Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXL – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8913 FOLIO Nº 067/070 PROT. ELECT. JR101591I.242
Río Gallegos, 29 de Agosto de 2024.
La presente causa caratulada "R.M.D. S/ LESIONES LEVES AGRAVADAS Y VIOLACION DE DOMICILIO" - Expte. Nº 74.431/22 - Apelación JR Nº 9064/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 107/111, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 2, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado M.D.R. en orden al delito de “lesiones leves doblemente agravadas y violación de domicilio todo en concurso real” (Arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11, 150 y 55 del CP), y en el pto. II) trabó embargo por la suma de $100.000.
Que a fs. 112/117 la defensa del procesado apeló aquella resolución, motivándola en esa misma ocasión; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 132 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la recurrente sustenta su recurso en que el resolutorio recaído no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando a todas luces arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio.
En el pto. I Vicios de la instrucción penal - Plantea nulidad procesal - Afectación al derecho de defensa, sostiene que el cuadro probatorio es inexistente; que el a quo se limitó a recibir el sumario prevencional, sin realizar ningún acto ni diligencia.
Señala que R. es un usuario habitual del servicio de justicia, teniendo varias internaciones y un proceso de Apoyos y Salvaguarda en trámite; inclusive del informe policial adjunto a fs. 104 surge la situación crítica en la que se encuentra actualmente el Sr. R.
Pone en conocimiento de la situación actual de R., expuesta por su madre, donde en el proceso de Determinación y apoyos y salvaguarda, desde el día viernes 22 de marzo del año en curso, se encuentra internado en el Centro de Salud Mental, debido a que se encontraría consumiendo estupefacientes. Posteriormente desde dicho organismo se lo condujo al Centro de Salud Mental donde le suministraron medicación inyectable y ordenaron su detención.
Resalta que en los presentes actuados no se han realizado los estudios médicos ni las pericias correspondientes a los efectos de poder determinar si el Sr. R. padece de alguna insuficiencia o alteración de sus facultades mentales que le impidieran comprender que los actos que supuestamente realizó son contrarios a derecho, y además para dirigir el comportamiento de acuerdo a esa comprensión.
Entiende que es muy probable que su asistido no se encontrara en condiciones de comprender la criminalidad del hecho que se le reprocha.
Seguidamente, en el apartado Valoración Parcializada y Arbitraria de la Prueba - Orfandad Probatoria, se agravia del análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos, que considera fueron realizados únicamente en contra y en perjuicio de su defendido, afectando el principio general de Indubio pro reo.
Critica que la única fuente de prueba que se verifica son los dichos de la Sra. B., quien resultaría ser la presunta víctima, razón por la cual su relato debe ser analizado con la mayor rigurosidad posible y su valoración de orden netamente restrictiva.
Esa defensa considera que de ninguna manera se puede agravar una supuesta conducta delictiva con sólo los dichos de la víctima sin ampararse en demás prueba objetiva, como se da en el caso de marras.
Finalmente sostiene que no surge que el a quo haya explicado los fundamentos de la medida cautelar ordenada.
Entrando en el análisis de los agravios expuestos, en lo referente al primer agravio, se debe aclarar que: “...nuestra legislación no contempla la llamada `imputabilidad disminuida´ sino que solamente es causa de exculpación la verdadera imposibilidad de comprender los actos al momento que se llevan a cabo o dirigir las acciones conforme a esa comprensión...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 3º, 28/12/1990 en “R.,L.”) y que “...el imputable disminuido o semi imputable es penalmente responsable mientras no se demuestre que haya atravesado por un verdadero estado de inconsciencia...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 2º, 30/4/1985 en autos “G.,R.H.”) Debemos resaltar que de las constancias de autos, en relación al primer hecho investigado, no se observa de forma notoria las circunstancias que refiere la defensa. Si bien, la damnificada e informes policiales hacen referencia a una problemática de consumo de alcohol por parte del incuso, las mismas no resultan suficientes a la hora de discernir sobre la capacidad de R. para dirigir sus actos.
Amén de ello, se cuenta en autos con el informe pericial labrado por profesionales del Cuerpo Pericial en Psicología dependiente del TSJ., el cual fuera valorado por la instrucción. En dicho informe, si bien hacen mención a que R. niega antecedentes de consumo abusivo de alcohol, detallan que en su discurso se cristaliza naturalización de consumo. No obstante ello, concluyen que "de la entrevista psicológica forense realizada así como de la lectura del expediente, se puede concluir que el nombrado se encontraba en condiciones de comprender y dirigir sus actos antes, durante y después de los hechos investigados.". Debemos resaltar que la inimputabilidad no se presume, guarda un carácter excepcional, debiendo probarse tal circunstancia. La presunción de inimputabilidad por antecedentes del incuso de consumo de alcohol no resulta suficiente a los fines de la aplicación de dicho eximente de responsabilidad, en este caso concreto en análisis, en función de las circunstancias comprobadas en la causa.
En cuanto a las particulares características que presentaría el incuso de autos, una cita jurisprudencial al respecto señala: "...En cuanto a la capacidad de culpabilidad de B., debe destacarse que al igual que las demás causales que trae el artículo 336 del ritual, el supuesto de inimputabilidad invocado también exige certeza, de modo que la duda aludida por la defensa oficial en la audiencia oral no puede conducir al sobreseimiento del causante. (...) Ello, sin perjuicio de que, en verdad, es el juez quien debe ponderar la prueba pericial con sostén en las reglas de la sana crítica y en el contexto de los demás elementos de convicción que se hayan reunido en el legajo (art. 263, inciso 4°, in fine, del Código Procesal Penal) (...) En esa senda, el propio B. refirió que la ingesta de alcohol había comenzado a los catorce años, con episodios frecuentes de embriaguez (fs. 73), extremo que analizado de consuno con las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, en cuanto a que se está en presencia de un consumo tóxico de larga data (fs. 75) permite inferir que el encausado es una persona habituada a las intoxicaciones y consiguientemente que ofrece una mayor capacidad de resistencia al alcohol. En consecuencia y sin perjuicio de la calificación que en definitiva pudiere corresponder, las consideraciones efectuadas autorizan a descartar, al menos en este estadio del proceso, el posible encuadre de la conducta de B. en alguno de los estados previstos en el artículo 34, inciso 1°, del Código Penal." (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, SALA VII. - B.,D.M. • 04/05/2012. Cita: TR LALEY AR/JUR/18930/2012). De esta manera, habiendo efectuado la instrucción pericia al imputado a fin de determinar si el mismo se encontraba al momento de los hechos en condiciones de dirigir y comprender sus acciones, y habiendo sido valorada por el instructor en su decisorio, el presente agravio luce como una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr controvertirlo.
Por otro lado, como en forma reiterada esta Alzada expone a los recurrentes, ello en función de sus planteos, se considera de suma importancia que la defensa técnica de los incusos mantengan en la investigación judicial un rol activo, a fin de ejercer plenamente su rol defensista.
Dicha situación, no se observa en las presentes actuaciones, en donde no se vislumbra que la recurrente haya peticionado las pericias que consideraba relevantes en la presente investigación.
Atento el planteo de nulidad procesal, en virtud del presente agravio analizado, esta Alzada -siguiendo los postulados de la CSJN- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y 8323/23, entre otras tantas) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable a los justiciables; es que entendemos, en los presentes no prodrá prosperar por cuanto la instrucción cuenta con el informe pericial psicológico que sustenta la presunción de capacidad del encartado al momento de los hechos. En lo referente al segundo agravio referido a la valoración de los dichos de la damnificada como única fuente probatoria, como lo viene sosteniendo esta Alzada, en armonía con la jurisprudencia imperante, ante las particularidades de los casos en los que se ejerce violencia de género contra la mujer en la modalidad de violencia doméstica, son hechos que ocurren en la intimidad del hogar, no permitiendo en la generalidad de los casos la obtención de prueba directa y objetiva, por lo que el relato efectuado por tales víctimas, cobra vital importancia. Como lo expresara la jurisprudencia, "Las particulares características de los hechos de “violencia doméstica y de género” hacen que cobre especial relevancia –como sucede con la violencia sexual– el relato de la víctima, el que adquiere un valor convictivo de preferente ponderación en la medida que resulte fiable y se encuentre corroborado por indicios siempre que estos tengan una confluencia de conjunto que conduzcan a dotar de razón suficiente la conclusión, sin espacio razonable para el principio in dubio pro reo de base constitucional...". (TSJ S. N° 84, 04/05/2012). Razón por la cual, conforme lo estipula la legislación en la materia, es de aplicación una amplitud probatoria.
A decir de la jurisprudencia, "Estos episodios describen situaciones propias de un contexto de violencia familiar y de género y éstas, por lo común, tienen lugar en un ámbito de intimidad, lejos de la mirada de terceros y en un contexto compartido en el que las propias partes en conflicto tienden a ocultar o disimular lo que ocurre, por las distintas implicancias y consideraciones sociales que suelen tener. Desde esta perspectiva la valoración del relato de quien aparece como víctima merece especial atención, en el marco de la “amplitud probatoria” (TR LALEY AR/JUR/35988/2020). De allí, que la instrucción ponderó válidamente todos los elementos aportados, la denuncia formulada por la damnificada en sede policial, el certificado médico expedido por galeno policial que certifica lesiones leves en la persona de B., el informe de valoración de riesgo labrado por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica del TSJ, el informe pericial de la pericia psicológica realizada al imputado, analizados todos a la luz de la sana crítica racional y con una perspectiva de género, lo que le permitió arribar al decisorio de autos.
En forma puntual a lo referido por la recurrente, y coincidiendo con la jurisprudencia, "...es cierto que el testimonio de la víctima es el principal elemento de cargo, pero no es menos cierto que no es el único, pues contamos con un informe médico donde de manera objetiva se describen las lesiones padecidas, y un informe de riesgo, realizado por la OVD, donde se detalla el contexto en el que se relacionaban víctima y victimario; de modo que aquí no es procedente la discusión que nos propone la defensa." (CNCasCrimyCorrec - 25/03/2021 TR LALEY AR/JUR11697/2021). Con relación al agravio referido a la motivación de la resolución, entendemos que "...Bastará entonces, la comprobación de un mínimo de coincidencias que, como razones de hecho y de derecho, funden suficiente y objetivamente las conclusiones a las que arriban los jueces respecto de los aportes testimoniales para que la exigencia constitucional se encuentre satisfecha (conf. arts. 18 Ver Texto CN., 171 Ver Texto de la Const. prov.
Buenos Aires y 106 Ver Texto del CPP. Buenos Aires), sin que resulte necesario a tal fin, que el acuerdo deba ser total y que incluya a todos los motivos en que se sostiene la decisión..." (TR LALEY 70013963). De esta manera, considera esta Alzada que la instrucción ha realizado una detenida y razonada ponderación de las constancias del expediente, habiendo demostrado que a través de los elementos probatorios de autos, considera posible arribar a la determinación adoptada.
Respecto a las pruebas tenidas en consideración y criticadas por la defensa, debemos recordar que en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.
Con relación al agravio referido al embargo, entendemos que la instrucción señaló los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando suficientes los mismos.
Cabe recordar a la defensa, que se ordena el embargo de bienes a los imputados -conforme lo establece el art. 499 C.P.P.- en función de la naturaleza misma del delito que da origen al embargo, "...en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas..."; en cuanto a la fijación del monto del mismo es establecido por el magistrado de acuerdo a su leal saber y entender.
Con la simple lectura del resolutorio atacado, se puede observar que el a quo tuvo en consideración la finalidad del embargo a establecer, como es que el mismo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas, teniendo en cuenta que estas comprenden el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogado, procuradores y peritos y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. Esta Alzada considera que se encuentra debidamente fundada dicha medida, por lo que dicho agravio no prosperará.
Por ello, entiendo que el cuadro probatorio existente permite, por el momento, superar positivamente los cuestionamientos esgrimidos, de conformidad a los elementos de cargo aunados a la causa y que fueran debidamente merituados, a la luz de la sana crítica racional, en forma conjunta, motivo por el cual corresponde confirmar el auto de procesamiento en su integridad.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 107/111, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia