Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 63.707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fs.128/130vta., que rechazó la excepción de litispendencia planteada por el demandado S. F. S., con costas; imponiéndose las costas de alzada al demandado apelante que ha resultado vencido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art.31 ley 14.967).
Causa nº: 2-63707-2018 "R. S. M. C/ S. S. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR AFECTACION A LA DIGNIDAD "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 54 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintitres días del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “R. S. M. c/ S. S. s/ Daños y Perjuicios por Afectación a la Dignidad” (Causa N° 63.707), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes- Dra. Longobardi - Dr.Galdós-.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.128/130vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
I. S. M. R. promovió demanda por indemnización de daño moral contra S. F. S., a quien le reclama la suma de $ 150.000, sujeta a lo que en más o en menos resulte del criterio judicial, con más intereses, costos y costas. Se sustentó esta demanda en la plataforma fáctica que en forma sintética paso a detallar.
Aludió la accionante a su desempeño laboral como directora médica del establecimiento de atención psiquiátrica y psicológica habilitado a nombre de COM-TAN S.A., afirmando que intimó la regularización laboral por cuanto la empresa le abonaba una parte del salario en forma no registrada, obligándole a emitir facturas. Dijo que la empleadora a través de su representante legal, la presidenta de la sociedad anónima, negó que correspondiera dicha regularización y procedió a su despido invocando razones que a su entender lo justificaban; razón por la cual promovió la correspondiente acción laboral que tramita ante el Tribunal del Trabajo de Tandil, en los autos caratulados “R. S. M. c/ COM- TAN S.A. y otro/a s/despido”, expediente n° 16.042. Aquí debe hacerse constar que esta demanda laboral fue incoada contra la empresa COM-TAN S.A., en su carácter de empleadora, y contra A. S. F., en su carácter de presidenta de la sociedad y responsable solidaria por la omisión de regulación de la registración laboral y omisión de aportes previsionales (ver fs.52/53 del mencionado expediente n° 16.042, que tramita en sede laboral y que en fotocopia obra acollarado a las presentes actuaciones).
Adujo la actora que a raíz del conflicto laboral planteado se suscitó un intercambio postal entre ella y su empleadora, representada por su única representante legal, la presidenta de la sociedad A. S. F.. Pero en lo que constituyen los hechos propios y singulares del presente caso, la actora fincó su reclamación de daño moral contra S. F. S., en la carta documento que esta persona suscribió con fecha 16 de noviembre de 2016 (agregada a fs.7 del presente proceso). Y así puntualizó que S. no aclaró la personería en virtud de la cual se irrogó la representación societaria, agregando que no invocó esa representación y la firma de la carta es personal sin indicación o mención de función societaria (ver fs.17vta., punto g). Más adelante expresó la actora que en atención a los términos de esa carta documento se entendió agraviada, calumniada e injuriada dolosamente en los términos del art.109 del Código Penal, porque se le imputó haber incurrido en el delito de estafa, enriquecimiento sin causa e incumplimiento al código de ética médico, mediante ardid y mala fe, al haber facturado en su consultorio particular mientras gozaba de una licencia por enfermedad paga (ver carta documento de fs.7 y relato de la demanda a fs.18).
Sostuvo la accionante que promovió la acción penal correspondiente ante el Juzgado Correccional de Tandil, y en la audiencia prevista en el art.388 del código ritual penal, S. F. S. reconoció la personal autoría de la carta documento y expuso que no tuvo dolo en el uso de los vocablos injuriantes. Señaló la actora que acordó desistir de la acción penal porque subsiste la correspondiente atribución subjetiva por culpa de S. F. S., por lo que esta persona debe responder de manera ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios resultantes de su acción. Sobre esta base estructuró la accionante su reclamo de indemnización de daño moral contra S. F. S., alegando haber sufrido una evidente conmoción anímica, un agravio que causa dolor para una profesional de prestigio y años de ejercicio como médica psiquiatra, al verse amenazada con denuncias penales y denuncias al Colegio Médico, tan sólo por reclamar una regularización laboral y estar de licencia médica conforme verificación y certificaciones de terceros profesionales por los que no debe responder (fs.18/19vta.). Más adelante expresó que las ofensas y amenazas vertidas por el demandado le infringieron un agravio moral, un daño que como tal debe ser reparado e indemnizado por el demandado, pues con ligereza culposa actuó con libertad, discernimiento e intención en manifiesta indiferencia por los legítimos intereses de la receptora de su misiva, intimidando con acciones penales y denuncias al Colegio Médico por supuesta falta ética (fs.19vta.).
También hizo alusión la actora a la demanda por daño moral que dirigió contra la empresa empleadora, no sólo por los términos injuriantes utilizados en el intercambio postal, sino por cuanto radicó una infundada denuncia por supuesta falta ética, de la cual se le dio traslado a los fines de que efectuara la explicación y descargo (fs.18).
II. En su escrito de contestación de demanda, S.
F. S. dijo ser el administrador de la Clínica Psiquiátrica propiedad de COM- TAN S.A. y vicepresidente de esta sociedad, por lo que su actuación en relación con la reclamante lo fue en esa calidad por la sociedad empleadora (fs.90).
En este marco opuso excepción de litispendencia con carácter previo, al señalar que el daño moral que se reclama en el presente juicio civil tiene su asiento en la defensa de la honra y del honor, mientras que el daño moral introducido como rubro a justipreciar en el juicio laboral se fundamenta en la presunta perturbación de la honra que la actora pondera de sí misma; por lo que los fallos a dictarse, tanto en uno como en otro proceso, reconocen la misma etiología (fs.97/97vta.). Y en este orden de ideas puntualizó que “nos encontramos, en consecuencia, ante una misma e idéntica reclamación en dos ámbitos jurisdiccionales diferentes en tanto lo que se demanda en la acción en responde coincide simétricamente con uno de los rubros que integran el juicio laboral. La identidad se da en los tres niveles, es decir, sujetos, objeto y causa, en tanto el accionar del suscripto lo fue como vicepresidente de la empleadora y no a título personal, el objeto es el reclamo de una suma resarcitoria por un supuesto daño moral y la causa se asienta en la invocada injuria y deshonra para con R.” (fs.97vta.; lo destacado en negrita me pertenece).
III. En la sentencia dictada en la instancia de origen que ha llegado apelada a esta alzada, se rechazó la excepción de litispendencia planteada por el demandado S. F. S., con costas (fs.128/130vta.).
Para arribar a esta conclusión se sostuvo que en el presente caso no se advierte ninguna posibilidad de una tramitación paralela de causas procesales, ni del dictado de sentencias contradictorias que ameriten admitir la excepción de litispendencia. Y así se señaló que en el juicio laboral hay un reclamo contra COM-TAN S.A., en su carácter de empleadora de S. M. R., y contra A. S. F., en su carácter de presidenta de la sociedad, no surgiendo del análisis del mismo que se haya entablado formal demanda contra S. F. S.; no habiendo, por ende, identidad de partes entre las dos causas. Se destacó, asimismo, que el reclamo por daño moral entablado ante el Tribunal del Trabajo, se encuentra configurado y fundamentado en ocasión de su despido ante el reclamo de regularización registral laboral, conforme se desprende de los relatos de la demanda, no surgiendo tampoco identidad de causa o pretensión entre las actuaciones analizadas; por ello, del examen integral de las contiendas a analizar, se advierte que no se puede tener por configurada la litispendencia que se argumenta (fs.129vta./130).
IV. Dicha sentencia fue apelada por el demandado, quien expresó sus agravios a fs.135/138vta.
El primer agravio cuestiona el argumento dado por el juzgador de que en el caso no existe identidad de partes entre la causa laboral y el presente juicio civil, afirmando que este razonamiento es una falacia solamente compatible con un análisis literal de las palabras, puesto que S. es un apoderado de COM-TAN S.A. y en ese carácter ha actuado. Y para sostener este planteo aduce el apelante que del propio intercambio epistolar suscitado con la empresa, la actora admitió –sin ningún tipo de reservas- la representación que ejerció S. de la firma COM-TAN S.A. Dijo, en suma, que la comunicación epistolar no fue realizada a título personal por S., sino en representación de dicha sociedad anónima (fs.136vta./137).
El segundo agravio critica la motivación de la sentencia según la cual el resarcimiento del daño moral reclamado por la actora en el proceso laboral, quedó configurado y fundamentado en ocasión del despido ante el “reclamo de la regularización registral laboral”. Dijo que nadie podría afirmar que ello esté relacionado con la irregularidad laboral o con el despido devenido del reclamo de la regularización registral, sino que en ambos procesos el reclamo es el mismo (en el laboral y en el presente juicio civil); de allí la viabilidad de la litispendencia (fs.137/138). Añadió a lo antedicho que el contexto fáctico, las circunstancias narradas y la etiología del supuesto daño moral causado llevan irremediablemente a una inequívoca conclusión: la actora ha duplicado su reclamo, ora en sede laboral, ora en sede civil, en la búsqueda de dos pronunciamientos que condenen a COM-TAN S.A. y a A. F., en el primer fuero, y a S. en el siguiente. Lo cual reputa inadmisible, no sólo por el enriquecimiento sin causa que genera sino por el riesgo de un escándalo jurídico proveniente de dos pronunciamientos sobre una misma cuestión, en distintos fueros y con la misma etiología. Culminó aseverando que la actuación de S. no ha sido autónoma a la de COM-TAN S.A., sino absoluta y exclusivamente vinculada con la misma (fs.138).
V. En su escrito de contestación de los agravios, adujo la accionante que la presentación de la recurrente no resulta una razonada crítica de la sentencia de primera instancia, sino una ampliación de fundamentos del planteo de litispendencia, por lo que cabría declarar desierto el recurso por falta de fundamentos (fs.140). Este planteo debe desestimarse porque el escrito recursivo del demandado cumple con la carga técnica de fundamentación establecida en el art.260 del código de rito, por lo que corresponde adentrarse en el examen de su fundabilidad; faena que acometeré en el apartado venidero. En las restantes parcelas de esta contestación se formularon diversas consideraciones sobre la temática en escorzo, a los fines de sostener el análisis lógico jurídico realizado en la sentencia apelada (fs.140/141).
Elevados los autos a esta instancia y requerida que fuera la causa que tramita en sede laboral, se resolvió que la presente debe ser resuelta con la formalidad del acuerdo por resultar definitiva (fs.157), procediéndose a practicar el sorteo de rigor (fs.158). De esta manera han quedado los obrados en condiciones de ser examinados a los fines del dictado del presente pronunciamiento.
VI. Anticipo mi opinión en el sentido de que el recurso de apelación no es procedente, ya que no se encuentran reunidos los recaudos exigibles para la viabilidad de la excepción de litispendencia (art.345 inciso 4 del Código Procesal). Me explicaré a continuación.
1. Es doctrina inveterada de la Casación Provincial, que la situación de litispendencia se produce cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coetaneidad de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos (se trata éste de un supuesto de litispendencia por identidad). Ello importa la existencia de dos o más procesos conexos entre las mismas partes que tramitan en forma simultánea (S.C.B.A. B 59166 I 07/05/2014, “Abraham”; B 65143 I 19/12/2012, “Catangel S.A.”; B 65137 I 30/05/2012, “Abruza”; B 67273 I 03/12/2008, “P., C. O.”; B 64770 I 20/06/2007, “Sampayo”). Pero también ha definido el Superior Tribunal la denominada litispendencia por conexidad, en la cual si bien no se presentan los caracteres de la triple identidad de sujeto, objeto y causa, existen dos causas con una vinculación fáctica y jurídicamente concatenada, ya que tanto en una como en otra se verifica la existencia de un pleito entre las mismas partes (S.C.B.A., citada causa B 67273 del 03/12/2008).
En la doctrina se comenta la reforma de la ley 22.434 al art.190 del Código Procesal Nacional, señalándose que la procedencia de la excepción de litispendencia se reduce actualmente a los supuestos en que exista la triple identidad (partes, objeto y causa), pues dicha reforma eliminó la posibilidad de obtener la acumulación de procesos mediante la excepción de litispendencia. Y se elogia esta reforma desde el punto de vista técnico, puntualizándose que “la litispendencia supone la existencia de la triple identidad entre los elementos de las correspondientes pretensiones, el segundo proceso debe ser total o absolutamente idéntico al primero; la acumulación, en cambio, puede disponerse frente a la mera conexidad entre la causa y el objeto, o a la posibilidad de que la sentencia que recaiga respecto de una de ellas produzca efectos de cosa juzgada con relación a la otra (art.188, Cód. Procesal). La litispendencia tiene por efecto la eliminación del segundo proceso, que debe archivarse, en tanto la acumulación sólo opera un desplazamiento de la competencia por vía de adquisición o de pérdida de ésta, cuando los procesos tramitan ante órganos judiciales distintos” (conf. Areán, en Código Procesal de Highton-Areán, tomo 6, pág.834; en igual sentido Albarracín y Serra, en Gozaíni Defensas y excepciones, págs.244 y 245). De todas maneras, en nuestro ámbito provincial subsiste la posibilidad de que la acumulación de procesos sea planteada por las partes por vía de excepción de litispendencia o de incidente (art.190 del C.P.C.C.; Camps, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, tomo I, págs.340 y 341).
2. En este orden de ideas se muestra inconmovible el fundamento basal de la sentencia apelada, donde se sostiene que en el juicio laboral hay un reclamo contra COM-TAN S.A., en su carácter de empleadora de S. M. R., y contra A. S. F., en su carácter de presidenta de la sociedad empleadora, a quien se considera obligada solidaria sobre la base de los arts.59 y 274 de la ley 19.550. O sea que en ese proceso laboral no fue demandado S. F. S.. Y, por ende, no hay identidad de partes entre dicho juicio laboral y el presente proceso civil por daños y perjuicios, lo que obsta a la procedencia de la excepción de litispendencia opuesta por el demandado que motiva la intervención de esta alzada.
Si se recala en la demanda laboral que dio inicio a los citados autos “R. S. M. c/COM-TAN S.A. y otro/a s/despido” (expediente n° 16.042), dirigida contra COM-TAN S.A. y A. S. F., puede observarse que en la misma se reclaman diferentes rubros derivados de la relación laboral: indemnizaciones por despido incausado, por preaviso omitido, por vacaciones no otorgadas y por falta de registración laboral; SAC s/preaviso; integración mes de despido; SAC segundo semestre año 2016; horas extras no liquidadas, daño moral, etc. (ver liquidación obrante a fs.82/82vta. del citado expediente n° 16.042).
Como último rubro de su demanda laboral, reclama la actora el daño moral por la imputación calumniosa e injuriante dirigida contra su persona, fama y honor, por el simple hecho de haber reclamado la regularización registral laboral (fs.70vta. del expediente n° 16.042). Y sostiene más adelante que “la actitud calumniosa e injuriante de las demandadas frente a mi reclamación de la registración laboral, fue totalmente ajena al contexto de tal reclamación, presurosa e indisimuladamente amedrentadora sin rehilarse por las consecuencias dañosas que tal acción que afectaron mis legítimos derechos no patrimoniales” (fs.70vta./71 del expediente n° 16.042). Puntualiza, además, que la empleadora y la codemandada presidenta de la sociedad, en su afán de amedrentarla y de que desistiera de ejercer acciones judiciales en procura de lograr el legítimo reconocimiento de sus derechos laborales, realizaron una vasta mixtura de tipos penales como la estafa y el enriquecimiento ilícito; aludiendo también a la denuncia que formalizaron ante el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (fs.70/70vta. de dicho expediente laboral y fs.4/5vta. de los presentes actuados, donde consta la resolución adoptada por esta institución).
3. O sea que al no haber demandado a S. F. S. en el referido proceso laboral, la actora promovió contra esta persona el presente juicio civil por resarcimiento de daño moral, centrando el motivo de su reclamación en la carta documento que el nombrado suscribió con fecha 16 de noviembre de 2016 (agregada a fs.7 de estos obrados). Y así puntualizó que S. no aclaró la personería en virtud de la cual se irrogó la representación societaria, agregando que no invocó esa representación y la firma de la carta es personal sin indicación o mención de función societaria (ver demanda de autos a fs.17vta., punto g). Más adelante expresó la actora que en atención a los términos de esa carta documento se entendió agraviada, calumniada e injuriada dolosamente en los términos del art.109 del Código Penal, porque se le imputó haber incurrido en el delito de estafa, enriquecimiento sin causa e incumplimiento del código de ética médico, mediante ardid y mala fe, al haber facturado en su consultorio particular mientras gozaba de una licencia por enfermedad paga (ver carta documento de fs.7 y relato de la demanda de autos a fs.18). Y al mencionar la acción penal que promovió ante el Juzgado Correccional de Tandil, dijo la actora que S. reconoció la personal autoría de la carta documento y expuso que no tuvo dolo en el uso de los vocablos injuriantes; agregando que acordó desistir de la acción penal porque subsiste la correspondiente atribución subjetiva por culpa del demandado, quien –a su entender- debe responder de manera ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios resultantes de su acción. Sostuvo que S. actuó con ligereza culpable, intimidando con acciones penales y denuncias al Colegio Médico por supuesta falta ética (fs.18/19vta.).
Quiere ello decir que la demanda de autos se encuentra focalizada, exclusivamente, en los términos de la carta documento que S. suscribió con fecha 16 de noviembre de 2016, lo que muestra una evidente diferencia con el mencionado proceso laboral donde el entramado fáctico es mucho más complejo y donde la reclamación abarca diferentes conceptos derivados de la extinción de la relación de trabajo. De allí que en este juicio civil se haya demandado solamente a S. F. S., con invocación de su personal autoría de la indicada carta documento de fecha 16 de noviembre de 2016, siendo esta persona el único legitimado pasivo de los presentes actuados. Mientras que en el juicio laboral se ha demandado a la sociedad empleadora y a la presidenta de esa sociedad, lo que evidencia –con nitidez- la inexistencia de identidad de partes entre ambos procesos, y marca –de un modo inequívoco- la improcedencia de la excepción de litispendencia.
A los fines de resolver la cuestión en análisis hay que estar –únicamente- a los términos en que fueron planteadas las respectivas demandas en las sedes laboral y civil, surgiendo de las mismas la inexistencia de identidad de partes entre ambos procesos. En efecto, la demanda laboral se entabló contra la sociedad empleadora (COM-TAN S.A.) y su representante legal (A. S. F.), mientras que la demanda civil de autos se promovió contra S. F. S., en su condición de firmante de la carta documento que obra agregada a fs.7 de este expediente. Tal como se destaca en doctrina, la litispendencia tiene por efecto la eliminación del segundo proceso, que debe archivarse (Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo VI, pág.111). Y ello no puede ocurrir en modo alguno en el supuesto en examen, puesto que la demanda civil debe proseguir su curso a los fines de determinar si la misma es o no procedente, lo que recién habrá de dilucidarse en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (arts.344 y 345 del Cód. Proc.). De ninguna manera puede admitirse con carácter previo la excepción de litispendencia que ha sido articulada en este juicio civil, donde el sujeto pasivo es diferente a las personas -jurídica y física- que revisten la calidad de legitimados pasivos en el mencionado proceso laboral.
En el escrito portador de sus agravios se esfuerza el recurrente por destacar que S. es apoderado de COM-TAN S.A. y en ese carácter ha actuado, afirmando que surge del propio intercambio postal la admisión de esta situación por parte de la actora (ver apartado IV, segundo párrafo). Pues bien, este planteo del apelante no puede conmover la solución que vengo delineando, ya que lo atinente al carácter en que pueda haber actuado S. al suscribir la carta documento en cuestión, recién habrá de esclarecerse en oportunidad de dictarse sentencia sobre el mérito de la causa. Por ende, en atención a las razones expuestas, no puede considerarse configurada la litispendencia pretendida por el accionado (art.345 inc.4 del Cód. Proc.).
4. En cuanto a la duplicación de reclamos y al riesgo de sentencias contradictorias que plantea el apelante (ver apartado IV, último párrafo), entiendo que se trata de argumentos inaudibles, porque – reitero- en oportunidad del dictado de sentencia se habrá de dilucidar si S. actuó en forma personal o si lo hizo en representación de COM-TAN S.A. Y, en función de ello, en dicha sentencia definitiva se establecerá la suerte que correrán las respectivas pretensiones deducidas en las sedes laboral y civil. Considero que con lo antedicho ha quedado suficientemente abastecido el presente decisorio, ya que al haberse concluido en la inexistencia de identidad de partes entre ambos procesos, no es menester adentrarse en el estudio del segundo agravio relativo a los restantes elementos de la pretensión (ver apartado IV, tercer párrafo).
Por todo lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fs.128/130vta., que rechazó la excepción de litispendencia planteada por el demandado S. F. S., con costas; debiendo imponerse las costas de alzada al demandado apelante que ha resultado vencido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior se resuelve confirmar la sentencia apelada de fs.128/130vta., que rechazó la excepción de litispendencia planteada por el demandado S. F. S., con costas; imponiéndose las costas de alzada al demandado apelante que ha resultado vencido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art.31 ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 23 Mayo de 2019. –
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fs.128/130vta., que rechazó la excepción de litispendencia planteada por el demandado S. F. S., con costas; imponiéndose las costas de alzada al demandado apelante que ha resultado vencido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art.31 ley 14.967). Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase a su Juzgado de origen.
MARÍA INÉS LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia