean una efectiva realidad y no una expresión de deseos plasmada en una sentencia judicial"
A la luz de lo expuesto, quedando descartada la configuración legal in re ipsa del perjuicio en el caso de quienes no figuraban en el elenco de legitimados por el solo parentesco de hermanos, no existiendo prueba alguna de una situación excepcional que permita superar el umbral exigido..."
O sea que sin convivencia no procede in genere, sino ante datos fácticos que evidencian una proximidad espiritual más allá del vínculo sanguíneo, exteriorizada a través de una ostensible habitualidad en el trato, lo cual debe ser objeto de prueba para, dejando de lado la exclusión legal, se lo legitime.
Y ella en el caso no se ha producido con la aptitud necesaria (art. 375 CPCC). La pericia psicológica del Lic. Pablo García del 3/12/2021 no es suficiente para tener por demostrado ese presupuesto. De la misma sólo resulta que B. además de no convivir tiene una diferencia de edad importante con la víctima, está en pareja, tiene una hija y dio un relato sin circunstancias relevantes ("Sobre el hecho comenta: “L. quería hacer un mandado en la moto con su vecina y le hermanita, se fueron y pasaron como cuatro horas y le avisaron a mi mamá, fue una vecina. Se fueron sin el permiso de mi mamá y del padre. Tuvimos discusión con la familia de la chica. Le hicieron traqueotomía, una operación craneal. Ella estaba bien, no sé qué problema hubo, pero en dos o tres semanas apareció fallecida. No fui al velorio porque la quería recordar con una sonrisa. Con ella jugábamos a las bolitas, la invitaba a comer. Yo le cambiaba los celulares que encontraba en el relleno sanitario y se los daba a ella”)
Por ello es que entiendo que el rechazo debe ser mantenido.
ESTE ES MI VOTO
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
1. CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto a las indemnizaciones fijadas por gastos de asistencia y pérdida de chance de ayuda futura.
2. ELEVAR las sumas por daño moral para los progenitores a la suma de $ 3.500.000 para cada uno y para los hermanos convivientes de la menor fallecida individualmente a $ 650.000 3) MANTENER el rechazo del reclamo por daño moral de B. A. C.
4. IMPONER las costas de Alzada a la parte demanda y su aseguradora (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
1. CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto a las indemnizaciones fijadas por gastos de asistencia y pérdida de chance de ayuda futura.
2. ELEVAR las sumas por daño moral para los progenitores a la suma de $ 3.500.000 para cada uno y para los hermanos convivientes de la menor fallecida individualmente a $ 650.000 3) MANTENER el rechazo del reclamo por daño moral de B. A. C.
4. IMPONER las costas de Alzada a la parte demanda y su aseguradora (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia