Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22431-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el encausado y fundado por la Sra. Defensora Oficial del encausado, la Dra. Liliana Cucurullo en fecha 30 de Octubre de 2026, por los motivos expuestos en el primer considerando (arts. 168 y 171 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu", 498 y concordantes del C.P.P.).
II. Confirmar , en todo cuanto fuera materia de agravio,la resolución dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 Dptal., el Dr. Alejandro David, quien resolvió, con fecha 22 de Octubre de 2026: "no hacer lugar, al penado A. F. R. P. al régimen de SALIDAS TRANSITORIAS , por los argumentos expuestos en la audiencia oral.", por los motivos expuestos en el segundo considerando (artículos 4, 5, 6, 10, 94, 100, 146, 147 y concordantes de la Ley Provincial 12.256; artículos 106, 439, 498 y concordantes del C.P.P.; artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Causa N° I-22.431-2026 - "R. P., A. F. S/ Incidente de Salidas Transitorias"
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el encausado y fundado por la Sra. Defensora Oficial del encausado, la Dra. Liliana Cucurullo en fecha 30 de Octubre de 2026, contra la resolución dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 Dptal., el Dr. Alejandro David, quien resolvió, con fecha 22 de Octubre de 2026: "NO HACER LUGAR, al penado A. F. R. P. al régimen de SALIDAS TRANSITORIAS , por los argumentos expuestos en la audiencia oral."
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto, practicado que fuera el sorteo de rigor resultó el siguiente orden de votación: en primer lugar el Dr. Oscar R. Quintana, en segundo término el Dr. Diego E. Martínez y, para el caso de disidencia, el Dr. Carlos F. Blanco.-
A continuación, los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible la impugnación planteada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMER CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. OSCAR R. QUINTANA DIJO:
Que la parte recurrente resulta legitimada ex lege para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, tal como surge de las constancias del presente. De igual manera deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible ya que integra el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación, conforme artículo 498 del Código de Procedimiento Penal.
Ha cumplido también la Defensa Oficial interviniente con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión de la a quo, consignando su respectiva fundamentación en el escrito presentado en fecha 30 de Octubre del corriente.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente por lo que, VOTO POR LA AFIRMATIVA . (Arts. 168 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 439, 442, 446 "a contrario sensu " y concordantes del C.P.P.)
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL JUEZ DR. DIEGO E. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por los mismos motivos y fundamentos, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA. (Cfr. art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
I. Surge de autos que con fecha 22 de Octubre de 2026 el Sr. Magistrado Titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de San Isidro, Dr. Alejandro David resolvió en el marco de la audiencia que tuvo lugar en la fecha previamente indicada, "NO HACER LUGAR, al penado A. F. R. P. al régimen de SALIDAS TRANSITORIAS , por los argumentos expuestos en la audiencia oral.".
Para así decidir, el Dr. David destacó la ausencia de actividades laborales y de aprendizaje de oficios que le brinden al interno herramientas de capacitación adecuadas para su posterior reinserción social.
Asimismo, el juez sostuvo que la declaración de reincidencia que pesa sobre el condenado exige un tratamiento penitenciario de mayor intensidad, resultando indispensable respetar el régimen secuencial y el principio de progresividad de la pena. En este aspecto, si bien ponderó su buena conducta y el cursado del nivel primario, enfatizó la necesidad de recomendar al penado su incorporación en tareas de formación laboral.
Finalmente, el magistrado consideró que la pretensión resultaba prematura, toda vez que el ingreso del interno al ámbito carcelario data de agosto de 2025, encontrándose en el régimen cerrado modalidad moderada, que constituye la primera etapa del esquema progresivo. Por ello, rechazó las salidas transitorias requeridas y dispuso incorporar a R. al régimen semiabierto de modalidad limitada, con una reevaluación fijada para un plazo de seis meses.
II. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial del penado, la Dra. Liliana Cucurullo.
En primer lugar, la apelante impugna la resolución al considerar que la condición de reincidente de Rocha no justifica un endurecimiento automático del tratamiento penitenciario ni constituye, por sí misma, un obstáculo legal para acceder a las salidas transitorias. Sostiene que atribuir el eventual fracaso de intervenciones previas exclusivamente al condenado invierte la responsabilidad estatal en la reinserción social y desconoce su evolución favorable durante la detención actual, en la cual registra conducta ejemplar y concepto bueno. En tal sentido, alega que la decisión cuestionada transforma la reincidencia en una presunción desfavorable permanente, en franca contradicción con los principios de legalidad, razonabilidad, progresividad y finalidad resocializadora de la pena.
Asimismo, la letrada se agravia de que se catalogue como prematura la pretensión con fundamento en la actual permanencia del interno en un régimen cerrado de modalidad moderada. Afirma que dicho razonamiento constituye una interpretación excesivamente rígida y formalista del principio de progresividad, el cual debe a su criterio funcionar como una garantía a favor del penado y no como un obstáculo para prolongar las condiciones de encierro más restrictivas. Añade que la eventual omisión o demora del Servicio Penitenciario en promover el avance de régimen no puede ser atribuida al detenido ni ser utilizada judicialmente para denegarle el derecho solicitado.
Por último, la defensa arguye que el magistrado de ejecución no se encuentra limitado a convalidar pasivamente la modalidad de alojamiento dispuesta por la administración penitenciaria. Plantea que, al verificarse los recaudos legales, el órgano jurisdiccional posee la facultad de disponer de manera conjunta la incorporación de Rocha a las salidas transitorias y su posterior traslado a un régimen semiabierto amplio. Con ello, busca evitar que la falta de adecuación del régimen por parte del Estado se convierta en una barrera meramente formal para el ejercicio de las salidas requeridas.
III. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, entiendo que el recurso de apelación no puede prosperar conforme los motivos que paso a exponer.
Conforme se desprende del auto recurrido, si se tiene en consideración que A. F. R. P. se encuentra cumpliendo una pena de tres años y dos meses de prisión cuyo vencimiento operará el día 20 de mayo de 2028, habiendo ingresado al ámbito carcelario en agosto de 2025, se advierte que a la fecha se encuentra cumplido el requisito temporal exigido para el instituto de salidas transitorias solicitado. Al respecto, el magistrado interviniente consideró que el condenado ha abastecido el extremo temporal exigido para su viabilidad.
Sin perjuicio de ello, en este aspecto y tal como tengo dicho, el requisito temporal resulta ser sólo uno de los presupuestos objetivos a tener en cuenta a los fines de evaluar la posibilidad de conceder el o los institutos en trato, verificándose en el caso otras cuestiones que deben ser valoradas, tales como la participación en los cursos de capacitación profesional o de formación en oficios, su desenvolvimiento en el área laboral y los informes en cuanto al pronóstico de reinserción efectuado por la dirección del establecimiento penitenciario.
En su escrito de apelación, la defensora oficial cuestiona la resolución adoptada por el magistrado, señalando que la decisión incurre en una valoración inadecuada de la evolución penitenciaria del interno al transformar su condición de reincidente en un obstáculo insalvable y desatender la conducta ejemplar y concepto bueno informados por la autoridad penitenciaria en el marco de los informes criminológicos remitidos desde la unidad albergante.
Asimismo, sostiene que la prolongada permanencia de R. en un régimen cerrado de modalidad moderada responde a una omisión del Servicio Penitenciario en promover su avance progresivo, por lo que dicha inacción estatal no puede serle imputada al condenado ni ser utilizada por el juzgador como fundamento para tildar de prematura la petición y denegar el acceso a las salidas transitorias, pese a que el Acta N° 322/2026 estima la INCONVENIENCIA de incluir a R. en el régimen de Salidas Transitorias incoado.
Ahora bien, sobre este punto, en lo que respecta al valor vinculante de los informes criminológicos del SPB y las recomendaciones que en ellos se plasmen, tal como he sostenido en anteriores precedentes de esta Sala entiendo que la opinión técnica de las autoridades penitenciarias reflejada en los mismos queda sujeta siempre a contralor jurisdiccional, siendo los jueces quienes poseen la competencia para resolver respecto de la procedencia, o no, de los beneficios que pudieran corresponder a los detenidos; esto, más allá de la opinión o decisión de la autoridad administrativa, no resultando dichos informes vinculantes para los Jueces, sino un instrumento más a valorar al momento de decidir, con lo cual le asiste razón a la recurrente en cuanto a lo planteado en el marco de su recurso de apelación, donde la Dra. Cucurullo argumenta que el juez de ejecución no debe limitarse a homologar de forma pasiva la posición de la autoridad penitenciaria.
La doctrina explica que la judicialización de la etapa de la ejecución penal es una consecuencia necesaria de la vigencia del principio de legalidad, y significa que los jueces deberán controlar la vigencia de los derechos en el ámbito carcelario y que todas las decisiones de la etapa de ejecución que implican una alteración de la determinación de la pena, deben ser tomadas por un juez, órgano jurisdiccional independiente de la Administración, en un proceso en el que se respeten las garantías del proceso penal (Conf. Marcos SALT, "Comentarios a la nueva ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad" (Nueva Doctrina Penal 1996/B, 1996, Ed. Del Puerto, p. 675).
En este sentido, también resulta doctrina de esta Sala que la reinserción social alegada por la defensa y fin final de la ejecución de la pena (arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la C.N., 5.6 de la CADH, 10.3 del PIDCyP, 4 ley 12.256), tiene un estatus jurídico superior a la mera decisión legislativa, como pueden ser las limitaciones temporales objetivas establecidas en abstracto en la normativa aplicable. En efecto, ese es el fundamento del art. 6 de la ley 12.256 en cuanto establece que los regímenes de ejecución de la pena, que hacen a su progresividad, serán de utilización alternativa y no necesariamente secuencial.
En esta senda, la judicialización de la pena implica que será ".el Juez el encargado de velar por un lado, que el cumplimiento de la pena se produzca en orden a los preceptos constitucionales y, por otro, decidir cuándo (.) el fin de la pena se encuentre cumplido.-" Así, las determinaciones sobre la flexibilización la pena, sólo podrán ser tomadas mediante resolución fundada por la "autoridad competente", que resulta el Juez de Ejecución de la pena privativa de la libertad. Es el Juez, en definitiva, quien fundadamente va a resolver sobre el régimen en el cual le corresponda estar a cada persona privada de libertad.
Sentado ello, he de merituar positivamente que, según consta en el Informe Integral y en el Acta N° 322/2026 de la Unidad 18 de Gorina, se pone de relieve que el penado ha logrado adecuarse a la normativa imperante y sostener una buena adaptación al régimen institucional, alcanzando una conducta Ejemplar 9 (nueve) y un concepto Bueno en dicho establecimiento, destacándose que no registra ninguna sanción disciplinaria en su legajo personal.
Por otro lado, en las mismas piezas se informa que, en relación a los dispositivos tratamentales del área educativa, cuenta con antecedentes previos a su detención consistentes en el nivel secundario incompleto (cursado hasta segundo grado) en la provincia de Tucumán. Asimismo, se consigna que en la actualidad se encuentra cursando de manera presencial y con asistencia diaria el Primer Ciclo del nivel primario en la E.E.P.A. N° 750 de la Unidad 18 de Gorina.
Por otro lado, se informa desde la mencionada unidad que, en el plano laboral, previo a su detención se desempeñó como albañil durante ocho años en la zona de San Martín, pero que en el área de talleres del establecimiento actual no realiza actividades laborales por priorizar sus estudios primarios. Sobre este aspecto, se detalla que el encausado no registra antecedentes de labor en otras dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense durante su trayectoria carcelaria.
En lo relativo a la capacitación laboral o técnica, los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense confirman que el interno no ha realizado cursos de formación profesional ni capacitaciones técnicas en contexto de encierro. No obstante, el área específica hace constar que el penado se encuentra a la espera de cupo y ha manifestado su interés en incorporarse a dicha área.
Sentado ello, respecto a la capacitación técnica o en oficios, la inactividad en el área de talleres fue valorada negativamente por el magistrado al igual que por el Departamento Técnico Criminológico para denegar las salidas transitorias por prematuras.
Sin embargo, en virtud del desempeño del interno, el juez dispuso en la parte resolutiva de su fallo incorporar a R. al régimen semiabierto en la modalidad limitada -con reevaluación en seis meses- y recomendó su inclusión formal en actividades de formación laboral y capacitación adecuadas para su reinserción social.
Tal como fuera dicho ut supra , destaco como elementos favorables el sostenido y reciente adecuado desenvolvimiento institucional de Rocha reflejado en los guarismos alcanzados en materia de conducta y concepto, pero debo destacar que no puede perderse de vista la carencia de formación académica actual en materia de cursos de formación profesional que podrían brindarle herramientas en miras de una favorable reinserción social al igual que su falta de inclusión en los espacios laborales, destacándose que tampoco registra antecedentes laborales en otras unidades del SPB cuando su trayectoria abarca las U-38, U-42 y U-18.
Sobre este tópico llevo dicho que, si bien el desarrollo en estos ámbitos es un derecho y no una obligación de los penados, lo cierto es que la preparación de éstos, resulta de fundamental importancia toda vez que constituye una vital herramienta para adquirir habilidades que le permitan lograr una reinserción social adecuada, además de constituir un indicador esencial a los fines de evaluar su desempeño intra-muros.
Ahora bien, sobre esta línea, pero con relación al principio de progresividad que encuadra al régimen penitenciario y al agravio planteado en ese sentido por la parte recurrente, ha de tenerse presente que se trata de un derecho del penado que se encuentra enderezado a ir atenuando en forma cualitativa el cumplimiento de la pena permitiendo que vaya recuperando gradualmente el ejercicio de los derechos que le fueron limitados por la sentencia de condena.
En ese norte, y como he dicho reiteradamente, si bien resulta cierto que el avance en la progresividad en el régimen penitenciario no tiene que ser necesariamente secuencial, respecto a la aplicación del articulo 6to. de la ley de ejecución provincial en relación a los conceptos de progresividad y secuencialidad, sostuve que: "...El primero rige todo el encarcelamiento del condenado y opera como regla para la paulatina vuelta al medio libre del sujeto condenado, tendiendo a la concesión gradual de institutos liberatorios que permitan el contacto del interno con la vida extramuros (salidas transitorias, libertad asistida y libertad condicional). El segundo rige el tránsito por los distintos regímenes del tratamiento penitenciario permitiendo la incorporación del interno a modos de encierro menos rigurosos (regímenes cerrado, semi -abierto y abierto, en sus diversas modalidades..."..
En lo relativo al agravio de la defensa respecto a la ponderación de la condición de reincidente de R. P., corresponde ratificar el criterio adoptado por el magistrado de grado.
La declaración de reincidencia no opera como una restricción o sanción automática, sino como un parámetro legalmente válido que evidencia la insuficiencia de las intervenciones penitenciarias anteriores para evitar la comisión de nuevos delitos. Dicha circunstancia torna indispensable intensificar el tratamiento intramuros y exigir una observancia más rigurosa del esquema progresivo de la pena, resultando indispensable su previa consolidación en el régimen semiabierto antes de acordar beneficios de soltura en el medio libre. Ello adquiere especial relevancia en lo atinente a la adquisición de herramientas de formación laboral y de oficios que doten de sustento real a la futura reinserción social, tal como se ponderara en el Acta N° 322/2026, sin que dicha exigencia implique vulnerar la finalidad resocializadora de la pena (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.), sino adecuar la graduación de la ejecución a las necesidades tratamentales concretas del encausado.
Por último, si bien se valora la verificación del domicilio propuesto y la favorable predisposición del entorno de contención familiar del interno, corresponde precisar que la inviabilidad de las salidas transitorias se fundó en otros argumentos. En efecto, el rechazo del beneficio reposó en la falta de actividades laborales y de aprendizaje de oficios que doten al penado de herramientas para su reinserción social, en la condición de reincidente que exige profundizar el tratamiento penitenciario respetando el régimen secuencial y la progresividad de la pena, y en la prematuridad del reclamo atento a su ingreso al ámbito carcelario en agosto de 2025 bajo la primera etapa del esquema progresivo en un régimen cerrado modalidad moderada.
Por consiguiente, aun ponderando positivamente la contención en el medio libre y el compromiso asumido por su referente, tales circunstancias no resultan suficientes por sí solas para contrarrestar el conjunto de variables tratamentales y normativas evaluadas en la instancia y en la presente intervención de esta Alzada.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, actualmente y a partir de la resolución apelada, se encomendó desde la instancia que A. F. R. P. sea incorporado en un régimen semi abierto de modalidad limitada, por lo que entiendo que más allá de los elementos valorados favorablemente, corresponde en el caso observar por un tiempo prudencial como desarrolla en dicho espacio respecto a las actividades tratamentales recomendadas, para luego alcanzar un nivel de mayor autogestión y avanzar paulatinamente por los distintos institutos que ofrece la ley de ejecución. Por ello, entiendo que no corresponde de momento conceder las Salidas Transitorias incoada en favor del penado.
Por estos motivos, es que propongo al acuerdo CONFIRMAR la resolución puesta en crisis en cuanto no hacer lugar al beneficio referido, de conformidad con los parámetros valorados en el marco de la presente. ASÍ LO VOTO. (artículos 100, 146, 147 y ccdtes. de la Ley Provincial 12.256; artículos 439, 440, 498 y ccdtes. del C.P.P.; artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL JUEZ DR. DIEGO E. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por los mismos motivos y fundamentos, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA. (Cfr. art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Por ello,
el Tribunal,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el encausado y fundado por la Sra. Defensora Oficial del encausado, la Dra. Liliana Cucurullo en fecha 30 de Octubre de 2026, por los motivos expuestos en el primer considerando (arts. 168 y 171 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu", 498 y concordantes del C.P.P.).
II. CONFIRMAR , en todo cuanto fuera materia de agravio,la resolución dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 Dptal., el Dr. Alejandro David, quien resolvió, con fecha 22 de Octubre de 2026: "NO HACER LUGAR, al penado A. F. R. P. al régimen de SALIDAS TRANSITORIAS , por los argumentos expuestos en la audiencia oral.", por los motivos expuestos en el segundo considerando (artículos 4, 5, 6, 10, 94, 100, 146, 147 y concordantes de la Ley Provincial 12.256; artículos 106, 439, 498 y concordantes del C.P.P.; artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Regístrese electrónicamente, para el caso de corresponder, actualices el R.U.D. Notifíquese al Sr. Fiscal General, a la Defensa y al juzgado interviniente. Fecho, devuélvase a la instancia encomendando a su Secretaría que realice las demás notificaciones que considere pertinentes. Sirva la presente de atenta nota de envío. -
Firmas
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 980-2026
Fin de la sentencia