Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8392 FOLIO Nº 150/152 PROT. ELECT. JR101008I.242
Río Gallegos, 01 de febrero de 2024.
La presente causa caratulada: “R.C.A. Y OTRO S/ ROBO” Expte. Nº R-73587/22, Apelación Nº 8605/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 81/85 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de C.A.G.S., en orden al delito de “robo” (art. 164 del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 90/92 y vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 109 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a fin de lograr mayor claridad expositiva, a continuación, trataremos los agravios expresados en el orden propuesto por el recurrente en su presentación.
I. Agravios vinculados a la insuficiencia de la prueba y la motivación para el dictado del procesamiento: en el punto III) del recurso impetrado, la defensa advirtió orfandad probatoria e inexistencia de prueba directa y conducente.
Asimismo, aseguró que el pronunciamiento no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamento para sostener su postura. Allí, observó una valoración errónea y parcializada de la prueba incorporada.
También entendió que el análisis de los indicios y las presunciones se habría realizado únicamente en contra y perjuicio de su defendido.
En tal sentido, expresó que no están acreditados los elementos mínimos y constitutivos de la figura penal que se enrostra a su pupilo.
Por otro lado, dijo que la prueba resulta insuficiente para atribuir responsabilidad penal a su defendido, como coautor material del hecho por el que fuera indagado, y precisó que no se habría realizado un análisis integral y armónico de estos elementos.
Calificó de insuficiente la motivación del pronunciamiento, pues –a su juicio- no describe o destaca los extremos de la autoría y culpabilidad con grado de probabilidad afirmativa. En particular, puso de resalto que en el allanamiento ordenado no se encontraron elementos vinculados al delito.
Asimismo, destacó que el supuesto coautor no pudo identificar a su asistido en el ilícito que se le adjudica.
Finalizando, argumentó que ninguna de las pruebas colectadas vincularía a su asistido, dado que ninguno de los testigos lo pudo observar, siquiera cerca del lugar del hecho.
En cuanto a los informes policiales, dijo que sólo muestran a dos personas masculinas, que estarían vestidas con ropa oscura, sin embargo, aclaró que por la calidad de las imágenes de las cámaras de seguridad, es imposible concluir que fuera su asistido.
En conclusión, pidió se dicte el sobreseimiento de su representado o, en su defecto, se dicte la falta de mérito.
Que, analizados los agravios expresados por la defensa, adelantamos, no podrán prosperar.
En primer término, cabe desestimar el planteo relativo a la presunta orfandad probatoria que padecería el pronunciamiento apelado, pues contamos en autos con declaraciones testimoniales de dos personas que transitaban por el lugar de los hechos: M.B.S. (fs. 16/16 vta.) y K.L.M. (fs. 20/20 vta.), así como de los efectivos policiales que participaron del procedimiento de aprehensión de uno de los imputados en cercanías del comercio presuntamente robado: S.N.R. (fs. 18/18 vta.); E.M.D. (fs. 19/19 vta.) y J.F.G. (fs. 15/15 vta.). Y resultan significativos estos relatos, dado que todos ellos describieron a los sujetos que habrían cometido el atraco en la carnicería, aportando características físicas y de vestimenta de los individuos, señalando el modo en que habrían actuado y los daños que vieron a simple vista en el local. Por su parte, los datos suministrados por los declarantes, resultaron concordantes con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del comercio afectado, donde uno de los individuos habría ingresado, tras romper un cristal (fs. 28/35); todo lo cual fue constatado por la inspección ocular (ver fs. 07/08).
Por último, el trabajo de la División de Investigaciones de la policía –en principio- habría permitido identificar al individuo que huyó aquella mañana dado que, días más tarde, habría sido captado por las cámaras de seguridad de otro comercio, en idéntica situación, siendo reconocido por los especialistas (fs. 36/42). Que, tras el repaso efectuado, resulta insostenible afirmar –como lo hace la defesa- que no existan elementos que acrediten la presunta autoría del imputado en el evento.
Tampoco se advierte que el pronunciamiento no hubiera efectuado un lógico tratamiento de la cuestión y carezca de fundamento para sostener su postura pues, como señaláramos, a partir de la valoración integral de la prueba reunida -a la luz de la sana crítica racional-, se logró arribar al dictado del procesamiento. Que, el análisis efectuado por el magistrado resulta razonable, pues dos testigos imparciales -más los oficiales de policía-, lograron describir a los imputados; las cámaras de seguridad registraron el ingreso de uno de ellos al local; en tanto -consumado el hecho- uno fue aprehendido en cercanías del lugar, y el otro fue identificado posteriormente por la tarea de los investigadores. En otro orden de ideas, entendemos, yerra la defensa al sostener que no estén acreditados los elementos de la figura enrostrada a su asistido, pues –como indicamos- según el relato de los testigos, los registros de las cámaras de seguridad y el resultado de la inspección ocular, los imputados habrían tomado los elementos denunciados como faltantes, luego de romper un cristal para ingresar al local, consecuentemente, la descripción de las acciones se adapta a las previsiones del art. 164 del Código Penal. En idéntico sentido, rechazaremos el planteo relativo a que los elementos valorados resulten insuficientes para atribuir responsabilidad al imputado.
Recordemos que el auto que aquí revisamos, contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este, tratándose pues de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612). A la luz del aporte doctrinario, y como hemos venido señalando, las declaraciones testimoniales, sumadas a los registros de las cámaras de seguridad, las diligencias practicadas y el informe de los investigadores, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 CPP. En tal sentido, acerca del reconocimiento mediante cámaras de seguridad y el relato de los preventores, se ha sostenido que: “Se puede establecer sin margen de duda alguna, que ha sido el encausado junto a otros dos sujetos que lo acompañaban, uno de los autores del hecho reprochado, pues fue detenido en situación de flagrancia, quedando registrado todo su accionar por las cámaras de monitoreo urbano, tal como se advierte de las imágenes captadas y aportadas al sumario como de los testimonios del personal policial que actuó en la emergencia … ” (Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 24 de la Capital Federal; 29/07/2021; B., A. G. s/ robo en poblado y en banda; RDP 2021-10, 167; Cita: TR LALEY AR/JUR/112444/2021). Por su parte, siendo de suma relevancia el informe de la División de Investigaciones, se ha convalidado su labor cuando –como en el caso de autos- sus informes resultan eminentemente objetivos y habrían logrado reconocer al imputado. Al respecto, se ha dicho: “Los testimonios e informes emitidos por el personal de las fuerzas de seguridad encargados de llevar a cabo la actividad pesquisitiva son válidos, dado que fueron vertidos en razón de estar cumpliendo sus funciones y sin fundarse en interés, afecto u odio hacia alguno de los imputados.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala I; 08/08/2017; B., C. A. y otro(s) s/ infracción ley 23.737; Cita: TR LALEY AR/JUR/68285/2017). Por último, rechazaremos el planteo relativo a la presunta insuficiencia de motivación en el pronunciamiento atacado.
Veamos, en líneas generales, se ha dicho que motivar: “… es la obligación que tienen los jueces de dar a conocer los razonamientos en los que se sustentan sus decisiones.” (Roldán Santiago; Justificación y motivación de las resoluciones judiciales; Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Nº 9; septiembre 2010; Sección doctrina; abeledo-perrot; Buenos Aires, pág. 6). En nuestro caso, en los puntos I) y II) del considerando de la resolución, el magistrado detalló la prueba que acreditaría la materialidad del hecho y su autoría. En tanto, en el punto IV) reveló las razones que –en base a esos elementos- lo condujeron a disponer el procesamiento de los encartados.
II. Crítica al embargo: por último, cuestionó el monto de embargo dispuesto en el auto de procesamiento, al que calificó como excesivo y arbitrario, solicitando allí su adecuación a las condiciones personales del imputado.
En relación a este planteo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución, surge que el magistrado en el punto V) del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo y arbitrario´. Asimismo, para su fijación, no es preciso tener en cuenta las condiciones personales del imputado, como erróneamente postula la defensa (al respecto véase: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; “D.Y.,C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). En virtud de ello, rechazaremos este infundado cuestionamiento.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 81/85 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia