Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, consideramos que en autos se hallan reunidas las piezas probatorias suficientes para la configuración – prima facie- del delito de hurto simple –respecto al hecho dos atribuido al encartado C.M.J.-, conforme al estándar de probabilidad que caracteriza esta instancia procesal. En consecuencia, el agravio bajo análisis no tendrá favorable acogida.
Por lo que debemos concluir, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo, entendiendo que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
IV. Perspectiva de derechos:
TOMO CLVII- INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 9871 FOLIO N° 110/114 PROT. ELECT. JR101018I.261
Río Gallegos, 13 de febrero de 2026.-
La presente causa caratulada "R.M.G. y C.M.J. S/ Hurto" - Expte. N° 27444/23 - Apelación/Causa JR N° 9978/25, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 152/157vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción N° Tres con asiento en Rio Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado M.G.R., en orden al delito de Hurto en grado de tentativa -2 hechos en concurso real-. (Arts. 42, 55, 162 del Código Penal); en su punto II) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado M.J.C., en orden al delito de Hurto en grado de tentativa en concurso real con Hurto (Arts. 42, 55 y 162 del Código Penal); en tanto qué en su punto III) trabó Embargo sobre los bienes de los procesados (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000) cada uno. Que a fs. 159/164vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 172, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a sus defendidos un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la orfandad probatoria:
La parte recurrente se agravió al sostener que a su defendido R.M. -en relación al hecho 1- se le atribuye un accionar basado exclusivamente en los dichos del Sr. C.S.D., sin que exista -a su entender- elemento probatorio alguno que permita a S.S. alcanzar el grado de certeza requerido respecto de lo sucedido.
Señaló que no obra en autos prueba que permita siquiera afirmar que su asistido hubiera ingresado al vehículo marca Sandero, destacando además que no se constató faltante alguno en su interior.
Asimismo, manifestó que la resolución recurrida carece de fundamentación suficiente en cuanto a la configuración del tipo penal y a la responsabilidad penal atribuida a su pupilo procesal. En tal sentido, sostuvo que no se configuró el delito de hurto, por cuanto no existió desapoderamiento ni libre disponibilidad sobre el objeto que presuntamente se intentó sustraer, razón por la cual -según afirma- los hechos investigados no alcanzaron grado de consumación. En esa línea, cuestionó el procesamiento dispuesto por la presunta comisión del delito de hurto en grado de tentativa, aduciendo que V.S. no cuenta con certeza respecto del ingreso al vehículo en cuestión ni mucho menos sobre la eventual posesión de la fiambrera industrial que se encontraba en su interior.
Por otra parte, en relación al hecho 2 atribuido a R.M. y al hecho 1 respecto de M.J.C., sostuvo que la imputación se sustenta únicamente en la declaración testimonial de la efectivo policial R.G.T., quien manifestó haber interceptado a los encartados en la vía pública, sin que existan -a criterio de la defensa- pruebas suficientes que permitan afirmar que aquellos hubieran accedido al vehículo con el fin de sustraer elemento alguno. Agregó que no obra testimonio directo que dé cuenta de haber visto a los imputados ingresar al rodado. Incluso destacó que de la declaración obrante a fs. 102/vta. surge que la testigo refirió que “un compañero le advirtió que uno de ellos arrojó algo hacia adelante y continuó caminando como si nada”, sin que conste en autos declaración testimonial del mencionado funcionario policial, quien habría sido testigo ocular de dicha circunstancia. Finalmente, concluyó que no se configuró siquiera una tentativa de hurto, por cuanto -a su entender- no existen elementos de convicción suficientes que permitan tener por acreditada la existencia de hechos delictivos atribuibles a sus asistidos.
Que, analizados los primeros planteos introducidos por la defensa, corresponde adelantar que los mismos no habrán de prosperar.
En primer término, es menester recordarle a la parte recurrente que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación y fundar, eventualmente, el procesamiento del imputado. Al respecto, es sabido que éste auto constituye un juicio provisional de valor, en el que se tiene por probable la comisión del hecho delictivo. Dicho de otra manera, sólo requiere la estimación de la existencia de un hecho delictuoso y de la participación en él del procesado (véase: CNPE; Sala A; R.S.,E. s. Legajo de apelación; 01/04/2016; Rubinzal Online; 873/2012 RC J 1516/16). Contrariamente a lo sostenido por la defensa respecto a los elementos probatorios obrantes en autos, a fs. 04/vta. obra la declaración testimonial del Sr. C.S.D. -hermano de la propietaria del vehículo- quien manifestó que, al comisionarse en su domicilio, advirtió que en el automóvil de su hermana -el cual se encontraba sin seguro- se encontraba una persona sentada en el asiento trasero. Señaló que, al percatarse de su presencia, el sujeto intentó llevarse una fiambrera industrial que se hallaba en dicho asiento, circunstancia que surge tanto de su relato como del acta de inspección ocular, el respectivo croquis ilustrativo y de las secuencias fotográficas. (Véase fs. 05/07vta.) Indicó que, ante ello, procedió a demorar al incuso, convocando a su hermana -quien se encontraba en el interior del domicilio- y al personal policial. Una vez constituidas las fuerzas de seguridad en el lugar, observaron que el Sr. C. tenía reducido en el suelo al imputado R.M.
Asimismo, a fs. 08/vta. obra la declaración testimonial de la propietaria del vehículo, Sra. L.A.R. -hermana del nombrado- quien refirió que, encontrándose junto a su progenitora en el interior del domicilio, escuchó los gritos de su hermano provenientes del sector externo de la vivienda, y que al acercarse observó que éste tenía demorada en el suelo a una persona.
En este contexto, los elementos probatorios reseñados en la totalidad del legajo permiten tener por acreditado, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que el imputado R.M. fue sorprendido en el interior del vehículo ajeno, intentando apoderarse de una fiambrera industrial que allí se encontraba, conducta que fue interrumpida por la oportuna intervención del testigo C.S.D., frustrándose así la consumación del ilícito por circunstancias ajenas a su voluntad. Así las cosas, entendemos que la concordancia entre las declaraciones testimoniales, como el acta de inspección ocular, el croquis ilustrativo y las secuencias fotográficas otorgan credibilidad al relato de los hechos denunciados, desvirtuando así el planteo de la parte recurrente respecto de la presunta orfandad probatoria.
Por otra parte, en relación al hecho 2 atribuido al imputado R.M. y al hecho 1 endilgado al encartado M.J.C., cabe señalar que del plexo probatorio reunido en autos, surge que el personal policial habría descendido del móvil luego de haber recepcionado información relativa a la presencia de dos masculinos que estarían intentando abrir vehículos en determinada zona.
A su vez, a fs. 102 obra la declaración testimonial de la agente policial R.G.T., quien -además de lo señalado por la defensa en su escrito recursivo- habría manifestado haber efectuado el patrullaje junto a los efectivos O.L.A. y S.M.A., cuyas declaraciones obran agregadas a fs. 113/vta. y 121/vta., respectivamente.
En particular, de los dichos del oficial de seguridad O., se desprendería que se habrían encontrado con dos masculinos en actitud sospechosa, quienes intentarían esquivar al móvil policial; uno de ellos habría arrojado una billetera al suelo, mientras que el restante tendría en su poder un par de zapatillas, además de las que llevaba puestas.
Asimismo, de las constancias sumariales surgiría que los efectivos habrían advertido que la billetera contenía una cédula de identificación vehicular a nombre de la Sra. I.F., cuyo rodado se hallaría estacionado a escasa distancia del lugar. Al inspeccionar el vehículo desde el exterior -el cual no contaría con vidrios polarizados- habrían observado la guantera abierta y en el interior del rodado un desorden generalizado. Posteriormente, al entrevistarse con el Sr. M.L.F., éste habría manifestado que la Sra. I.F. sería su esposa, y que autores ignorados habrían ingresado al rodado -el cual se encontraría sin seguro colocado- y habrían sustraído del interior una billetera con documentación del vehículo. Seguidamente, el nombrado habría reconocido como propia la billetera hallada y la documentación contenida en su interior. En tales circunstancias, los causantes habrían sido demorados y posteriormente aprehendidos. Así las cosas, nos permitimos aseverar que los incusos habrían intentado desapoderarse de los bienes referidos, sin embargo, por circunstancias ajenas a su voluntad, no lograron su cometido.
En tal sentido, a fin de esclarecer los hechos investigados y descartar las afirmaciones defensivas, la doctrina ha sido conteste en sostener que existe tentativa de hurto cuando la cosa no ha sido efectivamente apoderada o cuando el autor es sorprendido in fraganti en el momento del desapoderamiento (conf. Abosso, Gustavo Eduardo, Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia, 5ª ed., Editorial Ibef, 2018, p. 912). Por su parte, la jurisprudencia exige, para la configuración de la tentativa, que el dueño o legítimo poseedor no haya perdido de vista al agresor, impidiendo así la disponibilidad del bien y, en consecuencia, su apropiación. Asimismo, se ha entendido que la tentativa puede configurarse aun en supuestos de ausencia del objeto.
En consecuencia, y con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, entendemos que se encontraría configurado el delito de tentativa de hurto. En efecto, si bien no se produjo el desapoderamiento definitivo ni la libre disponibilidad del bien por parte del imputado R. –hecho uno y hecho dos- y el incuso C.M.J. –hecho dos-, lo cierto es que fueron sorprendidos in fraganti en el preciso momento en que desplegaban actos inequívocamente dirigidos al apoderamiento ilegítimo de los bienes cuestionados –fiambrera industrial y billetera-. La doctrina es conteste en señalar que la tentativa se configura cuando el autor inicia la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos e inequívocos, aun cuando el resultado no se consume por circunstancias ajenas a su voluntad (conf. art. 42 CP; Núñez, Ricardo C., Tratado de Derecho Penal; Donna, Edgardo A., Derecho Penal. Parte Especial).
En el caso de marras, la interrupción del iter criminis obedeció exclusivamente a la intervención inmediata del testigo C.S. en el hecho uno, y de las fuerzas de seguridad en el hecho dos, lo que impidió la consolidación del desapoderamiento.
De igual manera, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que existe tentativa cuando el imputado es sorprendido antes de consolidar la disponibilidad del bien, siempre que los actos realizados exterioricen con claridad el propósito de sustraerlo (CNCrim. y Correc., Sala IV, entre otras). Bajo este contexto, y con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia preliminar, los elementos colectados permiten tener por acreditado -prima facie- un designio inequívoco orientado al apoderamiento ilegítimo de un bien ajeno, lo que convalida el procesamiento dictado por el Sr. Juez de grado. Finalmente, y en virtud de lo expuesto, los elementos ponderados por la instrucción resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del C.P.P., toda vez que su valoración integral, conforme a las reglas de la sana crítica racional, permitió tener por acreditada -con la probabilidad requerida- la materialidad de los hechos cuestionados y la participación de los encartados en los mismos.
III. Del agravio referido a la calificación legal:
La parte recurrente cuestionó la resolución impugnada en cuanto atribuye a su asistido M.J.C. -hecho dos- la comisión del delito de hurto respecto de algunas verduras pertenecientes a un comercio, sosteniendo que no se encuentra acreditado en autos que el encausado haya logrado el desapoderamiento ni que hubiera tenido efectiva posibilidad de disposición sobre tales bienes. Afirmó la defensa que no obran elementos probatorios suficientes para tener por configurado el desapoderamiento exigido por el tipo penal, ni la consecuente disponibilidad material de los efectos que se le atribuyen como sustraídos.
En esa línea, consideró que el dispendio jurisdiccional generado y la atribución de responsabilidad penal por la presunta sustracción de dos tomates -propiedad del local comercial- resultan desproporcionados y carentes de razonabilidad jurídica.
Por último, postuló la aplicación al caso del principio de insignificancia, en atención al escaso valor económico de las verduras presuntamente sustraídas, y a la condición sociocultural de extrema vulnerabilidad que -según alegó- atraviesa su defendido C.M.J.
Que iniciado el abordaje del aludido agravio, pese al esfuerzo de la defensa, tampoco habrá de prosperar.
Debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en lo dispuesto por el 162 del Código Penal.
En cambio, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr. Juez de grado, sin lograr controvertir lo decidido.
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada –en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
Es preciso dejar constancia que el auto de procesamiento es una simple y escueta relación del hecho que se imputa y la adecuación de este al derecho aplicable, con exposición de breves argumentaciones que corroboran y respaldan de manera suficiente este dispositivo; en ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia.
Así, se considera que en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado. Finalmente, consideramos oportuno advertir a la parte recurrente que, en el caso bajo estudio, en referencia al hecho dos endilgado al imputado C.M.J., y en relación a su alegación tendiente a la aplicación del principio de insignificancia, esta Alzada -siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha sostenido reiteradamente que dicha doctrina no resulta aplicable a hechos como el que nos ocupa. En efecto, la invocación de la insignificancia en el caso de autos constituye una apreciación meramente subjetiva de la parte recurrente. Por el contrario, de las constancias de la causa surge que el ilícito encuadra -prima facie- la figura prevista en el art. 162 del C.P., al haberse verificado un desapoderamiento de una cosa mueble -total o parcialmente ajena- contra la voluntad de su dueño, configurándose de tal modo un comienzo de ejecución del delito de Hurto Simple. Asimismo, se ha dicho que “…el principio de insignificancia… atiende al escaso valor de la cosa sustraída… la doctrina ha señalado que el bien jurídico lesionado por el delito de hurto no es el patrimonio, sino el derecho de propiedad en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional, ya que el mayor o menor valor de la cosa puede tener efecto únicamente para la graduación de la pena dentro de los limites fijados en las escalas penales correspondientes al hurto y al robo…” (CNCCorr, Sala 1, 5-4-2000, “C., N.G.”, c. 13.367., www.pjn.gov.ar, citado en “Revista de Derecho Penal 2011-2. Delitos contra el patrimonio.” Director Edgardo A. Donna, RubinzalCulzoni Editores, pág. 536). A mayor abundamiento, debe recordarse que “…no es el valor del bien lo que debe ponderarse sino su naturaleza…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI: 05/11/2004; “B., M.E.” LA LEY 2005-B, 145 – Sup. Penal 2005 (febrero), 17 Cita Online: AR/JUR/4289/2004).
Finalmente, resulta relevante destacar que este Juez de Recursos ha venido adoptando dicho criterio de manera constante desde hace más de una década, en resoluciones dictadas en Apelaciones nros. 4236/13, 4197/12, 4049/12 y, más recientemente, en Apelaciones nros. 6724/20, 9606/25, 9524/25, 9803/25, entre muchas otras.
Por todo lo expuesto, consideramos que en autos se hallan reunidas las piezas probatorias suficientes para la configuración – prima facie- del delito de hurto simple –respecto al hecho dos atribuido al encartado C.M.J.-, conforme al estándar de probabilidad que caracteriza esta instancia procesal. En consecuencia, el agravio bajo análisis no tendrá favorable acogida.
Por lo que debemos concluir, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo, entendiendo que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 152/157vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia