Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad PARCIAL DE LOS ALEGATOS DE LAS QUERELLAS, conforme los argumentos desarrollados en la primera cuestión.
2Absolver a R. R. R., de las demás circunstancias personales de figuración en autos, en orden al delito de “homicidio culposo -dos hechos- en concurso ideal” (arts. 84 y 54 del Código Penal) por el beneficio de la duda, conforme lo establecido por los arts. 4 y 385 del CPP.
3Dejar sin efecto las restricciones y/o medidas cautelares que pesaban sobre R. R. R., debiéndose librar los oficios a los registros y organismos respectivos.
4Condenar a J. F. C., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO como autor penalmente responsable del delito de "HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA PLURALIDAD DE VÍCTIMAS, previsto y reprimido por el artículo 84 2° párrafo del Código Penal.
5Imponer a J. F. C., por el término de cuatro (4) años, las siguientes reglas de conducta:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1); b) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
6Hacer SABER a J. F. C. que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta. …
LIBRO: XCVIII REGISTRO: 3423 FOLIO: 180/211
Río Gallegos, 22 de junio de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, presidida por la Dra. María Alejandra Vila y como vocales el Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y el Dr. Fernando Zanetta (subrogante); actuando como Secretaria la Dra. Gabriela Mansilla, con el objeto de deliberar y de dictar sentencia en la causa caratulada: "R. R. R. Y J. F. C. S/HOMICIDIO CULPOSO DOS HECHOS EN CONCURSO IDEAL" Expte. N° ****/22, y definir la situación procesal de R. R. R., de apellido materno R. R. R., argentino, DNI Nº **.***.***, nacido el ** de ***** de 1956 en Paraná, Entre Ríos; hijo de R. y L. D., casado, jubilado, instruido, con domicilio real en xxxxx N° ***, Diamante, Entre Ríos; y de J. F. C., de apellido materno J. F. C., argentino, nacido el ** de ***** de 1968 en Río Gallegos, DNI Nº **.***.***, hijo de S. (f) y de M. (f), divorciado, jubilado, instruido, con domicilio real en xxxxx N° *** de esta ciudad. Representa al Ministerio Público Fiscal ante la Cámara la Dra. Verónica Zuvic, el Defensor Oficial ante la Cámara, Dr. Emin Charif Sat asistiendo al Sr. R. R. R. y el Dr. L. G. G. al Sr. J. F. C.; revisten carácter de querellante a la Sra. G. D. con el patrocinio letrado del Dr. E. S. y las Sras. R. G. S. y Z. V. con el patrocinio letrado de la Dra. M. D.. De los que;
Que llegan las presentes actuaciones a entendimiento de este Tribunal, a través del requerimiento de elevación a juicio formulado por la querella -ese momento unificada-, glosada a fs. 389/392 vta., donde se le imputó a J. F. C. y a R. R. R. los siguientes hechos: “...que el día 1° de febrero de 2019, aproximadamente a las 10.10 hs., las víctimas fatales M. A. I. R. y D. M. S., mientras se encontraban llevando a cabo una obra encomendada por el imputado Sr. J. F. C. en un inmueble de su propiedad, sito en xxxxx 418 de Río Gallegos, y con la intermediación del Sr. R. R. R., consistentes en la instalación de una antena radial en forma vertical uniendo tramos estructurales -compuesta por diez tramos de 3 metros cada unoque por sus propias características eran inapropiados al efecto (la condición del material de la torre no era óptimo por la presencia de óxido, porque no respetaba la interposición de tramos de colores al haber dos tramos claros seguidos, porque existía un tramo adaptado que corresponde a un diámetro menor, siendo ello una gran falta técnica), sin cálculos estructurales ni sujeciones al suelo correctas a través de los anclajes de la torre que respeten la ubicación, las distancias mínimas y la colocación de uno de ellos en dirección opuesta al viento y que además se estaba ejecutando sin la base de un plano de obra confeccionado por profesional habilitado, que estuviera visado y aprobado por las autoridades administrativas competentes, es decir, se inició en condiciones totalmente ilegales, ni previendo el cumplimiento de medidas de seguridad que hubiesen evitado la pérdida de la vida de los aludidos o que, analizados los hechos desde la posición de los imputados, hubiese significado para los mismos, cuanto menos, la realización de una actividad que, a pesar de ser riesgosa en si misma, con esos recaudos suficientes previos la tornaran en un riesgo permitido, nada de lo cual aconteció en el sub lite, a lo que se suma el factor climático desfavorable imperante en ese momento (fuertes ráfagas de viento), que hicieron en su conjunto que la estructura cediera -se produjo una flexión-, causando la consecuente caída desde altura -mayor a 20 mts.- de las víctimas y que provocó finalmente el óbito de ambas de manera instantánea…”.
Hecho que fue calificado por esa parte como “homicidio culposo -dos hechos”, previsto y reprimido en el art. 84 del CP.
Por su parte, la Fiscalía de Instrucción formuló requerimiento de elevación a juicio, obrante a fs. 394/402 en donde se le imputó tanto a R. R. R. como a J. F. C. el siguiente hecho: “...haber violado el deber de cuidado al no haber dado cumplimiento con la normativa legal vigente respecto del pedido de autorización de obra tanto a la Municipalidad de Río Gallegos (Obras Públicas), CPAIA, ANAC, ENACOM, como así tampoco proveer de los elementos de seguridad, higiene y prevención de riesgos, para la instalación de una antena de radio de frecuencia modulación (FM) en el predio de la calle xxxxx Nro. 418 de esta ciudad; siendo que producto de tal acción el día 1ro de febrero de 2019 aproximadamente a las 10:10 hs la estructura de hierro habría cedido provocando la caída desde altura de M. A. I. R. y de D. M. S., provocando el óbito de ambos de manera instantánea…”. Hecho que fue subsumido en la figura de “Homicidio culposo dos hechos en concurso ideal”, previsto en los arts. 84 y 54 del Código Penal Iniciada la audiencia, la presidencia efectuó el interrogatorio de identificación y les advirtió que estuviesen atentos a lo que verían y oirían durante la audiencia, ya que de la lectura de los requerimientos presentados por la parte querellante y por la Fiscalía de Instrucción, se expondrían los hechos que se le imputan, las pruebas obrantes en su contra y la calificación legal. Se les comunicó que siempre podrían dialogar con su defensa, excepto al declarar y antes de contestar las preguntas que se les formulen.
Abierto el debate y luego de ser leídos en voz alta por parte de la Secretaria los requerimientos de elevación a juicio de fs. 389/392 y 394/402, se invitó a las partes a plantear las cuestiones previas en resguardo de sus intereses. Concedida la palabra, por su orden, sobre la existencia de cuestiones preliminares, la Dra. M. D. solicitó que declaren de manera conjunta la Ingeniera P. D. G., el Ingeniero F. J. y la Ingeniera A. L. I. F.. Planteo al que se opusieron las defensas de los imputados, por lo que teniendo en cuenta que la declaración conjunta no está prevista formalmente y es una excepción sobre la que debe existir acuerdo entre las partes, el Tribunal no hizo lugar a lo solicitado.
Seguidamente la Sra. Fiscal solicitó se llame a prestar testimonial a la Ingeniera A. L.
I. F., Oficial Aravena y M. M. M., pedido que no tuvo objeciones y al que se hizo lugar.
Finalmente el Dr. L. G. G., expresó las dificultades que tuvo para abrir el DVD que contiene los audios y cuestionó la custodia de los mismos. Previo a correr vista a las partes la Secretaría informó que el técnico de informática pudo abrir los archivos, los cuales están disponibles para ser revisados por las partes. Asimismo se dejó constancia que el mismo fue compartido a las partes.
Corrida vista a la Dra. M. D. señaló que la prueba estuvo disponible para las partes desde hace más de un año, ello aunado a que los audios pudieron abrirse y están disponibles para las partes. Y afirmó que la legalidad de los mismos es evidente, no se afectó la cadena de custodia. Por lo que rechazó la exclusión de esa prueba. Argumentos a los que se adhirió el Dr. E. S. y la Dra. Zuvic, el Dr. Sat expresó que al haber sido recuperado el contenido la cuestión deviene abstracta.
En consecuencia, se rechazó por unanimidad el planteo formulado por la defensa del imputado J. F. C., oportunidad en que hizo propios los argumentos esbozados por las querellas, la Fiscalía y la defensa de R. R. R.. El Dr. L. G. G. dejó reserva de casación por violación del debido proceso y defensa en juicio.
Los imputados fueron informados sobre los derechos que le asisten conforme los arts. 279 y ss., 361 y 363 del CPP y se les preguntó si prestarán declaración indagatoria.
El imputado R. R. R. ejerció su derecho de no declarar. Por lo que habiendo declarado durante la instrucción se proyectó la videofilmación de la audiencia. Oportunidad en la que declaró que hace 38 años trabaja en medios de comunicación y que tomó conocimiento que J. F. C. tenía equipamiento para poder realizar un proyecto cultural de radio. Éste le informó que tenía problemas con la antena para poder transmitir correctamente y de allí surgió la idea de ser el encargado de buscar un técnico especialista en antenas. Expresó que M. A. I. R., apodado C., eran compañeros en la radio, escuchó la conversación y le pidió que le dé el trabajo a él. Agregó que confió en que M. A. I. R. tenía los conocimientos para la instalación de una antena de radio de frecuencia modulada ya que le manifestó que había realizado varias tareas similares previamente.
Afirmó que no realizó una contratación directa con M. A. I. R. sino que fue el nexo que contactó a M. A. I. R. con J. F. C. para que se conozcan y coordinen. Respecto a los permisos pertinentes él creyó que el propietario de la emisora era quien debía conocer si los mismos existían o en su caso quien debía solicitarlos.
Expresó desconocer quien se hacía cargo de la compra, colocación y traslado de la antena, así como el monto de pago acordado por el trabajo. M. A. I. R. iba a hacer las tareas operativas para poner en funcionamiento todo pero desconoce mayores detalles ya que eso lo arregló directamente con J. F. C..
A su turno, el imputado J. F. C., en su defensa expresó que en el año 2017 compró equipamientos para poner una FM, excepto la antena. A comienzos del 2018 llamó a D. D. -técnico- quien hizo trabajos en la radio xxxxx y lo asesoró para la colocación de la antena, le dijo que había que preparar el terreno para colocar los anclajes donde iría la torre y que le diera un adelanto para “...hacer los trabajos, pedir los permisos. Fuimos al correo, una señora encargada de ENACOM nos explicó el procedimiento…”. Pagó $25.000 pesos en concepto de adelanto, le dió indicaciones y colocó un tubbing en xxxxx 402 para hacer un anclaje más.
Destacó que en octubre lo fue a ver R. R. R. con la idea de hacer un programa de radio cultural. Le dijo que todavía estaba en trámite lo de la radio. En noviembre volvió a verlo y le informó que ya le había pagado a D. D. para realizar los trámites de la colocación de la antena. En diciembre volvió a verlo y R. R. R. le dijo que se busque a otra persona porque D. D. no avanzaba la obra. Luego, a fines de diciembre se fue de vacaciones a Mar del Plata. Los primeros días de enero lo llamó R. R. R. y le dijo que estaba con un torrista, que era muy bueno y que lo tenía al lado en el teléfono.
Al respecto dijo “...Yo no hablé nunca con el señor que falleció. Yo me enteré de esto después del accidente… Yo no sabía con quien hablaba, porque hablé a través del teléfono de R. R. R.. Le dije que me hiciera un presupuesto. Me dijo que me saldría $50.000… él me dijo que se encargaba de todo –permisos-, y yo le dije que yo me encargaría de todo y que cuando yo llegue que ahí levanté la torre…”.
Agregó que unos días después recibió unos mensajes del torrista “...quería cobrar y yo le dije que no le pagaría porque ya pagué, que yo no tenía apuro de avanzar. Que yo llegaría y avanzaría… El me dijo que retiraría la torre. Yo no se si lo que me vendieron estaba bien, normal o regular… para eso había buscado a D. D.…”. Refirió respecto a sus conocimientos de los permisos y gestión de los mismos que “...sabía de la existencia de los permisos…”, que se iba a encargar de la gestión de los mismos, pero cuando volvió a Gallegos de sus vacaciones, al otro día se enteró de que se había caído la torre.
Hizo referencia a su predisposición para el avance de las actuaciones judiciales “...fui a la policía y me puse a disposición. Dije que no tenía conocimiento de la identidad de las personas. Me enteré ahí que había otra persona más… que había un soldador, que había estado haciendo un trabajo tres meses antes… me puse en contacto con los familiares para brindar mi apoyo para lo que necesiten…”. Resaltó, luego de escuchar los audios a pedido de la Dra. M. D., que cuando hablaba de la antena “...no es la de xxxxx…”, que siempre habló con R. R. R., que no quería tener trato con el torrista y que estaba con su familia de vacaciones, que tenían que esperar su regreso para definir el pago del soldador y el traslado de la antena que estaba en otro lugar “...me tenían que esperar que vuelva de vacaciones. No se qué pasó ahí. Yo no estaba al tanto de qué se hizo porque no estaba en el lugar…”. Afirmó no recordar si le mandaron fotos de la obra, que es el titular registral del predio en donde sucedió el hecho investigado y que la compra de los materiales incluyó la torre que estaba en cercanía de terminal de ómnibus.
Con relación al traslado de la otra torre, dijo que despejó el terreno, que C. lo llamó por el tema del soldador, que coordinaron el desmonte de la torre para mandar un flete a xxxxx, que acordó el pago a M. A. I. R. a través de una conversación telefónica desde el celular de R. R. R..
A su vez expresó que fue asesorado por personal de ENACOM, en donde le explicaron cómo hacer los permisos y señaló que ninguna radio cumple con la normativa para funcionar. Concretamente al respecto señaló: “...todas las radios están trabajando tramitando los permisos. Los procedimientos eran ir a la municipalidad, e ir preparando el terreno para colocar la torre…”.
Aclaró que en el audio 23, cuando hizo referencia a “esta gente”, es a la persona que lo llamaba por el soldador. Y añadió “...fui secretario de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos y por eso sabía del procedimiento… Además no se si fue ahí nomás que me fui de Secretario de Gobierno, o antes, que salió la ordenanza. La conocí vagamente a la ordenanza, porque vi los argumentos para que se apruebe…”. Al tiempo que indicó que ocupó ese cargo desde el 2015 al 2017, que tenía conocimiento de la Ordenanza Nº 8567/16, pero delegó el cumplimiento de la misma en D. D.. Al tiempo que reconoció que “...no sabía puntillosamente toda la reglamentación…”.
Finalmente indicó que no efectuó ningún contrato de ejecución de obra, no autorizó a las personas a que ingresen a su predio, que a R. A. lo contrató como soldador y le pagó por ese trabajo, que la única documentación que firmó fue con D. D. y aportó la documental para ser incorporada. Expresó que no sabía de la existencia de las dos personas que aparecen en el expediente: “...No sabía nada, porque estaba en Mar del Plata. No los vi y no los conocí…”. Resaltó que la torre que se desplomó estaba en su predio y que desconocía los conocimientos técnicos que tenía R. R. R.. También aclaró que C., el torrista e M. A. I. R., es la misma persona y que nunca tuvo contacto con D. M. S.. Dijo que C. desmontó la torre y la trasladó, pero no tuvo ninguna intervención en el montaje de la torre.
Se reprodujeron los audios obrantes en autos, de los cuales el imputado J. F. C. reconoció su voz y ser titular del abonado ********. Luego de ser informado del contenido del análisis del informe del contenido del celular de M. A. I. R. obrante a fs. 406/413, chat 107, del día 24 al 29 de enero de 2018, en el cual surge que mantuvo una comunicación y que le enviaba fotos de la antena con el contacto agendado “J. F. C. antena” que tiene el número reconocido por el propio imputado, de la cual surge que los tramos de la antena que están por sacar no son coincidentes con la antena de xxxxx y le pide que se pinten los tramos de la antena, éste afirmó no recordar la misma.
Expresó que a D. D. lo contrató para hacer una primera etapa que era “...preparar el terreno para la futura torre que se iba a instalar…”. Cuando se le preguntó que si se hubiesen realizado los trámites correspondientes, esto se podría haber evitado; contestó que sí y si “...me hubieran hecho caso de que no empiecen los trabajos hasta que yo llegue a hacer todos los trámites…”, también.
Se anunció por Presidencia que la prueba sería incorporada conforme al orden conveniente del debate y previsto en el art. 365 del CPP, a saber: propuestos por la Fiscal: 1.- Informe de inicio de actuados de la División Comisaría Primera (fs. 01); 2.- Certificado médico policial (fs. 06); 3.- Acta de Inspección Ocular del lugar del hecho, su transcripción y croquis ilustrativo (fs. 07/12); 4.- Acta de Constatación y secuencias fotográficas (fs. 19/27); 5.- Informe de la División Comando Radioeléctrico (fs. 47); 6.- Informe de las Autopsias realizadas por el Cuerpo Médico Forense (fs. 63/70); 7.- Informe del CPAIA (fs. 71); 8.- Nota N° 08/19 remitida por el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad (fs. 74/106); 9.- Informe Técnico N° 104/19 de la División Gabinete Criminalístico de la Policía (fs. 112/vta.); 10.- Informe de Pericia N° 032/19 del Laboratorio Regional de Investigación Forense (fs. 113/120); 11.- Informe Técnico N° 016/19 de la División Gabinete Criminalístico (fs. 122/124); 12.- Informe pericial N° 008/2019 de la División Investigación Pericial y Coordinación Judicial (fs. 131/149); 13.- Informe de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos (fs. 161/162); 14.- Informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (fs. 175/178); 15.- Informe de Telecom Personal S.A.
(fs. 213/228); 16.- Informe de la División de Apoyo Tecnológico (fs. 240/242); 17.- Informe Pericial N° 24/19 del Cuerpo Pericial de Informática y Telecomunicaciones del Poder Judicial (fs. 249/254). Propuestos por la querella (G. D.): 1.- Informe de inicio de actuados (fs. 01 y fs. 05/vta.); 2.- Declaración testimonial del imputado R. R. R. en sede policial y su ampliación (fs. 28/vta., 55/vta.); 3.- Informe del Registro de la Propiedad Inmueble (fs. 274); 4.- Informe de la División de Investigaciones (fs. 406/414). Se incorpora por exhibición la siguiente prueba: Propuesta por la querella (G. D.): 1.- Croquis ilustrativo (fs. 12); 2.- Secuencias fotográficas (fs. 21/27); 3.- Reproducción de las conversaciones mantenidas desde el número de abonado (****)-****** identificadas como Página 2402, 2412 a 2425, 2441 a 2448, 2458 y 2469 a 2475 (fs. 511).
Propuesto por la querella (R. G. S. y Z. V.): 1.- DVD reservado en Secretaría correspondiente al informe de la DDI obrante a fs. 406/414; tres (3) videos mencionados a fs. 413, veintiún (21) audios cuya descripción obra a fs. 460 vta. almacenados en la carpeta denominada CEL LG-EXTRA.DISPOSITIVO- Advancedlogical-files-Audio.
Se incorpora por instrucción suplementaria la siguiente prueba: Propuesto por la querella (R. G. S. y Z. V.): 1) Informe de Movistar agregado por cuerda). El Dr. L. G. G. expresó que desea convocar a prestar declaración testimonial a D. D.. Las partes no formularon objeciones y en consecuencia se hizo lugar a su pedido. Se recibió declaración testimonial a: 1) R. G. S.; 2) F. D. C.; 3) I. B. P.; 4) J. C. P. G.; 5) D. A. T.; 6) M. L. S.; 7) Ing. A. L. I. F.; 8) Of. Ppal. Lucas M. Aravena; 9) Arq. F. J.; 10) Ing. P. G.; 11) R. O.; 12) M. M. M.; 13) D. D..
Clausurado el período de producción de pruebas, fueron convocadas las partes a formular sus respectivos alegatos conforme lo estipula el art. 376 CPP. Comenzó la parte querellante, representada por la Dra. M. D. quien sostuvo que se acreditó la materialidad de los hechos en los que resultaran víctimas M. A. I. R. y D. M. S.. Describió los hechos en los mismos términos que los mencionados en el requerimiento de elevación a juicio.
En cuanto al motivo de la caída de la antena, indicó que conforme se observa a fs. 131/150 “...se dobla como un papel…”. Se refirió a la cuestión física vinculada a que el hierro empleado en los tramos no era el adecuado, era menor del diámetro del 16 y no era galvanizado. Aclaró que la antena solo tenía que tener doce metros, y en uno de los audios, la intención de J. F. C. era llevarla a 45 metros, es decir 15 pisos de altura.
Hizo mención a las fallas técnicas: 1.- La base sobre la que apoyaba la antena, si bien estaba intacta, era inadecuada en sus dimensiones. En el chat 163 del 15 de enero, M. A. I. R. comenta que acababa de terminar la base y a fs. 10/vta. de inspección ocular, se acredita que no estaba aún totalmente fraguada. 2.- Los anclajes no estaban a las distancias mínimas establecidas. 3.- No se hizo ningún cálculo estructural. 4.- No se cumplieron las normativas de higiene y seguridad: los arneses estaban amarrados a la torre y resaltó que un soldador con experiencia se dio cuenta inmediatamente que poner dos tramos de distinto diámetro llevaría a su caída. A fs. 9/10 se ve que uno de los dobleces coincide en la unión de la estructura con distintos diámetros.
También se refirió a que se acreditó la responsabilidad de ambos imputados. Valoró la gran cantidad y el contenido de los mensajes, llamadas, los audios e imágenes enviadas, producidos entre los imputados e M. A. I. R., los cuales hacen indudablemente imposible no responsabilizarlos por este luctuoso suceso. La misma referencia hizo respecto a las comunicaciones entre M. A. I. R. y R. R. R.. Señaló que en el chat 107, se produjeron una cantidad de mensajes entre ellos.
Expresó que de los audios surge con contundencia que J. F. C. y R. R. R. participaban junto con M. A. I. R. en el levantamiento de esta antena, al tiempo que dijo “...de no haber fallecido M. A. I. R., también sería imputado en esta causa. Ya que D. M. S. pensó que M. A. I. R. tenía conocimiento y experiencia…”.
Hizo referencia que entre el 7 de enero y 30 de enero hubo más de doscientas comunicaciones a través de Whatsapp y que esto demuestra que ambos imputados han mentido. Afirmó “...mintió J. F. C. que no había hablado con M. A. I. R.… Mintió J. F. C. cuando pretendió decir que no había autorizado el ingreso de las personas… Que no se enteró que estaba levantando la antena, ya que del contenido de los mensajes surgía que sabían y la amenaza era que si llegaba a Gallegos y el trabajo no estaba terminado, no le pagaban…”.
Cuestionó la introducción de D. D., como estrategia de la defensa, así como la ausencia de contrato escrito “...como si el contrato hablado no tuviera validez…”. Y en consecuencia afirmó “...J. F. C. sabía que la obra se estaba desarrollando en esas condiciones deplorables y el viento que implica en una obra de este tipo… J. F. C. no puede alegar desconocimiento de la reglamentación. Pero precisamente era Secretario de Gobierno en el año 2016 cuando se promulgó la ordenanza… Si bien no debía saberla de memoria, sabía de su existencia. No está excusado ni eximido porque M. A. I. R. haya sido un osado de subirse a la torre en las condiciones en las que lo hizo…”.
Adecuó el hecho tenido por acreditado en la figura jurídica de “Homicidio Culposo” un hecho, de D. M. S., hermano de su representada y señaló que ambos imputados son responsables de este hecho.
Mencionó detalladamente las conductas que desarrollaron los acusados: utilización de elementos deficientes, fallas técnicas vitales en la construcción de la antena, no utilización y mala implementación de medidas de seguridad; trabajar en condiciones climáticas adversas; la falta de supervisión adecuada de trabajo riesgoso, contratación de personal no idóneo, incumplimiento en todo de reglamentaciones vigentes.
Con relación a esto último, hizo referencia a que J. F. C. fue Secretario de Gobierno de la Municipalidad, mientras se dictó la ordenanza relacionada a las construcciones en altura. Y destacó “...hay que cuidar la vida y seguridad de los vecinos, de los transeúntes… En algún momento esto se iba a caer, sobre casa de vecinos, vehículos o peatones que estuvieran pasando… Era una bomba de tiempo… Se habla de legislación nacional sobre seguridad en altura. Las ordenanzas municipales Nº 898/19, 8591, 8657, 8919 y 7640 del año 2016, establecen que se debe requerir autorización previa al inicio de la construcción… Todo debe ser firmado por el propietario. Debe haber informe de factibilidad de localización, memoria técnica de profesional registrado en CPAIA; memorias de cálculo por profesional matriculado; aprobación de ANMAC, póliza de seguros de responsabilidad civil, para el diseño y cálculo y construcción de estas instalaciones deberá cumplirse con normativa nacional, Decreto 205/95…”.
Calificó que las conductas llevadas a cabo por J. F. C. y R. R. R. constituyeron una violación al deber de cuidado, “...hay un accionar antirreglamentario, imprudente y negligente que fue el nexo causal del resultado producido, que es la muerte de estas dos personas… La responsabilidad cae sobre el propietario de la obra, J. F. C., y con R. R. R., ya que con su participación esto no se podría haber llevado a cabo… Nadie podría no imaginarse que la colocación de una antena a esa altura es una actividad riesgosa y el riesgo debe minimizarse a la máxima potencia…”. Concluyó “...D. M. S. subió a la torre porque tenía que poner un plato de comida frente a su hijo que en ese momento tenía 5 años, por eso se arriesgó a hacer lo que hizo. La necesidad fue lo que lo llevó…” y solicitó la pena de tres (3) años de prisión para cada uno de los imputados.
Concedida la palabra a la querella representada por el Dr. E. S., manifestó su adhesión respecto de su preopinante en cuanto a la acreditación del hecho y a la valoración de los hechos. Analizó de manera separada la conducta de los imputados. Respecto al imputado J. F. C., consideró que existió una clara culpabilidad respecto del Homicidio Culposo, se probó una violación flagrante al deber de cuidado, plasmada en detalles puntuales desde el inicio de los hechos. Puso de relieve que se ha incumplido normativa específica: no hubo planos, no hubo cálculos estructurales, no se pidieron permisos a la Municipalidad de Río Gallegos. Más allá del esfuerzo que hizo el testigo D. D. por probar lo contrario.
Con relación al argumento defensivo de J. F. C., que no puede saber toda la legislación, advirtió que “...Puede ser que no sepa toda la reglamentación, pero sí de la existencia de requisitos que debía cumplir. No se realizaron permisos en Obras Pública. Tampoco en CPAIA…”. Resalto que la “encomienda profesional” es un documento que inicia el tramite en el consejo y es el pedido que hace el cliente al profesional que lo asesora, plasma la labor que se requiere que se realice, menciona los alcances y tiempo a requerir, y ante quién hay que presentarlos. Aclaró que D. D. no tenía cálculos, informes, ni tareas de factibilidad, sólo hizo referencia a que instaló muchas antenas.
Afirmó que no se habilita el principio de confianza por el solo hecho de buscar un profesional idóneo, al tiempo que destacó que D. D. es un técnico que sabía hacer mantenimiento, no es idóneo para instalar antenas. Resaltó que tampoco se respetó a lo largo de la labor constructiva, ninguna norma de seguridad e higiene vinculado al trabajo en altura (Ley 19587 vigente en 2019 y decretos reglamentarios 351/79 y 911/96) hogareña, comercial ni industrial. Nada de esto fue tenido en cuenta. Resaltó que hubo interacción directa de J. F. C. en el hecho, no fue un dueño pasivo. Ello surge de los mensajes y los testimonios. A la vez había una interacción constante entre J. F. C. e M. A. I. R.; y entre R. R. R. y J. F. C.: “...se requería dinero, se mandaba a buscar tramo de antena a lo de Yapuré, se hablaba de contratar a un flete. Se enviaban fotos. Había conocimiento de lo que se estaba haciendo. Existía precariedad en materiales suministrados…”. Había una conformidad expresa para el ingreso a la obra en todo momento Destacó que los elementos eran precarios, oxidados, bulones partidos. J. C. P. G. fue claro al decir que la medida de hierro para resistir la soldadura no era la adecuada y le advirtió sobre los riesgos de fusión ante la soldadura de materiales de diámetros distintos. Lo cual a su vez fue sostenido por la perito del TSJ.
Afirmó que el conjunto de conductas desplegadas “constituye una negligencia criminal que hacía totalmente previsible la caída de la torre, por las condiciones climáticas, y la época del año en que se estaba trabajando…”. Concluyó que la caída de los operarios fue una consecuencia directa de la violación de deber de cuidado, normas y reglamentos, que creo activamente la situación de riesgo, más el suministro de materiales no aptos más la presión constante de llegar a determinada altura en determinado tiempo, creó la situación de riesgo que culminó con la caída de las dos personas.
Resaltó el “...estado de necesidad y vulnerabilidad… hemos escuchado la difícil situación económica de las dos víctimas. Este estado de necesidad le impidió a estas personas ver con claridad. No pudieron negarse a no unir y no ensamblar una torre como la que se les pedía que haga. Quizás por desconocimiento pero principalmente por necesidad, no tuvieron la opción de elegir y son víctimas de esta situación…”.
En referencia a R. R. R., señaló que su intervención se reduce a ser un “cómplice secundario”, no como autor, ya que no tuvo una intervención directa.
Por todo ello solicitó la pena de tres años para J. F. C., y para R. R. R. se aplique el art. 46 CP.
Concedida la palabra a la Sra. Fiscal, expresó que se referirá a los imputados por separado Con relación a R. R. R. dijo que ha tenido participación y vinculación para la realización de la obra. No se ha probado con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal que haya estado a cargo de la obra. Solo fue intermediario, no asumió la contratación de la obra, el control, ni la tramitación de permisos y habilitaciones. Por ello, entendió que no tenía capacidad efectiva de decisión respecto de la ejecución de la obra, ni de la cuestión económica, ni de cumplimiento de las exigencias.
Destacó que todos los elementos probatorios individualizan a J. F. C. como la persona que impulsó el proyecto, tomaba las decisiones económicas y se encontraba en condiciones de exigir las condiciones básicas para la colocación de la antena.
Advirtió que emerge la duda razonable respecto a la actuación de R. R. R., por lo que pidió su absolución con relación al delito de Homicidio Culposo -dos víctimas-. Luego ingresó al análisis de plexo probatorio vinculado a la conducta atribuida a J. F. C., a quien le atribuyó haber violado su deber de cuidado, al no haber pedido autorización de obra y no proveer elementos de seguridad para la instalación de la radio en su predio de xxxxx Nro. 418, lo que generó que la estructura ceda, provocando la caída de D. M. S. e M. A. I. R. quienes fallecieron de manera instantánea.
Describió los hechos en los mismos términos que los narrados en el requerimiento de elevación a juicio. Consideró acreditado que J. F. C. impulsó el proyecto, puso a disposición el terreno y mantuvo una intervención directa en todo el desarrollo de la obra.
Puso de relieve que los testimonios de D. M. S., J. C. P. G., M. M. M. y F. D. C., fueron coincidentes. Todos señalaron que quien contrató a M. A. I. R. fue J. F. C.. Algunos hicieron referencia a que los pagos y las decisiones económicas estaban a cargo de él. Y que lo vinculado a las decisiones también se desprende de los audios oídos en el debate y de los mensajes de texto. J. F. C. conocía los costos y las dificultades que iban surgiendo en la ejecución de la obra.
Descartó el argumento defensivo de J. F. C. de que era una persona ajena a la obra, que desconocía que los operarios estaban en el predio. La vinculación de J. F. C. con la realización de la obra surge del caudal probatorio, no solo de los audios, sino también de las testimoniales y del informe pericial.
Hizo mención a la circunstancia de que no se cumplió la normativa vinculada a la ejecución de este tipo de obras y que él era Secretario de Gobierno cuando se modificó la ordenanza. Valoró que D. D. reconoció que le había hablado de esta ordenanza, por lo que concluyó que J. F. C. sabía de la existencia de la normativa y aún así permitió que la obra avance, el propio imputado afirmó “...todo esto se hubiera evitado si se hubiesen hecho las autorizaciones correspondientes…”. Señaló que en ese momento era candidato a intendente de la ciudad y que estaba realizando una instalación clandestina. Los trámites nunca fueron realizados, los permisos nunca fueron obtenidos y ello fue resaltado por la Ing. A. L. I. F.. Expresó su asombro ante la incorporación tan tardía de D. D. y la calificó como un intento de la defensa de mejorar la situación de su pupilo y culpar a las víctimas. Destacó que la falta de capacitación de las víctimas no excluye la responsabilidad del imputado, al respecto mencionó “...no estamos frente a una simple falta de papeles o cuestiones administrativas. Hay prueba pericial y la falta de habilitación generó este riesgo jurídicamente desaprobado, que culminó con la muerte de D. M. S. e M. A. I. R.…”.
Por todo ello, consideró acreditada la materialidad y autoría de los hechos en cabeza de J. F. C. y formuló acusación en orden al delito de “HOMICIDIO CULPOSO –dos hechos- EN CONCURSO IDEAL ENTRE SI” previsto y reprimido por los arts. 54 y 84 del Código Penal. Consideró acreditada la relación directa entre las omisiones imputadas a J. F. C. y el resultado muerte.
Valoró -teniendo en cuenta las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del Código Penal- como atenuantes la falta de antecedentes penal y el haber estado a derecho durante la tramitación del proceso.
Como agravantes tuvo en consideración, la naturaleza de la acción –afectó la vida de dos personas jóvenes-, la edad que tenían las víctimas, D. M. S. apenas 30 años; la extensión del daño la perdida irreparable para la familia; la circunstancia de que ambas víctima accedieron al trabajo por marcada vulnerabilidad económica; la gravedad y la intensidad de violación de deber de cuidado: el haber utilizado materiales de descarte, el clima hostil que había y la falta de cumplimiento con la reglamentación de protección.
Por todo ello, solicitó se condene al imputado J. F. C. a la pena de cuatro (4) años de prisión de cumplimiento efectivo y las costas del proceso.
Concedida la palabra a la defensa ejercida por el Dr. L. G. G. expresó que su defendido, J. F. C., estuvo en estado de indefensión. Dijo que ninguno de los audios menciona a D. M. S., por lo que desconoce cómo llegó al lugar del hecho y destacó que su intervención en la obra se da por intermedio de M. A. I. R.. No se acreditó el nexo causal entre las conductas de su representado y la presencia de D. M. S. en la obra. Y en consecuencia rechazó la querella de D. M. S..
Afirmó compartir con la querella lo vinculado a la falta de elementos de seguridad de los operarios, lo cual demuestra la plena participación de R. R. R. y cuestionó la absolución de R. R. R. propiciada por la Sra. Fiscal y expresó que el Ministerio Fiscal no explicó por qué no dio crédito a los mensajes que fueron dirigidos de J. F. C. a R.
R. R..
Continuó valorando que se probó que faltó capacitación para trabajar en altura, que el equipo de trabajo era deficiente. Pero cuestionó quién es el responsable de que se cumpla con esta normativa, si el propietario o el constructor. Al tiempo que se preguntó “...Cuál es el nexo de causalidad, si J. F. C. no contrató la obra…”. Puso de relieve que habían dos etapas: J. F. C. quiso poner una radio y para ello buscó a una persona idónea de más de 30 años de trayectoria. Destacó que “...Todas las antenas que hoy están en Gallegos, fueron levantadas o sugeridas por él…”, que D. D. reconoció el certificado que emitió, dijo que J. F. C. lo llamó y le dijo que quería hacer la obra bien, que no quería tener líos ni con la municipalidad ni con los vecinos y delegó su ejecución en él, cuando le dijo “...Encargate vos…”. No quería tener problemas porque era candidato a intendente.
Reiteró la idea de que de las actuaciones surgen dos etapas distintas: “...La primera de tener una radio de difusión y a través de otra persona llega a D. D.… Le dice que hay que hacer estudios de factibilidad. Si ven en las fotografías, verán un mojón de caño tubbing... J. F. C. se quedó tranquilo, porque dejó en manos de un idóneo. No se excusa en la confianza, es contar la realidad de los hechos. Le delegó la tarea a D. D. y le dijo que fuera tranquilo… En el medio aparece R. R. R. en los audios… Él tenía la necesidad de tener un programa en la radio y era conocido de M. A. I. R., quien se embarcó en este proceso, a espalda de J. F. C., que es la segunda etapa de esta cuestión…”.
Resaltó que se confunden los mensajes, cuando se lee “prepara todo”, se refería que debían preparar todo para la Municipalidad, no para el inicio de obra y agregó que el principio de inocencia debe primar.
Con relación al dictamen técnico realizado por el Subcomisario Andrés Caballero a fs. 141/148, en el cual señala que en relación a los arneses deben haber dos puntos de anclaje, expresó que nada de eso se dijo. Expresó que la causa eficiente es la falta de conocimiento del trabajo realizado y a las condiciones climáticas adversas. E hizo suyas las palabras de la Dra. M. D., cuando afirmó que “...si estuviera vivo M. A. I. R. sería un imputado más…”.
Concluyó que cuando J. F. C. contrató a D. D. se desligó de la obra y que el que se encargaba de las compras y de los pagos era R. R. R.. Al tiempo que puso de relieve que su representado nunca tuvo relación con D. M. S., no lo contrató. Destacó que M. A. I. R. tenía el deber de cuidado de la persona que contrató, no hay relación de causalidad con D. M. S.. Dijo “...M. A. I. R. tenía necesidad económica. Y R. R. R. tenía necesidad de tener el programa de radio…”. Aclaró que R. R. R. mintió, que si se comunicaban, pero que no era para dar directivas de la obra. J. F. C. nunca dio la orden de iniciar la obra.
Resaltó que J. F. C. estaba en Mar del Plata de vacaciones, que R. R. R. se comunicaba con J. F. C. por teléfono, pero nunca lo autorizó a que ingrese al predio. Con relación a lo vertido por D. D. señaló que las torres que compraron, no eran las que estaban colocando, por lo que infirió que “...M. A. I. R. debe haber indicado que coloquen otra torre…”, que el soldador dijo que no soldaría la torre, en consecuencia afirmó que el que terminó soldando fue M. A. I. R..
Por todo ello, consideró que estamos ante un caso de duda razonable, ya que no hay nexo de causalidad eficiente entre el resultado lesivo y la muerte de M. A. I. R.. Detalló que J. F. C. no impartió ninguna directiva, no hizo ningún trámite porque no iba a hacer ninguna obra. Al tiempo que negó que hayan ido al CPAIA, iba a esperar que D. D. le diga que estaba todo listo para iniciar los trámites.
Hizo mención que no colocaron las torres que compró J. F. C., que no citaron a la empleada que estaba en el predio donde dejaron los materiales, Y. D., cuya declaración fue incorporada por lectura. Y preguntó ¿Qué pasó con estos materiales? ¿Quién se los llevó? Puso de relieve que el nexo de causalidad no se acreditó y que el simple hecho de ser J. F. C. el propietario del terreno en donde se desarrolló la obra, no lo hace responsable del fallecimiento de D. M. S. es M. A. I. R..
Por todo ello, solicitó la Absolución de su representado por el beneficio de la duda. Asimismo consideró un exceso la pena solicitada por la Fiscal y solicitó que en caso de que el Tribunal no comparta la absolución, se imponga el mínimo previsto en la escala penal y que su cumplimiento sea en suspenso.
Finalmente, concedida la palabra a la Defensa Técnica de R. R. R. a cargo del Dr. Sat, expresó su coincidencia con la Dra. M. D., cuando hizo referencia a una frase a la participación de su defendido “...estrecha colaboración, ese es el rol que le dan a mi defendido…”, y agregó “...si intentan subsumir ese accionar en un tipo legal, que me lo hagan saber… no existe en este fuero…”. La estrecha colaboración no es garante en el derecho penal. Dentro del tipo objetivo sistemático para este tipo de delito culposo, de omisión impropia, la acción, resultado, nexo causal, posibilidad de imputárselo al autor. Se preguntó ¿cómo se une la acción con el resultado? Cuestionó la falta de acreditación del nexo causal y dijo que el contrato en el fuero penal “...hay que probarlo…”, porque el derecho penal es restrictivo. Hizo mención al protocolo de la cadena de custodia al que adhirió el TSJ en el año 2024. Señaló que las querellas no fundaron el monto de la pena solicitada y que esta falta de fundamentación acarrea la nulidad.
Añadió que no hubo descripción del hecho de la querella particular, no escuchó cual era la forma de autoría que mencionaba el Dr. E. S., ni cual es el fundamento de la participación secundaria.
En consecuencia solicitó se declare la nulidad absoluta de los alegatos y de los pedidos de pena de las querellas. Y agregó que “...solicitaría una absolución, pero creo que sería difícil por la vaguedad de la imputación, y un sinfín de otras cuestiones, como la cuestión de la evidencia…”.
De las nulidades planteadas se corrió vista a la Dra. M. D., quien argumentó que no corresponde la declaración de nulidad por la no fundamentación específica de los parámetros de la pena y menos aún la nulidad total del alegato, que el mismo se basó en la prueba objetiva incorporada al proceso. Seguidamente se concedió la palabra al Dr. E. S. reconoció su error de no haber mencionado pena para el partícipe secundario y señaló “...lo di por entendido…”, coincidió con lo vertido por la Dra. M. D. y consideró que carece de sustento anular el resto del alegato. Seguidamente la Sra. Fiscal de Cámara señaló que ante la falta de fundamentación de la pena solicitada por las querellas conforme los arts. 40 y 41 del CP, debe declararse la nulidad parcial de los alegatos. En iguales términos se expresó el Dr. L.
G. G..
Concluida la etapa de alegatos, se le preguntó a los acusados si luego de lo que presenciaron y antes de que el Tribunal pase a deliberar, desean efectuar alguna manifestación en su defensa. R. R. R. manifestó “...lamento la pérdida de un gran amigo y que se llevó la vida de otro joven…”. Concedida la palabra el imputado J. F. C. dijo “...planteó mi respeto a las familias que han perdido a sus seres queridos. Los quise ayudar en todo lo que pude como lo hago siempre. Quiero agradecer al Tribunal que me haya escuchado para que se emita un juicio justo con la verdad. Podría haber pedido no venir, pero vine. Estoy acá porque quiero dar la cara y que me escuchen. Quería decir la verdad como la dije. Nunca autorice que se levante la torre. Siempre priorice que se respeten todas las normas. Me siento mal por el tratamiento político. Siento cierta intencionalidad política. Lo siento como que hice algo malo por ser radical, el querer participar de un cargo político no es algo malo. Quiero que me traten como una persona común…”.
Concedida la palabra a las querellantes en virtud de lo estipulado por la Ley de Víctimas, la Sra. R. G. S. manifestó que esto “...la muerte de mi hermano nos dejó un dolor muy grande a toda la familia. Mi mamá está con psiquiatra y psicólogo. Solo pido justicia porque esto se podría haber evitado…”. Mientras que la Sra. Z. V. manifestó “...solicito justicia para mi hijo…”.
Finalmente, la Presidencia convocó a las partes a audiencia para el día 19 de junio de 2026 a las 12.00 horas, en la sede de este Tribunal xxxxx N° ** de esta ciudad. Fecha que luego -por decreto notificado a las partes- se postergó debido a una suspensión de plazos dispuesta por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, para el día 22 de junio del corriente año a la misma hora. Acto seguido, se dio por concluido el debate, retirándose el Tribunal a deliberar conforme las pautas señaladas en los arts. 379 y 381 del CPP, y;
Durante el proceso de deliberación fueron abordadas las siguientes cuestiones: Primera cuestión: ¿Es procedente el planteo de nulidad efectuado por la defensa del imputado R. R. R.?
Al respecto la Sra. Presidenta Dra. María Alejandra Vila dijo:
En primer lugar, considero relevante destacar que a los fines invalidantes, la invocación de irregularidades procedimentales debe ir acompañada de una explicación circunstanciada del menoscabo que aquellas provocaron a las garantías constitucionales que la forma procura evitar, con demostración del perjuicio concreto y real causado a quien las invoca, ello en virtud del principio de trascendencia. Sin una lesión efectiva, el planteo de nulidad no puede prosperar. Esta concepción de la nulidad la aleja de la idea de custodia de simples formalidades o rituales y rescata su función de herramienta técnica garantizadora (noción estricta de garantía) del respeto a los derechos de las partes en las que se inspiran las formas sustanciales del proceso penal.
La CSJN ha sostenido que para que prospere la declaración de nulidades procesales, se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (doctrina de Fallos: 295:961; 298:312; 306:149; 310:1880; 311:1413; 330:4549). También señaló que no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554; 322:507; 324:1564).
Cabe destacar que la defensa del imputado R. R. R. no hizo mención a cuál es la afectación concreta padecida por su representado, cuando planteó la nulidad de la totalidad de los alegatos de las querellas. Si bien dicha deficiencia argumentativa bastaría para rechazar el planteo, la trascendencia institucional de la cuestión introducida y su vinculación con garantías constitucionales aconsejan efectuar igualmente algunas consideraciones a mayor abundamiento.
Así, es importante consignar que resulta atendible el cuestionamiento formulado por el Dr. Sat únicamente en cuanto señala que tanto la Dra. M. D. como el Dr. E. S. al formular sus respectivos alegatos no formularon una argumentación válida que justifique el monto de pena solicitado a los imputados conforme las pautas de los arts. 40 y 41 del CP.
Corresponde, aquí, efectuar una distinción preliminar. Una cosa es la nulidad total de los alegatos postulada por la defensa y otra muy distinta la eventual insuficiencia argumentativa de alguno de sus segmentos. Aun cuando pudiera verificarse un déficit de fundamentación respecto de la pretensión punitiva formulada por las querellas, ello no conduce necesariamente a invalidar la totalidad de sus alegaciones, en tanto la descripción del hecho, la atribución de responsabilidad y la calificación jurídica postulada conservan autonomía conceptual y funcional respecto del pedido concreto de pena.
En lo que hace a este análisis, establece el art. 40 del CP: "En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente".
El art. 41, por su parte, establece: "A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causado; 2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso".
En este sentido es claro que las partes querellantes al momento de formular su pretensión punitiva no expresaron ninguna circunstancia a tener en cuenta a los fines de merituar la pena. Y al contestar la vista si bien la Dra. M. D. mencionó que surge del propio alegato, en tanto que el Dr. E. S. reconoció expresamente dicha omisión.
Como bien lo dice la Dra. Patricia Ziffer "...para determinar la pena dentro del marco penal se deben tomar en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes particulares de cada caso (art. 40 del CP) y valorarlas de acuerdo a las pautas enunciadas por el art. 41 del CP…". Asimismo sostiene que: "...si el tribunal debe fundar su decisión sobre la pena, o el juez su voto, según criterios racionales extraídos de la ley, entonces quién persigue o quién defiende pueden y deben argumentar de la misma manera para influir en la sentencia. Según se observa, este parece un requisito ineludible para garantizar la posibilidad de resistir la persecución penal en el punto (defensa relativa a la determinación de la pena) y provoca, además, la aparición de una serie de reglas procesales que intentan resguardar para el imputado una posibilidad cierta y eficaz para resistir la proposición al acusador..." (Patricia S. Ziffer en "Lineamientos de la determinación de la pena", 2a edición Reimpresión, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2013, pág. 97, 115).
En el mismo sentido Zaffaroni expresa que: "...la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados contenida en el inciso 1 del art. 41 del CP constituye una clara referencia al grado o magnitud del injusto…" (Eugenio Raúl Zaffaroni en "Tratado de Derecho Penal-Parte General", Tomo V, editorial Ediar, Bs. As. 1988, pág. 296).
Al respecto la jurisprudencia también se expidió diciendo que: "...El acto de acusación no sólo debe contemplar la descripción de la base fáctica que delimita el objeto del juicio, su calificación legal y la formulación de la pretensión punitiva también están abarcadas por él, sino que debe incluir -ineludiblemente- una propuesta fundada sobre la determinación de la pena, de manera tal que la defensa del imputado conozca las circunstancias consideradas relevantes para fijarla y pueda rebatir aquellos fundamentos e invocar las circunstancias que, según su opinión, deban conducir a imponer una pena más leve. Es decir, ese acto debe contemplar estos tres aspectos -base fáctica, calificación y pena- porque sólo así se garantiza al imputado la posibilidad de desplegar una defensa en forma plena…" (voto del juez Slokar al que adhirió parcialmente la jueza Ledesma, Cámara Federal de Casación Penal Sala II, "Saavedra, Juan Carlos", reg. Nº 19.956, causa Nº **.***, 9/2/2012).
En efecto, la exigencia de fundamentación de la pretensión punitiva no constituye una mera formalidad. Su finalidad es permitir que la defensa conozca cuáles son las circunstancias agravantes y atenuantes que la acusación considera relevantes para la individualización de la sanción, posibilitando su contradicción efectiva. La ausencia de esa fundamentación restringe la posibilidad de discusión sobre uno de los aspectos esenciales del juicio de reproche y compromete, en esa medida, el pleno ejercicio del derecho de defensa.
Tal exigencia adquiere especial relevancia cuando, como ocurre en el caso, la acusación no se limita a requerir el mínimo legal previsto para la figura penal atribuida, sino que postula una sanción superior, cuya justificación necesariamente exige la explicitación de las circunstancias agravantes o atenuantes que determinan dicho apartamiento.
De este modo surge la necesidad de establecer a la hora de la determinación de la pena, la extensión del daño causado o del peligro, la gravedad de la infracción, el grado de afectación del bien jurídico, agravantes y atenuantes. Todos ellos son indicadores del mayor contenido del injusto, lo que eventualmente se traducirá en el monto o cuantía de la pena.
Ahora bien, la deficiencia advertida no compromete la totalidad del acto procesal. El vicio identificado se circunscribe exclusivamente al tramo de los alegatos referido a la determinación cuantitativa de la pena pretendida. La acusación en cuanto a la descripción histórica del hecho, la intervención atribuida a los imputados y la calificación legal propuesta fue formulada con suficiente precisión y permitió el adecuado ejercicio del derecho de defensa. En consecuencia, la eventual invalidez sólo puede proyectarse sobre aquel aspecto específicamente afectado por el defecto de fundamentación, sin alcanzar el resto del acto procesal.
Debe recordarse que las nulidades procesales constituyen remedios excepcionales cuya declaración exige una interpretación restrictiva. Por ello, aun frente a la constatación de un defecto procesal, corresponde privilegiar la conservación de los actos válidamente cumplidos cuando ello resulte compatible con la tutela efectiva de las garantías constitucionales involucradas.
Coincido con lo señalado por la Sra. Fiscala en cuanto a que la deficiencia advertida se limita exclusivamente al aspecto vinculado con la fundamentación de la pretensión punitiva formulada por las querellas. En consecuencia, y atendiendo al principio de conservación de los actos procesales válidamente cumplidos, la eventual invalidez no puede extenderse más allá de dicho segmento específico. Debe aclararse que la presente decisión no importa privar de eficacia a la totalidad de las alegaciones desarrolladas por las partes querellantes, sino únicamente excluir de consideración la pretensión cuantitativa de pena formulada sin la debida fundamentación legal y constitucionalmente exigible.
Por todo ello, considero que corresponde declarar la nulidad parcial de los alegatos formulados por las partes querellantes exclusivamente en cuanto a la determinación cuantitativa de la pena pretendida, por ausencia de fundamentación conforme las exigencias derivadas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Así lo voto.
El Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y el Dr. Fernando Zanetta (subrogante) adhieren al voto de la presidencia.
Segunda cuestión: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal de los acusados?
Al respecto la Sra. Presidenta Dra. María Alejandra Vila dijo:
Las presentes actuaciones se iniciaron el 1 de febrero de 2019 a las 10.10 hs., cuando personal del Comando Radioeléctrico solicitó presencia de la comisaría de jurisdicción en intersección de las calles xxxxx y xxxxx, lugar en donde dos hombres se habían caído de un edificio en construcción, conforme se desprende del informe preventivo obrante a fs. 1.
Constituidos en el lugar, entrevistaron a I. B. P., quien expresó que mientras se encontraba en su domicilio, sito en xxxxx N° 257, escuchó gritos procedentes de la parte externa de su inmueble y observó una estructura metálica que se había desmoronado, la cual pertenecía a la radio lindante a su domicilio. Cuando se dirigió al domicilio ubicado en xxxxx N° 184 pudo observar a dos personas de sexo masculino tendidos en el suelo aparentemente sin vida, llamó al 101 y al hospital, quienes al llegar constataron que los dos hombres se encontraban sin signos vitales. En consecuencia, se llevaron adelante las diligencias de rigor con personal de la División Gabinete Criminalístico y bomberos, quienes tomaron muestras biológicas y procedieron al secuestro de distintos materiales de construcción hallados en el lugar del hecho. Se determinaron las identidades de las víctimas: D. M. S. (25 años) y M. A. I. R. (41 años).
El Oficial Miguel Luis Sandoval al prestar declaración señaló que al llegar al lugar del hecho, personal sanitario ya había constatado la muerte de las dos personas, quienes tenían el arnés puesto, pero el mismo no estaba asegurado a la antena (fs. 182/183). Dichos que fueron ratificados en la audiencia de debate y agregó que observó que la antena se encontraba doblada.
Refuerza lo vertido por la testigo y personal policial, lo plasmado en el acta de inspección ocular, la cual reveló que el lugar del hecho estaba constituido por un muro de material sólido que se encontraba en construcción. Luego un terreno baldío en el domicilio sito en xxxxx N° 418, allí yacían los dos cuerpos sin vida. Se detalló la ubicación precisa de los cuerpos y se describió que cuando se dirigieron al patio del sector externo de la vivienda sito en xxxxx N° 174 "...se aprecia y en contacto con la fachada del inmueble, una estructura metálica que conforman una antena de radio, en dicho sector y sobre la base de la misma se aprecia cemento parcialmente fresco, dicha base es de aproximadamente 15 cm, el tramo posee una medida de 2,95 mts. y dicha estructura cuenta con un total de 9 tramos de aproximadamente 3 mts., cada uno que se dispone dos en forma vertical y en contacto con la fachada, seguido de los mismos se produce una flexión de la estructura, que continua en el sector del techo, con dirección hacia la línea de edificación, continuando otra flexión de la estructura y finalizando los últimos tres tramos de la estructura siendo el último tramo en contacto con el baldío que fuera detallado sujeto a este último tramo, por dos tornillos de sujeción se encuentra caño tubular para izamiento en contacto con el suelo se constata un último tramo el cual no se aprecia en sujeción a la estructura descripta con antelación, las mismas se encuentran sujeta por un nudo de una soga, de igual manera cables acerados, de igual se aprecian dichos cables sujetados en el sexto tramo formando una tríada, en el mismo sector se encuentra una cinta de sujeción de color naranja, cabe mencionar del lateral derecho de la base de la antena que se encuentra en el predio del domicilio sito en xxxxx N° 174, dos antenas en mencionado predio en contacto con el piso, una escalera avistada en el sector del techo, la misma es de estructura metálica... se constata que las dos personas halladas sin vida contaban con medida de seguridad sólo arnés de trabajo cuerpo entero con cabo de vida (anticaídas), no pudiendo apreciarse casco, antiparra y calzado adecuado para tal fin, asimismo se puede apreciar, que el hecho tendría relación con un colapso estructural, debido a que ambos operadores habrían estado en el puente más elevado de la estructura, destacando las condiciones climáticas adversas (viento), que podría haber incrementado el riesgo y las posibilidades de la ocurrencia del accidente..." (fs. 10/11).
Lo cual es conteste con lo plasmado en el croquis ilustrativo glosado a fs. 12.
En cuanto a la mecánica de los hechos adquiere relevancia el testimonio de F. D. C. en sede policial (fs. 14/vta), quien explicó que las víctimas trabajaban hacía una semana en el predio, que fueron contratados por J. F. C. para colocar una antena, que habían colocado la primera torre e hicieron la base para las riendas de las torres.
Dijo que el 1 de febrero del año 2019, a las 09:30 o 10:00 se encontraban trabajando junto con M. A. I. R. y D. M. S., ellos estaban en la parte superior, sujetos de la antena mediante arnés a la misma Torre colocando el último tramo. Es ahí cuando la misma cedió y cayeron ambas personas. Agregó: "...en esos momentos yo me encontraba en la base de la torre, precisamente en el techo de la vivienda, visualizando que la torre se inclina hacia el otro costado, siendo esto tan rápido que no hubo tiempo para nada…”. Cuando bajó a verlos ya habían fallecido.
Al ratificar su testimonio, en sede judicial, agregó: “....el sujeto apodado C. lo convocó para hacer un trabajo hacia fines de enero del año en curso (2019), que lo pasaron a buscar en un remis y lo llevaron a desarmar una antena que estaba ubicada enfrente a la terminal de ómnibus que era de otra radio, tardaron aproximadamente una semana para desarmarla en parte porque había viento y también porque los bulones con los que estaba encastrada estaban oxidado y tuvieron que romperlos para sacarlos, que la misma tenía cinco tramos pero ellos solamente sacaron tres. De ahí lo llevaron en un flete a un terreno ubicado en las calles xxxxx y xxxxx, no recuerda muy bien, pero cree que había colocado ya cuatro tramos y otros tanto estaban tirados para subirlos, encontrándose en el lugar con otro sujeto de nombre D.…” (fs. 167/vta)
Al ser consultado en qué consistía el trabajo que debía realizar, explicó: “...que el trabajo consistía en armar la antena, mientras que C. con Diego se subían a la antena para empalmar los tramos, el dicente desde abajo se encargaba de enganchar los tramos en una pluma que habían instalado, ataba los mismos con sogas y lo subían…”. Dijo que los tramos que estaban armando “…estaban bien, pero según le había comentado C. algunos estaban torcidos y tuvieron que enderezarlos, siendo que los últimos que había ayudado a desarmar de la otra radio, sí se notaban que estaban oxidados y además no eran del mismo tamaño que los que estaban colocando, sabiendo que un soldador que había convocado C. se encargó de hacer unas soldaduras para que ambos tramos pudieran encastrar…”. Al ser interpelado respecto de cuál o cuáles habrían sido los factores, según su criterio, que desencadenaron el desenlace, respondió: “...el peso de ambas personas… el mal estado de los tramos de la torre, pudiendo haber influido la soldadura, sin perjuicio de lo cual el tramo que cede era por debajo de la soldadura que habían hecho…”. Agregó que la antena cayó para uno de los costados, donde estaba la radio y un poco para el patio de atrás que es donde caen los cuerpos, los cuales quedaron agarrados de la antena.
Expresó, además, que el imputado J. F. C., después del hecho, se contactó con él y con la esposa de M. A. I. R. (a quien se refiere como “C.”) para saldar la suma de $16.600 pesos, por el cual debieron firmar un recibo.
En cuanto a la persona se encontraba a cargo de la obra, indicó: “…que siempre fue C. el que estaba a cargo, incluso escuchó conversaciones y sabe que hay mensajes entre éste y J. F. C., discutían porque le faltaba los materiales o porque J. F. C. quería que fuera más alta de los 30 mts pero C. le decía que no podía ser así porque si no los anclajes iban a estar en el medio de la calle, también escuchó cuando discutían por el tema del pago de un soldador, que J. F. C. no se quería hacer cargo porque no lo había contratado, debiendo afrontar C. con el pago, discutiendo varias veces porque no era lo acordado, además le recriminaba no haberle dado una antena que estuviera en condiciones y que tenía que hacer arreglos y adaptarla para que pueda agregar los tramos…”.
Respecto al imputado, R. R. R., expresó que en una oportunidad les llevó mate y facturas pero que no lo vio en la obra, aunque sabía que trabajaba en la radio; y en relación a los elementos de seguridad que llevaban al momento del hecho, precisó: “...los tres tenían guantes y los arneses nada más, que un arnés lo había conseguido Diego de un conocido o familiar, siendo que los otros dos eran de C., no teniendo cascos, ni otra protección…”.
De manera conteste se expresó en la audiencia de debate y juicio, y aclaró que él era ayudante de M. A. I. R., que unos días antes del suceso le pidió si le podía dar una mano y que era la primera vez que trabajaba con una antena. Señaló que la estructura fue sacada de otras antenas de otras radios viejas y los materiales nuevos eran los tirantes, y algunos tornillos. Aclaró que J. F. C. no lo contrató, sino que M. A. I. R..
No advierto razones objetivas que permitan descartar la credibilidad de F. D. C.. Sus manifestaciones resultan sustancialmente coherentes a lo largo del proceso y encuentran corroboración periférica en múltiples elementos independientes de prueba, particularmente en los registros de comunicaciones, en la testimonial de J. C. P. G., en las conclusiones periciales y en las constancias documentales incorporadas al debate.
Refuerza lo señalado por F. D. C., lo vertido por I. B. P. y Y. D. Y. N., quienes se encontraban en el domicilio -sito en xxxxx N° 257, planta alta- y en el local partidario de J. F. C. –sito en xxxxx N° 402, respectivamente.
Ambos testimonios resultan coincidentes al afirmar que el día de los hechos escucharon gritos desde el exterior, desde el sector en el cual las víctimas se encontraban colocando la antena a más de 20 metros de altura. Al acercarse al lugar, comprobaron la presencia de los cuerpos tendidos.
I. B. P. destacó “...observé a tres personas trabajando sobre una torre para antena… lugar donde funcionaba una especie de Unidad Básica, perteneciente al ciudadano J. F. C., situación que me pareció un tanto particular, debido al fuerte viento que había, como así también la torre tenía una dimensión muy angosta y estas personas se encontraban a una altura aproximada a los 20 mts…”.
En la audiencia de debate agregó que en ese momento vivía en un pequeño departamento con dos grandes ventanas que dan a la ría. Cuando se despertó escuchó voces y vio a dos hombres trepados a una antena. Luego escuchó gritos y a los segundos un golpe sordo. Cuando se asomó por la ventana, la antena ya no estaba. Bajó corriendo las escaleras y llamó a la policía. Al llegar al baldío, vio a un muchacho que estaba en la parte de afuera de una pequeña construcción, estaba en shock mirando a los dos hombres que estaban al lado de la antena que se había caído y estaba doblada. Uno de los fallecidos quedó doblado sobre sí mismo. El otro de costado, más a la izquierda.
Corresponde ingresar al análisis de las conclusiones médico legales de los informes de autopsia realizados a quien fueran en vida M. A. I. R. y D. M. S..
De la autopsia realizada a D. M. S. surge que "...se trató de una persona se sexo masculino, que según relato policial se encontraba trabajando a una altura mayor a los 20 mts, sujeto a una antena de radio, sufriendo precipitación. Los hallazgos de autopsia permiten determinar que la causa de la muerte fue el traumatismo grave de cráneo, con múltiples fracturas al nivel de la calota craneal, la base del cráneo y región frontal, presentando edema cerebral, neumoencéfalo, y hemorragia intraventricular. A su vez presentó fracturas costales izquierdas con hemotórax moderado y fractura cerrada de radio y cúbitos izquierdos…" (fs. 65/66). Por otro lado, respecto a M. A. I. R., se determinó que: "...los hallazgos de autopsia permiten determinar que el fallecimiento del Sr. M. A. I. R. fue producto del traumatismo grave de cráneo, con múltiples fracturas en base del mismo, calota craneal y región facial. Hemorragia subaracnoidea, edema cerebral, y neumoencéfalo..." (fs. 69/70).
Asimismo cabe destacar que de las muestras biológicas tomadas tanto a D. M. S. como M. A. I. R. no se detectó la presencia de drogas de abuso ni psicofármacos, ni alcohol en sangre (fs. 113/115 y 117/119).
Hasta aquí tenemos por acreditado que tanto la muerte de M. A. I. R. como la de D. M. S. se produjo como consecuencia directa de la caída de la antena en la cual estaban trabajando a elevada altura. Arribo a tal conclusión no solo por lo vertido por las testigos presenciales del hecho, sino también por lo señalado por el personal policial interviniente en sus declaraciones e informes, por el acta de inspección ocular, croquis y fotografías del lugar del hecho, así como por las conclusiones por parte de la médica forense e informes del laboratorio regional forense. La materialidad del hecho no se agota en la constatación de ambos fallecimientos, sino que comprende también que éstos se produjeron durante la ejecución de tareas de montaje de una estructura soporte para antena de radiodifusión, la cual colapsó mientras las víctimas trabajaban a considerable altura sobre ella. Este extremo se encuentra acreditado mediante las testimoniales reseñadas, la inspección ocular, la documentación fotográfica y los informes médico legales incorporados.
Resta ingresar al análisis de las causas que motivaron la caída de la torre y en consecuencia la muerte de M. A. I. R. y D. M. S..
Para ello analizaré en primer lugar, lo señalado por el soldador J. C. P. G. quien al prestar declaración testimonial en sede policial expresó que C. lo contactó, le dijo que estaba trabajando para montar una radio para J. F. C. y le pidió que fuera a soldar tres anclajes para colocar una antena por calle xxxxx y xxxxx. Cuando fue al lugar, le preguntó a C. “...si él realizaba ese trabajo, ya que desconocía que C. se dedicaba a la colocación de antenas, solo lo conocía como locutor de radio, quien me aducía que realizaba pocos trabajos relacionados a la colocación de antenas, asimismo le pregunté hasta qué altura iba a ser la torre y C. me decía que iban a colocar siete torres, de tres metros cada una, siendo un total de 21 metros de altura, en esos momentos le aduje que los hierros con la cual estaba confeccionada la torre eran muy débiles y que tenga cuidado, ya que me llamaba la atención, la altura de la torre, diciéndome C. que no iba a pasar nada…”.
Al ampliar sus dichos en sede judicial, expresó que C.: “…en enero… le mandó un mensaje para ver si le podía hacer un trabajo de soldadura, ya que tenía que instalar una antena para la radio. El primer trabajo que conversa con C. “era que le haga una pluma para poder subir los tramos de la antena, realizándole el trabajo, quedando pendiente el pago, ya que el arreglo como no había sido hecho con J. F. C., porque éste no quería contratar a ningún soldador, tenía que esperar que este le abonara a C. para recién éste pagarle al dicente, cosa que no ocurrió…”. Dijo que cuando fue la primera vez al lugar del hecho “...observó que había una base de hormigón triangular de aproximadamente de 80 cm por lado sobre la cual estaba montada una antena que estaba formada por tres tramos de 3 metros, lo que hacía un total de casi 9 metros, ya que generalmente hay 50 centímetros por debajo del hormigón para darle estabilidad, asimismo observó que había cuatro anclajes sobre las paredes que son como argollas que están metidas contra la pared y cementadas, la forma de la antena era triangular y estaba hecha del hierro del 10 y del 6, pero no el acerado sino del dulce. Al otro día que pasó observó que ya habían puesto dos tramos más, por lo que la antena ya llevaba unos 15 mts aproximadamente. Después tiene entendido que llegaron a los 21 mts…”.
Señaló que el accidente se produce porque “...quieren añadir a los tramos que ya habían colocado otros pero que eran de diferente tamaño, difiriendo en 3 cmts, como así también tiene entendido que estos tres últimos tramos, J. F. C. lo había comprado de otra radio, por lo tanto estaban ya quemados, oxidados, producto de la propia corrosión por el clima al material que como ya dijo era de hierro dulce. En su experiencia jamás se debe soldar tramos de diferente tamaño, por eso ante la insistencia de C. que le haga el trabajo, le contestó con evasivas porque no quería responsabilizarse de algo mal hecho…”.
Con relación a las posibles causas de la caída de la antena, señaló: “…a su parecer se suman varios factores, como ser el peso de las dos personas, sumado a la debilidad del hierro por el estado de oxidación que tenía y a la unión que pudo haber hecho C., que eso sí, no sabe cómo hizo para unirla, porque según le dijo le iba a poner unas planchuelas soldadas, pero igual no iba aguantar el peso… más allá que no era el material adecuado, ya que como dijo era de hierro dulce, cuando debería ser acerado o galvanizado, era el tamaño del hierro que era del 10, pero que a su criterio mínimo, por la altura que querían elevarlos debía ser del 14…” (fs. 165/166 vta.).
En la audiencia de debate señaló que su oficio es ser metalúrgico, que J. F. C. lo contrató para hacer un cerco perimetral, cuando fue a trabajar se encontró con C., quien le dijo que iba a colocar unas antenas, parte estaba ahí y tenían que comprar más para incorporar más metros. Le preguntó si le podía hacer un anclaje o una modificación y le dijo “...que no se podía hacer eso, que se tiene que hacer de fábrica. Él insistió en que lo hiciera y yo le dije que no se puede hacer eso…”. Dijo que en la obra eran tres en total. Dijo que cree que quien le encomendó esa tarea fue J. F. C. “...porque pertenece todo a él…”.
Destacó que vio los tramos para soldar de la antena y le dijo que no se podía hacer porque las medidas tienen que ser exactas. “...La medida de la que estaba era de 28 cm, y la que traía era de 25 cm. Eran de otra plantilla, de otra medida…” y resaltó que eso no se puede hacer porque no quedan bien acopladas. Expresó que tuvo que ser evasivo para no realizar el trabajo solicitado y que además vio que “...la antena estaba muy oxidada, estaba muy vieja…”. Añadió que C. le preguntó cuánto le cobraba por unas nuevas y que cuando le pasó el presupuesto le dijo que eran muy caras. Entonces fueron a buscar otro presupuesto y terminaron comprando antenas ya hechas, pero oxidadas, viejas. También hizo mención que M. A. I. R. le comentó que quería llegar a la altura de 25 o 30 metros.
Reconoció que las capturas de pantalla de los mensajes que figuran en fs. 21/27 reflejan conversaciones que mantuvo con M. A. I. R.. De ellos se desprende que M. A. I. R. le cuenta que fue J. F. C. a comprar los materiales: “...Jorge compró los tramos de la radio donde estaba… pero estas son un poco más angostas que las que estoy poniendo abajo en la comodoro py creo que por 3 cm más angosta y habría que soldarle unas planchuelitas para los bujes donde van los bulones para que coincida con el tramo que está…” (fs 27).
Lo vertido por J. C. P. G. es conteste con lo señalado por F. D. C., el ayudante de M. A. I. R., que se encontraba pasando los materiales en inmediaciones del lugar del hecho. No solo describió que algunos bulones estaban oxidados, sino también algunos tramos torcidos e hizo referencia a los distintos tamaños de los tramos. También expresó haber escuchado como C. discutía con J. F. C. por los materiales, lo que indica el conocimiento que tenían ambos de las condiciones particulares de los elementos que estaban utilizando para colocar la torre. Y de la precariedad de la base de hormigón sobre la cual se colocó la antena.
De ambos testigos se evidencian las falencias de los materiales utilizados para la construcción así como la ausencia de elementos de seguridad. F. D. C. expresó que solo tenían guantes y arnés, elementos insuficientes para proteger a trabajadores que se desempeñan a elevada altura. Y también son contestes en afirmar que la obra era propiedad de J. F. C. y que este mantenía contacto asiduo con M. A. I. R. respecto del avance de la obra.
En iguales términos declaró D. A. T., cuñado de D. M. S., quien en sede judicial indicó que su cuñado se dedicaba a hacer changas, y que cree que era la primera vez que trabajaba en la instalación de una antena para una radio por lo que le pidió prestado un arnés para hacer el trabajo. Ante la pregunta si sabe los motivos del incidente, expresó “...era material de mala calidad, sumado a que no estaban instalándola correctamente, además por lo que pudo ver en el lugar los anclajes no estaban bien colocados, ya que hay que hacer cálculo de los vientos, además tiene conocimiento que no puede haber dos personas en una torre, sino que solamente uno y otro que le va pasando el material. De manera conteste se expresó en la audiencia de debate y juicio.
Es importante ingresar al análisis de la normativa vinculada a la colocación de antenas de radio para poder determinar cuáles son las obligaciones emergentes de este tipo de obra y sobre quién o quiénes recaen las mismas.
Para poder acreditar este extremo, se incorporaron copias de las Ordenanzas N° 898/79, 8591/16, 8657/16, 8567/16 y 8916/17, que regulan la “...habilitación de infraestructura de telecomunicación, incluyendo la instalación y mantenimiento de las mismas, conforme a las definiciones y alcances determinadas en la presente y que se encuentran ubicadas dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Río Gallegos…”. Esta normativa, con relación a los trámites, prevé: estudio de factibilidad, permiso de construcción (con memoria técnica del Sistema de Telecomunicaciones, realizado por profesional habilitado y matriculado en el CPAIA y COPITEC, estudio de impacto ambiental, copia del certificado de aprobación emitida por ANAC, póliza de seguro de responsabilidad civil, encomienda profesional intervenida por el Colegio de profesionales interviniente, entre otros), certificado final de obra, habilitaciones, etc.
Asimismo se solicitó al Colegio Provincial de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura (CPAIA) informe si había constancia de pedido de instalación de estructura soporte de antena para el predio sito en xxxxx Nº 402. Organismo que a fs. 71 informó que no se hizo ningún tipo de pedido en ese domicilio, “...tampoco se registra presentación de trabajos de Ingeniería en Telecomunicaciones ni prevención de Riesgos o Higiene y Seguridad…”. E informó que el que hiciere estos trabajos sin estar habilitado infringe las leyes 272, 1737, 3465 y decretos respectivos. Y destacó que ese tipo de trabajos debe ser registrado en ese Consejo Profesional “...junto con la encomienda de tareas profesionales…”.
Corresponde precisar, en primer término, cuál era el deber objetivo de cuidado exigible en el caso concreto. Ello por cuanto la responsabilidad culposa no puede construirse sobre la mera producción de un resultado dañoso, sino sobre la infracción de reglas de conducta destinadas precisamente a evitar su ocurrencia. La instalación de estructuras metálicas destinadas a soportar antenas de radiodifusión constituye una actividad objetivamente riesgosa que exige el cumplimiento de recaudos técnicos mínimos vinculados al diseño, cálculo estructural, emplazamiento, anclaje, estabilidad, resistencia de materiales y seguridad de las personas que intervienen en su montaje.
Tales exigencias no surgen únicamente de reglamentaciones administrativas o municipales, sino también de elementales reglas de prudencia derivadas de la experiencia común, particularmente cuando se trata de trabajos desarrollados a gran altura y en condiciones climáticas potencialmente adversas.
En consecuencia, quien impulsa o permite la ejecución de una obra de tales características debe extremar los recaudos necesarios para asegurar que la actividad sea desarrollada por personas idóneas, con materiales aptos, bajo supervisión técnica adecuada y observando las medidas de seguridad destinadas a preservar la vida e integridad física de quienes intervienen en ella.
Incorporada la legislación pertinente a este tipo de construcción resta analizar si se cumplió la normativa o si hubo algún tipo de omisión.
Para responder a este interrogante, contamos en primer lugar con el informe técnico pericial N° 008/2019 realizado por el Ing. Pedro Eduardo Muñoz de la Superintendencia de Bomberos de la División Investigación Pericial y Coordinación Judicial, establece que trabajo en altura es “...aquel que se realiza a más de 2 metros. Desde el punto de vista técnico, debe considerarse trabajo en altura aquel en el que un operario puede caer a un nivel diferente del que se encuentra trabajando…”.
Puso de relieve que el decreto 911/96, en su art. 42 establece que cuando las condiciones climáticas sean adversas, que comprometan la seguridad de los trabajadores, se dispondrá la interrupción de las tareas. Y agregó “...el día del accidente las condiciones climáticas eran adversas (viento fuerte), lo que tendría que haber motivado la suspensión de la maniobra, con la finalidad de mitigar los riesgos a los que se exponían…”; y el art. 50 menciona las medidas de seguridad que no se usaron en el caso concreto, “...los dos operarios… deberían haber usado cinturón de traslado de material con la finalidad de evitar la caída de los mismos, o bien tenerlos asegurados, como es este caso el que las llaves a usar estaban aseguradas por un cordín de aprox. 6 mm de diámetro, a su arnés…”. También señaló que no había ninguna persona encargada de la seguridad de la obra (art. 55), los escasos elementos de seguridad que tenían (arnés) no se encontraban certificados (art. 99).
Con relación al decreto 351/79, concluyó que no se cumplió el art. 192 que establece los elementos de protección para la cabeza de los operarios, ni se capacitó y formó a los trabajadores, conforme lo regulan los arts. 208/213. Estas omisiones descriptas son contestes con lo plasmado en el acta de inspección ocular, croquis y fotografías, así como de los testigos mencionados precedentemente.
Cobra relevancia lo señalado por la ingeniera P. G., Directora de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos, quién informó que “...no se realizó por parte de una empresa ni de un particular trámite alguno para la colocación de estructura soporte para antena en el predio ubicado en calle xxxxx Nº 402…” (fs. 162). Al ampliar sus dichos en la audiencia de debate dijo que el oficio estuvo mal direccionado, tendría que haber sido enviado a la Dirección de Obras Privadas o Planeamiento, ya que no se trataba de una obra pública.
Tampoco surge que se haya efectuado alguna solicitud de obra en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El Director de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, N. T., informó que efectuada la búsqueda en el Módulo de Obstáculos del Sistema Integrado de Aviación Civil (SIAC) y en los antecedentes obrante en esa Dirección de Aeródromos no surgen datos ni tramitaciones asociadas al inmueble ubicado en el domicilio del hecho, en igual sentido se expresó R. H. H., Jefe del Aeropuerto Internacional de Río Gallegos (fs. 175/178).
También contamos con lo vertido por J. A. F., quien aclaró que el Consejo Profesional de Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura, fue creado por ley provincial, tiene como función administrar y controlar a los profesionales de esas áreas, al tiempo que aclaró que se trata de un ente autárquico. Señaló que en el año 2019 estaba a cargo de la Secretaría Técnica, y que contestó el oficio obrante a fs. 71. Aclaró que el CPAIA no es el que otorga el permiso para realizar la obra, sino que tiene un registro de los profesionales habilitados (matriculados) y se encarga de controlar su accionar. No tienen poder de policía sobre la obra pero sí sobre los profesionales Con relación a la “encomienda profesional”, expresó “...es básicamente un contrato, es lo que le encomienda una persona o empresa a un profesional dicha tarea… la función de la encomienda es dejar asentado que una persona, ente o constructora contrata a un profesional. La suscribe el profesional, para dejar asentado que esa parte la contrató… es un requisito para presentar en el consejo…”.
De lo valorado precedentemente, se puede concluir que ninguno de los organismos que por legislación tenían que tener conocimiento y haber autorizado el inicio de la colocación de la antena de radio cuya caída provocó la muerte de M. A. I. R. y D. M. S., a saber: Municipalidad de Río Gallegos, el CPAIA y ANAC.
En este orden de ideas, también contamos con lo concluido por la Ing. A. L. I. F., perteneciente al Cuerpo Pericia de Informática y Telecomunicaciones del TSJ quien en su Informe Pericial Nº 24/19 determinó que la instalación de la estructura soporte de antena sobre las cuales realizaban trabajos las víctimas fatales no cumplía con las exigencias legales; entre ellas “...no contenía los permisos necesarios, ni se había realizado la presentación del proyecto, planos ni cálculos previo a la solicitud de permisos, por lo que no contaba con las exigencias legales para su instalación… tampoco se tomaron en cuenta las regulaciones existentes a nivel nacional respecto a la seguridad de los obreros en trabajos en altura…”.
Con relación a las fallas técnicas señaló “....la base de la torre no contaba con las especificaciones técnicas reguladas para su colocación, los anclajes no respetaban la ubicación ni las distancias mínimas a la torre (en particular, el que se encontraba a menor distancia era el frontal), la condición del material de la torre no es el óptimo (presencia de óxido), no respeta la interposición de tramos de colores (dos tramos claros seguidos), existe un tramo adaptado que corresponde a un diámetro menor al que corresponde lo que es una gran falla técnica, existe evidencia que el día del hecho el clima se presentaba ventoso, no se tomaron consideraciones al respecto, ya que esta variable puede modificar los cálculos estructurales realizados sin la presencia de este factor, los trabajadores no contaban con la totalidad de los elementos de seguridad exigidos por la ley para trabajos en la altura (falta de casco, guantes adecuados y antiparras) también se desconoce si los elementos de seguridad que poseían se encontraban probados y bajo revisaciones periódicas como indican las normativas nacional…”.
También afirmó que según la evidencia presentada el trabajo que se realizaba no contaba con la intervención de personal profesional habilitado, matriculado, registrado y visado ante el CPAIA; ni contaba con autorización municipal conforme la normativa vigente.
Finalmente concluyó “...si bien todas las consideraciones legales y técnicas incumplidas… son causales del hecho que motiva las actuaciones, desde el punto de vista físico, algo que podía haber evitado la caída sería una buena colocación de los anclajes de la torre. En este caso no se respetaron las distancias mínimas… esta mala elección sumado a las condiciones climáticas, dato que no se colocó ningún anclaje opuesto a la dirección del viento, se cree que fueron las principales fuentes físicas que llevaron a la caída de la torre…”.
En la audiencia de debate y juicio agregó que “...no estaban los permisos, no se hizo proyectos ni cálculos previos, no se tomó la regulación existente, de seguridad en altura. Era una antena, y tiene que ver con la experticia de telecomunicaciones. En particular, en imagen se ve que la base no era la adecuada, los anclajes no respetaban las distancias mínimas para la colocación de la antena. Se debe realizar un cálculo para determinar dónde se van a colocar. En este caso no había simetría entre las distancias. La condición de los materiales no era óptima y esto es esencial… muchas de las imágenes mostraban óxido…”.
Señaló que algunos tramos de la antena tenían el “...mismo color y lo que se requiere que hayan un tramo de color claro y otro de color, eso no se respetó…”. Con relación a los empalmes indicó que “...se soldó un tramo de mayor diámetro con uno de menor diámetro y esto es una falla estructural…”.
Concluyó “...ese día había viento, que suele venir de dirección SO, se debe ampliar la distancia del anclaje y no se tuvo en cuenta. La causa principal de la caída de la antena, fue el cálculo estructural de los anclajes, sumado al mal estado de la estructura…”.
Cuando se le preguntó qué genera el ensamble de dos tramos, respondió “...no debe haber diferencia de diámetro. Es un error desde el punto de vista técnico. La estructura no está completa, lo que hace es que sea más débil. Al no respetar el diámetro puede afectar y ser más frágil la estructura. El hecho de tener una unión afecta la estructura de la antena…”. Y afirmó que el hecho se podría haber evitado si se cumplía con la normativa.
Las conclusiones de este informe pericial son contestes con todo el caudal probatorio valorado, del cual se desprende serias omisiones e incumplimientos respecto a las normativas legales para la ejecución de este tipo particular de obra (colocación de antena radial) y fallas técnicas. Las cuales también fueron mencionadas por F. D. C., J. C. P. G., D. A. T. y P. E. M..
Otorgo especial relevancia convictiva a las conclusiones de la Ing. A. L. I. F. por provenir de una profesional con incumbencia específica en la materia objeto de análisis, cuyas conclusiones aparecen debidamente fundadas, resultan compatibles con las constancias objetivas incorporadas al proceso y no han sido eficazmente refutadas por ninguna otra prueba técnica producida durante el debate.
Determinado ello, corresponde analizar si el resultado muerte puede ser jurídicamente atribuido a las conductas examinadas.
La imputación objetiva exige verificar no sólo una relación causal material entre la conducta y el resultado, sino además que el autor haya creado o incrementado un riesgo jurídicamente desaprobado y que el resultado finalmente producido constituya precisamente la concreción de ese riesgo.
Desde esta perspectiva, la muerte de M. A. I. R. y D. M. S. no aparece como consecuencia de un acontecimiento extraordinario o imprevisible, sino como la realización concreta del riesgo derivado de la instalación de una estructura metálica de gran altura sin proyecto técnico aprobado, sin cálculos estructurales adecuados, con materiales deteriorados y heterogéneos, sin supervisión profesional y sin observancia de medidas mínimas de seguridad.
Precisamente, las reglas técnicas y de seguridad cuya inobservancia se verificó en autos tienen por finalidad evitar sucesos como el finalmente acontecido. No basta, sin embargo, con afirmar que las omisiones descriptas constituyeron condiciones causales del resultado. Resulta necesario determinar si tales infracciones generaron precisamente el riesgo que terminó concretándose en el desenlace fatal. La respuesta es afirmativa, pues las exigencias relativas a cálculos estructurales, anclajes, resistencia de materiales, intervención profesional y medidas de seguridad tienen por finalidad evitar el colapso de estructuras en altura y la consecuente afectación de la vida e integridad física de quienes trabajan sobre ellas.
Cabe formular la pregunta ¿a quién le correspondía el cumplimiento de estas obligaciones omitidas, que provocaron la caída de la antena y en consecuencia el deceso de M. A. I. R. y D. M. S.?
Como ya se mencionó, F. D. C. expresó que el dueño de la obra era J. F. C. y que mediante comunicación telefónica tenía conocimiento de la ejecución de la misma y daba directivas al respecto. También el soldador J. C. P. G. hizo referencia al conocimiento e intervención de J. F. C. en la dirección y ejecución de la obra mediante conducto telefónico y ello es sostenido por las capturas telefónicas aportadas, así como del contenido del celular de M. A. I. R..
El propio imputado R. R. R. en su indagatoria expresó que él fue el nexo que contactó a M. A. I. R. con J. F. C. para que se conozcan y coordinen respecto de la colocación de la antena.
Para evacuar este interrogante es vital ingresar al análisis del material obtenido del celular de M. A. I. R., que fue analizado por el Oficial Principal Lucas Aravena y cuyo informe se incorporó a fs. 407/414. De este se desprende que en varias comunicaciones M. A. I. R. señaló las condiciones climáticas imperantes, vientos de 55 a 70 km y que debía terminar el trabajo para poder viajar; un diálogo que mantiene con un contacto agendado como J. F. C. en donde hacen referencia a los tramos de antenas, que unos son más angostos que otros y que deberán soldar y pintar porque son de diferentes medidas; una conversación con un contacto agendado como “técnico torrista” donde mantiene una conversación consultando por técnicas de armado de torres, aduciéndole que se está animando a ser torrista, entre otras cosas; una conversación con un contacto agendado como “R. R. R.” a quien le consulta por el costo de mano de obra por la instalación de una antena, quien le indicó que faltan anclajes, le solicita la compra de materiales y le pasa el presupuesto.
Cabe destacar que el propio imputado J. F. C., cuando escuchó los audios, obtenidos del celular de M. A. I. R. reconoció su voz así como ser titular del abonado Nro. ********, aunque manifestó no recordar las conversaciones. Sin perjuicio de ello, son claras las comunicaciones mantenidas de las cuales surge que tenía conocimiento de que se estaba ejecutando la obra y daba directivas respecto de cómo hacerla, por ejemplo en la página 2458 M. A. I. R. y J. F. C. “...mantienen un diálogo por tramos de antenas, que unos son más angostos que otros y que deberán soldar y pintar porque son de diferentes medidas…”.
Otorgando este reconocimiento solidez conviccional a lo referido por los testigos F. D. C. y J. C. P. G..
De lo vertido por Á. R. O., testigo ofrecido por la defensa del imputado J. F. C., se desprende que conoció a C. y que cuando estaba trabajando en lo que iba a hacer la radio, lo fue a visitar dos o tres veces, le llevó termo de té y algo que comiera con los muchachos. Le dijo que quería terminar la antena rápido, para irse a Punta Arenas y después a Santiago de Chile con su familia, esto fue uno o dos días antes del accidente. Y recordó que el día del accidente “...había un día de viento tremendo…”.
Si bien resaltó no conocer mucho de construcción, dijo “...vi donde estaba la base y era muy chiquita, tendría unos centímetros nomás. A mí me parecía que la base era muy pequeña en relación a otras que había visto en otros lugares. Él estaba entusiasmado con el tema de viajar… estaba apurado… Quería terminar ese día y a mí me parecía una locura porque estaba anunciado el viento desde el día anterior. Pero él quería juntar unos pesos más para poder hacer el viaje…”.
También hizo mención que su amigo C. trabajaba en la radio como locutor y operador, pero también hacía trabajos independientes, changas, “...hacía todos los trabajos que podía… su situación económica era bastante ajustada porque tenía cinco hijos…”. También mencionó que C. le dijo que la radio la quería poner J. F. C.. R. O. destacó la falta de capacitación de M. A. I. R. para este tipo de obra en particular, el estado de necesidad económico en que se encontraba, que estaba de alguna manera apurado en finalizar la colocación de la antena y las condiciones climáticas adversas el día de los hechos (viento). Este estado de vulnerabilidad económica en la que se encontraba M. A. I. R. también fue señalado por su esposa M. M. M.. Cabe destacar que D. M. S. estaba en iguales condiciones, ello se desprende de la testimonial brindada por su hermana, R. G. S., quien afirmó “...necesitaba trabajo y plata, hacía cualquier cosa…”.
La defensa ha intentado desplazar la responsabilidad hacia la conducta asumida por M. A. I. R. y D. M. S. durante la ejecución de los trabajos.
Sin embargo, aun cuando pudiera admitirse que ambos asumieron riesgos incompatibles con una adecuada práctica laboral, tal circunstancia no resulta suficiente para excluir la responsabilidad penal de quienes previamente generaron o permitieron el desarrollo de la situación de peligro.
La eventual imprudencia de las víctimas no elimina la relevancia causal y normativa de las infracciones previas verificadas en la organización de la obra.
Más aún, la falta de capacitación específica, la ausencia de experiencia acreditada en montaje de estructuras de semejante magnitud y la precariedad de los elementos de protección disponibles constituían circunstancias plenamente previsibles para quienes promovieron o permitieron la ejecución de la tarea en tales condiciones.
La defensa también ha intentado atribuir el resultado a las condiciones climáticas imperantes al momento del hecho.
Sin embargo, el viento no constituye en este caso un factor extraordinario, imprevisible o ajeno al riesgo creado.
Por el contrario, tratándose de una estructura destinada a permanecer expuesta permanentemente a la intemperie, las condiciones climáticas constituyen precisamente una de las variables que debían ser contempladas en el diseño, cálculo y ejecución de la obra.
En consecuencia, el viento aparece como un elemento concurrente dentro del riesgo propio de la actividad y no como una causa autónoma capaz de interrumpir el nexo de imputación.
Corresponde ingresar al análisis de lo señalado por D. D., quien afirmó conocer a J. F. C., que este le pidió que le hiciera un trabajo para poner una radio de FM con una torre. Aclaró que se dedicaba a este tipo de actividades y detalló “...instalaciones de torres, de equipos transmisores y todo lo atinente a telecomunicaciones…”. Relató que el imputado le solicitó que gestionara los permisos para la instalación, fue al terreno en el que estaban trabajando y le preguntó dónde se podría instalar la torre. Expresó que no gestionó ningún permiso “...porque no había nada instalado, así que hasta el momento no se requería de nada. Una vez que estuviera listo el proyecto, ahí si se empiezan con los requisitos…”.
Hizo mención que J. F. C. le adelantó un pago para hacer el estudio de factibilidad, se hicieron las mediciones, se implantaron mojones, para poder tomar los lineamientos y distancias para poder ver qué tipo de torre se puede llegar a instalar. Aclaró que el terreno era factible para la instalación y que quedaba pendiente hacer el proyecto para que se presente en la municipalidad para que autorice la instalación de la torre.
Con relación a los elementos de seguridad, el testigo aclaró que con el dinero que le dio J. F. C. por el adelanto compró “...los alambres que sostienen la torre, que son alambres de seguridad, anclajes, torniquetes, todo de alta seguridad…”. Los cuales los guardó en un galponcito que tenían en la obra. Resaltó que cuando fue al lugar del hecho, vio que había personas que estaban trabajando pero “...no estaban trabajando con los materiales que yo había comprado. Era alambre, y la manera en que estaban atados estaba mal. Estaba todo mal. Yo me acerqué con un muchacho que estaba ahí, y le dije que estaba mal que se le iba a caer la torre… C. me miró con mala cara, como diciendo qué me metía. Dejé las cosas y me fui… no usaron los materiales que compré yo, ellos habían atado parte de la torre con alambre sobre uno de los muros. Eran más de 200 kg atados con un alambre. Era cantado que iba a caer…”.
Aclaró que la situación lo preocupó e intentó comunicarse con J. F. C. para ponerlo al tanto, pero no le contestó, le daba el teléfono apagado, después se enteró que no estaba en Gallegos “...No pude comunicarme y lamentablemente a los días pasó esto…”.
Con relación a su experiencia en la colocación de antenas, resaltó “...Yo trabajo con las torres desde hace más de treinta años. Experiencia tengo la suficiente…”. Cuando se le preguntó si era factible que dos torristas suban al mismo tiempo, dijo que no, al tiempo que por “...la manera en que la estaban armando no se podía subir nadie en esa torre, y menos dos personas…”.
Respecto a las condiciones climáticas dijo “…cuando empezaron a montar los tramos de arriba, me acuerdo que había demasiado viento. En los trabajos que yo realizaba, los días de viento no se trabajaba…”.
Resaltó que la base de la antena estaba mal hecha, porque estaba al lado de la cloaca, que no alcanzó a instalar los anclajes, porque no había finalizado de hacer todo el estudio. Y resaltó que “...J. F. C. me dijo que vaya despacio…”. Ante la pregunta si está inscripto como torrista, dijo “...no, pero yo no me subo a las torres. Simplemente hago el estudio de factibilidad… tengo título de técnico electrónico y hago todo lo que es telecomunicaciones… Yo lo único que hago es el estudio de factibilidad, y el resto lo hace un profesional…”.
Detalló que del estudio de factibilidad recomendó que la altura sea de doce metros y que lo ayudó a J. F. C. a comprar el equipo de la radio xxxxx, sabía que el equipo estaba en condiciones y homologado, menos la torre que estaba oxidada y le aconsejó a J. F. C. que no la usara. Luego, mencionó que J. F. C. compró otros tres tramos, desconoce a quién, pero que “...estaban en óptimas condiciones… eran tres tramos de 16 metros. Pero nosotros íbamos a instalar 12 metros…”. Aclaró que no contrató seguro, que iba a esperar que la municipalidad los autorice y solo contrataría para las personas que subieran a la torre. Dijo que realizó la instalación del 60 % de las torres de Río Gallegos, que no concluyó el estudio de factibilidad. Lo vertido por D. D. no tiene entidad suficiente como para disminuir el valor conviccional de los elementos señalados precedentemente. Se esfuerza por señalar la intencionalidad del imputado J. F. C. en gestionar los permisos pertinentes para la instalación de la antena, y aporta un recibo firmado en concepto de adelanto, pero no se acreditó ningún trabajo realizado de factibilidad, ningún inicio de trámite ante ninguno de los organismos estipulados para solicitar la autorización, por lo que la fuerza convictiva de esta testimonial carece de sustento.
Ello aunado a que según lo informaron los integrantes del CPAIA, D. D. carece de formación académica para gestionar este tipo de obra, ser idóneo es insuficiente para asumir la responsabilidad de realizar un trabajo riesgoso de tal envergadura como la colocación de una antena de más de 20 metros.
Tampoco puede prosperar la invocación implícita del denominado principio de confianza.
Es cierto que quien encomienda una actividad especializada a una persona técnicamente capacitada puede, en determinadas circunstancias, confiar razonablemente en que ésta desarrollará su tarea conforme a las reglas del arte. Sin embargo, dicho principio encuentra límites cuando existen circunstancias objetivas que revelan la existencia de riesgos evidentes o cuando quien invoca esa confianza conserva capacidad de decisión respecto del desarrollo de la actividad. En el caso, aun cuando se admitiera la intervención inicial de D. D., ello no autoriza a concluir que J. F. C. pudiera desentenderse completamente de la ejecución posterior de una obra que se desarrollaba en su propio predio, respecto de la cual conocía la necesidad de permisos, habilitaciones, seguros y supervisión técnica especializada.
Aun admitiendo como veraz la existencia de contactos previos con D. D. y el pago referido por el imputado, ello no altera las conclusiones precedentes.
En efecto, la prueba producida no permite concluir que D. D. hubiera asumido efectivamente la dirección técnica de la obra ni que existiera proyecto estructural aprobado, cálculos realizados, permisos obtenidos o supervisión profesional permanente.
Por ello, la sola existencia de conversaciones preliminares o de una eventual encomienda informal no resulta jurídicamente apta para desplazar la responsabilidad derivada de la posterior ejecución de los trabajos en las condiciones acreditadas durante el debate.
Debe destacarse, además, que aun cuando se admitiera la buena fe de J. F. C. al procurar inicialmente asesoramiento técnico, ello no resulta suficiente para neutralizar su posterior responsabilidad, toda vez que la ejecución de la obra avanzó sin que se completaran los estudios, permisos, cálculos y controles cuya necesidad él mismo reconocía.
Hasta aquí tenemos por acreditado que la caída de la antena que provocó la muerte de los dos operarios que estaban trabajando a elevada altura, fue como consecuencia directa de una seguidilla de omisiones, generadas ante el incumplimiento de la normativa establecida para este tipo particular de obras, ello aunado a los errores técnicos, que a su vez fueron consecuencia de no cumplir la normativa (no contratar a personal profesional registrado en el CPAIA), y violar las normas de seguridad e higiene (entre ellas no tenían casco los operarios) y las condiciones climáticas adversas.
De la prueba producida no surge únicamente que J. F. C. fuera propietario del inmueble o beneficiario final del proyecto radial. Lo relevante es que mantuvo una intervención activa en la ejecución de la obra, impartiendo directivas, participando en decisiones relativas a materiales, altura de la estructura, provisión de elementos y modalidad de ejecución, manteniendo contacto permanente con quienes desarrollaban los trabajos. Es esa concreta intervención en la organización de la actividad riesgosa —y no la mera titularidad del predio— la que determina la atribución de responsabilidad que aquí se analiza.
Que M. A. I. R. dirigiera materialmente las tareas cotidianas de montaje no excluye que la organización general de la obra, las decisiones relevantes sobre su ejecución y la provisión de recursos permanecieran bajo la órbita de J. F. C..
Y el responsable de la obra, quien se encargó de su dirección, del pago e indicaciones respecto al tipo de material, el modo de realizarla y el tiempo en que se ejecuta la obra, conforme se desprende de lo vertido por F. D. C., J. C. P. G., Aravena, así como del cúmulo de registros escritos y auditivos que se obtuvieron del celular de M. A. I. R., no es otro que el imputado J. F. C..
Respecto al argumento defensivo esgrimido por J. F. C. y por su defensa, corresponde hacer algunas consideraciones.
Se ha probado que hubo cuantiosos registros de comunicación mantenida entre M. A. I. R. y J. F. C., y esto a su vez fue sostenidos por sendas testimoniales, por lo que este argumento defensivo se ve desvirtuado ante la contundencia de prueba objetiva.
Lo mismo sucede respecto a su intención de que la obra no avance, extremo que no cuenta con ningún otro elemento aunque sea indiciario que lo sostenga. De hecho surge no solo que tenía conocimiento del inicio de la obra, sino que decía cómo ejecutarla y estaba al tanto de los avances de la misma, mediante las fotografías que le enviaba M. A. I. R..
Con relación a lo que intentó deslizar de que habían dos torres, una en mal estado y otra en buen estado, esto también es desvirtuado por los testigos, todos son contestes en señalar el mal estado de oxidación en el que se encontraban los distintos tramos de antena, que se trataba de distintas medidas de hierro, que alguno bulones se partieron y que la base de la antena era precaria.
Lo mismo sucede con la idea deslizada por D. D. y la defensa de J. F. C., de que éste fue contratado para realizar las gestiones vinculadas a la autorización de la obra, de ninguno de los organismos destinados a controlar este tipo de ejecución surge que D. D. haya al menos iniciado algún trámite, por lo que lo señalado por este testigo carece de mayor respaldo probatorio.
Tampoco resulta atendible la tesis defensiva según la cual J. F. C. desconocía el desarrollo efectivo de los trabajos.
Las comunicaciones incorporadas al debate, los mensajes intercambiados, las referencias a materiales, soldaduras, traslados, costos y avances de la obra, permiten afirmar que mantenía un conocimiento sustancial acerca de la evolución de las tareas.
Ello descarta la hipótesis de una absoluta desvinculación respecto de la actividad que se desarrollaba en el predio de su propiedad.
La circunstancia de encontrarse temporalmente fuera de la ciudad no elimina por sí misma el conocimiento ni la capacidad de decisión respecto de un proyecto que él mismo había impulsado y que continuaba desarrollándose bajo su esfera de interés. La defensa ha destacado que J. F. C. no conocía personalmente a D. M. S. ni mantuvo con él contacto alguno.
Tal circunstancia, sin embargo, carece de aptitud para excluir la imputación del resultado.
Lo relevante no es la existencia de un vínculo personal entre el imputado y la víctima, sino que la actividad riesgosa cuya organización y ejecución se encontraba en desarrollo generó un peligro para todas las personas que razonablemente pudieran intervenir en ella.
Resultaba perfectamente previsible que quien asumiera la tarea de montaje de una estructura de semejante magnitud recurriera a colaboradores o ayudantes para su ejecución material.
Por ello, la muerte de D. M. S. constituye también una realización del mismo riesgo jurídicamente desaprobado previamente creado.
Finalmente, corresponde señalar que no existe elemento probatorio alguno que permita sostener que la presente investigación o la eventual atribución de responsabilidad penal respondan a motivaciones políticas o a la actividad partidaria desarrollada por el imputado.
La decisión jurisdiccional se sustenta exclusivamente en la prueba producida durante el debate oral, valorada conforme las reglas de la sana crítica racional y con independencia absoluta de cualquier consideración ajena al objeto procesal sometido a juzgamiento.
Por todo ello, considero que se encuentra acreditado con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal que el imputado J. F. C., creó e incrementó un riesgo jurídicamente desaprobado al impulsar, organizar y permitir la ejecución de una obra de instalación de antena de radiodifusión sin cumplir las exigencias legales, técnicas y de seguridad aplicables, riesgo que finalmente se concretó en el colapso de la estructura y en la muerte de M. A. I. R. y D. M. S..
La obligación de evitar el resultado no derivaba únicamente de su condición de propietario del predio ni de beneficiario del proyecto, sino de haber asumido de hecho la organización y coordinación de una actividad objetivamente riesgosa, colocándose en una posición de garante respecto de las condiciones mínimas de seguridad bajo las cuales dicha actividad debía desarrollarse.
En consecuencia, y toda vez que en el transcurso de la producción del proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable alguna de las causa de exclusión o de justificación previstas en el art. 34 del CP ni de ninguna excusa absolutoria, J. F. C. deberá responder penalmente por los hechos imputados. Distinta es la situación procesal de R. R. R.. Si bien la prueba permite afirmar que intervino en el contacto inicial entre J. F. C. e M. A. I. R. y que mantuvo comunicaciones vinculadas al desarrollo de la obra, no se ha acreditado con el grado de certeza exigido para una condena que hubiera asumido funciones de dirección, organización o control de la actividad desarrollada.
La sola circunstancia de haber facilitado el contacto entre quienes posteriormente desarrollaron la actividad no permite, por sí misma, atribuirle dominio organizativo sobre la obra ni convertirlo en destinatario de los deberes jurídicos de control y seguridad cuya infracción se reprocha.
Tampoco se encuentra demostrado que tuviera capacidad efectiva para decidir acerca de los materiales utilizados, la altura de la estructura, la contratación de operarios, el cumplimiento de las exigencias técnicas o la adopción de medidas de seguridad.
En consecuencia, los elementos reunidos resultan insuficientes para afirmar que hubiera infringido un deber objetivo de cuidado propio cuya vulneración permita atribuirle normativamente el resultado producido.
El Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y el Dr. Fernando Zanetta (subrogante) adhieren al voto de la presidencia.
Tercera Cuestión: ¿Qué calificación legal corresponde asignar a las conductas imputadas?
Al respecto la Sra. Presidenta Dra. María Alejandra Vila, dijo:
En primer lugar, sin perjuicio de lo expuesto al analizar la cuestión precedente, corresponde señalar que los extremos que este Tribunal tuvo por acreditados respecto de R. R. R. tampoco permiten verificar los presupuestos típicos necesarios para atribuirle el resultado lesivo producido.
En efecto, la responsabilidad por el delito culposo exige la comprobación de una infracción al deber objetivo de cuidado y la creación o incremento de un riesgo jurídicamente desaprobado que se realice en el resultado.
Sin embargo, al analizar la prueba producida durante el debate no se tuvo por acreditado que R. R. R. hubiera asumido funciones de organización, dirección, supervisión o control de la obra, ni que hubiera tenido capacidad de decisión respecto de los materiales utilizados, las condiciones técnicas de ejecución, la contratación de personal o las medidas de seguridad implementadas.
Por el contrario, los hechos que se consideraron acreditados se limitan a haber facilitado el contacto inicial entre J. F. C. e M. A. I. R. y a mantener posteriores comunicaciones vinculadas al desarrollo de los trabajos, circunstancias que, por sí solas, no permiten afirmar la infracción de un deber de cuidado jurídicamente relevante ni la creación o incremento del riesgo desaprobado cuya concreción produjo el fallecimiento de las víctimas.
En consecuencia, aun prescindiendo de la insuficiencia probatoria señalada al tratar la cuestión anterior, los hechos acreditados respecto de R. R. R. resultan insuficientes para satisfacer los presupuestos típicos exigidos por la figura penal analizada.
En segundo lugar, acreditada la materialidad del hecho y la autoría penalmente responsable de J. F. C., resta encuadrar su conducta en las normas penales aplicables al caso. Considero que las acusaciones han identificado correctamente la naturaleza culposa del hecho atribuido al imputado, correspondiendo efectuar únicamente una precisión respecto de la adecuación típica definitiva aplicable al caso.
La infracción al deber objetivo de cuidado atribuida al imputado presenta un marcado componente omisivo, en tanto la responsabilidad penal aquí examinada se vincula con el incumplimiento de los deberes de actuación, control y supervisión que le incumbían respecto de una actividad objetivamente riesgosa cuya organización y ejecución había asumido. Ello no excluye la existencia de conductas activas vinculadas a la puesta en marcha y desarrollo de la obra, sino que pone de relieve que el resultado lesivo se encuentra normativamente conectado con la omisión de observar los recaudos técnicos, legales y de seguridad exigibles en el caso concreto. La conducta desplegada por el nombrado consistió en infringir gravemente el deber objetivo de cuidado que regía la actividad desarrollada, permitiendo la ejecución de la obra sin observancia de las exigencias técnicas, legales y de seguridad específicamente previstas para la instalación de estructuras soporte de antenas de radiodifusión, conforme surge de las ordenanzas municipales Nros. 898, 8591, 8657 y 8916, de la reglamentación del CEPAIA, de las disposiciones de ANAC y ENACOM y de la normativa de seguridad e higiene aplicable, particularmente el Decreto 911/96.
La omisión de observar tales exigencias permitió que la obra se ejecutara sin cálculos estructurales adecuados, sin supervisión profesional idónea, sin control suficiente sobre los materiales empleados, sin verificación técnica de los anclajes y sin cumplimiento de las reglas mínimas de seguridad exigibles para trabajos en altura, circunstancias que guardan directa relación con el colapso de la estructura y con los resultados fatales posteriormente producidos.
J. F. C. al estar a cargo de la dirección de la obra de instalación de la antena, estaba especialmente obligado a la evitación del resultado muerte, es lo que se llama “deber de garante o posición de garante”.
Dicha posición no deriva de una obligación abstracta ni de su sola condición de propietario del predio, sino de haber asumido concretamente la organización, coordinación y control de una actividad objetivamente riesgosa, conservando capacidad efectiva de decisión sobre su ejecución y desarrollo.
Es pertinente destacar la relación de determinación que vincula la conducta consistente en violar el deber de cuidado determinado por el incumplimiento de la normativa mencionada precedentemente y el resultado lesivo que se tuvo anteriormente por comprobado, toda vez que de haberla respetado el inculpado el mismo no se hubiera producido.
En esa inteligencia "...Tendremos, pues, que escrutar si la acción real (de rasgos positivos en el plano mecánico) desarrollada, que se presume generadora del resultado, tradujo una infracción/omisión (por intervención subjetiva negligente o constitutiva de una inobservancia) a un deber de cuidado (a una prohibición) que creó o aumentó un riesgo jurídicamente desaprobado que desembocó en él…” (Ferro, Alejandro. El delito culposo de omisión. Argentina: Hammurabi, 2024, p. 122).
Precisamente, la responsabilidad atribuida al encartado no se funda en la mera relación causal entre la obra y el resultado, sino en haber creado e incrementado un riesgo jurídicamente desaprobado mediante la inobservancia de las exigencias técnicas y de seguridad que regulaban la actividad desarrollada, riesgo que finalmente se concretó en el resultado que las normas incumplidas procuraban evitar.
Desde esta perspectiva, la instalación de una antena radial trae aparejado un riesgo socialmente tolerado y permitido siempre y cuando se cumpla con toda la normativa tendiente a proteger no solo a los operarios sino también a los vecinos o transeúntes ocasionales. Es decir, la sociedad tolera los riesgos que ocasiona en base a una relación costo-beneficio; cuando se aprecia que los últimos son mayores que los primeros, el riesgo no es jurídicamente desaprobado.
Siguiendo esta línea de pensamiento, J. F. C., al decidir iniciar la ejecución de la obra, prescindiendo de las exigencias técnicas, reglamentarias y de seguridad que regían la actividad, incrementó significativamente un riesgo jurídicamente desaprobado.
Además de dicho riesgo jurídicamente desaprobado, resulta necesario para la existencia del delito su concreción en un resultado disvalioso. En ese sentido, "este nexo no será de naturaleza causal sino normativa" (Álvarez, Ricardo. "Derecho Penal de la Circulación". Buenos Aires: Ed.Tribunales, 2012).
Al hacer caso omiso de la legislación mencionada, el imputado introdujo con su accionar un riesgo superior al tolerado, que se concretó en el derrumbe de la antena sobre la cual estaban trabajando M. A. I. R. y D. M. S., la cual provocó que caigan desde una elevada altura produciéndose el deceso de ambos, que era justamente lo que la normativa tenía por objeto evitar.
La infracción al deber objetivo de cuidado acreditada en autos, la previsibilidad objetiva del resultado y la efectiva concreción del riesgo jurídicamente desaprobado permiten afirmar tanto la tipicidad objetiva como la tipicidad subjetiva propias del delito culposo.
Corresponde ahora determinar la adecuación típica definitiva que corresponde asignar al hecho acreditado.
Las partes acusadoras sostuvieron que la conducta atribuida al imputado debía ser encuadrada como homicidio culposo —dos hechos— en concurso ideal, en los términos de los arts. 84 y 54 del Código Penal.
Sin embargo, entiendo que dicha solución no resulta aplicable al caso.
Ello así por cuanto la pluralidad de resultados lesivos producidos no deriva de acciones independientes ni de infracciones autónomas al deber objetivo de cuidado, sino de una única conducta imprudente atribuible al imputado, consistente en la organización y ejecución de una obra de instalación de antena sin observancia de las exigencias legales, técnicas y de seguridad que regulaban la actividad. En efecto, toda la secuencia fáctica anteriormente reconstruída revela la existencia de una única fuente de riesgo jurídicamente desaprobado, creada e incrementada por J. F. C. mediante la violación de los deberes de cuidado que le incumbían en su calidad de organizador y responsable de la obra.
Fue precisamente esa única infracción al deber de cuidado la que produjo como consecuencia el fallecimiento de M. A. I. R. y D. M. S..
En tales condiciones, la pluralidad de víctimas fatales no debe resolverse mediante la aplicación de las reglas concursales previstas en el art. 54 del Código Penal, sino a través de la figura agravada específicamente contemplada por el legislador en el segundo párrafo del art. 84 del Código Penal vigente al momento del hecho. Dicho agravamiento encuentra fundamento en el mayor contenido de injusto derivado de la producción de múltiples resultados letales como consecuencia de una misma conducta culposa, circunstancia que el legislador consideró merecedora de una respuesta punitiva diferenciada.
La infracción al deber objetivo de cuidado acreditada en autos, la previsibilidad del resultado y la concreta realización del riesgo jurídicamente desaprobado permiten afirmar la tipicidad objetiva y subjetiva de la conducta atribuida al imputado bajo la modalidad agravada prevista por dicha disposición legal.
Corresponde asimismo examinar si la adecuación típica aquí efectuada resulta compatible con el principio de congruencia y con el derecho de defensa en juicio.Entiendo que la respuesta debe ser afirmativa.
En efecto, durante todo el proceso permaneció inalterada la plataforma fáctica sometida a juzgamiento, consistente en la ejecución de una obra de instalación de una antena sin observancia de las exigencias técnicas, reglamentarias y de seguridad aplicables y la producción, como consecuencia de ello, de los fallecimientos de M. A. I. R. y D. M. S..
La existencia de dos víctimas fatales constituyó una circunstancia expresamente incluida en la acusación, invocada por las partes acusadoras al momento de requerir condena y objeto permanente de contradicción durante el debate.
Tales circunstancias integraron desde el inicio mismo la imputación formulada al encartado, fueron objeto de actividad probatoria durante la instrucción y el juicio, y constituyeron el eje central de la controversia desarrollada por las partes. La presente decisión no incorpora hechos nuevos, no modifica el núcleo histórico de la acusación ni introduce circunstancias fácticas desconocidas por la defensa. Por el contrario, se limita a efectuar una distinta valoración jurídica de circunstancias que integraron desde siempre el objeto procesal y que fueron plenamente conocidas y controvertidas por todos los intervinientes.
En consecuencia, la adecuación típica aquí efectuada no genera situación de indefensión alguna ni vulnera el principio de congruencia.
Es por ello que estimo que el actuar oportunamente llevado a cabo por J. F. C. resulta constitutivo del delito de homicidio culposo previsto en el art. 84 del Código Penal, resultando aplicable la agravación prevista en el segundo párrafo de dicha disposición en razón de la pluralidad de víctimas fatales.
Así lo voto.
El Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y el Dr. Fernando Zanetta (subrogante) adhieren al voto de la presidencia.
Cuarta cuestión: ¿Cuál es la pena aplicable y el pronunciamiento final? Al respecto la Presidenta Dra. María Alejandra Vila, dijo:
Con relación al imputado R. R. R., teniendo en cuenta que no se logró alcanzar el grado conviccional requerido en esta instancia sobre la participación criminal en el hecho imputado y haciendo propias las palabras de la titular del Ministerio Público Fiscal, corresponde absolver en orden al delito de “Homicidio Culposo -dos hechosen concurso ideal” por aplicación del beneficio de la duda, conforme lo establecido por los arts. 4 y 385 del CPP por el que fuera procesado y se requiera la elevación a juicio.
Asimismo, deben levantarse las restricciones y medidas cautelares que pesaban sobre el encartado.
En cuanto al imputado J. F. C., es importante consignar que el Ministerio Público Fiscal al mensurar la pena conforme los arts. 40 y 41 del Código Penal solicitó se condene a J. F. C. a la pena de CUATRO AÑOS de prisión de cumplimiento en efectivo, en orden al delito de “Homicidio culposo -dos hechos- en concurso real (artículos 84 y 54 del Código Penal)”.
Para determinar el monto de la pena, tuvo en cuenta las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del CP. Como circunstancias atenuantes tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales y el haber estado a derecho durante toda la tramitación del proceso.
Y como agravantes tuvo en consideración la naturaleza de los hechos típicos (delitos contra la vida), la edad que tenían las víctimas (D. M. S. apenas 30 años), la circunstancia de que ambas víctimas accedieron al trabajo por una marcada vulnerabilidad económica; la gravedad de la intensidad de violación del deber de cuidado (el haber utilizado materiales de descarte, el clima hostil que había y la falta de cumplimiento con la reglamentación).
Por su parte, la defensa del imputado J. F. C., solicitó la absolución de su representado, por no ser su representado la persona que estaba a cargo de la obra. Planteo que no puede prosperar conforme fuera analizado precedentemente. Subsidiariamente, en caso de ser condenado, solicitó se aplique el mínimo previsto por la escala penal y que su ejecución sea en suspenso.
Corresponde señalar, no obstante, que la pretensión punitiva formulada por el Ministerio Público Fiscal fue estructurada sobre una calificación legal diversa de la finalmente adoptada por este Tribunal. Ello no impide valorar las circunstancias agravantes y atenuantes invocadas por la acusación, en tanto se refieren a extremos fácticos acreditados durante el debate y relevantes para la individualización judicial de la pena.
Así las cosas, tal como sostiene la doctrina: “…el deber de motivación exige que todas las razones que el juez pone en juego al estimar la sanción sean claramente manifestadas… La motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuales son las razones por las que el Tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra. Ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él. Con esto indicamos categóricamente que son nulas por falta de fundamentación las sentencias que individualizan una pena asociándola a la simple referencia de un artículo de la parte del Código Penal y a la mención de los artículos 40 y 41 del Código Penal…” (Conf. Fleming, Abel, López Viñals, Pablo, “Las Penas”, 1º Edición Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, pág. 440). Asimismo, y a los fines de graduar la pena, deben tenerse en cuenta las resultas del Informe socioeconómico ambiental y las demás constancias obrantes en autos, de las que surge que J. F. C. nació en Río Gallegos hace 58 años, es padre de tres hijos, completó sus estudios secundarios y no padece enfermedades crónicas.
Debe tenerse en cuenta como atenuantes la ausencia de antecedentes penales y el haber estado sometido al proceso durante toda su tramitación.
Como agravantes, debe valorarse la naturaleza del hecho típico y la particular entidad del daño ocasionado a los respectivos grupos familiares de las víctimas. Sin perjuicio de que la pluralidad de víctimas integra el supuesto agravado aplicado al caso conforme el segundo párrafo del art. 84 del Código Penal, corresponde valorar la especial entidad del daño ocasionado a los respectivos grupos familiares y las concretas consecuencias derivadas de los fallecimientos producidos. Otro elemento a ponderar como agravante es la extensión del daño causado, particularmente respecto del núcleo familiar de las víctimas, recordando que M. A. I. R. era padre de cinco hijos menores de edad.
En el mismo sentido se considera la corta edad de una de ellas, quien tenía 30 años de edad.
No puedo dejar de considerar, el hecho de haberse aprovechado de la vulnerabilidad económica de M. A. I. R. y D. M. S.. Quienes en su necesidad ante la ausencia de trabajo formal, materializaron las órdenes impartidas por J. F. C. pese a todos los incumplimientos que acontecieron mientras ejecutaban la obra, ello fundado en la necesidad económica de proveer a su familia.
Dicha circunstancia no se valora por la condición económica de las víctimas en sí misma considerada, sino porque permitió el desarrollo de una actividad objetivamente riesgosa en condiciones que difícilmente hubieran sido aceptadas por trabajadores que contaran con alternativas laborales reales y con posibilidad efectiva de exigir el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad. Es importante valorar la gravedad e intensidad de las omisiones en que incurrió J. F. C., que revelan un grave menosprecio a la salud y a la vida de las personas que había contratado para efectuar esas tareas de entidad riesgosa debido a la elevada altura en las que se debían desarrollar, así como el suministro de materiales dañados (oxidados, partidos), de segunda mano, que aumentaron la inestabilidad de la torre y favoreció su caída.
La intensidad de la infracción al deber objetivo de cuidado excede ampliamente la mera inadvertencia o el descuido ocasional. Las múltiples omisiones acreditadas, la persistencia en la ejecución de la obra pese a las deficiencias existentes y la completa ausencia de controles técnicos revelan un grado de culpa particularmente significativo dentro de la escala prevista para el delito.
La ponderación conjunta de las circunstancias agravantes y atenuantes precedentemente desarrolladas permite concluir que una sanción proporcional a la gravedad del injusto cometido y a la culpabilidad evidenciada por el autor es la de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN, la que, por las razones que se expondrán seguidamente, corresponde dejar en suspenso, con más las costas del proceso (art. 29 inc. 3° del Código Penal).
No obstante la significativa entidad de las circunstancias agravantes señaladas, corresponde ponderar que el imputado carece de antecedentes penales, permaneció sometido al proceso durante toda su tramitación y no registra elementos objetivos que permitan inferir una mayor peligrosidad criminal. Tales circunstancias impiden desplazar la sanción hacia tramos superiores de la escala legal prevista para el delito.
Entiendo que al momento de disponer la imposición de la pena resultan operativas las previsiones del artículo 26 del Código Penal, ello en razón de que las circunstancias personales del imputado permiten inferir un pronóstico de reinserción social favorable, sumado a que la ejecución efectiva de la pena resultaría innecesaria para prevenir la comisión de nuevos delitos.
Particularmente se valora que el hecho juzgado no revela una trayectoria delictiva previa ni posterior, que el imputado ha permanecido sujeto a derecho durante la totalidad del proceso, que posee arraigo familiar y social en esta ciudad y que no se advierten elementos concretos que permitan concluir que una ejecución efectiva de la pena resulte necesaria para neutralizar riesgos de reiteración delictiva. Asimismo, y en atención a la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta, se dispone que durante el plazo de cuatro (4) años el condenado deberá observar las siguientes reglas de conducta: fijar residencia estable y someterse al control y cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados y abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
Tales obligaciones se imponen de conformidad con lo previsto en los incisos 1 y 3 del artículo 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se procederá a la revocación del beneficio de la condicionalidad de la pena otorgada.
Asimismo, procédase al decomiso previsto en el art. 503 del CPP, cuando adquiera firmeza la presente.
Póngase en conocimiento de las damnificadas el resultado de la presente, ello conforme las normas del Código Procesal Penal y de la Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las personas Víctimas de Delitos).
Así lo voto.
El Dr. Jorge Daniel Yance (titular) y el Dr. Fernando Zanetta (subrogante) adhieren al voto de la presidencia.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede, lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 385 y 386 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DE LOS ALEGATOS DE LAS QUERELLAS,
conforme los argumentos desarrollados en la primera cuestión.
2. ABSOLVER a R. R. R., de las demás circunstancias personales de figuración en autos, en orden al delito de “homicidio culposo -dos hechos- en concurso ideal” (arts. 84 y 54 del Código Penal) por el beneficio de la duda, conforme lo establecido por los arts. 4 y 385 del CPP.
3. DEJAR SIN EFECTO las restricciones y/o medidas cautelares que pesaban sobre R. R. R., debiéndose librar los oficios a los registros y organismos respectivos.
4. CONDENAR A J. F. C., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO como autor penalmente responsable del delito de "HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA PLURALIDAD DE VÍCTIMAS, previsto y reprimido por el artículo 84 2° párrafo del Código Penal.
5. IMPONER a J. F. C., por el término de cuatro (4) años, las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1); b) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
6. HACER SABER a J. F. C. que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta.
7. INFORMAR a las damnificadas de autos el estado del presente trámite y la situación procesal de los imputados, ello en los términos del artículo 73 inciso “b” del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos).
8. ORDENAR y DISPONER el inmediato decomiso de los efectos secuestrados una vez firme la sentencia (art. 503 CPP).
9. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila –presidenta-, Dr. Jorge Daniel Yance –juez-, Dr. Fernando Zanetta –juez subrogante-. Dra. Gabriela Mansilla –secretaria-.
Fin de la sentencia