Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8830 FOLIO Nº 149/152 PROT. ELECT. JR101508I.242
Río Gallegos, 29 de julio de 2024.
La presente causa caratulada: “R.A.M. S/ VIOLACIÓN DE DOMICILIO, DAÑO Y AMENAZAS CALIFICADAS” Expte. Nº R-77089/23, Apelación Nº 9005/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 138/145 vta. y 146/146 vta., obran glosados los autos dictados por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto I) del primero de los instrumentos nombrados, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.M.R., en orden al delito de “lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, violación de domicilio y amenazas calificadas” (arts. 89 y 92, en función del art. 80 inc. 1 y 11, 149 bis –primer párrafo-, 150 y 55 del Código Penal) y; en el segundo resolutorio aludido, trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000). Que a fs. 150/153 vta., la defensa técnica apeló dichos autos –motivando su presentación-; a fs. 157 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en primer término, la defensa sostuvo que el pronunciamiento no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y –a su juicio- carece de fundamentos para sostener su postura.
Señaló que el auto apelado provoca el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación de las pruebas.
En tal sentido, aseguró que la valoración de los indicios y las presunciones fueron realizadas únicamente en contra y perjuicio de su defendido.
En particular, advirtió la inexistencia de pruebas directas que configuren los delitos endilgados y, asimismo, negó que se hubiera comprobado que el imputado fuera autor material de los hechos, pues según dijo “… las pruebas no fueron valoradas parcialmente…” (textual del escrito recursivo fs. 151).
En su primer agravio concreto (punto IV), rechazó que existieran lesiones físicas que fueran consecuencia de los hechos denunciados, dado que –según advirtió- el Cuerpo Médico Forense certificó que la data de las lesiones es mayor a treinta días.
Continuando con sus críticas al auto de procesamiento, en el segundo agravio, rechazó cualquier imputación por amenazas calificadas, pues –indicó- la única testigo de la misma es la denunciante. Dijo que ello surge de una conversación con el Sr. Z.
Por su parte, en el punto VI) del recurso incoado, reprochó la calificación legal atribuida a los hechos en el pronunciamiento.
Asimismo, en el apartado VII) formuló reserva de caso federal, la que será tenida en cuenta oportunamente.
Por último, criticó por excesivo y arbitrario el monto de embargo fijado, y pidió se disponga el sobreseimiento de su representado o, en su defecto, se dicte la falta de mérito.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizados los agravios expresados, adelantamos, serán desestimados.
En primer término, entendemos que, aun cuando el auto de procesamiento fuera contrario a los intereses del imputado, resulta insostenible argumentar que el mismo no estuviera fundado, pues una simple lectura del pronunciamiento basta para constatar que se apoya en la correcta valoración de la prueba adunada al legajo, analizada a la luz de la sana crítica racional; normativa interna y tratados internacionales sobre la materia. Al respecto, nótese que el magistrado abordó separadamente el análisis de los hechos endilgados, y detalló en cada caso la prueba que acreditaría su materialidad y autoría, motivo por el cual, no haremos lugar al presente agravio. En segundo lugar, cabe rechazar el planteo relativo a la inexistencia de pruebas directas que configuren los delitos endilgados, toda vez que el auto no sólo se apoya en los dichos de la víctima, sino en numerosos y variados elementos que conviven en perfecta armonía dentro de la causa.
Así, respecto del hecho 1, y en relación a las lesiones que presentaba la víctima, se cuenta con su declaración ante la Oficina de Violencia Doméstica (fs. 50), y el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense (fs. 45). Asimismo, en cuanto a las amenazas que el imputado le habría proferido en fecha 13/06/2022, se valoró una denuncia anónima formulada al día siguiente, por ante la OVD, donde el declarante menciona haber escuchado gritos, golpes en las paredes y rotura de vidrios, junto a la expresión: “… ahora me entendés o querés otra paliza…”. A los mismos fines, se consideró la declaración testimonial de E.I.B. (vecina), quien contó que en el transcurso de esa semana, oyó a la pretensa víctima discutir con su pareja (a quien identificó como el imputado) y al tornarse cada vez más fuerte la discusión llamó al 911. En este sentido, cabe considerar que las quemaduras que el imputado habría ocasionado a la víctima, fueron constatadas por el Cuerpo Médico Forense, y las amenazas que la damnificada denunció, fueron oídas por testigos imparciales, lo que descarta la idea de inexistencia de elementos probatorios, y refuerza los dichos de la denunciante.
Por otro lado, en torno a la acreditación de la autoría del hecho 2, se valoró: el informe de inicio de actuados; la denuncia judicial de la damnificada; las diligencias llevadas a cabo por la preventora; y las contestes declaraciones de un testigo imparcial (O.Z.), y del progenitor de la denunciante.
Que lo reseñado, alcanza para tener por acreditada –prima facie- materialidad y autoría de los hechos denunciados y, asimismo, descarta que se hubieran quebrantado las reglas de la sana crítica racional en la valoración de los elementos probatorios, tal como propicia el recurrente.
Al respecto, resulta inobjetable el criterio del magistrado de analizar los hechos denunciados, a la luz de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia (26485), y los tratados internacionales sobre la materia, pues estos últimos resultan de aplicación obligatoria para los operadores judiciales.
Por su parte, entendemos, no resiste el análisis la aislada crítica dirigida al informe del Cuerpo Médico Forense glosado a fs. 45, con el cual –en principio- se acreditó la materialidad de las lesiones supuestamente sufridas por la pretensa víctima en el mes de mayo de 2022, dado que este determina la data de las mismas (mayor a 30 días), explica el inusual elemento que podría haberlas ocasionado; e inclusive señala que “… si las lesiones son provocadas por el mismo victimario, en diferentes oportunidades, la posibilidad de muerte de la examinada debe considerarse como una situación altamente probable…”; todo lo cual, se coincide con el relato de la damnificada (fs. 49/52). En otro orden de ideas, debemos desestimar el argumento de la defensa que niega la existencia de amenazas por no existir testigos directos de las mismas, pues en el caso de las detalladas en el hecho 1, habrían sido inclusive oídas por testigos imparciales, y en el caso de las que integran el hecho 2, el juez valoró el especial contexto de violencia denunciado, criterio que compartimos.
Ello así, pues es sabido que a partir de lo establecido por el art. 16 inc. i) y 31 de la ley 26485, en casos como el que nos ocupa, los organismos del estado se encuentran obligados a garantizar la amplitud probatoria tendiente a acreditar hechos de violencia denunciados por las mujeres. En el supuesto bajo estudio, es evidente que el magistrado tuvo por acreditadas las supuestas amenazas proferidas –cuya materialidad y autoría la defensa niega-, en virtud del delicado contexto analizado, en el cual el relato de la víctima se mantuvo firme en los distintos ámbitos en que declaró y, asimismo, teniendo en cuenta el informe de evaluación de riesgo elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica, que calificó la situación en que se encontrarían inmersos la víctima y el imputado, como de riesgo alto (fs. 53/55).
Al respecto, viene al caso recordar que: “… no puede nunca considerarse que las actuaciones llevadas a cabo por la OVD carecen de valor probatorio, por cuanto un pensamiento así contraría la razón de ser de la creación de este tipo de oficinas cuya finalidad no es otra que garantizar a las personas en situación de vulnerabilidad el efectivo acceso a la justicia, y una verdadera atención, contención u asesoramiento integral de mujeres en grave situación de vulnerabilidad…” (CSJ; Tucumán; 15/08/2017; M. L. A. s. Lesiones leves agravadas y amenazas de muerte en concurso ideal; Rubinzal Online; RC J 8306/17). Por otro lado, en relación a la crítica referida a la calificación legal atribuida al imputado, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de “lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, violación de domicilio y amenazas calificadas” (arts. 89 y 92, en función del art. 80 inc. 1 y 11, 149 bis –primer párrafo-, 150 y 55 del Código Penal).
En cambio, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr. Juez de grado, sin lograr controvertir lo decidido. Por consiguiente, y siendo criterio de esta alzada –en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (criterio asentado en apelaciones nros. 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, por citar algunas). Cabe destacar que este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado.
Para finalizar, en relación al planteo relativo al embargo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que en el punto V) del considerando, y luego en el auto de fs. 146/146 vta., el magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo y arbitrario´, razón por la cual rechazaremos este último cuestionamiento.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos glosados a fs. 138/145 vta. y 146/146 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por el recurrente.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia