Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 122586
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.586, "Jurao, Jorge Ulises contra Domínguez Hnos. S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata rechazó parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 991/1.002).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.008/1.020 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo acogió parcialmente la demanda de Jorge Ulises Jurao y condenó a Domínguez Hnos. S.R.L. al pago del resarcimiento contemplado en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según art. 45 de la ley 25.345-. Rechazó -en cambio- el reclamo de cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, agravamientos previstos en la ley 25.323, y diferencias salariales derivadas del encuadramiento convencional pretendido por parte actora (v. fs. 991/1.002).
Declaró no controvertido el contrato de trabajo entre las partes, su fecha de inicio (1 de septiembre de 2006), así como las tareas de conductor de camión de transporte de cargas desempeñadas por el actor (v. fs. 991).
Con la prueba pericial contable (v. fs. 967/977) estimó probado que Jurao se encontraba registrado en la categoría auxiliar especializado "b" del convenio colectivo de trabajo 130/75 -chofer-, y que su mejor remuneración ascendió a la suma de $6.070,66 mensuales (v. fs. 991 vta.).
Respecto al pago de salarios sin registración, juzgó que ninguna prueba se produjo tendiente a su acreditación (v. fs. 994).
Con las cartas de porte secuestradas a la accionada (v. mandamiento, fs. 194/731), tuvo por demostrado que el reclamante realizaba viajes para la demandada conduciendo camiones y transportando cereales desde San Miguel del Monte hacia diversos destinos (y viceversa; entre ellos: Zárate, Lima, Berra, San Justo, Cañuelas, etc. -Provincia de Buenos Aires-, Puerto General San Martín, Alvear -Santa Fe- y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; v. fs. 991 vta.).
Al precisar la actividad principal de la empleadora, puntualizó -a partir de la valoración de los escritos constitutivos del proceso y del contrato constitutivo de la sociedad demandada (obrante a fs. 813/818)- que consistía en el acopio, compra y venta de productos agropecuarios -propios o de terceros-, extremo que juzgó corroborado con las declaraciones testimoniales prestadas en la audiencia de vista de la causa por los señores Merlino y Racero, quienes identificaron a la reclamada como "la cerealera" (v. fs. 991 vta./992 vta.).
Situó la extinción del contrato de trabajo en el 22 de septiembre de 2015 (v. fs. 993 vta.) por despido indirecto del trabajador, quien invocó como causales la negativa a rectificar el registro de la relación laboral, blanqueo de sumas pagas en negro, horarios consignados, como así también a realizar el correcto encuadre convencional, negativa al pago de las diferencias salariales, horas extras laboradas y adicionales correspondientes al convenio colectivo de trabajo 40/89 (v. fs. 993 vta.).
No habiéndose acreditado que Jurao estuviera erróneamente encuadrado en el convenio colectivo indicado, ni que se abonaran sumas sin registración, rechazó la demanda en cuanto reclamaba las indemnizaciones derivadas del despido, agravamientos de la ley 25.323, horas extras, y diferencias salariales por el supuesto encuadre erróneo (v. sent., fs. 997 y vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 1, 2, 7 y 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 de la ley 11.544; 8, 9, 12, 15, 16 y 92 ter de la ley 20.744; de las leyes 14.250 y 23.551; de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 3 y 6, 330, 354 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 26, 29 y 47 de la ley 11.653.
II.1. Denuncia contradicción entre lo declarado en el veredicto, en el que -sostiene- quedó demostrado que el actor prestaba servicios de transporte para terceros, y la conclusión de la sentencia de que el trabajador se encontraba correctamente encuadrado en la categoría de auxiliar especializado "b" del convenio colectivo de trabajo 130/75 (v. fs. 1.012).
Adjudica a ese equivoco una relevancia esencial para resolver el conflicto, por resultar el transporte para terceros lo que ubica al trabajador en el marco del convenio colectivo de trabajo 40/89, sin que resulte relevante la actividad de la empresa (v. fs. 1.012 vta.).
Sostiene que el fallo nada dice respecto de los fletes que no tuvieron como origen o destino el establecimiento de la patronal situado en San Miguel del Monte, despreciando de este modo pruebas pertinentes como las cartas de porte y la pericial contable (v. fs. 1.013).
II.2. Destaca que la falta de congruencia y motivación que exhibe la sentencia se evidencia, también, en la extensión de la jornada de trabajo.
Afirma que es absurdo pensar que un trabajador que presta servicios por media jornada realice viajes de ochocientos kilómetros sin exceder el horario reducido (v. fs. 1.013 vta.).
Alega fundamentación aparente, al tomar en consideración la actividad de la empresa y su objeto social, cuando debió enfocarse en las tareas específicas prestadas por el actor, quien -reitera- realizaba labores de transportista para terceros de manera habitual (v. fs. 1.014).
Resalta la pluralidad de pretensiones esenciales e independientes entre sí que contiene la acción y que debieron ser atendidas en forma particular por el tribunal, lo cual no ocurrió, desde que sólo abordó la actividad de la empresa para descartar íntegramente el reclamo (v. fs. 1.014).
II.3. Puntualiza que la decisión omitió expedirse sobre las diferencias salariales derivadas de la prestación de servicios en "jornada completa", las que -alega- surgen acreditadas con la prueba documental aportada (cartas de porte) y la pericia contable (v. fs. 1.014 vta.).
Sostiene que de acuerdo a los términos en que quedó trabada la litis y las constancias de la causa, es de aplicación al caso el art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo, de modo que, habiendo superado el tiempo laborado por el trabajador la proporción prevista en el citado artículo, se lo debió remunerar a tiempo completo (v. fs. 1.015 vta. y 1.016).
II.4. Retomando el cuestionamiento al encuadramiento convencional, afirma que se analizó la cuestión de manera dogmática. Refiere que -en principio- el criterio para resolver dicha temática es la actividad de la empresa, en razón del sistema eminentemente vertical que caracteriza al modelo sindical argentino (v. fs. 1.017).
Impugna la cita que en el fallo se efectuó del art. 4 de la ley 14.250, por remitir -apunta- a la vigencia temporal de las convenciones colectivas, aspecto que -afirma- resulta ajeno a la litis. Entiende que el tribunal debió hacer referencia al art. 9 de dicho régimen legal (v. fs. 1.017 vta.).
Manifiesta que analizar la representación patronal y del gremio en la negociación colectiva -tal como lo hizo el juzgador- es una tarea que excede los extremos debatidos en autos (v. fs. cit.).
Agrega que para el caso de interpretarse que lo servicios prestados por Jurao fueron de naturaleza mixta -es decir que realizaba viajes para el principal y para terceros- debieron aplicarse los arts. 8 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, prevaleciendo la norma más favorable, esto es, la convención colectiva pretendida por el actor (v. fs. 1.018).
Aduce que la ignorancia por parte del juzgador de pruebas que entiende trascendentes -documental y pericial contable- violenta las reglas de la sana crítica y garantía de defensa en juicio del recurrente (v. fs. 1.018 vta./1.019 vta.).
II.5. A modo de síntesis, afirma que mediante una resolución dogmática el juzgador omitió analizar las constancias de la causa y el derecho aplicable, dictando una resolución nula por incongruente, y contradictoria por carecer de fundamentación suficiente (v. fs. 1.020).
III. El recurso no prospera.
Abordo, en primer lugar y en forma conjunta los cuestionamientos dirigidos a controvertir la decisión vinculada al encuadre convencional del dependiente, para luego ingresar en el examen de la alegación de omiso tratamiento de las diferencias derivadas de la extensión de la jornada laboral.
III.1.a. La calificación profesional de la actividad que desarrolla un trabajador y el encuadramiento convencional de una relación laboral, son cuestiones que requieren de debate y análisis de los escritos postulatorios y las pruebas arrimadas por las partes, resultando privativas de los jueces de mérito. Por ende, las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 107.778, "Achinelli", sent. de 11-VII-2012; L. 107.969, "Herrera", sent. de 13-VI-2012; L. 107.843, "Valenzuela", sent. de 25-IV-2012 y L. 117.955, "Domínguez", sent. de 10-VI-2015).
III.1.b.i. La parte actora en su escrito de demanda -luego de puntualizar, con cita del plenario "Risso", que el encuadramiento convencional se resuelve teniendo en cuenta la actividad principal de la empresa (v. fs. 157 vta.)- adujo haber trabajado para Domínguez Hnos. S.R.L. en tareas propias y especializadas de camionero (v. fs. 154 vta.). Denunció que no obstante ello, la accionada lo encuadró erróneamente en el art. 8 del convenio colectivo de trabajo 130/75 como personal auxiliar "b", choferes de corta distancia, cuando debió hacerlo en el convenio colectivo de trabajo 40/89, que expresamente contempla a los conductores de larga distancia (v. fs. 158 y vta.).
III.1.b.ii. En el conteste, la accionada negó que al actor se lo hubiera registrado en la norma convencional citada en la demanda, ya que de los recibos de haberes acompañados, surge nítido que se lo categorizó en el art. 9 del convenio colectivo de trabajo 130/75, como "auxiliar especializado b" que incluye a los choferes de larga distancia (v. fs. 805/806).
III.1.b.iii. Puesto a resolver el tribunal de grado el encuadramiento convencional aplicable al caso, sostuvo dirimente determinar la actividad de la empresa, como así también, establecer si las partes estuvieron representadas (de acuerdo a las pautas establecidas por las leyes 23.551, 14.250, 23.546 y sus normas reglamentarias) en la formación de la norma colectiva (v. fs. 996 vta.).
Sostuvo que -de un lado- la demandada postuló la aplicación del convenio colectivo de trabajo 130/75, y toda vez que su actividad -conforme lo acreditado en el veredicto (v. fs. 992 vta.)- es la comercialización de productos agropecuarios, concluyó que aquella se encontraba comprendida en dicho convenio (art. 2 inc. "c"), derivando de allí su representación indirecta. Por los mismos motivos estimó representado al trabajador (v. fs. 996 vta. y 997). Añadió que ese convenio contempla las tareas de chofer de larga distancia afectados al reparto, transporte y/o tareas propias del establecimiento (auxiliar especializado "b", conf. art. 9 inc. "b" del CCT referido); y que si bien el actor se desempeñó también como chofer de corta distancia (art. 8 del indicado CCT), correspondía se lo encuadre en la categoría mejor remunerada (v. fs. 997).
Contrariamente, sostuvo que la pretensión actoral de ubicarse dentro del convenio colectivo de trabajo 40/89 era improcedente, por basarse en la especialidad del trabajador y desechar el criterio receptado por el ordenamiento sindical, estructurado sobre el tipo de actividad económica desarrollada en el establecimiento en que el trabajador presta servicios (v. fs. cit.). Añadió que la norma colectiva se negoció con referencia a una tarea específica: el transporte de carga para terceros, con exclusión de los casos en que se realiza en interés y con vehículos propios del remitente o destinatario. De allí -concluyó- la imposibilidad de su aplicación al caso porque ni el chofer ni el empleador estuvieron representados ni directa ni indirectamente en el negocio colectivo (v. fs. cit.)
Bajo tales conclusiones, juzgó no demostrado que la empleadora hubiera encuadrado erróneamente al señor Jurao en el convenio 130/75.
III.1.b.iv. Frente a las definiciones plasmadas en la sentencia, la crítica elaborada en lo dirimente para resolver el encuadramiento convencional del transporte que dice que realizaba para terceros (v. fs. 1.012 y vta., 1.013 y 1.018), deviene inatendible, desde que sólo transluce un notorio e impropio cambio de enfoque respecto de la forma en que la cuestión fue introducida en la demanda.
En el escrito de inicio no efectuó ninguna manifestación relativa a la ejecución de fletes para terceros, ni mucho menos se vinculó esa circunstancia al encuadramiento por él pretendido. Tampoco se refirió que los viajes realizados por Jurao fueran de naturaleza mixta (para el principal y para terceros). De ahí que resulte aplicable la doctrina legal de esta Corte en orden a que no resulta idóneo para habilitar la instancia extraordinaria el argumento novedoso, que no fue sometido a conocimiento previo del tribunal de grado con el alcance y dimensión que se le confiere en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.999, "Fernández", sent. de 15-VII-2015 y L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020).
La insuficiencia se funda también en que el quejoso omite denunciar la configuración de absurdo. Desde que pone en tela de juicio cuestiones fácticas, sabido es que debió cumplir con dicho extremo insoslayable (causas L. 118.023, "Monte", sent. de 21-X-2015; L. 118.425, "Blanco", sent. de 13-VI-2018 y L. 118.992, "Machado", sent. de 4-VII-2018; v. fs. 992 vta.).
III.1.c. Contrariamente a lo alegado por el compareciente, el tribunal apreció -aunque en sentido adverso sus pretensiones- las constancias probatorias que el quejoso aduce ignoradas.
Precisó que, mediante las cartas de porte, se acreditó que el actor realizaba viajes para su empleadora conduciendo camiones y trasportando cereales a diversos destinos (y viceversa; v. fs. 991). También, como se reseñó, con sustento en el informe pericial contable, tuvo por probado que Jurao estaba registrado en la categoría de auxiliar especializado "b" convenio colectivo 130/75 -chofer-, y que su mejor salario había ascendido a $6.070,60 mensuales (v. fs. 991 vta.).
Surge evidente la falta de correspondencia entre el denunciado desapego a las constancias de la causa que el recurrente imputa al juzgador y las claras referencias que, respecto de las mismas, se efectuaron en la sentencia.
La crítica traída transita sobre meras apreciaciones personales del recurrente en torno al modo en que -considera- debió valorarse la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo puede tenerse por configurado ante una cabal demostración de su existencia, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige -como acontece en el caso- a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación del material probatorio (causas L. 106.668, "Hirschfeldt", sent. de 28-III-2012; L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014; L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015 y L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021).
III.1.d. Tampoco luce útil la crítica sobre la mención que el tribunal de mérito efectuó del art. 4 de la ley 14.250; aduciendo que debió remitir al art. 9 de ese cuerpo normativo. Ello así, toda vez que las citas y transcripciones legales que -en orden a este punto- ensaya el recurrente no se compadecen con el texto actualmente vigente; deviniendo -por lo tanto- estéril su abordaje por esta Corte (v. fs. 996 vta.).
III.1.e. Finalmente, se recuerda -para satisfacción del recurrente- que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 26.428- es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia; por lo tanto, no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si -como acontece en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 117.403, "Tibaudin Aguer", sent. de 9-IX-2015; L. 118.933, "Sáenz", sent. de 5-X-2016 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017).
III.1.f. Si mi opinión es compartida, la decisión relativa al correcto encuadramiento convencional del trabajador por parte de la empleadora debe permanecer firme, desde que el recurrente no logra desvirtuar tal definitoria conclusión.
III.2.a. El agravio sobre la omisión de tratamiento del reclamo por diferencias salariales derivadas de la pretensa jornada completa cumplida por el reclamante (v. rec., fs. 1.014 -última parte- y vta., 1.015 -último párrafo-, 1.016 y vta.) no puede ser atendido. Así lo afirmo, ya que si el recurrente entendía -tal como lo enfatiza en varios pasajes del recurso en análisis- que la cuestiones que invoca preteridas revestían carácter de esenciales, debió encauzar el agravio por vía del recurso extraordinario de nulidad, por cuanto el remedio procesal bajo examen no constituye la vía idónea para canalizar las denuncias vinculadas con la falta de tratamiento de cuestiones litigiosas (causas L. 87.548, "Alfonso", sent. de 11-V-2011; L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012; L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015 y L. 119.571, "Belmonte", sent. de 29-VIII-2018).
III.2.b. Lo dicho en el párrafo anterior me exime de abordar aquellas otras argumentaciones que -vinculadas con los tópicos que se denuncian preteridos- ensaya el compareciente, las cuales -para más- refieren cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya ponderación resulta, en principio, privativa de los jueces de grado y ajenas -por regla- a esta casación (causas L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015 y L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017).
III.3. Firmes las definiciones centrales del fallo, sobre cuya base el tribunal de grado dispuso desestimar las pretensiones objeto de agravio, propongo que la decisión impugnada subsista incólume.
IV. De conformidad con los fundamentos expuestos corresponde rechazar el recurso deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres, excepto en lo que hace el último párrafo del apartado III.1.b.iv., dado que a mi modo de ver los restantes argumentos expuestos por mi distinguido colega son suficientes como para desestimar el embate allí abordado.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En su escrito de demanda, para fundar su principal planteo, citando jurisprudencia proveniente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la parte actora sostuvo la tesis que indica que el órgano jurisdiccional debe resolver el encuadramiento convencional atendiendo a la "actividad principal de la empresa" (v. fs. 157 vta.).
En el pronunciamiento en crisis, con esa lógica, el tribunal de grado juzgó que la actividad principal de la empleadora era el acopio, compra y venta de productos agropecuarios propios o de terceros, desechó así la pretensión situada en la hipótesis de un erróneo e
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