Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 126.686
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa;
II. Casar los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala IV del TCP y por el Tribunal en lo Criminal de Mercedes que en el reenvío le impuso la pena (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, absolver a M. C. P. en el presente proceso, sin costas.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 126686 (IPP 1900-14079-18) caratulada “R., R. B. S/ RECURSO DE CASACION; P., M. C. S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL-MAIDANA.
1. El Dr. Juan Manuel Tillet, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Mercedes, con fecha 30 de junio de 2023, absolvió a M. C. P. en orden a los delitos atribuidos por la acusación.
2. La fiscalía interpuso recurso de casación.
Al contrario de lo sostenido por el magistrado, consideró que la prueba disponible era suficiente para establecer, con la certeza que exige un veredicto de condena, que M. C. P. fue la persona que abusó sexualmente de O.R. y que la niña mencionó como “C.”, novio de su madrina M.
Denunció que el juez incurrió en un “absurdo valorativo” al establecer que la identificación entre P. y el mencionado “C.” no se pudo corroborar, y solicitó se lo condene como autor de los delitos imputados.
3. Con fecha 26 de septiembre de 2023, los jueces de la Sala IV de este Tribunal de Casación hicieron lugar al recurso interpuesto por el fiscal, casaron el veredicto absolutorio de M. C. P. y lo condenaron como autor responsable del delito de abuso sexual de una menor de trece años de edad agravado por el acceso carnal, por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima por su duración en el tiempo y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de trece años de edad y por ser el autor conviviente de la menor; y reenviaron el caso a la instancia anterior para que se determine la pena a imponer.
4. En lo que importa mencionar, el defensor adjunto de Casación, Dr. Nicolás Blanco, se notificó de la sentencia e hizo reserva para recurrir ante la SCBA, solicitando se cumpliera con el reenvío ordenado y se le diera nueva vista del fallo completo (presentación del 04/10/23).
Radicada la causa ante el Tribunal en lo Criminal 2 de Mercedes y de acuerdo con la condena dictada por la Sala IV del TCP, se le impuso a M. C. P. la pena de once (11) años de prisión, accesorias legales y costas.
Tales pronunciamientos (el de la Sala IV del TCP y el que resolvió la pena del acusado), como integrantes del fallo completo, fueron impugnados por el Dr. Nicolás Blanco.
5. Por aplicación al caso de la doctrina del precedente “Carrascosa” y -sorteo mediante- la causa se radicó por ante esta Sala I, se conformó su integración y se dio traslado a las partes.
El defensor contestó la vista conferida y solicitó se case el fallo de los jueces de la Sala IV, por haber incurrido en razonamientos arbitrarios y resolver el caso en contra del principio de inocencia y su derivado in dubio pro reo.
En subsidio, consideró que los jueces de la Sala IV, al condenar a su asistido, violentaron la garantía del ne bis in idem, conforme la doctrina de la Corte Federal.
Por su parte, la fiscal adjunta Dra. Daniela Bersi, solicitó se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa, por los argumentos expuestos en el dictamen presentado. Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. Atribuida a esta Sala la tarea de revisar la primera sentencia adversa del acusado, dictada por otros jueces del TCP a instancias del acusador estatal, corresponde recordar que al recurso de la fiscalía no se le concede el alcance que determina la teoría de la máxima capacidad de rendimiento (conforme “Casal”, CSJN); sino que debe demostrar la arbitrariedad de la sentencia que recurre y ello imponía un límite en la revisión por parte de los jueces de la Sala IV.
En efecto, si el derecho constitucional al recurso solo ampara al imputado (“Arce”, CSJN); será a través de la excepcional doctrina de la arbitrariedad de sentencias que protege la garantía del debido proceso, por la que el acusador estatal puede demostrar que el “beneficio de la duda” fue incorrectamente aplicado (SCBA, P. 133.731, sentencia del 21.05.21).
La arbitrariedad exige demostrar un defecto realmente grave de fundamentación o en el razonamiento inferencial que contiene el fallo, de acuerdo con la evidencia disponible.
2. Ahora bien, constato que los jueces de la Sala IV utilizaron idéntico razonamiento probatorio para demostrar la arbitrariedad del veredicto absolutorio (como requisito de procedencia del recurso fiscal) y para probar la autoría de P. en el delito imputado. Luego, la cuestión a resolver exige revisar dos aspectos estrechamente relacionados, debido a sus consecuencias: si la primera sentencia adversa del acusado tuvo como prelación lógica y condición de posibilidad la alegada arbitrariedad del veredicto absolutorio, se impone ahora la revisión de ambas cuestiones, la del juicio de admisibilidad del recurso fiscal y la del razonamiento probatorio que justificó la condena de P. en casación, pues los jueces de la Sala IV las asociaron indisolublemente.
En definitiva, corresponde analizar si la Sala IV constató adecuadamente la arbitrariedad que el fiscal adjudicó al veredicto absolutorio y, a la vez, garantizar el derecho del imputado a la revisión amplia e integral de la primera sentencia de condena.
3. Corresponde repasar, entonces, cuáles fueron los argumentos del fiscal en el recurso que resolvieron los jueces de la Sala IV.
En forma preliminar, la fiscalía señaló que conforme se estableció en el mismo veredicto, “la posible intervención de P. comienza con la mención de la damnificada en cuanto a que uno de los sujetos que la agredió sexualmente era C.”, que lo hacía en la casa de él y que “C. era el novio de su madrina M.” (pág. 2, recurso fiscal).
Sin embargo, observa que seguidamente y en forma injustificada, el juez criticó “las diligencias que llevaron a la individualización” del imputado P. como el mencionado “C.” (pág. 2, recurso) y decidió su absolución, mediante una absurda valoración de la prueba.
(i) Primero, señaló que el juez dijo “que los hechos con relación a P. se sustentan en la misma evidencia por la cual condenara a los otros tres imputados” y, por ello, “no se entiende el por qué, con argumentos poco sólidos, la decisión es distinta en este caso” (pág. 3, recurso fiscal).
El fiscal alegó que la niña fue “contundente”
al declarar “quiénes fueron las personas que abusaron de ella” y que “uno de ellos fue C., el bien identificado M. C. P., quien nunca negó su apodo y relación” (pág. 3, recurso).
(ii) En segundo lugar, el fiscal observó que - para justificar su decisión- el magistrado “critica y tilda de irrelevantes los informes realizados por la oficial de policía Elisa González, sin ningún tipo de fundamento válido, diciendo que esas piezas no son declaraciones testimoniales y que por ello no tendrían valor, valga la redundancia, argumento de debe desecharse, porque es prueba que sí lo tiene, al ser realizadas por una funcionaria pública que da fe de ello con sus dichos y que no puede descartarse porque sí, tan livianamente” (pág. 3, recurso).
(iii) En tercer lugar, la fiscalía alegó que el juez “erróneamente manifiesta que se concretó una franca inobservancia del derecho de defensa, porque fue confirmado por la coimputada R. que C. era el aquí imputado P., lo que es totalmente ilógico” y se pregunta “de dónde surge que -más allá del grado de convicción que le dé el juzgador-, no puedan tenerse en cuenta las referencias que un coimputado haga respecto a la participación de otro”. Afirma “claramente que se puede y eso de ninguna manera significa la violación de derecho alguno”, porque la coimputada R. no estaba impedida de declarar en contra de P. “y que ella también haya resultado imputada, no la priva de ello” (pág. 3, recurso).
(iv) En definitiva, sostiene que M. C. P. “fue perfectamente identificado” como “la persona que la víctima O.R. mencionara como C., apodo que éste reconoció en su declaración del art. 308 del CPP y que llevara a que fuera detenido” por el juez de garantías (pág. 3, recurso).
4. Establecido lo anterior, constato que al examinar el recurso de la acusación, los jueces de la Sala IV se limitaron a replicar los argumentos de la fiscalía, pero sin confrontarlos con la justificación del veredicto.
En efecto, los jueces de casación establecieron:
(i) que el razonamiento del juez fue “contradictorio y contrario a las reglas de la lógica y de la experiencia”, pues “dijo que los hechos en relación a P. se sustentaban en la misma evidencia por la cual se condenara a los otros tres imputados, para luego, sostener que no se pudo corroborar que la persona nombrada por la menor, como uno de los autores de los abusos sexuales, sea efectivamente el imputado P.” (pág. 18, sentencia de la Sala IV). En primer lugar, advierto que los jueces de casación no señalaron sobre la base de cuál generalización (máxima de la experiencia) concluyeron el apartamiento de lo resuelto en el veredicto.
Efectivamente, puede verse que el juez de la instancia de origen estableció que la prueba fue común respecto de todos los acusados, en cuanto a su fuente, pues se edificó -en lo esencial- sobre la declaración de O.R. en cámara Gesell, corroborada por otros elementos de prueba (como el relato de sus maestras, la entrevista psicológica y el resultado del examen médico de la niña, entre otros).
Sin embargo, ello no demuestra ninguna auto-contradicción en el razonamiento del magistrado, pues no controvirtió la fiabilidad de la niña cuando dijo que también fue abusada por “C.”; sino que no era posible confirmar, a partir de la prueba disponible y más allá de toda duda razonable, que el mencionado “C.” era el acusado P., como lo sostuvo la acusación. Se trata de dos valoraciones diferentes.
La discusión, entonces, se ubicó en la suficiencia de la actividad probatoria orientada a identificar a “C.”, del que la niña aportó otro dato: era el novio de su madrina M. (o esposo de su madrina M.).
Luego, la insistencia del fiscal en que el relato de la niña fue “contundente” al manifestar que también fue abusada por “C.”, no demuestra ningún déficit en el razonamiento del magistrado. Tampoco lo demuestra que la declaración de la niña haya justificado la condena de los otros acusados (pero no la de P.), pues respecto de aquellos co-imputados no medió ninguna duda en cuanto a su individualización.
En efecto, en lo que importa mencionar, conforme surge del veredicto, la niña O.R. reveló en el colegio que había sido abusada sexualmente; y en la entrevista psicológica, al preguntarle si sabía por qué estaba en el hogar, la niña respondió: “porque me violaron...mi papá J., mi tío M., el tío Á., el grande, el que es el hermano de mi papá, y C. el novio de mi madrina M.”; agregó que le contó a su mamá y no le creyó; y que “C. lo hizo cuándo yo iba a la casa” (pág. 7/8, veredicto de primera instancia).
Al declarar en Cámara Gesell, y también en lo que interesa destacar, O.R. dijo: “J., mi padrastro… Á.… el grande me lastimó. Y M., que es el hermano de Á., el chiquito, que es el hermano de mi mamá, también. Mi tío C., no el que se le prendió fuego, el que era esposo de mi madrina y un viejito que vivía a una cuadra de mi casa. Todos me lastimaron”; A ver, vamos a nombrarlos de vuelta. “J., Á., C., M. y el viejito” (pág. 10, veredicto). Más adelante, dijo que le había contado a su mamá, pero le decía que era mentira y señaló que todo pasaba en su casa, excepto lo de “C.” y lo “del viejo”, que pasaba en sus respectivas casas.
En el caso bajo juzgamiento, se resolvieron las imputaciones dirigidas a J. C. C. (padrastro de O.R.), a Á. G. C. (hermano de J.), a R. R. (madre de O.R.) y a M. C. P. (según la fiscalía, el mencionado “C.”). Los primeros tres resultaron condenados y P. fue absuelto.
(ii) Constato que los jueces de la Sala IV agregan otro argumento, en favor de la posición de la fiscalía, que tampoco avanza sobre la identificación del acusado, por las razones que se acaban de explicar: dijeron que “la víctima fue contundente al nombrar a sus abusadores, quedando perfectamente demostrado con su declaración en Cámara Gesell, pericias psicológicas, testimonios de las docentes y demás informes” y, en ese marco “sostuvo que uno de ellos fue C.” (pág. 19/20, sentencia Sala IV), insistiendo sobre un dato no controvertido.
En efecto, ya vimos que el juez no controvirtió que la niña fue abusada por “C.”, sino que la proposición fáctica de la fiscalía “C. es M. C. P.” no pudo ser probada, con la certeza que exige un veredicto de condena.
(iii) Seguidamente, los jueces de la Sala IV agregaron que “la menor sostuvo que uno de ellos fue ‘C.’, identificado como M. C. P., quien nunca negó su apodo y relación” (pág. 19, sentencia de casación), transcribiendo casi en forma literal una afirmación de hecho que hizo el fiscal en su recurso, pero sin reparar que -de acuerdo con la evidencia disponible- P. no admitió ninguna “relación”, con la niña o con la madrina de ella, si efectivamente eso fue lo que quiso decir el fiscal, pues tampoco explicó por qué utilizó ese término. En igual déficit incurren los jueces de casación al afirmar que P. no negó su “relación”, sin ninguna otra explicación, ni sustento en la prueba del caso.
5. La fiscalía insistió sobre el valor de dos informes que se adjuntaron a la causa, para identificar al acusado, y dijo que el juez los descartó arbitrariamente.
Cabe repasar, entonces, el examen que sobre esos informes hizo el magistrado, los argumentos que contrapuso el fiscal y lo decidido por los jueces de la casación, recordando que debían constatar -en el marco del recurso fiscal- los déficits de fundamentación que fueron denunciados.
6. En el veredicto, el juez estableció: que “la posible intervención de P. comienza con la mención de la damnificada, en cuanto a que uno de los sujetos que la agredió sexualmente era C., quien la abusaba, no en la casa de la niña, sino en la del mismo sujeto. También en el marco de la entrevista psicológica, dijo O.R. que C. era el novio de su madrina M.” (pág. 13, veredicto).
Seguidamente, el juez explicó que, con esos datos, el fiscal encomendó a personal policial que se identificara a “C.” y se adjuntaron a la causa dos informes, realizados por la policía Elisa González.
El magistrado constató que, primero, la oficial realizó un “acta de constatación”, de la que “surge que mantiene entrevista con Echegaray Irma Yaqueline, quien con relación a ‘NN C.’, dice que nunca vivió en ese domicilio, sino que iba de visita, que desconoce el nombre completo, y que se trata de un sujeto que vive en calles P. y S. del barrio J. C. P. en C. V de M.” (pág. 14, veredicto). El juez agregó que, a los mismos fines, la policía González se presentó en la casa de R. R. (madre de la niña O.R., que ya estaba imputada en esta causa), y realizó un “acta o constancia” donde dejó sentado que se entrevistó con la mujer y dijo “que ‘NN C.’ sería C. P., y se domiciliaría en calle P. y S. del B. J. C. P., en C. V, partido de M.” (pág. 14, veredicto).
7. Respecto del primer informe, el juez de la instancia anterior explicó que podía tener alguna utilidad para orientar la investigación del caso, pero no se trataba de una testifical, con el valor que podía asignarse a ese tipo de evidencia y que, en definitiva, aquel informe tenía escaso valor como prueba de cargo.
Cabe reparar, desde ahora (aunque me adelante algo en el análisis) que ese razonamiento no luce arbitrario, pues se desconoce quién era Irma Yaqueline Echegaray, por qué se la entrevistó y, en definitiva, los datos que incorpora ese informe tampoco permiten establecer -con algún grado de seguridad- que la entrevistada, al ser preguntada por “N.N. o C.” se estuviera refiriendo al mismo “C.” que mencionó la niña O.R.
En el segundo caso, el juez observó que la policía no podía interrogar directamente a una persona que ya estaba imputada en la investigación judicial y sin asistencia letrada, para que incorpore información relativa a la misma causa. En efecto, el juez señaló que a “R. se le atribuye precisamente haber colaborado con las personas que abusaron sexualmente de su hija, con lo que mal puede, como aquí ocurre, aparecer ella, sin ningún tipo de asistencia letrada, y ante personal policial, terminar individualizando a quien sería un de esas posibles personas. En esas condiciones, esa pieza carece de toda eficacia como elemento probatorio de conformidad con las previsiones del art. 211 del C.P.” (pág. 14, veredicto).
7. Repasemos cuáles fueron argumentos que el fiscal invocó en el recurso, en contra de aquella valoración. En primer lugar, observó que el juez “critica y tilda de irrelevantes los informes realizados por la oficial de policía (…) sin ningún fundamento válido, diciendo que esas piezas no son declaraciones testimoniales y que por ello no tendrían valor”, pero - afirma el fiscal- “es prueba que sí lo tiene al ser realizadas por una funcionaria pública que da fe de ello con sus dichos y que no puede descartarse porque sí, tan livianamente” (pág. 3, recurso).
Por otro lado, el fiscal argumenta que la exclusión probatoria que estableció el magistrado es “totalmente ilógica”, porque “de dónde surge que (…) no puedan tenerse en cuenta las referencias que un coimputado haga respecto a la participación de otro”. Afirma “claramente que se puede y eso de ninguna manera significa la violación de derecho alguno”, porque la coimputada R. no estaba impedida de declarar en contra de P. “y que ella también haya resultado imputada, no la priva de ello” (pág. 3, recurso).
8. Es fácil advertir que, en ambos casos, la fiscalía simplificó o tergiversó la justificación del magistrado para intentar controvertirla, confrontándoles, además, argumentos inconducentes para refutarlos.
En efecto, el fiscal asimila incorrectamente el acta o informe policial a los documentos que tienen un valor probatorio autónomo; cuando se trata de un soporte que -en este caso- registró las manifestaciones que un tercero le hizo a la oficial de policía y, a su respecto, rigen las reglas probatorias aplicables a cualquier tipo de prueba.
En otras palabras, que la oficial consigne en el acta que se entrevistó con determinada persona y que esa persona le transmitió determinada información, nada dice respecto del valor o la fiabilidad de los datos que esa persona le informó.
En ese sentido, el juez señaló la debilidad o escaso valor de los datos recabados por la oficial de policía como prueba de cargo, que podían ser orientativos de una investigación posterior, que tampoco se profundizó.
Ya adelanté que el contenido del informe, además de no reflejar mayores datos de la persona entrevistada, tampoco permite inferir -con algún grado de seguridad- que el “N.N. o C.” que ella conocía (y que resultó ser P., pues dio su dirección), fuera el mismo “C.” que la niña O.R. mencionó en su declaración. En definitiva, el único dato que aportó Echegaray, según lo informó la policía, es que conocía a un “C.” y que vivía en determinado lugar.
9. En el caso del segundo informe, la cuestión a resolver no era -como alegó el fiscal- si la imputada R. R. podía declarar en contra de un co-imputado en el marco del proceso judicial, porque no se trató de una declaración en esos términos (art. 308, CPP); sino de un interrogatorio a la persona imputada, por una oficial de policía, sin asistencia letrada y sin ponerla en conocimiento que tenía derecho a no hacer ninguna declaración (art. 18, Constitución Nacional).
Al contrario de lo que afirma el fiscal, eso sí está vedado por el ordenamiento jurídico, pues una premisa básica que rige en nuestro sistema procesal es que un policía no puede dirigir un interrogatorio de una persona que esté bajo investigación judicial.
10. Ahora bien, constato que, al abordar los planteos de la fiscalía, los jueces de la Sala IV se limitaron a sostener sus mismos argumentos (los de la fiscalía), sin examinar -ni por ende, controvertir- la explicación del magistrado.
En efecto, los jueces de casación dijeron que el magistrado “critica y tilda de irrelevantes los informes realizados por la oficial de policía Elisa González, sin ningún tipo de fundamento válido, porque fue prueba realizada por una funcionaria pública que dio fe de ello con sus dichos y que no pudo descartarse, sin un fundamento válido” (pág. 19, fallo de la Sala IV).
Agregaron que no coincidían con el magistrado en que carecía de relevancia, sino que era “un medio de prueba más que permitió dar con el agresor” (pág. 19, fallo Sala IV). Seguidamente, los jueces de la Sala IV señalaron que “además la coimputada R. sostuvo que ‘C.’ era el aquí imputado P.” (pág. 19, sentencia casación), ignorando directamente que esa prueba fue excluida del conjunto de evidencia disponible, por aplicación del art. 211 del CPP.
Es decir, los jueces de casación omitieron la justificación del magistrado al excluir esa prueba, también los argumentos del recurrente y, directamente, sin ninguna explicación, rehabilitaron esa prueba y la valoraron en contra del acusado.
11. En definitiva, utilizando los mismos argumentos del recurrente, pero sin controvertir la justificación del veredicto (y, en consecuencia, sin demostrar la arbitrariedad denunciada), los jueces de la Sala IV estimaron que el acusado fue “perfectamente identificado”, y que “no quedan dudas de que es la persona que la víctima O. M. R. mencionara como ‘C.’, apodo que este reconoció en su declaración del art. 308 del C.P.P” (pág. 19, sentencia Sala IV).
Ya vimos que la fiscalía insistió sobre el apodo del acusado, coincidente con el que mencionó O.R. en su declaración. Sin embargo, sin estar controvertido ese dato, tampoco tiene el peso probatorio que le asignó el fiscal (y también los jueces de casación), si se repara en que el apodo “C.” se corresponde habitualmente con las personas que se llaman C., como el acusado. Dicho de otro modo, el imputado no contó con un sobrenombre diferencial, que lo identifique de una manera alternativa a su nombre real, como calificativo que describa características notorias de la persona.
12. Finalmente, el magistrado de la instancia anterior señaló “que al ser detenido el acusado se estableció que el mismo habitaba con E. S. (v. acta de fs. 252), con quien, en la pericia de fs. 333, dijo estar en pareja desde hace tres años. Lo que nada de luz arroja en cuanto a que el mismo sea la pareja de ‘M.’, madrina de la víctima” (pág. 15, veredicto).
Este argumento no fue cuestionado por la fiscalía en el recurso. Sin embargo, los jueces de casación dijeron que “la circunstancia de que al ser detenido se estableciera que el mismo convivía con E. S., con quien dijo estar en pareja desde hacía tres años, no quita ni pone rey, puesto que tranquilamente pudo cambiar de pareja como cualquier habitante de la Nación”; argumento que no controvierte la conclusión del magistrado, justificada en prueba concreta y no en un razonamiento conjetural, respecto de la insuficiencia probatoria del caso para demostrar que P. era el sujeto que mencionó la niña en su declaración como “C.”.
En otras palabras, es cierto que P., como cualquier otro habitante de la Nación pudo cambiar de pareja; pero si el único dato que incluyó la niña para identificar del autor (por fuera del apodo “C.”), fue que era novio o esposo de su madrina M., y ese vínculo no se corroboró respecto del acusado sino que, al contrario, apareció refutado por otro elemento disponible (y no controvertido por la fiscalía), no es posible cuestionarlo mediante una simple conjetura, como lo hicieron los jueces de casación y -además- extendiendo el alcance de la revisión que cabía asignar al recurso de la acusación.
13. En mi opinión, el recurso de la fiscalía no contaba con la carga técnica suficiente para demostrar que el juez sustentó la aplicación del beneficio de la duda en apreciaciones puramente subjetivas y desvinculadas de las constancias de la causa. Por su parte, los jueces de la Sala IV se limitaron a replicar los mismos argumentos de la fiscalía, pero sin confrontarlos con la explicación contenida en el veredicto para demostrar, en definitiva, por qué que el razonamiento probatorio del juez sería arbitrario, como lo denunció el recurrente.
Al contrario, el juez de la instancia anterior identificó correctamente cuál era la hipótesis a probar (si “C.”, novio de M., madrina de la niña O.R., era el imputado P.) y explicó por qué los datos aportados para corroborar aquella hipótesis fueron insuficientes e imprecisos, generando una duda objetiva que no se pudo superar a partir de la propia evidencia disponible.
Finalmente, recuerdo que en términos de suficiencia de la prueba, la comprobación de la hipótesis acusatoria cuenta con un estándar de exigencia mayor, pues debe comprobar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y solo así será adecuada para derribar la presunción de inocencia que protege al imputado.
Por ello, corresponde casar la condena dictada por los jueces de la Sala IV y absolver a M. C. P. con relación al hecho imputado, pues el examen de la prueba valorada en el veredicto que oportunamente lo absolvió revela que ella es insuficiente para fundar una condena.
14. En función de las consideraciones expuestas, corresponde casar los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala IV del TCP y por el Tribunal en lo Criminal de Mercedes que en el reenvío le impuso la pena (como integrantes del fallo completo), y ABSOLVER a M. C. P. con relación al hecho imputado, pues el examen de la prueba valorada en el veredicto que lo absolvió (dictado por el Dr. Juan Miguel Tillet el 30 de junio de 2023) confirma que ella es insuficiente para fundar una condena, siendo innecesario el tratamiento del resto de las cuestiones planteadas por la defensa (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 8.2.h), CADH; 14.1. y 14.5, PIDCP; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531, CPP) y a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido. A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas; II. CASAR los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala IV del TCP y por el Tribunal en lo Criminal de Mercedes que en el reenvío le impuso la pena (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, ABSOLVER a M. C. P. en el presente proceso, sin costas (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 8.2.h), CADH; 14.1. y 14.5, PIDCP; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531, CPP).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR al recurso interpuesto por la defensa;
II. CASAR los pronunciamientos dictados por los jueces de la Sala IV del TCP y por el Tribunal en lo Criminal de Mercedes que en el reenvío le impuso la pena (como integrantes del fallo completo) y, consecuentemente, ABSOLVER a M. C. P. en el presente proceso, sin costas.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 1, 106, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal. Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia