Abriendo la norma
TOMO CXXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8618 FOLIO Nº 010/014 PROT. ELECT. JR101234I.242
Río Gallegos, 22 de abril de 2024.-
La presente causa caratulada: “L.S.E. S/ DENUNCIA” Expte. Nº 22767/23, Apelación Nº 8778/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 74, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el archivo de las presentes actuaciones, por no constituir delito el hecho investigado (art.187 del Código Procesal Penal).
Que a fs. 75/78 vta. la querellante, con el patrocinio letrado del Dr. G.L.G.B. apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 85 sostuvo el recurso y no presentó el memorial regulado en el art. 437 del CPP.
Que a fs. 88, se corrió en vista las actuaciones a la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, cuyo dictamen se agregó a fs. 89/90; quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, inicialmente, sostuvo el querellante que surge claro el proceder delictual de M.G.P., quien era empleada de la fallecida C.E.S., y residía junto a ella en el inmueble de su propiedad. Al respecto, explicó el reclamante que, a raíz de su grave estado de salud, la fallecida nunca podría haber realizado un acto de última voluntad (cuatro días antes de su muerte), como aquel en el cual designó como heredera de todas sus posesiones a la Sra. M.G.P. –menos aún en una escribanía fuera de su domicilio-. Dijo que ello surge de su historia clínica. En tal sentido, señaló que dicho testamento es nulo, y exigió investigar el comportamiento de los testigos, el escribano actuante y su complicidad.
En particular, planteó la nulidad del auto apelado por carecer de requisitos legales para generar cosa juzgada. Advirtió que allí no se realizó un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, resultando contradictoria, inmotivada y arbitraria.
A su juicio, se está ante la presunta comisión de un delito grave, y no se puede despachar sin explicar claramente porqué la prueba acompañada por su parte, no permite avanzar en la investigación penal.
Pidió la revocación del auto, pues -a su criterio- resulta arbitrario por falta de un adecuado razonamiento y valoración de la prueba o, valoración errónea o parcializada, por no hacer lugar a la prueba ofrecida por el querellante previo al archivo de la causa. Allí, requirió la intervención del órgano oficial acusador, a fin de que se expida ante la presencia de delitos de “OMISIDIO Y ESTAFA” (textual escrito de apelación fs. 77). Cuestionó que no se hubieran valorado los indicios, presunciones, pruebas documentales y testimoniales expuestas por la querella. Allí, advirtió ausencia de elementos de juicio válidos para determinar que no hay delito, pues –según afirmó- en autos no se investigó.
En el acápite III “expresa agravios”, advirtió direccionamiento sobre lo resuelto, y objetó que no se diera curso eficiente y rápido a la denuncia realizada.
En dicho carril argumentativo, reprochó que el magistrado no ordenara el allanamiento para realizar un inventario del inmueble y los bienes personales.
Remarcó que en autos existe un delito en curso de acción, sin que el juez y la fiscalía lo adviertan, por lo que pidió se revoque el auto de archivo y se mande a investigar.
Seguidamente, en otro apartado, señaló que corresponde declarar nulo el auto de archivo, por no tratar los argumentos por los que se solicitaba la investigación de los delitos denunciados.
Por último, formuló reserva de ocurrir en casación y caso federal.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, como antes refiriera, en función del planteo de la querellante, se corrió en vista las presentes actuaciones al titular de la acción pública por ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial quien, tras efectuar el análisis de la causa, y en concordancia con lo dictaminado por la Señora Agente Fiscal de Instrucción, concluyó que de la denuncia formulada por la Sra. S.E.L., no se desprende la comisión de delito alguno. Así las cosas, en función de los antecedentes obrantes en autos, y teniendo en consideración los coincidentes dictámenes emitidos por los titulares del Ministerio Público Fiscal (de primera instancia a fs. 71/72 y ante esta alzada a fs. 89/90), fundamentalmente en mérito a que el ejercicio de la acción en este tipo de delitos es resorte exclusivo de dichas dependencias, y en estricto cumplimiento de mandas constitucionales (art. 120 de la C.N.), nos vemos impedidos de abordar el tratamiento de los agravios incoados por la apelante, debiéndose confirmar íntegramente el resolutorio impugnado. En este aspecto, baste recordar lo establecido por los arts. 6 y 59 ss. y ccss. del CPP, y arts. 75 y 78 inc. d) de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
Es dable desatacar que, recientemente, esta alzada se ha pronunciado en éste mismo sentido en los autos caratulados: “R.M.G. s/ Denuncia” - Expte. N° 83.760/21 - (Apelación N° 7358/21); “P.G.M.X. s/ Denuncia” Expte. Nº 85.200/22 - (Apelación Nº 7820/22) y “L.C.E. S/Denuncia” Expte. Nº L-75134/23 - (Apelación Nº 8481/23). Sin perjuicio de lo supra resuelto, cabe efectuar algunas consideraciones acerca de la presentación de la querella, dado que -ligeramente-, afirmó que en el expediente no se habría investigado, cuestión que no es cierta, toda vez que de la simple lectura del legajo surge que -previo a propiciar el archivo a fs. 71/72- la Señora Fiscal ante el Juzgado de Instrucción pidió una serie de medidas probatorias al magistrado, las que recibieron favorable acogida (ver fs. 23/25 y 61), motivo por el cual, deviene a todas luces inaceptable esta apreciación de la recurrente en relación a la inacción del juez de grado.
II. En otro orden de análisis corresponde expedirnos respecto de la presentación formulada por el abogado G.L.G.B. a fs. 87, en su carácter de apoderado de la parte querellante.
El citado alega allí, tras transcribir el contenido del art. 437 del C.P.P., que se ha visto privado de ejercer legítimamente la defensa efectiva y se está violando el debido proceso al verse privado de realizar el informe “in voche” (textual), solicitando reposición, revocatoria con apelación en subsidio por vía casatoria y/o la que mejor habilite la instancia recursiva. A los fines de dotar de autosuficiencia a la presente recordemos que a fs. 86 se había ordenado desde esta sede judicial: “…Habiendo ya mantenido el recurrente el recurso interpuesto a fs. 82/83 y su nueva presentación a fs. 85 y no habiendo adherido la otra parte, corresponde que se lo invite a proceder conforme lo prevé el art. 437 del CPP, en el plazo legal establecido. Con relación a la solicitud de audiencia formulada por la defensa técnica, no ha lugar en función que es de práctica de esta Alzada, en razón del cúmulo de trabajo y la carencia de personal, el cumplimiento a la presentación del memorial de agravios de manera escrita, la cual puede ser enviada a través de los canales electrónicos mediante el sne o presentada de manera presencial ante la mesa de entradas, en el entendimiento que el art. 437 del CPP, habilita expresamente a su presentación por escrito; con lo cual la modalidad escrita no conculca los derechos y garantías que amparan a las personas imputadas en el proceso penal y responde a los estándares del mejor servicio de justicia. Notifíquese mediante sne...”.- Fue así que la Sra. Fiscal ante las Excmas Cámaras, tras haberse ordenado a fs. 88 corrérsele en vista las presentes actuaciones, a fs. 89/90 hubo de expedirse sobre la pretensión del apoderado de la parte querellante.
Allí, y en lo que a esta cuestión en particular respecta, hubo de señalar:
“… II.- Analizando el planteo formulado por el recurrente respecto de lo resuelto por el Juez de Recurso a fs. 86 cuando no hace lugar a la solicitud de la celebración prevista en el art. 437 del C.P.P., considero que no le asiste razón a la parte.
El artículo citado establece que el memorial podrá presentarse por escrito o verbalmente, siendo facultativo determinar cuál de las dos formas se utilizarán para presentar el memorial. Siendo esto una facultad concreta establecida por ley, es decir que el Juez de Recursos puede establecer cuál de ellas resulta mejor para prestar el servicio de justicia que le compete. Destacando que la elección de una u otra forma, es decir la oralidad o que se haga mediante escrito, no vulnera per se el derecho de las partes. Garantizando el Juez de Recursos la posibilidad de presentar el escrito a la parte recurrente por canales electrónicos y/o de manera presencial ante la mesa de entradas, circunstancia esta que garantiza el efectivo ejercicio del derecho de las partes en el proceso penal.
Por todo ello, considero que no le asiste razón a la parte recurrente ya que todos sus derechos como accionante están garantizados por el magistrado Dr. N.S., quien en un cabal apego al proceso penal, garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las partes…”.
Pues bien, evidentemente a la luz de la disposición legal citada, y en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, deviene ineludible destacar que, al no haber conculcación alguna al derecho de defensa del presentante ni al debido proceso, puesto que los derechos están garantizados a través de una presentación escrita a través de la mesa de entradas o por S.N.E., corresponde no hacer lugar a la pretensión de la querella. Es dable destacar que este proceder es aplicable sin excepción a la totalidad de profesionales, es decir con un liso y llano criterio de objetividad (el cual también es receptado en forma unánime por todos los magistrados que hubieron de subrogar esta alzada), quienes han sabido comprender la realidad que atraviesa la dependencia, mostrando solidaridad y empatía al no verse privados de derecho de defensa alguno, y, sobretodo, han valorado los beneficios comprobables empíricamente que surgen de este proceder, al reducirse notoriamente los tiempos en la tramitación de los recursos ante esta Alzada. Incluso baste como ejemplo el exiguo tiempo en el que se están sustanciando las presentes desde que tuvieron ingreso en esta Alzada (11/03/2024), sobre todo teniendo en cuenta los días durante los cuales las actuaciones estuvieron en vista en otra dependencia y la suspensión de plazos procesales ordenada por el T.S.J. respecto del día viernes 19 ppdo. Retomando, no obstante el reclamo airado en relación a la vulneración de derechos que le provocaría el no articular la audiencia “in voce” y pese a la denuncia de los derechos de los que se vería privado su representada, se advierte que el recurrente no hubo de presentar memorial alguno.
Que este proceder no sorprende por cuanto no es aislado. En ninguna causa en la que ejerce su labor como patrocinante, y pese a requerir audiencia para realizar el informe “in voce”, lo ha confeccionado. (8223/23, 7863/22 y 7978/22, sólo por citar algunas). Entonces surge el interrogante: ¿con qué propósito?. Sin abrir juicio de valor, parecería que sólo dilatar el proceso. Razón por la cual luce poco feliz la expresión del presentante en el sentido que “…denunciamos que este no es el primer caso que nos vimos privados de ejercer nuestra función de modo que llamamos a vuestra reflexión, y que si el Sr magistrado, no quiera ver nuestra presencia, por motivos que desconócenos, no tiene más que excusarse, sin privar de derechos a nuestro cliente…” (textual). Que, dicho sea de paso, si alguien perjudica los derechos de sus clientes es el propio presentante, habiendo confeccionado presentaciones en diversos expedientes que por ante aquí tramitaron con desapego a las normas, que decantaron en la privación de acceso a la justicia de sus asistidos (vgr. presentaciones extemporáneas), procederes que rozan con la defensa técnica ineficaz. Ejemplo de ello son: 8632/23 (por declaración de recurso concedido extemporáneamente por ante la instrucción), 7787/22 y 8655/23 (éstos dos últimos por declaración de recurso desierto atento no haber sido mantenidos).
Llama poderosamente la atención asimismo la falta de control previo a la presentación del escrito en cuestión.
Una somera lectura bastaría para mitigarlos. Y no nos referimos sólo a errores ortográficos sino a lo complejo de la redacción del presentante que impide su interpretación, tornando tortuosa su lectura.
Desde que escribe mal su propio nombre hasta el de otros funcionarios y ni hablar de los horrores ortográficos que no pueden tener cabida en ningún profesional. Vgr., y entre otros tantos, “omisidio”.
Si bien nadie está exento de errores, todo lo antes explicitado surge a colación de los argumentados “…más de (30) años en el Poder Judicial…” por el presentante en su rol de funcionario, los que a la vista está, habrían alcanzado para evitar el dispendio jurisdiccional y la posible privación del derecho a la justicia que general sus inconsistentes presentaciones. Esto tampoco resulta novedoso. Ya se lo ha exhortado al presentante también en diversas causas que hubieron de tramitar en esta instancia. Así podemos mencionar 7807/23, 8204/23, etc.
Obvio resulta que presentaciones así no son respetuosas de la confianza depositada por los justiciables en sus representantes legales, por cuanto luce pristino, aunque entendemos involuntariamente, la falta de seriedad y responsabilidad en la debida diligencia confiada.
Finalmente, y en lo que a este escrito respecta, no puedo dejar de dedicar unas consideraciones a lo señalado por el presentante en el sentido que: “…por lo cual, de inmediato, y a fin de cumplir asi mismo, el plazo señalado para llevar a cabo la audiencia, (5) cinco días, deberá revocarse por contrario imperio y fijar de inmediato la audiencia oral como se peticiona, bajo apercibimiento de informar ante la secretaria de Superintencia la falta y perjuicio ocasionado, igualmente daremos noticia al Sr. Ministro de Gobierno del Poder Ejecutivo, El Sr P. L…r, como así también al Sr Vice- Gobernador- Sr F. L…….s; a fin de que promueva las acciones que estime corresponda, por incumpliendo de los deberes de funcionario público, reservamos, en tal caso el derecho de promover las acciones recaudatorias por si correspondiere de persistir con tal postura, absolutamente violatorio del debido proceso y la defensa en juicio….” (textual). Amén de observarse una y otra vez las deficiencias señaladas párrafos arriba, se evidencia también, y en el mejor de los casos, ignorancia por parte del presentante.
Y digo esto por cuanto, y sin perjuicio de recalcarse que desde esta instancia revisora se han garantizado plenamente los derechos de las partes y el debido proceso, el Dr. G.L.G.B. anoticia “bajo apercibimiento” de que en caso de no acceder a su petición, además de la Secretaria de “Superintencia” –textual- (léase Superintendencia), dará noticia al Sr. Ministro y Vicegobernador, destacando sus nombres en negrita (mal consignados) a fin de que promueva las acciones que estime corresponda por incumpliendo –textual- (léase incumplimiento) de los deberes de funcionario público, reservando en tal caso el derecho de promover las acciones “recaudatorias” por si correspondiere de persistir con tal postura, reitera.- Evidentemente los mecanismos que señala no son los que prevé nuestra Constitución Provincial ni las leyes que las reglamentan, de aplicación para Funcionarios y Magistrados que no son miembros del Tribunal Superior de Justicia en caso de ser acusados por mal desempeño en el ejercicio de la función.
Retomando, y digo en el mejor de los casos, por cuanto luciría como un mensaje disuasivo, por eventual mal inminente en desempeño de mi rol como Magistrado en caso de no acceder a lo peticionado por el recurrente, por más de que no tenga andamiaje jurídico, y lógico, lo que es peor aún.
Y por otra parte no se entiende lo de las “acciones recaudatorias”, salvo que el presentante tenga en miras un propósito económico ajeno al planteo exhibido, el que no luciría muy loable atento las constancias denunciadas precedentemente.
Es por todas estas cuestiones que deviene inexorable poner en conocimiento de la presente a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia a los efectos que estime pertinente corresponder, para lo cual se deberá remitir copia de la presente resolución y de las partes pertinentes mediante oficio de estilo.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected]., a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, oída la Señora Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso el auto que obra glosado a fs. 75/78 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. DESESTIMAR la solicitud de reposición / revocatoria instada por la querellante.
3. TENER PRESENTE la reserva de ocurrir en casación y caso federal formulada por la recurrente.
4. LIBRAR OFICIO a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, conforme lo expuesto en el punto II) de los considerandos.
5. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
6. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
7. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia