Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C= AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.19 08:27:26-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.19 08:27:44-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.079 FOLIO N° 021/027 PROT. ELECT. JR101 226I.261
Río Gallegos, 19 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “R.L. S/ DENUNCIA”
Expte. Nº R-16.158/24, Apelación/Causa JR Nº 10188/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 183/194, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Puerto San Julián, Dr. L.P.P., quien en el punto 1-) declaró la extinción de la acción penal seguida contra J.A.G., y dispuso su sobreseimiento en orden al delito de “Abuso Sexual Agravado (art. 119; 1er. y 4to., párrafos inc. f) Ley 25087 del Código Penal).-
Que a fs. 196/199, el Señor Agente Fiscal de Instrucción apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 213 la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial sostuvo el recurso, y renunció al plazo previsto en el art. 437 del CPP, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en primer término, entendió el recurrente que poner fin a la causa transgrede el principio de investigación integral, poniendo en riesgo el valor justicia y seguridad jurídica, y que esa decisión erosiona la confianza pública en la justicia pues, según dice, la función jurisdiccional no se agota en aplicar normas, sino en reafirmar valores.-
Adujo que el archivo de las actuaciones sin dispensar justicia expidiéndose respecto a la existencia, autoría o no del hecho, convierte al proceso penal en una forma vacía, debilitado el pacto social y generando la percepción de que el sistema proteja más la quietud institucional que la dignidad de las víctimas.-
Postuló que frente a la gravedad del caso, la decisión de declarar extinguida la acción penal, con fundamento en el artículo 63 del Código Penal Argentino, resulta incompatible con el bloque de Constitucionalidad Federal; ya que se investiga un abuso sexual reiterado cometido contra una niña, además en condición de discapacidad, lo que activa un estándar reforzado de tutela (art. 75 incs. 22 y 23 de la CN).-
Argumentó que si bien la denuncia fue formulada en la adultez no puede operar en perjuicio de la víctima, sino que debe ser leída a la luz de las dinámicas propias de los delitos contra la integridad sexual; máxime cuando median relaciones de convivencia, asimetría de poder y una situación de vulnerabilidad estructural, que suelen diferir la revelación de los hechos.-
Manifestó que aplicar mecánicamente la prescripción en estos supuestos importa desconocer la jerarquía convencional, además de ayudar a consolidar la impunidad.-
En otro apartado, advirtió que el Magistrado omite expedirse sobre la cuestión sustancial del proceso penal, esto es la determinación de responsabilidad del imputado J.A.G., por los hechos investigados; tal omisión configura un vicio de fundamentación, pues la sentencia no satisface el estándar de motivación suficiente exigido por el art. 18 de la Constitución Nacional, al no brindar una respuesta jurisdiccional completa sobre la imputación formulada.-
Paralelamente, se agravió que la resolución recurrida desconozca el interés superior del niño como principio rector y norma de aplicación directa. Aseguró que el archivo sin verdad, produce una forma de revictimización silenciosa -el mensaje implícito de que lo ocurrido no merece ser nombrado ni esclarecido-.-
Señaló que al paralizar la causa, resulta jurídicamente intolerable por cuanto consuma una flagrante omisión de juzgar con enfoque y protección reforzada a personas con discapacidad.-
Indicó que el archivo dispuesto no solo deviene arbitrario por falta de fundamentación suficiente, sino que consolida un escenario de impunidad estructural, al desatender el deber reforzado del Estado de investigar con debida diligencia hechos de violencia contra personas con discapacidad.-
Citó jurisprudencia avalando su tesitura; requirió que se revoque la resolución de fs. 183/194 y se disponga que continúe la instrucción de la presente causa.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. Que, analizada la totalidad de la causa, hemos de revocar el auto atacado, por los motivos que a continuación expondremos.-
En primer lugar, a fin de dotar de autosuficiencia a la presente, conviene transcribir lo dictaminado por la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial al sostener el recurso.-
Así, la titular de la acción penal pública ante esta Alzada, en lo pertinente dijo: "...teniendo especialmente en consideración la naturaleza de los hechos investigados y la doctrina sentada por V.E. en los precedentes "C.J." y otros de análoga naturaleza, esta Fiscalía mantiene la postura sostenido por el acusador público en la instancia anterior, propiciando la declaración de inconstitucionalidad del art. 63 del Código Penal en el caso concreto, por entender que su aplicación conduce a una solución incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves vulneraciones a los derechos humanos y de hechos constitutivos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, y por las razones desarrolladas en el recurso oportunamente interpuesto, corresponde revocar la resolución apelada, declarar la plena vigencia de la acción penal y disponer la prosecución de las actuaciones según su estado..." -fs.213 y vta.-; coincidiendo con el criterio supratranscripto.-
Que, al respecto, se ha dicho que: "El dictado de sobreseimiento resulta incompatible con la duda, máxime cuando ella proviene de una incompleta investigación" (C. Nac. Casación Penal, sala 1ª, LL 2000-E-341).-
En idéntico sentido, se sostuvo: “Corresponde revocar el sobreseimiento de un imputado y continuar con las medidas necesarias y útiles para determinar la ocurrencia de los hechos si de la evaluación de la investigación efectuada surge que la decisión de absolver aparece prematura, pues, se encuentra reunido el grado de probabilidad suficiente para su legitimación pasiva…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala I; 10/03/2011; “A.,P.V.; Cita: TR LALEY AR/JUR/16028/2011).-
En tal sentido, debemos recordar que el procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este, tratándose pues de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).-
Jurisprudencialmente, respecto del alcance del referido auto, se ha sostenido: "...basta un grado de probabilidad respecto de la materialidad del suceso investigado y de la posible participación del autor, por cuanto se pretende habilitar el proceso hacia el juicio donde se lleva adelante con plenitud el debate sobre el mérito de la prueba colectada" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala V; A., L. M. s/ lesiones; 13/8/2014).- Asimismo, la doctrina recomienda: “…valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta” (Cafferata Nores, José Ignacio - Hairabedián, Maximiliano, “La Prueba en el Proceso Penal”, sexta edición, Editorial Lexis Nexis, año 2008, pág. 221).-
En ese entendimiento, varios indicios vehementes y objetivos, habilitan un eventual debate para establecer lo ocurrido de manera definitiva, bajo los principios de inmediación y contradicción que lo caracterizan.-
Al respecto, consideramos que los elementos reunidos permitirían establecer la probabilidad de la existencia de los hechos denunciados por la denunciante -quien resulta ser la pretensa víctima-, y tener prima facie acreditada la autoría de los mismos en cabeza del imputado.-
Tengamos presente que, en el caso, contamos en primer lugar, con la denuncia por los hechos investigados que se formula en fecha 03/07/2024 -fs. 01-, por parte de la Srta. R.L.I. - discapacitada- acompañada de su progenitora la Sra. L.C.I., quién esta última relató sobre los presuntos hechos de abuso sexual que habrían acaecido cuando su hija era menor de edad -entre los 12 y 17 años-, a manos del Sr. G.J.A. -pareja de la Sra. L.C.I.-.-
De igual manera, al ser consultada si es su deseo instar la acción penal por el presunto delito, la Sra. L contestó: "...Si, es mi deseo instar penalmente por los hechos de abuso hacia mi hija..." - fs. 01 vta.-
Por su parte, la víctima relató por ante el Juzgado de Instrucción que: "...J.A.G. abusó de mi, pero solo fueron tocamientos en las ... y las partes íntimas, en la parte de abajo, mi vagina, siempre me amenazaba que si yo decía algo él le iba a hacer daño a mi madre C.I.L. y a mis hermanos I. y M., ambos de apellido P.de C..Quiero decir que los tocamientos eran con su mano, por debajo de mi ropa. Esto pasó por primera vez cuando yo tenía 12 años de edad, y luego cuando cumplí los 17 años, pero no puedo precisar fecha ni en cuantas ocasiones sucedió, ya que no me acuerdo, hoy que soy mayor de edad se que lo que me hizo estuvo mal, y se aprovechó de mis problemas de discapacidad. Esto yo se lo conté a mi madre cuando era chica, pero no me creyó, no recuerdo si se habrá realizado la correspondiente denuncia. A raíz de los hechos que estoy mencionando es mi deseo instar la acción penal, y asimismo, tengo miedo de que G. me llegue a hacer algo, ya que me llama por teléfono y me dice que si yo decía algo me iba a agarrar del cuello o le iba a contar a mi pareja J.C.B.. Se que G. no está viviendo aca, está viviendo en Salta..."; "...fue en la casa de G., en el domicilio de de calle xxx, que es donde está viviendo actualmente mi madre. Atento el tiempo que pasó, no puedo precisar bien donde pasaron los hechos..."; "...era mala, no tenía buena relación con este señor, siempre me decía cosas fuera de lugar, me decía que estaba buena, y me tocaba las piernas por debajo de la mesa cuando comíamos..."; PREGUNTADA para que diga que personas tienen conocimiento del hecho que relatara. CONTESTA: ...mi pareja J.C.B. y mi mamá C.L., pero nunca me creyó..." -fs. 80/81-.-
Amén de ello, se suman al plexo probatorio, la declaración de su pareja el Sr. J.C.B. -fs. 95/96-, el certificado de discapacidad de la Srta. R.L.I. -fs. 04-, el informe psicológico realizado por la Lic. C.V. perteneciente al Poder Judicial de la Pcia. de Santa Cruz -fs. 71/73 y vta.-, quién determinó en dicha pericia: "...Partiendo de la premisa de que la evaluada posee los diagnósticos antes mencionados es altamente probable que resulte con un grave daño en su salud física y mental como resultado de una experiencia abusiva. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad psicológica y sus limitaciones cognitivas, los sujetos con estos cuadros tienen menos herramientas para procesar, entender y enfrentar situaciones traumáticas como el abuso... " -fs. 73 vta.-; entre otras probanzas.-
Es decir, lo informado en la pericia se presenta claro y congruente con el resto de la prueba reunida; debiéndose tener en cuenta que, jurisprudencialmente, no se requieren más elementos para disponer el procesamiento del causante.-
Otro dato no menor, es que la víctima fue persistente en su relato, en cada instancia en que declaró, ya sea al momento de presentarse a realizar la denuncia acompañada de su progenitora, en la ratificación y en la pericia psicológica; a quienes hubo de señalar la identidad de la persona que le habría efectuado presuntamente los tocamientos en la zona genital en reiteradas oportunidades, como asimismo el lugar en que éstos habrían acontecido.-
Al respecto, esta instancia revisora tiene dicho: “El procesamiento se observa como producto de la valoración razonada de los elementos de cargo obrantes en el legajo, encontrándose acreditada en grado de probabilidad afirmativa que la denunciante habría sido abusada sexualmente en diversas oportunidades mediante tocamientos inverecundos en sus partes íntimas y acceso carnal. La jueza sopesó los testimonios claros, precisos y concordantes de la pretensa víctima, destacando la ausencia de contradicciones y la persistencia del relato frente a distintos interlocutores, todos los cuales resultan ser indicios de sinceridad que robustecen el poder conviccional del relato ofrecido por ésta” (Juzgado de Recursos de Río Gallegos; 25/04/2024; O.J.A. s/ infracción al título III del libro II del C.P.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/62203/2024).-
Cabe destacar que el propio instructor, al efectuar la valoración de la prueba reunida, llega a establecer la probabilidad de la existencia del ilícito y su autoría -fs. 188 vta.-, pero aun así, decide lo contrario.-
En efecto, contrario a lo resuelto en el punto 2-) de la resolución apelada, entendemos que, conforme señala el Sr. Agente Fiscal en la contestación a la vista conferida por la instrucción -fs. 174/175 y vta.- y luego refuerza la Fiscalía de Cámara -fs. 213 y vta.-, en autos se debe declarar la inconstitucionalidad del art. 63 del CP.- Recordemos que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió con relación a esta materia estableciendo que: "…La sentencia que declaró la inaplicabilidad de las normas sobre prescripción respecto del delito de abuso sexual de menores [...] debe ser dejad[a] sin efecto, pues se apartó de la solución legal prevista para el caso por los artículos 59, 62 inc. 2 [...] y 63 del Código Penal mediante la creación judicial de una nueva categoría de delitos imprescriptibles no sustentada en razón válida alguna, lo que no respeta la garantía a obtener una decisión fundada en ley y [si] bien no hay un derecho constitucional a la prescripción, al decidir de ese modo la decisión violentó la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional al imponer una sanción penal con base en una interpretación pretoriana in malam partem (perjudicial para la parte) totalmente desapegada del texto de la ley, que de ninguna manera puede ser considerada la ley anterior al hecho del proceso…" (causa "I.,J.J. s/ promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación s/ impugnación extraordinaria", CSJ 1245/2020/CS1, sent. del 01/07/2025).-
Entre otras consideraciones, la Corte Federal también determinó que: "…El derecho a la tutela judicial efectiva se encauza en el marco de las garantías individuales contenidas en la Constitución Nacional que, además, resultan constitutivas de aquel derecho; así los instrumentos internacionales que prevén el derecho a la tutela judicial efectiva deben guardar conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Ley Suprema (artículo 27, Constitución Nacional), no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos (artículo 75, inc. 22, Constitución Nacional) y uno de esos principios es el debido proceso legal previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional y en especial la previsión referida a que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…"; de modo que "…Toda flexibilización del principio de legalidad en materia penal es abiertamente contradictoria con los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en tanto no fue -ni podía ser (arts. 6 y 7, ley 24.309)- alterado por la aprobación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional…"; siendo "…El principio de legalidad en materia penal, una de las garantías más preciosas de la Constitución Nacional, comprende las normas sobre la determinación legal del régimen de la prescripción de la acción penal e incluye el principio de reserva de ley, que exige que tales normas deban estar precisadas en una ley previa y formal…".- Añadió, por su parte, que "…El deber de otorgar una consideración primordial al interés superior del niño previsto en el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño no puede ser interpretado en el sentido de soslayar las exigencias del debido proceso, así una interpretación literal de la norma en los términos del artículo 31 inc. 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados lleva a concluir en que el interés superior del niño es una consideración primordial que debe tenerse en cuenta al decidir sobre los derechos de un niño, lo que no excluye la posibilidad de tener en cuenta otras consideraciones igualmente primordiales, tales como el respeto de las instituciones jurídicas de orden público como la de la prescripción de la acción penal y las garantías del debido proceso…".- Postuló, asimismo, que "…El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño consiste en priorizar el interés superior en el marco de interpretaciones y aplicaciones jurídicas posibles, sin que pueda ser considerado como una autorización para prescindir del ordenamiento jurídico vigente…", particularmente “…La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la de los Derechos del Niño no otorgan a las víctimas de delitos comunes el derecho a que los crímenes cometidos en su perjuicio estén exceptuados de los plazos legales de prescripción, ni siquiera en el caso de crímenes aberrantes [...]; así la víctima de un delito no tiene un derecho irrestricto a la condena del acusado, sino al dictado de una decisión judicial fundada por parte de un tribunal que, luego de haberle asegurado el derecho a ser oído, explique las razones por las que resuelve admitir o, en su caso, rechazar la aplicación de una pena…".- Finalmente, con relación a la incidencia en casos análogos, la Corte puntualmente dijo que "…Dada la pluralidad de impugnaciones en idéntico sentido que han sido interpuestas ante la Corte Suprema en las que se cuestiona la declaración de extinción de la acción penal por prescripción a partir de la aplicación literal de lo normado en el Título X del Libro Primero del Código Penal conforme la redacción vigente al momento de los hechos, la cuestión en debate excede el interés individual de las partes y se proyecta a numerosas causas en las que también se encuentra en discusión la vigencia de la acción penal en relación con la presunta comisión de abusos sexuales contra menores de edad en el período previo a la entrada en vigencia de las leyes 26.705 y 27.206…".-
Reconociendo que: "…la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal…" (SCBA, causa A 75.803, sent. del 16/10/2024), está claro que esa novel doctrina destrona las razones fundantes del criterio que, en nuestro caso, enarbolara hasta el presente esta dependencia judicial en forma invariable frente a casos análogos, estableciendo una interpretación que declaraba la inaplicabilidad de las normas sobre prescripción en esos supuestos específicos.-
Ahora bien, en el mencionado precedente "I.", la CSJN analizó la materia partiendo de la premisa de que en ese caso la sentencia recurrida: "…sostiene la inaplicabilidad de las normas legales sobre prescripción sin declarar, sin embargo, su inconstitucionalidad…" (cons. "8°", 2° párr.).-
De tal forma, se advierte que el análisis de la Corte (que, como surge de la reseña de más arriba, abordó, entre otros, conceptos relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos, el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad en materia penal -que comprende las normas sobre la determinación legal del régimen de la prescripción de la acción e incluye el principio de reserva de ley-, el interés superior del niño, el principio pro homine, el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa) calibra y define la cuestión a la luz del marco normativo atinente a la materia (en sus palabras: "…la solución legal prevista para el caso por los artículos 59, 62 inciso 2° [...] y 63 del Código Penal…", cons. "13"), siendo que, como el propio Superior Tribunal de la Nación lo dijo, no se había invalidado vía inconstitucionalidad ese plexo normativo específico -ni parte del mismo-.
Que, en esa línea, lo que descalifica la Corte es "…una interpretación pretoriana in malam partem (perjudicial para la parte) totalmente desapegada del texto de la ley…" (cons. "13", énfasis agregado).-
Así las cosas, no puede considerarse que la doctrina fijada por el Alto Tribunal en el caso "I." se replique directamente para el supuesto en que se declare la repulsa constitucional de -sólo una- parte del ordenamiento penal en la materia prescriptiva (en ref. al art. 63, CP), lo que, adelantamos corresponde realizar oficiosamente en el presente.-
Como punto de partida, vale recordar que los magistrados tienen la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio cuando la incompatibilidad entre el precepto aplicable sea manifiestamente contrario a la Constitución o a las Convenciones Internacionales, puesto que en esta tarea no sólo se debe realizar un control de constitucionalidad sino también de convencionalidad.- De igual modo, se ha dicho que: "…El 'control de convencionalidad' importa una búsqueda de compatibilidad entre las normas locales y las supranacionales, y cuando hablamos de esas últimas no nos referimos sólo al Pacto de San José de Costa Rica, sino a otros tratados internacionales ratificados por la Argentina (que integran el corpus iuris convencional de los derechos humanos), al ius cogens y a la jurisprudencia de los tribunales supranacionales”.- Sin mengua del principio de legalidad en cuanto a la plena vigencia del art. 62 del CP (plazos de prescripción de la acción penal) y la irretroactividad de las leyes 26.705 (B.O. del 07/09/2011) y 27.206 (B.O. del 10/11/2015) -art. 2, CP- (cf. Wendell José G. Luzardo, "La prescripción de la acción penal en casos de abuso sexual infantil y los compromisos asumidos por el estado argentino",en https://www.hammurabi.com.ar/luzardo-la-prescripcion), en el presente caso queda al descubierto la invalidez constitucional del art. 63 del Cód. Penal en el período comprendido entre la reforma constitucional de 1994 y el dictado de las dos normas mencionadas (período con incidencia en el presente), correspondiendo, en consecuencia, considerar que el comienzo del plazo de prescripción debe computarse desde el momento en que se ha realizado la denuncia, (o desde los actos interruptivos), siendo que al desconsiderarse el plazo desde la comisión del delito (fruto de la tacha de inconstitucionalidad referida y que más abajo se desarrollará), aquél acto de impulso del ofendido es el que por antonomasia da vida a la acción penal.-
En el caso aquí traído a estudio, la naturaleza del hecho, se debe auscultar desde la perspectiva de la minoría de edad de la víctima al tiempo de los hechos, a la luz de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por nuestro país mediante la ley 23.849, sancionada el 27/9/1990 y promulgada de hecho el 16/10/1990 -B.O., 22/10/1990-).
La Convención sobre los Derechos del Niño sostiene y asegura el interés superior del niño, obligándose los estados partes, en lo que cuenta, a garantizar que todo niño sea oído otorgándole la oportunidad de que sea escuchado en todo procedimiento judicial (art. 12). Y a que ningún niño sea "objeto de injerencia arbitrarias o ilegales en su vida privada [...], ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques" (art. 16). Así es que: "1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial" (art. 19).-
Si entre las pautas convencionales se establece la necesidad de investigar, judicializar y, en su caso, sancionar las formas de violencia contra el niño y la niña (incluidas, claro está, afrentas sexuales como las de la especie) y la adopción de disposiciones normativas de derecho interno asequibles a esos fines, resulta un contrasentido (y, en definitiva, una transgresión convencional) admitir el comienzo del plazo prescriptivo durante la minoría de edad o inclusive en período de mayoría de edad pero cuando el otrora menor ofendido no hubiera podido aun exteriorizar su voluntad ante las autoridades, supuestos abiertamente contrarios a la finalidad persecutoria en este campo reconocida por aquél instrumento internacional y a las pautas de interpretación del artículo 31, inciso primero, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ('Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin').-
De este modo, la norma cuya convencionalidad se cuestiona le veda al entonces niño/niña titular del bien jurídico protegido por la norma penal la tutela judicial efectiva contemplada en otros compromisos internacionales asumidos por la Nación (por otros, art. 8.1, CADH) reforzada en el caso por las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad"; dejando en letra muerta el deber de investigar que "constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole"; conduciendo a la impunidad de graves vulneraciones a derechos fundamentales y desconociendo "las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido" [siendo que] la obligación de investigar constituye un medio para alcanzar esos fines, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Bueno Alves vs. Argentina", sent. del 05/07/2011, párrafo 90). Vale recordar, además, la imposibilidad de invocar las disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (art. 27, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por ley 19.865, 03/10/1972).-
Con lo dicho, queda a nuestro juicio en evidencia durante el período temporal con incidencia en el caso, la colisión entre la norma del código sustantivo que establece el comienzo del curso de la prescripción y el marco regulatorio y de protección específica derivado de los tratados internacionales con jerarquía constitucional mencionados precedentemente.-
Se ha sostenido que: "Cuando la fuente interna y la fuente internacional no pueden complementarse armónicamente, entonces, existe una colisión entre los derechos fundamentales previstos por la Constitución argentina y los derechos humanos previstos por los IIDH con jerarquía constitucional originaria y derivada. Y en dicho supuesto el principio pro persona oficia como un importante referente a la hora de resolver, mediante la argumentación, la proporcional prevalencia de un derecho sobre otro" (Gil Domínguez, Andrés, "La imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en el Estado constitucional y convencional de derecho argentino", https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/6103/Laimprescriptibilidadde-los-delitos-contra-la-integridad-sexual-de-niños,- niñas-y-adolescentes-enel-Estadoconstitucional-y-convencional-dederecho-argentino).-
Partiendo de esa premisa, a través del examen de convencionalidad de la norma indicada que, como se dijo, importa una disposición ordenatoria o de tipo instrumental respecto de los plazos de prescripción previstos en el art. 62, CP -norma que se mantiene enhiesta- adquieren prevalencia exclusivamente en el caso concreto los derechos humanos reconocidos por los mencionados instrumentos internacionales que plasman el derecho de la víctima -en su carácter de niño en una situación de vulnerabilidad- a una reparación integral en términos penales, sumando como elemento de interpretación el interés superior del niño garantizado por el art. 3 de la ley 26.061 (ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes) - cf. Gil Domínguez, op. cit.-
Vale traer a colación que el Procurador General ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió dictamen -entre otros de igual tenor- en la causa P. 140.479-1 "D'G., M.L.E. Fiscal adjunta interinamente a cargo de la Fiscalía de Casación- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 125.785 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a C., C. A.", con fecha 27/09/2024, considerando, en lo que cabe resaltar, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará, imponen al Estado argentino la obligación de otorgar una protección reforzada a mujeres y niños.-
Destacó que este marco normativo internacional, con rango constitucional, exige una interpretación adecuada de las leyes internas en consonancia con los compromisos asumidos.
Argumentó que el artículo 63 del Código Penal, al aplicarse en ese caso, vulneraba las garantías constitucionales y convencionales de acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a ser escuchadas. Por ello, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de dicho artículo para el período entre la reforma de 1994 y la sanción de la ley 26.705 en 2011, considerando que el cómputo de la prescripción debía comenzar cuando la víctima, o un representante legítimo, presentara una denuncia, y no desde la comisión del delito. Señaló que, aunque no se desconocían los principios de prescripción y legalidad, no se buscaba la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y 27.206, ni la imprescriptibilidad general de los delitos de abuso sexual cometidos antes de su sanción. Además, reiteró que el Estado argentino se había comprometido a garantizar los derechos de las víctimas menores de edad, según los tratados internacionales (Cuaderno temático de Dictámenes y Recursos de la PG de la SCBA, "Régimen Penal Juvenil y delitos contra la integridad sexual", 2024, págs.181/187).-
De todo lo expuesto surge que el art. 63 del Cód. Penal en el período comprendido entre la reforma constitucional de 1994 y el dictado de las leyes 26.705 (B.O. del 07/09/2011) y 27.206 (B.O. del 10/11/2015) -lapso con incidencia en el presente- no supera el test de convencionalidad, con lo cual corresponde dictar como última ratio su inconstitucionalidad en el caso concreto (cf. art. 75 inc. 22 en relación a los arts. 3, 12 y 19, CDN, 8.1 y 25, CADH, 1 y 7, Convención de "Belém do Pará"), correspondiendo, en consecuencia, contar el plazo de prescripción de la acción desde el momento en que se llamó al imputado a declaración indagatoria el día 24/09/2025 -fs. 163-.- Esta sede judicial ya había dicho en forma constante e invariable que si bien no quedaban dudas que, conforme la Ley Nacional que regía al momento en que habrían tenido lugar los hechos aquí investigados, los delitos no serían susceptibles de posible prosecución penal atento el tiempo que transcurrió desde que acontecieran hasta que se plasmó la pertinente denuncia que dio origen a la causa principal, mucho menos que ningún/a Juez/a del país podía arribar a esa conclusión sin evidenciar una sesgada interpretación y aplicación del contenido de los Tratados Internacionales que la Argentina en materia de Derechos Humanos suscribió, los que gozan de Jerarquía constitucional desde el año 1994, al ser incorporados en el art. 75 inc. 22 de nuestra carta magna.-
Estos son de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino, y compete a la exigencia de los Jueces –por imperio de los arts. 1 y 131 de nuestra Constitución Provincial- el debido control de convencionalidad.-
Es que justamente, con la incorporación de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, dándoles la misma jerarquía que a la Constitución, ello trajo aparejado que hoy en día se haga referencia al llamado “bloque constitucional” y se considere que el control constitucional no sea suficiente, debiendo efectuarse el citado control de convencionalidad.-
Al integrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos nuestro bloque constitucional desde el año 1994, es por ese motivo que, cuando cualquier tribunal ejerza el control de constitucionalidad, evidentemente en el caso concreto deberá hacerlo teniendo en cuenta el texto de la mencionada Convención.-
Admitir lo contrario hubiese significado, por ejemplo, privar de efectos a la Convención de los Derechos del Niño antes de que se sancionara la Ley Nº 26.061.-
En una misma línea de pensamiento debo decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano de aplicación de la Convención con jurisdicción supranacional ha señalado en reiteradas oportunidades que: “…los tribunales locales no deben limitarse a analizar si una ley es o no inconstitucional, sino que el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas […] y la Convención Americana…” y en tal sentido se expresan los fallos (Corte IDH Caso “Almonacid Arellano y otro Vs. Chile”, sentencia del 26 de Septiembre de 2006; Corte IDH Caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú”, sentencia del 24 de Noviembre de 2006; Corte IDH Caso “Boyce y otros vs. Barbados”, sentencia del 20 de Noviembre de 2007).- Es por ello que el control de convencionalidad es un dispositivo que, en principio y siempre que sea adecuadamente empleado, puede contribuir a la aplicación armónica, ordenada y coherente del derecho vigente en el Estado, abarcando a sus fuentes internas e internacionales.-
Queda claro que los Estados al adoptar la CADH asumen la obligación de cumplir con la misma y, al mismo tiempo, en virtud de que en nuestro país se encuentra vigente la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (aprobada por Ley Nº 19.865, del 03 de octubre de 1972), éste no puede argüir disposiciones de derecho interno para no cumplir con un tratado internacional. En otras palabras, el control de convencionalidad se debe realizar teniendo en cuenta las cláusulas de la CADH, más las interpretaciones que de ello ha hecho la Corte IDH en sus sentencias y opiniones consultivas.-
Es que, en casos como el presente, la prescripción se erigiría como un obstáculo de acceso a la justicia de las víctimas vulnerables, y se transformaría en una herramienta al servicio de la impunidad de imputados para evitar ser sometidos al accionar de la justicia.-
Del estudio del legajo, se desprende que el delito enunciado, de índole sexual, es adjudicado a una persona en perjuicio de otra, por entonces niña y discapacitada; conforme surge del certificado glosado a fs. 04.-
Sabemos que los niños víctimas, por lo general, tienen dificultades para denunciar por su particular situación de vulnerabilidad e indefensión, a las que se adicionan a veces determinadas circunstancias como la falta de apoyo y el contexto social que operan negativamente, careciendo de reales posibilidades para denunciar siendo menor. Que a veces alcanzada la mayoría de edad tampoco les es fácil denunciar, ya sea por la índole de los hechos, por el proceso interno-psicológico que atravesó, por la presión de diferentes ámbitos y por la concepción sociológica de la época, en la cual estos hechos resultaban tabúes sociales.-
Hay un elemento más a tener en cuenta cuando hablamos de prescripción en el abuso sexual infantil, que influye en la imposibilidad de denunciar, aún con posterioridad a adquirir la víctima la mayoría de edad: la perpetuación en el tiempo de los efectos del delito.- No puede escapar a este análisis que, conforme la psicología, hay diferentes mecanismos psicológicos defensivos que la víctima posee para sobrevivir frente a estos hechos traumáticos donde los menores se enfrentan a un dilema cuando intentan comunicar lo vivido lo que explica las dificultades para contar de modo coherente e inmediato, esto se ha denominado el síndrome de acomodación del niño al abuso sexual.-
En este sentido, se avizora que durante la infancia, si un niño es abusado sexualmente, su voz en muchas ocasiones propiamente por las características del hecho es neutralizada, pero también puede ocurrir que el menor pueda hablar pero no será él quien pueda dar inicio a la investigación de modo directo sino que serán los adultos responsables, sobre quienes también pueden pesar intereses en conflicto, evidenciándose otro obstáculo para acceder a su tutela efectiva.-
Con lo cual, hay que tener en cuenta que si una persona mayor de edad se expone ante el Poder Judicial para denunciar un hecho de abuso sexual sufrido en su infancia, es porque no tuvo la oportunidad de hacerlo antes, y así se impone evitar que se produzca una victimización secundaria, es decir llevar adelante el proceso sin tener en consideración la perspectiva de la víctima (Manual de Justicia para las Víctimas, ONU, 1996; Declaración de Principios de Justicia Básicos para las Víctimas de Delito y Abuso de Poder, ONU, 1985).-
Queda claro entonces que, un menor víctima de abuso sexual, es un sujeto especialmente vulnerable a quien el Estado le debe obligatoriamente deberes especiales de protección y promoción, con lo cual su voz de modo alguno puede ser neutralizada por un instituto de normativa interna cuando tal menor menoscabado en su dignidad acude ante la autoridad para recibir respuesta respecto de algo que le sucedió en la infancia y que no tuvo posibilidades de expresar.- En esta línea, se torna inexorable reiterar, declarar prescripta la acción penal atentaría contra el interés superior del niño que se erige como una pauta básica de interpretación en el sistema jurídico, motivo por el cual los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia siempre deben prevalecer, porque no se aplica retroactivamente una ley penal sino una correcta interpretación de la ley vigente al momento de los hechos conforme el debido control de convencionalidad.-
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, da respuesta a ello cuando describe los cuatro principios básicos de actuación antes mencionados, a saber, la no discriminación, el mejor interés del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y el respeto a la opinión del niño, y que cuando ellos no se apliquen se estarán violentando derechos humanos básicos, como ser el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.-
En esa línea de operar la prescripción desde el momento de la comisión del hecho y no desde la mayoría de edad de la víctima, derivando de ello que la acción quede neutralizada, la violencia recibida por el niño se va a transformar en “violencia institucional”, tal cual lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Caso 12. 051; “María de Penha Maia Fernandes”, del 16 de abril de 2001, informe 54/01 citado por el TPM Mendoza sentencia del 10/03/17 APE 10/16).-
No debe soslayarse en este mismo razonamiento el derecho que tiene la víctima a ser “oída”, “tener una respuesta del órgano jurisdiccional, a peticionar ante las autoridades y saber la verdad”, como derechos inherentes a la persona de ser tratado en condiciones de igualdad o equidad.-
En conclusión, desde este punto de vista, se ve nítidamente que asegurar el derecho a una tutela judicial efectiva a quien era menor al momento de los hechos para que pueda impulsar la acción penal una vez que alcanzó la madurez necesaria para poder llevarla a cabo, equilibra una situación de evidente desventaja en la que se habría encontrado frente a su agresor. Gran parte de los delitos contra la integridad sexual de menores quedan, con frecuencia, impunes en función de que el niño depende de la representación de algún adulto integrante del grupo familiar que, en muchos casos, puede identificarse como el propio agresor o alguien ligado a él.- Se advierte que en rigor las víctimas menores al momento de los hechos no tienen en su órbita de acción el control del elemento tiempo, con lo cual no puede endilgársele su paso como podría hacerse frente a un caso donde la víctima es un adulto.- Como se ha visto son hechos que quedan encapsulados en el contexto donde ocurren, en muchas oportunidades sólo son accesibles para las víctimas y los victimarios, y para cuando sobrepasa esa instancia, deben sobreponerse al filtro de los adultos responsables antes de ser conocidos por la autoridad. Este proceso puede llevar mucho tiempo, y no puede de modo alguno adjudicársele, a quien nunca pudo hacerlo ni desde lo fáctico y desde lo jurídico, una ausencia de manifestación de voluntad de ventilarlo ante el Estado para su investigación y en ese sentido luego fundamentar la prescripción por la carencia de un propósito persecutorio estatal.-
Permitir el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva en estos casos no implica desconocer que el paso del tiempo puede acarrear dificultades al momento de arribar a la certeza necesaria para poder fundar un reproche penal, pero esta cuestión debe analizarse justamente en esa etapa, al momento de evaluar los elementos de cargo, no para definir si puede o no haber una investigación (Rossi María Mercedes; Prescripción y delitos sexuales sobre menores de edad; Derecho Penal Online; publicación del 07 de junio de 2020).-
Entendemos que la resolución atacada no hace una interpretación a la luz de todo el plexo normativo, entre los cuales, y con preeminencia, se encuentran los Tratados Internacionales de DDHH suscriptos por la Nación Argentina y que ostentan rango constitucional. Esto es, la labor desplegada se enrola en la acción positiva que los jueces tenemos la obligación de desarrollar, brindando la tutela judicial efectiva prevista en los arts. 8.1 y 25 de la CADH, léase acceso a la justicia para su investigación y juzgamiento a pesar del tiempo transcurrido desde el hecho hasta la denuncia, adecuándose de esta manera las previsiones de la ley penal con el orden público convencional, orientado a proteger el Interés Superior del Niño.- No corresponde el abordaje de las leyes internas aisladamente en términos de su aplicación o no retroactiva (vgr. Ley 27.206), sino que la solución emerge al conjugarla con los principios jurídicos fundamentales ínsitos en los Tratados de DDHH de rango constitucional vigentes en nuestro orden interno en épocas de ocurridos los abusos sexuales denunciados. Caso contrario, la tan aludida tutela judicial efectiva consistiría en una mera quimera.-
No puede convertirse en letra muerta por aplicación del art. 62 del C.P. las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño (arts. 2, 3,12,19,38 y ccss.) de la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8 y 25), entre otros tantos ya nombrados, dejando sin sustrato el mandato constitucional de “afianzar justicia”.- Como ex Juez de Menores de esta localidad por un espacio de casi una década, y habiendo trabajado en la especialidad por más de 15 (quince) años, no concibo ni puedo tener otro enfoque respecto a la plena exigencia de que se cumplimenten y hagan efectivos los derechos de los niños/as víctimas de abuso sexual a que se investiguen los delitos en los que resultarían pretensas víctimas, ello por su especial condición de vulnerabilidad, por su interés superior, por los dispositivos de orden constitucional, internacional y local que los amparan, y por las extensas consideraciones reseñadas precedentemente.-
En suma, tras el análisis efectuado, se advierte que el auto atacado resulta arbitrario y carece de sustento legal, pues si bien tuvo en cuenta la ley sustantiva, no consideró las convenciones anteriores agregadas al texto constitucional.-
Es por ello que, a modo de colofón, debemos declarar la inconstitucionalidad en el caso concreto del art. 63 del Cód. Penal en el período comprendido entre la reforma constitucional de 1994 y el dictado de las leyes 26.705 (B.O. del 07/09/2011) y 27.206 (B.O. del 10/11/2015) -lapso con incidencia en el presente- por no supera el test de convencionalidad (cf. art. 75 inc. 22 en relación a los arts. 3, 12 y 19, CDN, 8.1 y 25, CADH), correspondiendo, en consecuencia, contar el plazo de prescripción de la acción (luego de formulada la denuncia penal), desde el primer acto interruptivo, es decir, el primer llamado a prestar declaración indagatoria al imputado - 24/09/2025; fs. 163-, resultando como derivación de aquello la pervivencia de la acción penal y la improcedencia del sobreseimiento dictado, debiéndose continuar la instrucción de la presente causa.- Que, con idénticos argumentos, se resolvió recientemente desde esta alzada en el mismo sentido (al respecto véase: Juez de Recursos de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz; 15/10/2025; C. J. y Otro s/ Infracción al título III del libro II del C. P. A.; La Ley Online; TR LALEY AR/JUR/169192/2025 – texto completo).-
No escapa al conocimiento de esta sede Juez de Recursos que una declaración de inconstitucionalidad representa un acto de gravedad institucional, pero a la luz de las constancias de hecho y derecho reseñadas, y en congruencia con línea jurisprudencial posterior al fallo “I.” de la CSJN, se enarbola como la decisión inexorable en respeto irrestricto a los derechos humanos garantizados en los tratados internacionales incorporados a nuestra carta magna a partir del año 1994, es decir, con anterioridad a los hechos investigados en este legajo.-
En función de ello, ofíciese al Fiscal y Defensora ante el Excmo. T.S.J., acompañando copia de lo resuelto, a los fines que estimen corresponder.-
II. Ahora bien, toda vez que el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Puerto San Julián, Dr. L.P.P., ha formado una convicción que a la postre derivó en la decisión de declarar la extinción de la acción penal y sobreseer al imputado, a los efectos de mantener incólume la imparcialidad y garantía del debido proceso, se torna inexorable disponer su apartamiento de la causa, debiendo intervenir el/la subrogante legal que corresponda. A tal efecto, deberá comunicarse lo resuelto, con los recaudos de estilo, a la Secretaría de Superintendencia del Excmo. T.S.J, acompañando copia de la presente resolución.-
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD en el caso concreto del art. 63 del Código Penal (cf. art. 75 inc. 22 en relación a los arts. 3, 12 y 19; CDN, 8.1 y 25, CADH; 1 y 7, Convención de "Belém do Pará"), resultando como derivación de aquello la pervivencia de la acción penal en la presente.-
2. REVOCAR íntegramente el auto glosado a fs. 183/194, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. APARTAR al Señor Juez titular de su intervención en estos autos, debiendo intervenir el/la subrogante legal que corresponda, conforme se indicó en el punto II) de los considerandos.-
4. OFICIESE a la Fiscalía y Defensoría, todas ante el Excmo. T.S.J., remitiendo copia de la resolución recaída en autos, en función de lo expuesto en el punto I) de los considerandos, a los fines que estimen corresponder.-
6. OFICIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. T.S.J., remitiendo copia de la resolución recaída en autos, en función de lo expuesto en el punto II) de los considerandos.-
7. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia