Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala VI
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar procedente la queja promovida por el Sr. Defensor Oficial, doctor Facundo M. Ferrari, a favor de R. D. R. y, en consecuencia, admisible el recurso de casación.
II. Hacer lugar al recurso de casación, sin costas (artículos 1, 18, 33 y 75 inc. 22 CN; 76 bis y 94 del C.P.; 6, 56, 106, 404, 421, 433, 448 Inc. 1, 450, 460, 461, 464 Inc. 1, 530, 531 y c.c. del C.P.P.).
III. Casar la resolución impugnada y remitir las actuaciones a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Quilmes a efectos de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a los lineamientos expuestos en la presente.
En la ciudad de La Plata a los 21 días del mes de mayo del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, doctores Horacio Daniel PIOMBO y Ricardo R. MAIDANA, bajo la presidencia del segundo de los nombrados, para resolver en causa N° 55.680 de este Tribunal, caratulada: "R., R. D. s/ Recurso de Queja (art. 433 del C.P.P.)" conforme el siguiente orden de votación: MAIDANA – PIOMBO.
El 17 de agosto de 2012, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Quilmes confirmó la denegatoria del Juzgado de Garantías N° 3 respecto de la solicitud de suspensión de juicio a prueba efectuada por Dr. Facundo Manuel Ferrari, Defensor Oficial de R. D. R., por el delito de lesiones culposas art. 94 del Código Penal).
Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación, cuya denegatoria originó la presente queja (v. fs. 5/9vta., 10 y 12/18vta., respectivamente).
Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala VI del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes
Primera: ¿Es procedente la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: En caso de resolverse en forma afirmativa la primera cuestión, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Sostiene el impugnante haber dado cumplimiento a los requisitos formales y temporales de la queja que promueve. Entiende, asimismo, que la resolución impugnada por vía de casación resultaba equiparable a definitiva, según las prescripciones del art. 450 del C.P.P., en virtud de provocar a su defendido un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, el que se verificaría en la limitación del derecho de R. a poner fin al proceso instaurado en su contra mediante una alternativa a una sanción condenatoria. Cita jurisprudencia de una antigua Sala de este TCPBA que entiende en apoyo de su postura. Formula reserva del caso federal.
Atento el recurso directo presentado, con motivo de la denegatoria de la Cámara de Apelación y Garantías del departamento judicial Quilmes de la concesión del recurso de casación interpuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 433 del C.P.P., corresponde examinar lo resuelto por el A Quo a fs. 10.
La resolución dictada por la Cámara que confirma la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba imposibilitando la extinción de la acción penal, a la que en definitiva conduce su aplicación, queda abarcada dentro de los alcances del supuesto que contempla el art. 450, 2° párrafo in fine del C.P.P., toda vez que no resulta necesario que se trate de un auto revocatorio en tanto dicha exigencia se constriñe a los supuestos enunciados en la primera parte del referido párrafo y no a los que, separados por una puntuación distinta, se ubican luego.
Aduno a ello que, la tutela de los derechos de evitar la imposición de una condena y el de poner fin a la acción penal que persigue, quien requiere la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior (CJSN, Fallos 320:2451; 328:4497).
En función de lo expuesto me pronuncio a favor de la procedencia de la instancia de queja y, en consecuencia, de la admisibilidad del recurso de casación.
Por ello, habré de responder por la AFIRMATIVA a esta primera cuestión.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor PIOMBO, dijo:
A los fundamentos dados por quien me precediera en el orden de votación, a los cuales adhiero, agrego que debo seguir las huellas trazadas al emitir mi voto en el precedente 45.727, “Almeira”. Paso a hacerlo.
En principio, la naturaleza correccional de la causa traída parecería cerrar toda consideración de las cuestiones planteadas. La ley 13.812, al dotar de nuevo y más restricto contenido al artículo 20 del C. P. P. fijó, de antemano, otro curso al expediente. Empero, en la presente subyacen dos elementos que operan a favor de la apertura de esta instancia.
Uno es que, en rigor, el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba entraña un cambio en la competencia de los órganos de la justicia penal, precisamente al ser desplazado de sus funciones naturales el tribunal de juicio. Así lo dice el artículo 404, texto según ley 13.943) y lo ha sentado esta sede en decisiones que paso a puntualizar:
“Otorgada la suspensión del juicio a prueba y luego de impuestas las reglas de conducta a las que se sujeta el beneficio, debe comunicarse lo resuelto al juez de ejecución, o el magistrado que lo subrogue, a los efectos de su seguimiento” (sent. del 26/9/02 en causa 7350, “Recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en causa 379”).
“En los incidentes que se susciten en cumplimiento de las reglas de conducta, además de la intervención obligatoria del fiscal, resulta alzada del juez de ejecución o de quien se encuentre a cargo de la misma, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal respectiva (art. 498 del C. P. P.)” (Sala III, sent. del 26/9/02 en causa 7350, “Recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en causa 379”).
“En la faz ejecutiva de la suspensión del juicio a prueba cabe distinguir dos etapas claramente diferenciadas. La primera, relativa a la actividad de control del juez de ejecución que culmina cuando tiene por cumplidas las reglas de conducta impuestas, o su contracara, cuando da cuenta de su incumplimiento a los fines de la prosecución del juicio por parte del juez o tribunal competente. La segunda, que consulta el principio del juez natural, es la llevada a cabo por el órgano jurisdiccional de juicio, que en los supuestos antes indicados declarará la extinción de la acción penal o revocará el beneficio y, en su consecuencia, dispondrá la continuidad del juicio” (Sala III, sent. del 26/9/02 en causa 7350, “Recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en causa 379”). Y va de suyo que todo lo que influya en la competencia de los órganos de la justicia penal incumbe, por cierto, a esta sede (art. 20 del C. P. P.).
El segundo elemento finca en tener en cuenta que si bien es cierto que en el marco del temperamento abroquelado antaño era un inconveniente decisivo para su consideración la circunstancia de no tratarse, en rigor, de un pronunciamiento definitivo en el sentido de los artículos 450 y 482 del ritual, el avance hogaño del criterio –sustentado por la Corte Suprema de Justicia- del “gravamen irreparable”, la torna hoy tratable a nivel de este órgano superior de armonización interpretativa. De manera que no hay inconveniente en dar entrada a autos que denieguen la suspensión de pena, y esto lo digo con generalidad y más allá de lo aquí planteado- aún cuando no sean revocatorios de los de primera instancia.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor MAIDANA dijo:
Refiere el Defensor Oficial, Dr. Facundo Ferrari, que la decisión de la Alzada departamental, al confirmar la denegatoria dictada por el Juez de Garantías, efectuó un interpretación arbitraria de los alcances de la norma que prevé el instituto de la suspensión de juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal), en tanto lo consideró inaplicable al caso de autos por estar prevista en la figura del art. 94 del CP la pena de inhabilitación. Alegó que debe practicarse una interpretación armoniosa de cada uno de los párrafos de la norma en cuestión, y no una lectura literal aislada, pues ello podría derivar en una aplicación irracional de la misma. En segundo lugar, adujo que el consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal queda reservado para los supuestos previstos en el cuarto párrafo del art. 76 bis del CP y que, en el caso de autos, dado que el delito endilgado a R. no supera en su escala punitiva los tres años de prisión, el consentimiento de aquél magistrado no sería vinculante. Cita jurisprudencia de la CSJN, de la CFCP y de este TCPBA, y opiniones doctrinarias (Bovino, D’Alessio) que entiende en apoyo de su postura y culminó solicitando se case la resolución atacada y resuelva conforme a derecho.
El sistema de la suspensión de juicio a prueba se introdujo en el Código Penal con la reforma de la ley 24.316 del año 1994 consagrando una considerable excepción al principio de legalidad según el cual, frente a la decisión de oficializar la persecución penal, como regla general, se impuso a los órganos del Estado por vía de principio el deber de promoverla ante la noticia de un hecho punible (artículo 71 del Código Penal).
Con independencia de la necesidad que de hecho originara la aplicación de criterios de oportunidad a partir que los recursos humanos y materiales de que dispone el aparato estatal no tienen capacidad para procesar todos los casos penales que se producen en su seno y la selección resultante de la colisión de intereses según factores de poder y desigualdades reales, en una ponderación que no siempre se adecua a los valores jurídico sociales declamados por el discurso jurídico y político, el excepcional principio de oportunidad solamente es admitido cuando se determina legislativamente a modo de autorizaciones.
Se impone conducir la selección indicada según criterios transparentes de racionalidad e igualdad, compatibles con las metas que procura el Estado Social y Democrático de Derecho, cuyos básicos objetivos consisten en la descriminalización de hechos punibles, en un intento por evitar la aplicación del poder penal allí donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación y la eficiencia del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos hechos en los que resulte indispensable su actuación como método de control social, en procura del descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada (Conf. Julio B. Maier “Derecho Procesal Penal”. Tomo I. Ed. Del Puerto. Pág. 837. Año 2004).
El instituto en cuestión se encuadra en el movimiento de simplificación procesal y de alternativas al encierro carcelario tradicional fundado en planteamientos, entre otros, de carácter reformista que proponen la sustitución limitada de la prisión como una línea de avance en la exigencia de una mínima intervención estatal.
Además de ello, el cometido del Derecho Penal de protección subsidiaria de bienes jurídicos, que se desprende del principio constitucional de proporcionalidad (Conf. Claus Roxin “ Derecho Penal. Parte General. Tomo I”. Ed Civitas, año 1997, pág. 51), impone la aplicación de institutos que no constituyan una intromisión estatal en la libertad -como la pena- en los casos que puedan tener éxito suficiente.
Las dificultades interpretativas de la ley, originadas a partir de la introducción de un instituto que no tenía antecedentes en la legislación y la deficiente redacción normativa, se extendieron a diferentes aspectos entre los que, el planteado, constituye uno de los que tiene mayor actualidad.
Sabido es que tradicionalmente la reacción punitiva del Estado se ejerce mediante un sistema de doble vía. Es decir que la infracción a un precepto jurídico-penal, sea éste de mandato o prohibición, no se define por su inclusión normativa dentro de la regulación penal, sino en que su inobservancia deriva en la conminación de una sanción, cuyo punto de referencia común es la imposición de una pena o medida de seguridad (Roxin, Claus, Derecho Penal, Parte General, Civitas, Madrid, 1997, pág. 41)
La crisis contemporánea del sistema penal revierte el corte dualista de la respuesta punitiva, impulsando un punto de escape diferencial mediante la aplicación de nuevas formas alternativas para la solución pacífica de los conflictos sociales con disvalor penal, en aras de minimizar los efectos y sufrimientos que importa el sometimiento a un proceso, instar una justicia restaurativa a través de la reparación del daño a la víctima y relegar de algún modo la aplicación de una sanción punitiva cuya funcionalidad tampoco está exenta de crítica.
Dentro de esta última corriente es que surge como especie de un género mayor, el instituto de la suspensión de juicio a prueba, criterio de oportunidad reglado en que el imputado es sometido a instrucciones consistentes en formas de comportamiento impuesto que restringen su libertad personal y que provoca materialmente una cierta ejecución de medidas sin condena (cfr. Maier, J.B.J, “Derecho Procesal Penal, T. II, Sujetos Procesales, Editores del Puerto, Bs. As., 2003, pág. 158).
Se busca, por medio de un modo alternativo, minimizar la reacción penal frente al individuo en casos que no importan una gravedad tal que justifique el despliegue de los mecanismos ordinarios de persecución penal hasta finiquitar en una condena, amortiguar los costos del proceso y descongestionar a los órganos judiciales.
Fundamentos que no deben quedar al margen, sino que complementan la adecuada y efectiva interpretación extensiva que corresponde hacer del alcance legal del instituto en trato, a efectos de aplicar la solución comprendida por la norma del art. 76 bis del C.P., al mayor grupo de casos posibles, pero todos ellos, comprendidos en el conjunto de casos definidos por la regla (Bovino, Alberto, “La suspensión de juicio a prueba en el Código Penal Argentino”, Editores del Puerto, Bs. As. 2006, pág. 68).
Sobre la base de estas consideraciones que exigen un criterio de interpretación extensiva respecto de los casos que aglutina el instituto y conforme los fundamentos que sopesaron la inclusión en la legislación de fondo, adelanto que los motivos de agravio resultan parcialmente atendibles, toda vez que el A Quo resolvió en contrario a una adecuada y correcta interpretación del alcance dado al artículo 76 bis del Código Penal.
La Cámara fundó su denegatoria –centralmenteen el efecto vinculante de la oposición de la fiscal a la concesión de la suspensión del juicio a prueba y, en tal sentido, consideró que el desacuerdo de la fiscalía en el caso en concreto era un obstáculo para la procedencia del instituto en danza.
Que el decisorio –sólo en ese tramo- se ajusta a la legalidad por cuanto también en el supuesto previsto en el primer párrafo de la norma sustantiva, la anuencia del Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal, resulta exigible e insoslayable, máxime tratándose -como ya se dijo- de un instituto que abreva en un criterio de oportunidad reglado.
Sin embargo, el análisis practicado por el A Quo también debió extenderse sobre el debido control de la legalidad y logicidad respecto de aquélla oposición fiscal, cuya disconformidad en el particular sólo se había motivado en que este caso versa sobre un delito reprimido con pena de inhabilitación.
En esa faena, cabe resaltar que la oposición del Ministerio Público no está exenta del control de legalidad y razonabilidad propio de los actos de una República (arts. 1 y 33 CN), acto de autoridad emanado de quien detenta el monopolio de la persecución pública que requiere de la necesaria “razón jurídica” que lo justifique y no torne la actuación en arbitraria.
Sobre el punto, se advierte que no pudo ser satisfecho el extremo de una “oposición razonada ni fundada” por no cumplir los recaudos de fundamentación suficiente para desechar la solicitud del imputado de ser beneficiado con una solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva.
En relación a lo invocado por la representante del Ministerio Público Fiscal respecto de la improcedencia del instituto para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, y que fuera receptado a manera de argumento a fortiori por el A Quo, cabe decir que el debate generado sobre este tema está clausurado a poco de efectivizar en la singularidad del caso la pauta hermenéutica “Pro Homine” y –reiterouna interpretación extensiva que, ambos como criterios exegéticos, orientan al precepto legal para que su aplicación lo sea a la mayor cantidad de casos que permite la norma.
Es decir, la limitación legal sólo refiere a la inhabilitación como pena única y el sentido literal no prohíbe su procedencia respecto de delitos reprimidos con inhabilitación de carácter conjunto o alternativo, tal como es el caso en estudio. Al respecto, también rige por ser un caso análogo el precedente federal en causa “N., J.B.”, rto. 23/04/2008, N.326.XLI”, en virtud del cual la Corte Suprema se expidió favorablemente respecto de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba en un claro supuesto de delito reprimido con pena de inhabilitación conjunta (art. 302 del C.P.).
Bajo esta línea argumental, en síntesis, considero que la oposición expuesta por el MPF no cumple con el requisito de motivación que exige el art. 56 del C.P.P., al no exteriorizar ninguna evaluación del caso concreto, especialmente indispensable para poder justificar la alegada improcedencia del instituto en trato, y que, de tal modo no se puede aprobar el juicio de racionalidad, motivación y fundamentación de la oposición que formulara, y que fuera tenida como válida por los Jueces de la instancia en el decisorio atacado. En función de lo expuesto considero que corresponde hacer lugar al recurso de casación luciente a fs. 5/9vta., el cual fuera incoado contra lo resuelto con fecha 17 de Agosto de 2012 por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Quilmes, sin costas, y remitir las actuaciones a dicho tribunal a efectos de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a los lineamientos expuestos en la presente (artículos 1, 18, 33 y 75 inc. 22 CN; 76 bis y 94 del C.P.; 6, 56, 106, 404, 421, 433, 448 inc. 1, 450, 460, 461, 464 inc. 1, 530, 531 y c.c. del C.P.P.).
TAL ES MI VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor PIOMBO, dijo:
Adelanto que he de acompañar a quien abre el presente acuerdo en la solución que propicia, en virtud de los siguientes fundamentos coincidentes.
Tengo la opinión que dos son los elementos gravitantes en una decisión jurisdiccional sobre el tema: el consentimiento fiscal y la entidad del delito que permita el andamiento del beneficio.
Lo primero ha dado lugar a que esta sede sentara que:
“...El consentimiento Fiscal para la suspensión del proceso a prueba exigido tanto por la norma de fondo (art. 76 cuarto párrafo del C.P.P.) como por el código ritual (art. 404 del C.P.P.) no constituye un mero dictamen sobre la procedencia del instituto y, salvo supuestos excepcionales de arbitrariedad, la oposición fundada de quien es el exclusivo ejecutor de la acción pública resulta para el juzgador vinculante (art. 6 del C.P.P.)...” (sent. sala I del 7/8/03 en c. 6927 “Recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en c. 789”).
O sea que emerge un contenido restrictivo, tal como fuera expuesto en el voto al que adhiero, limitado al control de la debida motivación y razonabilidad, acerca del criterio de como debe juzgarse la oposición fiscal en estos temas, pues se trata del parecer del órgano puesto por la ley para ejercer la acción y ejercer todo lo que hace a su oportunidad. (Cfr. Causa: 55.938,”Gauna, Diluvio”. Sala 6ta TCP sent. Del 12/3/13).
Ahora, en lo que toca a los aspectos concernientes al delito susceptible de posibilitar el andamiento del instituto, conforma parte del núcleo central la objeción referida a la supuesta irrazonabilidad que implicaría otorgar el beneficio a los autores de antijurídicos dolosos y negárselos quienes protagonizaran ilicitudes culposas. Y cabe rememorar que de los tres caminos para predicar la inconstitucionalidad de una norma, la irrazonabilidad es uno de ellos (los restantes consisten en la incompatibilidad de contenido entre la norma legal y la regla de inserción constitucional y el no haber sido creada la norma inferior según el procedimiento estatuido por la superior).
Y bien, tal proclamada irracionalidad no es tal porque la verdadera distinción es entre delitos que ponen de manifiesto imprudencia o impericia en el desempeño profesional o en el ejercicio de una actividad legalmente reglamentada que puede irrogar peligro para terceros y el resto de las ilicitudes. Pienso que la colectividad organizada no puede, ni lo deben permitir los órganos jurisdiccionales, que personas que crean peligro para terceros no sean juzgadas por elementales principios de autoprotección social. Se halla, en definitiva, comprometido el poder de policía del Estado.
Al argumento que descarta la inconstitucionalidad por irrazonabilidad, corresponde aditar -a mayor abundamiento- el argumento de nivel legal referida a la sistemática del instituto, que también contribuye a clarificar la cuestión, al señalar que: “Si el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal se refiriera únicamente a ilícitos reprimidos de forma exclusiva con inhabilitación, sin abarcar los que prevén esta especie de pena conjuntamente con la de prisión, el precepto carecería de sentido alguno, puesto que sólo se encargaría de reiterar, con un alcance mas restringido, una prohibición ya contenida en el párrafo precedente, puesto que los ilícitos que en nuestro código de fondo se encuentran reprimidos de manera exclusiva con pena de inhabilitación, tipificados en los arts. 260, 264, 273 y 274 del C.P., sólo pueden ser cometidos por funcionarios públicos, circunstancia ésta que por sí sola resulta suficiente para obstaculizar la suspensión del proceso (Sala II, sent. del 20/12/01 en causa 6287, “Lourtau”).
“De sostenerse que la pena inhabilitación sólo inhibiría la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba cuando se halla prevista en forma exclusiva, más no cuando se encuentra legislada en forma conjunta con la pena de prisión, resulta de meridiana claridad que devendría superflua la norma contenida en el último párrafo del art. 76 bis del código penal, al reproducir la misma regla contenida en el párrafo anterior, relativa a la imposibilidad de conceder el beneficio a los funcionarios públicos que cometieren delito en ejercicio de sus funciones, único supuesto que el código penal sanciona con pena de inhabilitación en forma exclusiva (arts. 260, 264, 273 y 274 del código penal) (Sala III, sent. del 28/12/06 en causa 23.367, “Peritore”).
Asimismo, insistiendo respecto a la constitucionalidad del art. 76 bis cuarto párrafo del C.P., se ha subrayado, en argumentación que coincide con la antes adelantada, que: “El tema fue objeto de debate en sede de la justicia local - verbigracia en el Departamento Judicial de La Plata a través del Tribunal Criminal N° 1, (sent. del 17/11/2004, “Teodorovich”)-, a nivel de tribunales superiores de los Estados componentes de nuestra federación (vgr.: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, sent. del 29/04/2004, “Gómez”, LLNOA, 2004 (diciembre), p. 253; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala II, sent. del 01/04/2004, “Linares”, LL Gran Cuyo 2004 (agosto), 697, Supl. Penal LL, 2004 (noviembre), p. 73), con orientaciones no siempre unívocas (vgr.: Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba). Empero, la razonabilidad se halla en pro de quienes sustentan la tesis de la adecuación constitucional de la norma atacada toda vez, que de los antecedentes parlamentarios de la respectiva reforma del Código Penal, se infiere que se ha considerado necesario que los juicios seguidos por la comisión presunta de ilícitos que aparejan impericia o inobservancia de deberes o reglamentos a cargo del agente, alcancen su culminación con la sentencia definitiva para proveer a la corrección de la conducta que al Estado le interesa, guardando particular concordancia con el art. 26 del Cód. Penal, que expresamente establece la exclusión de la condena condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación (pronunciamiento de la Suprema Corte de Mendoza citado retro). Y es que sería poco menos que negativamente paradigmático que quien ha demostrado “prima facie” impericia, negligencia o inobservancia reglamentaria, obtenga de la ley tuteladora de la coexistencia y el orden públicos un “bill” de indemnidad con miras a continuar usufructuando una licencia o habilitación estatal (Sent. Sala I del 4/8/05 en causa 15.389 “Ponzo”).” Tampoco hay inconstitucionalidad de la ley local, que no hace más que acompañar –instrumentando su realización práctica- a un dispositivo sustancial que es, en mi sentir, intrínsecamente razonable.
Y ahora algo fondal: en los mecanismos de eliminación de la matrícula de profesionales incompetentes o que hagan un ejercicio peligroso para terceros de su actividad, es recaudo ineludible la sentencia penal firme. O sea que un Colegio profesional o una entidad de resguardo de la actividad, no podrá “per se” inhabilitar si esta Sede no lo hace con prelación.
Y es aquí lo central: si bien el persuasivo voto del distinguido colega llega a plantear la necesidad de armonizar, en aras del buen funcionamiento de la Casación, los pareceres de los magistrados que la componen -sobre todo teniendo presente la plausible alineación de criterios con los de los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –siempre, claro está, que no signifique dejar de lado el sentido y significado de la ley penal-, ello debe depender que se garantice efectivamente por la instancia que la persona no podrá seguir adelante con una actividad en la que demuestra ser peligroso para terceros y, a la postre, antisocial.
De manera que, atendiendo los argumentos de quien abre el acuerdo en cuanto a la interpretación que debe darse de los precedentes de la Corte Suprema de la Nación “Acosta” y “Norverto” allí citados, un replanteo del tema, al resultar de aplicación su doctrina legal por ser el último intérprete de la Constitución Nacional, razones de economía procesal y seguridad jurídica me llevan a compartir la solución propiciada.
Así dejo sentado mi acompañamiento en aras de intereses superiores, dejando a salvo mi opinión; pero siempre a condición que operen recaudos que aseguren, en los casos de delitos sancionados con pena de inhabilitación especial, la futura protección de terceros. (art.27 bis del C.P.)
En consecuencia, condicionando mi sufragio al postulado precedentemente enunciado, adhiero a la propuesta de reenvío con los alcances explicitados en el voto que antecede. Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. DECLARAR PROCEDENTE la queja promovida por el Sr. Defensor Oficial, doctor Facundo M. Ferrari, a favor de R. D. R. y, en consecuencia, admisible el recurso de casación.
II. HACER LUGAR al recurso de casación, sin costas (artículos 1, 18, 33 y 75 inc. 22 CN; 76 bis y 94 del C.P.; 6, 56, 106, 404, 421, 433, 448 Inc. 1, 450, 460, 461, 464 Inc. 1, 530, 531 y c.c. del C.P.P.).
III. CASAR la resolución impugnada y remitir las actuaciones a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Quilmes a efectos de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a los lineamientos expuestos en la presente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase a la Cámara a fin de que acollare éste al principal y cumpla con lo ordenado en el punto dispositivo 3 de este decisorio, a la que se le encomienda la notificación del causante de este decisorio.
FDO: RICARDO MAIDANA- HORACIO DANIEL PIOMBO
ANTE MI: Diego Daniel Mariano Alcalde.
Fin de la sentencia