Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8227 FOLIO Nº 096/099 PROT. ELECT. JR101103.231
Río Gallegos, 06 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada “E.R.R. S/ LESIONES CALIFICADAS Y AMENAZAS” Expte. Nº E-73224/22, Apelación Nº 7849/22, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 39/43, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Gallegos, quien en el punto 1), ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de R.R.E., en orden al delito de “LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VINCULO Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO EN CONCURSO REAL CON AMENAZAS” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 149 bis y 55 del Código Penal).-
Que a fs. 46/48, la defensa técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 54 sostuvo el recurso (cód. validación d638d8b7) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
La defensa argumentó la carencia de elementos de convicción que acrediten fehacientemente la comisión del delito que se le atribuye, en consecuencia, el presente fallo carece de fundamentación en razón que la prueba que fue valorada no reúne los extremos suficientes para arribar al grado de certeza para procesar a su asistido.-
Cuestionó la autoría de las lesiones, indicando que no se puede establecer el autor de las mismas; que las testimoniales aportadas resultan ser de familiares de la denunciante en clara enemistad con el imputado, y que las mismas no han percibido los hechos por ninguno de sus sentidos, basándose exclusivamente de presunciones.-
Indicó que no se realizó la evaluación psicológica a la víctima.-
En relación al delito de amenazas, también dijo que le ocasiona un perjuicio procesal irreparable; aludiendo a la valoración arbitraria de la prueba en lo que hace a la credibilidad de la presunta víctima, la falta de prueba que acredite suficientemente la autoría de su defendido en cuanto al delito que se le endilga, y por ende, la atipicidad del mismo, y la ausencia de un estudio, análisis y evaluación (razonada y fundada) de la sentencia atacada en cuanto a la valoración de la prueba colectada.- Hizo alusión, que se ponderó solamente la declaración de la presunta víctima, ya que los hechos brindados por la misma no tienen la robustez que le asignó la Magistrada, entendiendo -a su modo de ver- que existieron inconsistencias en el relato descripto por la damnificada de autos.-
Señaló, que el plexo probatorio respecto de la figura penal que se ataca resulta insuficiente para tener acreditado el hecho ilícto y la responsabilidad que se le endilga a su cliente, por no existir pruebas contundentes.-
Citó doctrina y jurisprudencia apoyando su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
1. Que, los agravios esgrimidos por el recurrente, se encuentran dirigidos en su totalidad a la suficiencia de prueba recabada en autos para disponer el procesamiento del encausado, y su valoración. En tal sentido, adelanto, no podrán prosperar.-
En primer lugar, no acierta la defensa al referir que la prueba adunada y valorada en autos fuera insuficiente. En este aspecto, cabe recordar que, desde esta alzada, hemos venido sosteniendo -constante e invariablemente- que, para el dictado del auto de procesamiento, basta la confirmación inicial de la sospecha; siendo este: “… una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio.” (Clariá Olmedo, Jorge A.; Derecho Procesal Penal; T. II; Ed. Rubinzal y Culzoni; 1998; págs. 502 y sgtes.).- Por su parte, en cuanto a la cuestión relativa a la suficiencia de las pruebas para arribar a su dictado, si bien no existen fórmulas o parámetros exactos, se ha dicho que deben ser aquellas suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.-
En nuestro caso, el pronunciamiento dictado por la Señora Jueza de instrucción efectuó una correcta valoración de los elementos probatorios agregados en autos, de manera integral y a la luz de la sana crítica racional, conforme prevé el art. 199 del CPP. En tal sentido, tuvo por acreditada la materialidad de las lesiones denunciadas, a partir del inicio de actuados, el informe de novedad, la denuncia judicial de L.E.I., el certificado médico, la constancia de llamadas, las declaraciones testimoniales de F.I. y de A.E.V., y el soporte magnético; con lo cual, son elementos probatorios que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la responsabilidad del mencionado.- De ahí que, se puede advertir que los dichos de la damnificada guardan plena coincidencia con el certificado médico, expedido por el Dr. S.J.L. -fs. 06-, a saber: “...Lesiones: "...Contusión con eritema facial izquierdo. Refiere parestesia para nasal bilateral…”, debiendo concluir que el testimonio de la presunta víctima se habría visto corroborado con el informe médico en cuestión, acreditándose prima facie el daño en su cuerpo (materialidad).- Siguiendo esta línea, advierto que existen circunstancias indicativas de que el hecho delictivo habría acontecido como lo hubiera mencionado la Sra. I., no encontrando contradicción o inconsistencia alguna en su relato.-
Sumado a ello, contamos con las declaraciones de las Sras. F.J.I. -fs. 32 y vta.- y de A.E.V. -fs. 33 y vta.-, ambas testigos tomaron contacto inmediato con los hechos bajo investigación, resultando sus relatos adecuados y coincidentes a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y persona expuestas por la damnificada.-
Asimismo, debemos destacar que la inexistencia de testigos, no habilita a poner en duda la veracidad del testimonio prestado, pues esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la causa y dentro del contexto en que habrían acaecido los hechos investigados (a modo de ejemplo apelaciones Nº 7108/21, 7272/21, 7677/22).- Pretender por parte de la defensa que se cuente con testigos presenciales de los presuntos repetidos hechos de violencia intrafamiliar, así como la realización de una pericia psicológica a la denunciante para determinar si su relato es fiable (a la luz de las constancias obrantes), podría dejar entrever una visión que tiende a reproducir visiones rígidas estereotipadas, muy frecuentes en los casos de violencia de género como el que nos ocupa.
Y este problema se potencia cuando el Poder Judicial, en lugar de cumplir su compromiso de desarrollar y aplicar la normativa para desterrar las conductas violentas, adopta decisiones que dan la espalda a estos mandatos y consolida los estereotipos que fortalecen la discriminación; es decir, cuando la violencia de género se nutre de violencias institucionales. Las prácticas propias de estos espacios destinados orgánicamente a investigar la violencia contra las mujeres, a instar mecanismos de protección de su integridad, a proporcionarles un juicio oportuno, a determinar las responsabilidades de sus agresores, a encuadrar las conductas en delitos tipificados cuando es posible, a reivindicar a las denunciantes, a repararles los daños cuando proceda y, en general, a revertir parte de esa subordinación que coloca estructuralmente en el lugar de víctimas a las mujeres, son las mismas prácticas administrativas/judiciales que terminan por disuadir a las víctimas y desactivar estos procesos a través de la reproducción de los mismos mitos, estereotipos e ideologías que dan sostén a estas violencias.
Es por ello que el planteo de la defensa luce desacertado y desajustado a la perspectiva de derechos en materia de violencia de género que el caso amerita.- Se observa que la Magistrada logró reunir elementos de cargo que sustentan de manera suficiente el grado de probabilidad afirmativa que la instancia amerita, para tener por acreditada tanto la materialidad como la autoría de los hechos reprochados a E.R.R., y a su vez, la prueba fue valorada de manera acertada y coherente con la normativa que regula los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.-
Es por ello que se advierte que los agravios relativos a la insuficiencia de la prueba respecto de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, constituyen un mero intento por mejorar la comprometida situación procesal del imputado, sin lograr controvertir los argumentos de la Sra. Jueza de grado por los cuales arribó al auto de mérito.-
2. Sobre el delito de amenazas, la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...”. (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565).- Agregando que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...”. (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074).-
En efecto “...el contenido de su idoneidad (se refiere a la amenaza) debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina.” Lo primordial del delito de amenazas es la intención del sujeto de infundir temor, (requiere dolo específico para alarmar o amedrentar), con la finalidad considerada de atemorizar a otro. (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 2º, 17/8/2006, “Cazzaniga, Juan C.”, AP 14/112012).- Lo expuesto en los párrafos anteriores y aplicados al caso de autos, implicarían que los dichos habrían sido expresados por E., prima facie comprobados en debida forma y que el contexto propio de dicha situación violenta, le habría generado a la misma temor, tal como ella lo puso de manifiesto al realizar la denuncia -fs. 04 vta.-, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.-
Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…”. (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo) CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; LA LEY 10/02/2020, 11.- Asimismo, en el auto apelado se valoraron los instrumentos internacionales que otorgan protección contra la violencia hacia la mujer y la necesidad de proteger los derechos de la sociedad para ejercer su defensa cuando se vulneran, por medio del delito, valores esenciales de la organización social; encontrándose fundado en el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intra familiar (Trib. Sup. Córdoba, Sala Penal, 14/11/2012, “F., N. y otra”).- De esta manera, el caso que nos ocupa, es de aplicación inexorable la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al explicitar los deberes de los Estados que, en lo concerniente al caso, estatuyó en el art. 7º que los Estados partes, entre otras medidas, convienen en actuar con la debida diligencia (inc. b); incluir en su legislación interna normas penales…(inc. c) y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso a tales procedimientos (inc. f).- Tengamos presente también que en las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, se considera a la mujer víctima de violencia como causa específica de vulnerabilidad. Recordemos que a la última legislación mencionada ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011.-
Es por ello, que entiendo que la Magistrada analizó y valoró coherentemente los hechos puestos a su consideración, a la luz de la prueba colectada. Los aludidos elementos resultan ser indicios claros y concordantes que brindan a mi criterio, verosimilitud a la imputación efectuada.-
En este sentido, se ha dicho: “…El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Por lo expuesto, el presente agravio tampoco tendrá acogida favorable, debiendo confirmarse el auto de procesamiento en su integridad.-
3. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
4. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 39/43, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia