Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134.704
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial.
II. Absolver a M. R. en orden al hecho por el que llegara condenado y que fuera calificado como robo agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.
III. Disponer la libertad del acusado (art. 463, CPP) quien se encuentra bajo detención domiciliaria, encomendando su instrumentación al Tribunal Criminal n°1 de La Plata.
Rigen los artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 166 inciso 2°, párrafo tercero del Código Penal; 210, 373, 448, 450, 451, 456, 459 del Código Procesal Penal.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 0600-27084-20 C. 134.704
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Daniel Carral a los efectos de dictar sentencia en la causa nro. 134.704 caratulada “R. M. s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX - CARRAL.
I. En lo que aquí interesa, el Tribunal Criminal n°1 del Departamento Judicial de La Plata condenó a M. R. a la pena de tres (3) años y dos (2) meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuyo aptitud para el disparo no se puede tener por acreditada (art. 166 inc. 2°, párrafo tercero, CP).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial, Victoria Palomino, interpuso recurso de casación y solicitó se case la sentencia atacada en función de los motivos de agravio desarrollados en el recurso.
III. Conferidos los traslados en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal, se pronunció el Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, y propició el rechazo de la impugnación realizada por la defensa.
IV. Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el juez BOUCHOUX expresó:
I. La defensa técnica de M. R. acude a la vía casatoria y denuncia la inobservancia de los artículos 1, 210 y 373 del Código Procesal Penal, 166 segundo párrafo del Código Penal, 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la CADH y 14.1.2 del PIDCP.
Postula que el tribunal dejó de la lado la teoría del caso propuesta por la defensa y omitió cuestiones planteadas respecto a la valoración de los testimonios principales que llevaron al sentenciante a inclinarse por la hipótesis fiscal.
Desde ese carril, sostiene que el a-quo fundamentó el ilegítimo desapoderamiento de la conducta sufrida por la víctima en función de la cantidad de dinero superior a aquella estipulada al valor de la bajada de bandera más la espera sufrida por el acusado.
Sobre esta cuestión, esgrime que no se sabe a ciencia cierta cuán superior era esa suma y que el hecho de que el tribunal exponga que fue “una suma superior” esconde, a su entender, la falta de credibilidad del testimonio de la víctima sobre el monto en cuestión.
A mayor abundamiento, argumenta que no pudo acreditarse el dolo que caracteriza la figura de robo bajo el entendimiento de que entre las partes existía un acuerdo de prestación de un servicio que tiene un determinado costo y el hecho de haber cobrado ese viaje no puede constituir una sustracción ilegítima.
Por otro lado, controvierte la presunta utilización de un arma de fuego por parte de su asistido. En primer lugar porque no fue secuestrada en su poder; en segunda instancia porque la prueba producida durante el debate no fue contundente sobre aquel aspecto. Postula que el a-quo ha soslayado que las víctimas reconocieron haber tomado alcohol, que era de noche y que luego del hecho, en vez de dirigirse a la comisaría a efectuar la denuncia, se fueron a dormir.
A criterio de la defensora pública, configura una hipótesis razonable el hecho de que estos dos sujetos se encontraban alcoholizados y que su capacidad de poder hacer una lectura fidedigna de la realidad estaba francamente limitada.
Por lo demás, considera que la teoría del caso de la fiscalía cae frente a las circunstancias relatadas por el acusado y por los testigos ofrecidos al efecto, Mendiburu y Carlos Pizzarello, quienes, además, manifestaron no haber visto nunca con un arma a M. R..
En definitiva, considera que el razonamiento probatorio exhibe un quiebre lógico, pues, para arribar a la conclusión acerca de que la intención de R. fue desapoderar a la víctima mediante el uso de un arma de fuego, debió tergiversarse al menos una de las premisas utilizadas en ese razonamiento y que, de no haber incurrido en ese déficit, la duda razonable debió ser impuesta -in dubio pro reo mediante- a favor de la teoría del caso de la defensa.
En virtud de lo expuesto, solicita la absolución de su defendido o, en subsidio, el cambio de calificación legal.
Adelanto que el recurso habrá de prosperar.
II. Del libelo recursivo se advierte que la defensa controvierte el razonamiento seguido por el tribunal de la instancia anterior para dar por acreditada la materialidad ilícita propuesta por el Ministerio Público Fiscal y, paralelamente, desechar la teoría del caso traída por la defensa. En el sentido expuesto, se observa que la defensa concurrió al debate oral manteniendo una hipótesis alternativa a la de la acusación, introducida inicialmente por el acusado al momento de prestar declaración en los términos del artículo 308 del ritual, de acuerdo a la cual la conducta de M. R., lejos de subsumirse en la figura del artículo 166 última párrafo del Código Penal, consistió en tomar el dinero que la víctima le estaba por entregar por el servicio de remís, mediante gritos e insultos, luego de aguardar varios minutos en su vehículo, y retirarse del lugar.
Inicialmente, advierto que la teoría del caso de la defensa se apoya, al igual que la acusación fiscal, sobre proposiciones fácticas que no han sido cuestionadas durante el debate.
En efecto, de la prueba producida e integrada al debate se desprende que resultan hechos incontrovertibles que: a) José Luis Orellana Vega se encontraba celebrando el cumpleaños de su amigo y cuñado Marcelo Vedia Flores en calle 518 esquina 132 bis de La Plata; b) Durante la celebración, ambos bebieron bebidas alcohólicas; c) José Luis Orellana Vega decide irse del lugar y llama a un remís; d) M. R., conductor del remís, concurre a la dirección indicada; e) José Luis Orellana Vega es altertado por un llamado que el automóvil ya había llegado a destino y sale a la vereda junto a Marcelo Vedia Flores; f) Marcelo Vedia Flores comenzó a convencer a su cuñado para que se quede a dormir en su casa mientras M. R. aguardaba en el remís siendo que, después de un tiempo, logra convencerlo para que no se vaya; g) M. R. les informa que debían pagarle el viaje mínimo si no iban a viajar; h) Orellana le comenta a su cuñado que debía pagarle y saca dinero de su billetera a ese efecto; i) M. R. sale alterado del remís, les grita, y una vez que toma el dinero, se retira del lugar en su vehículo. El punto sobre el cual se traba el litigio es, entonces, la circunstancia en la que el acusado desciende del vehículo y toma el dinero. Conforme la hipótesis fiscal, M. R. se baja del vehículo con un arma de fuego, le apunta a José Luis Orellana y le sustrae la suma de 1200 pesos; de acuerdo a la teoría de la defensa, R. desciende del auto enojado -sin portar un arma de fuego-, les exige que le paguen bajo la advertencia de que iba a llamar a la policía, y toma los dos billetes de 100 pesos que Orellana le estaba entregando.
Tal como surge de la sentencia puesta en crisis, el a-quo se inclinó por la teoría del caso de la fiscalía bajo el entendimiento de que la prueba producida e integrada al debate permitía acreditar aquella materialidad infraccionaria. Para ello, argumentó que: “De los testimonios se pudo extraer indicios conducentes y concordantes de responsabilidad, los cuales, relacionados con el testigo directo del robo, el Señor Vedia Flores, y la declaración en debate de la víctima, Orellana Vega -los cuales los erijo como prueba basal- permiten determinar sin temor a duda que, claramente, M. R. ha participado en los hechos ilícitos en carácter de autor". a. La defensa postula, como primer agravio, la omisión por parte del a-quo en abordar determinadas cuestiones introducidas por esa parte respecto a estos dos testimonios centrales. A criterio de la impugnante, la relación clara precisa y circunstanciada de los hechos cae ante ciertas discrepancias relatadas por los testigos, principalmente, en lo que respecta a la utilización del arma de fuego.
Postula la casacionista, al respecto, que el a-quo no meritó objetivamente las circunstancias relatadas por la víctima y el testigo Vedia Flores, quienes reconocieron haber bebido alcohol el día de los hechos, que estaba oscuro porque en la calle no había luces y que luego de haber sufrido una supuesta agresión, en vez de dirigirse a la comisaría a efectuar la denuncia, decidieron irse a dormir.
Sobre esta cuestión, asiste razón a la defensa en torno a que las críticas efectuadas por la defensa contra el testimonio de la víctima y el testigo Vedia Flores no fueron debidamente abordadas por el sentenciante, cuando debieron serlo, especialmente, porque no solo abonaban la teoría del caso de la defensa sino porque, a la par, desvirtuaban la de la acusación. Tal como sostuve en la causa c. 123.391 ("Pachelo", sent. del 18- II-2025), la credibilidad del testigo no puede dirimirse porque así le parezca al tribunal en virtud de la inmediación, sino porque lo manifestado por aquel es concordante con datos adquiridos en fuentes probatorias diversas. La mera seguridad del juez no es suficiente donde el resultado objetivo de la prueba no permite una conclusión racional sobre la autoría del acusado. Las impresiones brindadas por la inmediación a los jueces sin inocuas si no se motivan.
Efectuada esta salvedad, observo que el sentenciante se limitó a afirmar que estos dos testimonios -sobre los cuales se fundaba la acusación fiscal- resultaron verosímiles, ajustados a las vivencias que atravesaron, sin otorgar dudas o sospechas a un ánimo distinto al del esclarecimiento de la verdad, sin fundar tal apreciación.
Es que más allá de las circunstancias de percepción apuntaladas por la defensa (estado de embriaguez, oscuridad, falta de luces, etc.), encuentro ciertas contradicciones en sus relatos, especialmente en los puntos claves de litigio: la secuencia del arma de fuego y el monto de dinero hipotéticamente sustraído.
Sobre la primera cuestión, José Luis Orellana Vega declara que el acusado coloca la mano debajo del asiento del acompañante, "saca algo", lo coloca entre sus piernas, se baja y le exhibe un arma de fuego a Vedia Flores para luego, cuando éste se coloca atrás suyo, apuntar el arma hacia él. Sin embargo, el testigo Vedia Flores sostiene que observa al acusado sacar algo del lado de la ventanilla, "algo visualice que sacó", luego se baja, se dirige a Orellana y violentamente le saca el dinero.
Otro de los aspectos que arroja dudas en el caso tiene que ver con que la víctima no pudo describir el arma de fuego presuntamente utilizada por R. en el suceso. Es así que a preguntas de la fiscal sobre las características del arma utilizada, Orellana ni siquiera logró precisar el color, pese a referir que le consta que era un arma ya que no era la primera vez que veía una. Esta cuestión tampoco logró ser esclarecida por el testigo Vedia Flores que solo arrojó más dudas al respecto. Es que en un primer momento, cuando la fiscal lo interroga específicamente sobre el color del arma presuntamente utilizada por el acusado, el testigo respondió no poder precisarlo; sin embargo, ante la hostilidad del testigo que no aportaba datos al respecto y frente a la insistencia del a-quo para que describa el arma en cuestión, sorprendentemente Vedia respondió que el arma era "negra gastada", sin explicar por qué hace tan solo unos minutos dijo no poder recordar su color.
b. Otro aspecto que no ha quedado claro es el dinero que se llevó el acusado, siendo este un aspecto fundamental en tanto configura el segundo aspecto controvertido en el caso.
Es que, de acuerdo a la materialidad ilícita propuesta por la fiscalía, R. le sustrajo $1200. Sin embargo, la víctima en su declaración refirió que fueron $1000; por su parte, de acuerdo al relato del operador de la remisería Jose Miguel Mendiburu, la persona que se comunicó con la remisería para anoticiar la secuencia delictiva mencionó que el remisero se llevó $2500. Finalmente, el testigo Vedia Flores no pudo precisar la cantidad de dinero involucrada.
La incertidumbre sobre la suma de dinero hipotéticamente sustraída ha llevado al juzgador, tal como esgrime la defensa, a modificar esa fracción de la materialidad ilícita propuesta por la fiscal y concluir que R. “le sustrajo una suma de dinero superior a lo que correspondía”. Coincido con la defensa en que si el sentenciante justificó el acaecimiento del delito de robo mediante la conducta consistente en “sacarle de las manos a la víctima una suma mayor de dinero que lo indicado para el viaje”, la precisión sobre el monto hipotéticamente sustraído resulta un elemento esencial para dar por acreditada la hipótesis fiscal y a la vez desechar la hipótesis defensista consistente en que el acusado solo tomó un monto correspondiente al servicio de remís y a la espera sufrida.
Sin lugar a dudas, la duda también campea sobre este aspecto fundamental.
c. Concatenado con lo antes dicho, solo resta abordar el agravio principal de la defensa vinculado con la omisión del juez en valorar debidamente la teoría del caso sustentada por la defensa.
De una lectura de la sentencia, se observa que el a-quo descartó aquella hipótesis bajo el entendimiento de que: "...lo declarado por R. en debate (...) no tiene ningún tipo de sustento probatorio", así como que: "...los demás testigos traídos por la Defensa tampoco aportan circunstancias que permitan despejar la acreditada materialidad y responsabilidad de R., pues deponen sobre momentos previos o posteriores del suceso".
En primer lugar, yerra el sentenciante al afirmar que la versión del acusado no tiene ningún sustento probatorio, pues, cuenta con el respaldo del testimonio brindado por José Miguel Mendiburu durante la investigación, cuya declaración fue integrada al debate a causa del fallecimiento del testigo.
Al momento de los hechos, el testigo trabajaba de operador en la remisería en la que se desempeñaba el acusado y de acuerdo a su relato el día de los hechos recibió una solicitud de viaje mediante la aplicación WhatsApp para la calle 518 entre 131 bis y 132 de La Plata. Explica el deponente que ese viaje le fue asignado a M. R., quien llegó al lugar aproximadamente cinco minutos después de la solicitud.
Un tiempo después, explica que R. lo llama y le consulta si el viaje era para dos personas, ya que había dos sujetos en el lugar que le estaban haciendo señas para que los espere, por lo cual, le pregunta al operador si los coloca en espera; a lo que Mendiburu le dice que no, que espere. Sin embargo, a los diez o doce minutos, el operador detecta, mediante la aplicación que utiliza la remisería, que el vehículo de R. continuaba en ese lugar y decide llamarlo, ocasión en la cual R. le informa que todavía los estaba esperando. A los cinco minutos, el testigo recuerda que el acusado lo llama y le refiere que les iba a cobrar ya que "lo estaban boludeando" aclarando que uno de los sujetos estaba alcoholizado.
Los tiempos de espera relatados por el testigo no se corresponden con lo informado por la víctima y el testigo Vedia Flores, quienes sostuvieron que el remís no aguardó más de cinco minutos, a diferencia de R. que expuso que espero más de quince minutos, circunstancia refrendada por el testimonio de José Miguel Mendiburu. Finalmente, el testigo expuso que M. R. no ha tenido inconvenientes ni problemas con los pasajeros de la agencia, destacando que, además del buen concepto que posee dentro de la remisería, nunca recibieron una queja contra él por parte de los pasajeros. Circunstancia que fue corroborada por el dueño de la remisería, Carlos Pizzarello, quien además de reafirmar que nunca tuvo quejas contra R., afirmó al igual que el testigo Daniel Ángel Iparraguirre Pérez, que tampoco lo ha visto con armas de fuego, lo cual no permitiría por ser política de la empresa. Considero, a diferencia del temperamento adoptado por el sentenciante, que el testimonio de José Miguel Mendiburu es un elemento de corroboración -dentro de las opciones disponibles, pues, recordemos que M. R. se encontraba solo en el remís al momento de los hechos- que robustece su versión de los hechos.
En el caso en estudio, teniendo en cuenta que la defensa ha propuesto una hipótesis alternativa de los hechos que además de cimentarse sobre al menos ocho hechos incontrovertibles, no se encuentra desprovista de todo respaldo probatorio, el juez debió exhibir su razonamiento desarrollado a través del proceso lógico en virtud del cual excluía la duda razonable sobre la existencia de los hechos. En otras palabras, el a-quo debió explicar detalladamente y con sólidos fundamentos por qué descartó la hipótesis alternativa invocada por la defensa cuando en el caso se presentaba como una hipótesis posible y razonable.
Sobre esta cuestión es importante recordar que en términos de suficiencia probatoria "...la comprobación de la hipótesis acusatoria cuenta con un estándar de exigencia mayor que el de la hipótesis alternativa de la defensa -si se presenta-, pues la acusación debe comprobar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y solo así será adecuada para derribar la presunción de inocencia que protege al imputado" ("A., D. A. S/ recurso de casación interpuesto por el Agente Fiscal", causa 123.158, Sala I, Tribunal de Casación Penal, voto Juez Carral).
Estimo que, en el caso particular, no se logró refutar la hipótesis explicativa brindada por la defensa, la cual, además de resultar una hipótesis razonable, parte de ocho premisas tenidas indiscutiblemente por ciertas y que aparecen compatibles con la inocencia del acusado en tal ilícito. Si a ello le adunamos las críticas efectuadas contra los testimonios que cimientan la hipótesis fiscal desarrolladas en los párrafos que anteceden, la conclusión no puede ser otra que la persistencia de la duda sobre cómo se desencadenaron los hechos sometidos a juzgamiento. Coincido, en definitiva, con la afirmación defensista en cuanto a que el razonamiento probatorio del sentenciante exhibe un quiebre lógico, pues las premisas utilizadas por el a-quo que desde la coherencia lógica le permitieron arribar a la conclusión final, incluían aquella alternativa a la hipótesis que justificó la condena; siendo que el tribunal llena de contenido los dos únicos aspectos discutidos en el caso (monto de dinero sustraído y utilización del arma de fuego) de acuerdo a las proposiciones fácticas esgrimidas por la fiscalía, afirmando la existencia de certeza donde, de acuerdo a los lineamientos desarrollados, no la hay.
Bajo esas condiciones, entiendo que el material probatorio no permite fundar una conclusión sobre la verdad de las dos proposiciones fácticas escogidas por el juez para inclinarse por la hipótesis fiscal o, al menos, el análisis de la prueba en su conjunto no conduce inequívocamente a la conclusión incriminadora propuesta por la acusación y recogida por el aquo en la sentencia.
Frente a este escenario, la duda que campea sobre estas cuestiones fundamentales conduce indefectiblemente, mediante la aplicación del principio in dubio pro reo, a la absolución del acusado. Por ello, en atención a las consideraciones formuladas, propongo dejar sin efecto la sentencia recurrida y absolver a M. R. en orden al hecho calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.
Por lo que a la primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el juez CARRAL dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos, y también me pronuncio por la AFIRMATIVA. A la segunda cuestión, el juez BOUCHOUX expresó:
En orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar la sentencia recurrida y absolver a M. R. en orden al hecho calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (arts. 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2 h, CADH; 166 inc. 2°, párrafo tercero, CP; 210, 373, 448, 450, 451, 456, 459, CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el juez CARRAL dijo:
Voto en igual sentido que el juez Bouchoux.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. Hacer lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial.
II. Absolver a M. R. en orden al hecho por el que llegara condenado y que fuera calificado como robo agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada.
III. Disponer la libertad del acusado (art. 463, CPP) quien se encuentra bajo detención domiciliaria, encomendando su instrumentación al Tribunal Criminal n°1 de La Plata.
Rigen los artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 166 inciso 2°, párrafo tercero del Código Penal; 210, 373, 448, 450, 451, 456, 459 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase al tribunal de origen.
Fin de la sentencia