Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, Sala I · Causa 29218
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el acuerdo que precede: I.- no se hace lugar al planteo de nulidad efectuado; II.- se hace lugar a los recursos de apelación interpuestos por el penado REINOSO MARIANO JAVIER y por el Sr. Defensor particular Dr. Hoscha; III.- se revoca la resolución atacada, y en consecuencia, IV.- se otorga la LIBERTAD CONDICIONAL a REINOSO MARIANO JAVER. Art. 201, 202 y ccdtes, 439 sgtes del C.P.P. Art. 13, 14 del CP, ART.
A tales fines, resulta indispensable que, previo a hacerse efectiva la soltura , el Juez A quo libre oficio a la Delegación del Patronato de Liberados correspondiente (o a la oficina técnica que V.S. disponga) a fin de que un profesional se constituya personalmente en el domicilio propuesto y verifique in situ la viabilidad del egreso y la idoneidad del grupo contención.
Asimismo, atendiendo la naturaleza y gravedad del delito por el cual fuera condenado REINOSO MARIANO JAVIER, el Juez de grado deberá imponer al nombrado -además de las reglas ordinarias del art. 13 del Código Penal- las medidas de protección que estime oportunas y adecuadas destinadas a salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de la víctima (conf. Ley Nacional N° 27.372 y Ley Provincial N° 15.232).
Los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Dolores, Provincia de Buenos Aires, de conformidad a lo establecido en los arts. 7, 8 y cctes. del Ac. 3975/2020, y art. 4 y ccdes. del Ac. 3971/20 de la SCBA, en Acuerdo Ordinario, a objeto de dictar sentencia en el juicio caratulado: " REINOSO MARIANO JAVIER S/ INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL EN CAUSA 21375 IPP 03-02-1095-25 UFIJ 6 (J.E.P. 21675) Causa n° 29218 , Registro de esta Sala I. A dicho fin, previamente se procedió a practicar el sorteo que determinan los artículos 41 Ley 5.827 Orgánica del Poder Judicial, e integrar el órgano de acuerdo a lo establecido por los artículos 21 y 440 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11922 y sus modificatorias), resultando del mismo que la votación debía ser en el orden siguiente: Doctores: Luis Felipe Defelitto, Susana Miriam Darling Yaltone.-
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:-
1ra. ¿Corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por el Sr. Defensor particular, Dr. Hoscha?
2da. En caso negativo ¿Se ajusta a derecho la resolución recurrida?
3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Defelitto, dijo :
El Sr. Defensor pretende la nulidad por omisión de la audiencia oral, pública y contradictoria obligatoria, enmarcada en el art. 3 de la Ley 12.256, en el texto dado por la Ley 15.232 (B.O. 18-I-2021), manifestando que la libertad condicional y la libertad asistida se resuelven oralmente, previa audiencia pública y contradictoria, con participación del condenado, su defensa, el Ministerio Público Fiscal y la víctima si lo solicita.
Que el A quo lo justificó en dificultades de traslado e infraestructura y en que la norma no estaría "operativa", con referencia a la reforma de la Ley 14.296.
Considera que tal fundamento es erróneo por cuanto el texto vigente es el de la Ley 15.232, que ninguna norma suspende su aplicación, y las dificultades logísticas no derogan una ley (la audiencia puede hacerse por videoconferencia).
Refiere que había pedido expresamente la audiencia el 09/10/2026 y sostiene que el perjuicio es concreto, su asistido no fue oído, que no pudo responder a los motivos que finalmente fundaron la denegatoria (cursos, taller de género, progresividad), ni explicar que los pidió y no le dieron cupo, ni comprometer reglas de conducta.
Afirma que se trata de una nulidad de orden general que afecta la intervención y asistencia del imputado (art. 202 inc. 3 CPP) y el debido proceso (arts. 18 CN y 8.1 CADH), y debe declararse aun de oficio (art. 203 CPP).
Por último afirma que se trata de una nulidad de orden general que afecta la intervención y asistencia del imputado (art. 202 inc. 3 CPP) y el debido proceso (arts. 18 CN y 8.1 CADH), y debe declararse aun de oficio (art. 203 CPP).
Al respecto, tengo opinión comprometida, toda vez que al efectuarse idéntico planteo en causa N° 17.675: "Frias, Nestor. Incidente de libertad condicional", entre muchas otras, adherí al voto de la Dra. Yaltone en cuanto sostuvo: " Cabe hacer notar al Sr. Fiscal que el artículo 7° de la ley 14.296 que modifica la ley 12.256, establece que "... las normas relativas... y a la oralidad para la decisión de las cuestiones mencionadas en el artículo 3° de la ley 12.256 y sus modificatorias, se aplicarán gradualmente en los Departamentos Judiciales de la Provincia, conforme al cronograma a elaborar por la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Seguridad ".
Dicho cronograma aún no ha sido elaborado, por lo que queda a criterio de cada Organismo la realización o no de la audiencia.
Por otra parte, y más allá de estar contemplada la audiencia a la que alude la defensa para estos supuestos, en el artículo 3 de la ley 12.256, -mas no así su nulidad ante su falta de realización- entiendo que en el presente caso, su falta de instrumentación, no genera perjuicio alguno, y podría obviarse, dado que la Defensa ha brindado por escrito los argumentos por los que cuestiona la resolución en crisis, fundando en los hechos y en derecho el agravio que la misma le causa.
También afirma fundamentación aparente en la resolución. Enuncia que la conclusión decisiva se refiere a otra persona, y que la resolución no es un análisis del caso de Mariano Javier Reinoso: es un modelo reutilizado. Basta leerla: La conclusión central dice textualmente que "Amarillo Monica Gabriela no cuenta con un pronóstico de reinserción favorable". Esa persona es ajena a este incidente. Se refiere a su asistido como "la condenada" y "la nombrada" , y atribuye la petición a la "Defensa Oficial" en favor de "su asistida", cuando la defensa es particular, entendiendo que la es nula por falta de motivación (arts. 106 CPP y 168 y 171 Const. prov.).
Refiere que la SCBA ha calificado como arbitrarias por fundamentación aparente las decisiones apoyadas en afirmaciones dogmáticas que prescinden del examen circunstanciado que cada caso exige (P. 133.682, sent. de 11-V-2020, apdo. IV.4) y las que se apartan de las motivaciones jurídicas atinentes al caso, con déficit de motivación (P. 139.305, sent. de marzo de 2025, apdo. IV.3).
Pretender que se declare la nulidad del resolutorio en crisis alegando una supuesta "fundamentación aparente" derivada del uso del artículo femenino ("la"), en lugar de ("el"), y la mención de un nombre ajeno a las actuaciones en pasajes secundarios de la resolución atacada, siendo que resulta evidente que las imprecisiones señaladas constituyen meros errores materiales o de tipeo ( lapsus calami ), propios de la labor cotidiana de los órganos jurisdiccionales y perfectamente subsanables por vía de aclaratoria (art. 109 del CPPBA), y pretender con ello elevar tal defecto formal intrascendente a la categoría de vicio constitucional por falta de motivación (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y art. 106 del CPPBA) implica un rigorismo formal que atenta contra la economía procesal.
En el régimen procesal de nuestra provincia rige el principio de trascendencia, conforme al cual no existe nulidad por la nulidad misma.
Para que la sanción procesal proceda, quien la invoca debe demostrar un perjuicio concreto y efectivo al ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 201 y ss. del CPPBA), extremo que en modo alguno se verifica en autos.
Más aún, si aplicamos el método de la supresión mental hipotética sobre los párrafos cuestionados, se advierte que el pronunciamiento conserva incólume su estructura lógica y jurídica.
Los fundamentos centrales que sustentan la decisión se encuentran debidamente desarrollados, apoyados en las constancias y dictámenes del penado REINOSO.
Conforme lo ha sostenido reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Tribunal de Casación Penal, la arbitrariedad por fundamentación aparente solo se configura cuando el juzgador acude a fórmulas dogmáticas o afirmaciones vacías que impiden conocer el razonamiento seguido para decidir, mas no cuando existen simples errores materiales en consideraciones accesorias que no alteran el núcleo decisorio ni generan indefensión.
Las nulidades conforme lo estable el Titulo VII en los arts. 201 y ccdtes del C.P.P, tienen carácter restrictivo y sólo cabe anular las actuaciones, cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo que cause un perjuicio irreparable, no debiendo ser admitidas cuando no exista esa finalidad práctica que es la razón ineludible de su procedencia.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los planteos de nulidad efectuados por la Defensa.
Voto por la NEGATIVA.
El señor Juez, doctor Sotelo, adhirió al voto precedente por sus fundamentos.-
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Defelitto, dijo :
I. Mediante resolución dictada el 13 de octubre de 2026, el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Ejecución Penal Dptal, Dr. Antonio Francisco Severino resolvió: " I.- DENEGAR la LIBERTAD CONDICIONAL a MARIANO JAVIER REINOSO. - Rigen los art. 13 "a contrario sensu" del C.P.; 511 y ccs. del C.P.P. .".
Contra dicha resolución manifiesta intención recursiva el penado REINOSO MARIANO JAVIER "IN PAUPERIS" al momento de su notificación, y el Defensor particular Dr. Eduardo Hoscha interpone recurso de apelación mediante escrito electrónico n° 1603737422, ambos concedidos en legal tiempo y forma por el Magistrado actuante.
Recepcionado el incidente digitalmente en esta Alzada, notificada la radicación e integración del Tribunal, cumplimentado el traslado que le fuera conferido al Señor fiscal general a tenor del artículo 498 C.P.P. y practicado el sorteo de ley, queda en condiciones de recibir pronunciamiento sin más trámite.
II. El Sr. Defensor se agravia por considerar que existe un apartamiento infundado del dictamen favorable y exigencias que la ley no contiene.
En tanto los requisitos del art. 13 CP están cumplidos y la resolución lo admite. Tiempo cumplido en exceso, observancia regular de los reglamentos (conducta 10, sin sanciones), informe de la dirección del establecimiento (Informe Integral del GAyS) y pronóstico pericial individualizado y favorable (Acta DTC N° 926/2026 e informe psicológico). No es reincidente y el delito no está en el art. 14 CP.
Expresa que el juez puede apartarse del dictamen, pero solo con fundamento en constancias concretas que lo contradigan. Así lo exige la propia Ley 12.256 cuando autoriza al juez a apartarse del resultado de la Junta de Selección "por resolución fundada" (arts. 100 y 105).
Agrega que la resolución no señala ningún informe desfavorable, ningún incidente, ninguna sanción ni ningún dato que ponga en duda el pronóstico. Todo el apartamiento descansa en la ausencia de actividades que el Estado no le proporcionó.
Que la afirmación de que "no realizó cursos de formación" contradice las constancias. El Informe Integral del 15/09/2026 consigna que cursa los niveles 1, 2 y 3 de Gastronomía, Panadería y Pastelería, Buenas Prácticas de Manufactura y Medio Ambiente y Salud. La resolución omitió esta prueba.
Pone de resalto que la falta de otras actividades es imputable al Estado, no a su asistido. Las matrículas de formación profesional están completas y la UP 35 aloja 1.997 personas con capacidad para 824. Espera cupo en talleres desde el 02/01/2026. Pidió el taller de masculinidades en febrero de 2026 y no fue incorporado. La Ley 12.256 pone a cargo del Servicio facilitar la educación (art. 31) y proporcionar trabajo "en la medida de las posibilidades de cada establecimiento" (art. 34). La SCBA tiene reconocida como hecho notorio la sobrepoblación de las cárceles bonaerenses, que configura un "estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos" (P. 133.682, apdo. IV.2.b, con cita de la causa P. 83.909, "Verbitsky"). Cargar sobre el penado la consecuencia de esa falencia estructural convierte una omisión estatal en un obstáculo para su libertad.
Continúa agraviándose en relación a la resolución en crisis, la que pide que su asistido no "soslaye ninguna de las etapas", señalando que la Ley 12.256 establece que los regímenes son "de utilización alternativa y no necesariamente secuencial" (art. 6) y que la pena transita "diferentes regímenes no necesariamente secuenciales" (art. 94). La exigencia es contra legem. Además, señala que su asistido está en régimen semiabierto desde el 16/09/2026.
Agrega que el estándar de "certeza" no está en la ley. El art. 13 CP exige un pronóstico favorable de reinserción emitido por peritos. Lo hay. Exigir "certeza" de reinserción convierte el instituto en un imposible y viola los arts. 1 y 3 CPP (in dubio pro reo e interpretación restrictiva de toda norma que coarte la libertad).
Sostiene que la creación judicial de una exclusión por el tipo de delito, por cuanto la Fiscalía se opuso solo por la gravedad del hecho y su contexto de género, y la resolución hizo suyo ese fundamento, construyendo una exclusión que la ley no prevé.
Cita doctrina y jurisprudencia al respecto, y manifiesta que si el juez no puede dejar sin efecto una exclusión legal, tampoco puede crear una que la ley no contiene. Y en este caso la voluntad legislativa es clara: La Ley 27.375 (2017) amplió el art. 14 CP e incluyó el femicidio (art. 80 inc. 11), agravante vigente desde la Ley 26.791 (2012). No incluyó las lesiones agravadas del art. 92 CP. La Legislatura bonaerense, al sancionar en 2021 la Ley 15.232 de derechos de las víctimas, reescribió el art. 100 de la Ley 12.256 y excluyó de la libertad asistida a homicidios y delitos contra la integridad sexual. No excluyó las lesiones ni las amenazas, y reguló en cambio la participación de la víctima en la audiencia del art. 3.
Que denegar el instituto por la naturaleza del delito importa aplicar el art. 14 CP por analogía in malam partem (arts. 18 y 19 CN; 9 CADH; 3 CPP). Supone además una doble valoración: la gravedad del hecho y el vínculo con la víctima ya fueron ponderados en la sentencia y en la propia calificación legal. La perspectiva de género se cumple protegiendo, no negando un derecho legal. El deber estatal de debida diligencia (art. 7 de la Convención de Belém do Pará) se cumplió con la investigación, el juicio y casi dos años de prisión efectiva.
Manifiesta también que además existe una paradoja que la resolución ignora. Por cuanto si se mantiene la denegatoria, el 27/01/2027 su asistido recuperará la libertad sin ninguna supervisión, prohibición de contacto ni obligación de tratamiento.
Que si se concede la libertad condicional hoy, tendrá tres meses de control del Patronato, prohibición de acercamiento y la obligación de realizar el dispositivo de masculinidades que pidió y el Estado no le dio.
Expresa que hubo omisión de tratamiento del instituto de libertad asistida pedida en subsidio.
Refiere que el 12/08/2026 solicitó, en subsidio, la libertad asistida del art. 104 de la Ley 12.256, haciendo saber que el requisito temporal se cumplió el 27/07/2026.
Indica que la resolución no dice una palabra sobre ella.
Que la omisión de tratar una cuestión esencial oportunamente propuesta es causal de arbitrariedad y viola el art. 105 de la Ley 12.256, que exige resolución fundada en caso de denegatoria.
Agrega que las razones dadas contra la libertad condicional, además, no se trasladan a la libertad asistida, cuyo propósito es precisamente acompañar el egreso en los últimos seis meses de la pena.
Cita jurisprudencia de la SCJBA.
Reitera pedido de LIBERTAD ASISTIDA (ARTS. 104 Y 105 LEY 12.256) en forma subsidiaria, haciendo saber que su asistido tiene el máximo de conducta, dictamen técnico favorable y domicilio constatado.
Solicita que se trate en la audiencia del art. 3 inc. d), con citación de la víctima conforme al art. 105, o que se ordene al Juzgado resolverla en audiencia dentro de un plazo breve.
Propone condiciones y reglas de conducta, de las que presta conformidad su asistido.
Efectúa reserva de interponer recurso de casación, recursos extraordinarios locales ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (arts. 479 y ss. CPP) y el recurso extraordinario federal (art. 14 de la Ley 48), por afectación de los arts. 16, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8.1, 8.2.h, 9 y 5.6 de la CADH y 10.3 y 14.5 del PIDCP, y de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.
A modo de finalización, solicita: se revoque la resolución y se conceda la libertad condicional a MARIANO JAVIER REINOSO SUÁREZ. Subsidiariamente, se conceda la libertad asistida (arts. 104 y 105 Ley 12.256).
De la vista conferida al Sr. Fiscal Gral se deprende: ".Que analizada la resolución recurrida, así como la normativa legal, entiende el Suscripto que la misma se ajusta a derecho, cumpliendo con todos los requisitos de forma establecidos por la legislación respectiva y encontrándose correctamente motivada y fundada en derecho. En primer lugar deben rechazarse las nulidades intentadas, desde que las mismas no solo carecen de fundamento legal, sino que también se contraponen con el contenido de las actuaciones. En este orden, la falta de celebración de la audiencia prevista en el art.3 de la Ley12256 carece de sanción de nulidad. Amén de ello, esa Cámara se ha expedido en numerosos precedentes, motivando la no obligatoriedad de llevar a cabo la misma. En la relación a la falta de manifestación de la víctima en orden a las facultades concedidas con la reforma introducida por Ley 15332, se encuentra debidamente constatado por informe llevado a cabo por el actuario. Debe recordarse a la defensa que ese informe resulta ser documento público y que para atacar su contenido existe procedimiento específico. Sentado ello, el informe favorable del Departamento Técnico de la Unidad Penal, no resulta ser un elemento vinculante al magistrado, quien debe expedirse en torno a todas las constancias y elementos que nutren el incidente. No se ha demostrado que se hayan vulnerado las garantías constitucionales vinculadas al debido proceso y la defensa en juicio, como tampoco la violación de formas esenciales del procedimiento. Como bien expresara el agente fiscal en la instancia, en orden a los delitos por los cuales fuera condenado y especial contexto de género existente, este Ministerio Público considera que no resulta conveniente la inclusión de Mariano Javier Reinoso en el régimen solicitado.".
III. El JUZGADO EN LO CORRECCIONAL Nº 3 - DOLORES en fecha 22 de diciembre de 2025 dictó sentencia en la que condenó a REINOSO MARIANO JAVIER, por ser autor penalmente responsable del delito de lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas a una persona con la que ha mantenido una relación de pareja, y por haber sido cometidas por un hombre hacia una mujer en contexto de violencia de género en concurso real con amenazas, a sufrir la pena de DOS años de prisión.
La mentada pena le vence conforme al cómputo practicado el 27 DE ENERO DE 2027.
Surge de las actuaciones incorporadas a los presentes autos, que en cumplimiento con lo establecido por la ley 15232, se libró oficio a fin de notificar a la víctima de autos, y que la misma no fue habida.
No surge que el penado Reinoso revista calidad de reincidente.
El requisito temporal se encuentra abastecido.
El delito por el cual fuera condenado Reinoso, no encuentra impedimento legal en la normativa aplicable.
En relación a las demás exigencias establecidas en el art. 13 y 14 del Código Penal, el DTC de la Unidad Penal nro. 35, mediante ACTA DICTAMEN N° 926/2026 estimó VIABLE incluir al interno en la LIBERTAD CONDICIONAL, ello por cuanto : "... Luego de producida la evaluación de los contenidos elaborados por las diferentes áreas de intervención, el Informe Integral junto con el Legajo de Ejecución Penal del sujeto privado de su libertad y desde lo último es posible merituar que nos encontramos frente a un sujeto adulto que transitaría su primera experiencia de encierro. No registra sanciones disciplinarias, por lo que actualmente cuenta con buen concepto y conducta ejemplar (10). En relación a las propuestas tratamentales, es dable informar que actualmente realiza actividades laborales en el sector de Sanidad desde abril del corriente año y deberá presentar la documentación para ser evaluado por los directivos del ámbito educativo. Cuenta con un curso bajo modalidad virtual realizado en el año 2025. Aquí ha recibido visitas de sus padres, siendo además quienes oficiarían de referentes externos en caso de acceso a una medida liberatoria y lo recibirían en su morada ubica en Esteban Echeverría. Estos datos fueron corroborados mediante comunicación telefónica, donde su padre manifiesta que la denunciante viviría a 3 km del domicilio sin tener conflictos al presente. Del plano psicológico, respecto al delito imputado, presenta recursos subjetivos y socio familiares favorables para la elaboración de su actual situación, observándose una posición de responsabilización y reflexión crítica respecto del hecho que motivó su detención. -Dichos elementos hasta acá vertidos, valorando su buen desempeño institucional y de acuerdo con la reglamentación vigente, este Departamento Técnico Criminológico sugiere la VIABILIDAD de incluir a REINOSO SUAREZ, MARIANO JAVIER F.C. N° 341.858 dentro del marco propuesto por el instituto de Libertad Condicional (Art. 103 de la Ley 12.256 y 13 CP) ... ".
Del informe elaborado por Profesional actuante: Lic. Jimena Tocho, del Area de psicología surge que: ". En relación con el hecho por el cual se encuentra detenido, refiere tratarse de su primera experiencia de privación de libertad y manifiesta no registrar antecedentes previos. Se reconoce como autor del hecho y ubica lo acontecido en el marco de una situación de fuerte conflictividad con su expareja, que caracteriza como un "exabrupto" asociado a una situación de "inmadurez emocional". Resulta significativo que, durante el desarrollo de la entrevista, no se limite a una aceptación formal de la autoría, sino que pueda efectuar un ejercicio de revisión de su propio comportamiento. En este sentido, logra posicionarse críticamente respecto de la modalidad en que actuó, pudiendo reconocer el carácter excesivo de su conducta y establecer una relación entre sus dificultades en el manejo de la situación conflictiva y las consecuencias posteriores.
Asimismo, expresa afectación emocional frente a la situación actual, particularmente por encontrarse alejado de su familia y por el impacto que la privación de libertad tiene sobre las condiciones de vida de su grupo familiar. Refiere mantener un contacto directo inestable con sus familiares, circunstancia que vincula principalmente con la distancia respecto de su último lugar de residencia. En este punto, se advierte capacidad para desplazar la mirada desde las consecuencias que la detención tiene exclusivamente sobre sí mismo hacia una consideración de sus efectos sobre terceros significativos. Manifiesta preocupación por las condiciones precarias en las que actualmente se encuentra su grupo familiar y expresa tristeza por el distanciamiento producido.
La posición subjetiva que logra desplegar durante la entrevista permite observar un registro de las consecuencias de sus actos y una disposición a revisar críticamente su conducta, pudiendo reconocer responsabilidad respecto del hecho y de las consecuencias derivadas del mismo. Se evidencia, asimismo, capacidad para reflexionar acerca de los factores personales que identifica como intervinientes en lo sucedido. En este sentido, la responsabilización manifestada se presenta acompañada de cierto nivel de elaboración, en tanto puede interrogar su propio accionar, reconocerlo como excesivo y ubicar aspectos personales que considera necesario revisar. En el ámbito institucional, refiere encontrarse alojado en el Pabellón N.º 2 y participar de actividades tratamentales.
Según sus dichos, no registra sanciones disciplinarias y resulta merecedor de un buen concepto por parte de las autoridades del establecimiento. Manifiesta una actitud orientada a otorgar un sentido productivo al tiempo de privación de libertad, participando de diferentes propuestas educativas y formativas. Asimismo, expresa interés en incorporarse voluntariamente al curso "Deconstruyendo masculinidades", al que atribuye utilidad para trabajar sobre "temas personales". La elección de participar de manera voluntaria en una propuesta vinculada con la revisión de modalidades vinculares y aspectos personales resulta un indicador favorable en términos de disposición al tratamiento, particularmente considerando que el propio entrevistado relaciona dicha actividad con cuestiones que identifica como susceptibles de ser trabajadas.
En cuanto a la dimensión laboral intramuros, realiza tareas de mantenimiento en la sección Sanidad. Al referirse a sus proyectos para el medio libre, manifiesta intención de residir junto a su padre en Monte Grande. En el plano laboral, proyecta desempeñarse en tareas vinculadas con refrigeración e instalación de equipos de aire acondicionado, contemplando asimismo la posibilidad de reincorporarse al ámbito gastronómico. A partir de la evaluación realizada, el Sr. Reinoso Suarez se presenta lúcido, orientado, con funciones psíquicas conservadas y adecuado contacto con la realidad. No se observan indicadores actuales de psicopatología de relevancia clínica ni signos de descompensación subjetiva.
En cuanto a su posición subjetiva frente al hecho, se destaca el reconocimiento de su autoría y, fundamentalmente, la posibilidad de efectuar una lectura crítica de su comportamiento. El entrevistado no se posiciona exclusivamente desde una perspectiva de externalización de responsabilidades, sino que logra reconocerse implicado en lo acontecido, identificando aspectos propios -que denomina "inmadurez emocional"- que habrían incidido en la escalada del conflicto. Asimismo, presenta capacidad para registrar las consecuencias de su accionar, no sólo en términos personales sino también respecto de su grupo familiar, expresando afectación por el impacto que su situación de detención produce en sus vínculos significativos y en las condiciones de vida de estos.
Este aspecto permite inferir un adecuado registro de las consecuencias de sus decisiones y una disposición subjetiva favorable para la revisión de lo acontecido. Como elementos favorables, se identifican recursos personales asociados a la capacidad reflexiva, reconocimiento de responsabilidad, disposición hacia propuestas tratamentales, mantenimiento de vínculos familiares y sociales significativos y una actitud activa frente a la utilización del tiempo institucional. Resulta particularmente relevante su interés espontáneo por participar en una propuesta orientada a la revisión de aspectos vinculados con las modalidades vinculares y personales, lo que puede constituir un recurso para profundizar el proceso de elaboración iniciado.
A ello se suma la presencia de recursos formativos y laborales concretos, tanto por su capacitación como técnico en refrigeración como por su experiencia en distintos ámbitos ocupacionales. Sus proyectos para el medio libre se encuentran organizados en torno a la convivencia con su padre y la recuperación de una actividad laboral, configurándose ambos aspectos como potenciales factores protectores para su proceso de reinserción social. En función de lo evaluado, se considera que el entrevistado presenta recursos subjetivos y sociofamiliares favorables para la elaboración de su actual situación, observándose una posición de responsabilización y reflexión crítica respecto del hecho que motivó su detención.
Se estima conveniente sostener y profundizar las instancias tratamentales en curso, en particular aquellas que favorezcan la revisión de aspectos personales y vinculares, así como el fortalecimiento de recursos que permitan consolidar el proyecto vital que refiere para el medio libre".
Del informe elaborado y presentado por el Patronato de liberados, surge del análisis profesional que en relación a la entrevista llevada a cabo con el progenitor del penado REINOSO que: "se observa una gran contención familiar y un marcado respaldo por parte de su núcleo de origen (especialmente a través de su progenitor) para su reinserción social y laboral".
La posibilidad de otorgar el instituto aquí en trato, de acuerdo a la normativa aplicable, entiendo que debe prosperar atento el reconocimiento de los requisitos legales, los que en este caso, han sido convalidados por el informe mediante ACTA DICTAMEN N° 926/2026 realizado por la Unidad Penal alojante, la que sugiere la conveniencia de otorgamiento, y a su vez no se advierten valladares robustos para impedirla.
Esto es así, por cuanto de una pormenorizada lectura de dichos informes elaborados por el DTC, se advierte que el penado Reinoso posee un máximo de conducta susceptible de ser alcanzado, sin sanciones disciplinarias ni actuaciones sumariales. Trabaja en el área de sanidad y ha realizado cursos de formación. Se encuentra incorporado al régimen semiabierto; y sumado a todo ello se visualiza el escaso tiempo que le resta de cumplimiento de condena - dos (2) meses y días -.
Además, se advierte que desde el plano psicológico Reinoso ha logrado avanzar en la adquisición de recursos personales asociados a la capacidad reflexiva, reconocimiento de responsabilidad, disposición hacia propuestas tratamentales, mantenimiento de vínculos familiares y sociales significativos y una actitud activa frente a la utilización del tiempo institucional. Resultando particularmente relevante su interés espontáneo por participar en una propuesta orientada a la revisión de aspectos vinculados con las modalidades vinculares y personales.
También se pondera la intención de incorporarse al Taller de Masculinidades, situación que no ha podido concretarse por cuestiones ajenas a su voluntad.
Por los fundamentos dados, entiendo que la resolución atacada debe revocarse.
Ahora bien, atento las características del informe presentado por la profesional Mollonaro, Silvana Andrea del Patronato de Liberados de Almirante Brown, el que de acuerdo al acta dictamen, se efectuó de manera telefónica; si bien es lo cierto que dicha modalidad pudo utilizarse de modo excepcional, resulta insuficiente para tener por acreditada de forma fehaciente la existencia real del inmueble, sus condiciones de habitabilidad, la efectiva disposición de los referentes familiares para recibir al causante y, fundamentalmente, el entorno social en el que habrá de insertarse (art. 13 inc. 1° del CP y art. 100 y ss. de la Ley 12.256).
A tales fines, resulta indispensable que, previo a hacerse efectiva la soltura , el Juez A quo libre oficio a la Delegación del Patronato de Liberados correspondiente (o a la oficina técnica que V.S. disponga) a fin de que un profesional se constituya personalmente en el domicilio propuesto y verifique in situ la viabilidad del egreso y la idoneidad del grupo contención.
Asimismo, atendiendo la naturaleza y gravedad del delito por el cual fuera condenado REINOSO MARIANO JAVIER, el magistrado de grado deberá imponer al nombrado -además de las reglas ordinarias del art. 13 del Código Penal- las medidas de protección que estime oportunas y adecuadas destinadas a salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de la víctima (conf. Ley Nacional N° 27.372 y Ley Provincial N° 15.232).
Voto por la NEGATIVA.
La señora Juez, doctora Yaltone, adhirió al voto precedente por sus fundamentos.-
A la tercera cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Defelitto, dijo :
Atento al acuerdo arribado en la cuestión precedente, corresponde: I.- NO HACER LUGAR al planteo de nulidad efectuado; II.- HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos por el penado REINOSO MARIANO JAVIER y por el Sr. Defensor particular Dr. Hoscha; III.- REVOCAR la resolución atacada, y en consecuencia, IV.- OTORGAR la LIBERTAD CONDICIONAL a REINOSO MARIANO JAVER. Art. 201, 202 y ccdtes, 439 sgtes del C.P.P. Art. 13, 14 del CP, ART.
A tales fines, resulta indispensable que, previo a hacerse efectiva la soltura , el Juez A quo libre oficio a la Delegación del Patronato de Liberados correspondiente (o a la oficina técnica que V.S. disponga) a fin de que un profesional se constituya personalmente en el domicilio propuesto y verifique in situ la viabilidad del egreso y la idoneidad del grupo contención.
Asimismo, atendiendo la naturaleza y gravedad del delito por el cual fuera condenado REINOSO MARIANO JAVIER, el Juez de grado deberá imponer al nombrado -además de las reglas ordinarias del art. 13 del Código Penal- las medidas de protección que estime oportunas y adecuadas destinadas a salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de la víctima (conf. Ley Nacional N° 27.372 y Ley Provincial N° 15.232).
Así lo voto.
La señora Juez, doctora Yaltone, adhirió al voto precedente por sus fundamentos.-
Con lo que terminó el presente acuerdo.
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que precede: I.- NO SE HACE LUGAR al planteo de nulidad efectuado; II.- SE HACE LUGAR a los recursos de apelación interpuestos por el penado REINOSO MARIANO JAVIER y por el Sr. Defensor particular Dr. Hoscha; III.- SE REVOCA la resolución atacada, y en consecuencia, IV.- SE OTORGA la LIBERTAD CONDICIONAL a REINOSO MARIANO JAVER. Art. 201, 202 y ccdtes, 439 sgtes del C.P.P. Art. 13, 14 del CP, ART.
A tales fines, resulta indispensable que, previo a hacerse efectiva la soltura , el Juez A quo libre oficio a la Delegación del Patronato de Liberados correspondiente (o a la oficina técnica que V.S. disponga) a fin de que un profesional se constituya personalmente en el domicilio propuesto y verifique in situ la viabilidad del egreso y la idoneidad del grupo contención.
Asimismo, atendiendo la naturaleza y gravedad del delito por el cual fuera condenado REINOSO MARIANO JAVIER, el Juez de grado deberá imponer al nombrado -además de las reglas ordinarias del art. 13 del Código Penal- las medidas de protección que estime oportunas y adecuadas destinadas a salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de la víctima (conf. Ley Nacional N° 27.372 y Ley Provincial N° 15.232).
Notifíquese y oportunamente, devuélvase.-
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario firmante: YALTONE Susana Miriam Darling - JUEZ
Funcionario firmante: DEFELITTO Luis Felipe - JUEZ
Funcionario firmante: SOMMARIVA Matias Nicolas - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 723-2026
Fin de la sentencia