Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.215 FOLIO Nº 084/086 PROT. ELECT. JR101 362I.261
Río Gallegos, 31 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada: “R.W.D. S/ Infracción al Título III del Libro II del C.P.A.” - Expte. N° 87.762/23 - Apelación/Causa JR Nº 10302/26 venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 82/84 obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos por el que en su punto 1º) no hacer lugar al pedido de sobreseimiento requerido a favor de W.D.R.
Que a fs. 85/86vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; recurso que fuera sostenido a fs. 90, presentando a fs. 95/96 el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., Y a fs. 89 se corrió en vista a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, quien dictaminó a fs. 91/92vta., quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
El defensor de W.D.R., plantea en primer término, arbitrariedad y fundamentación dogmática del resolutivo de grado, argumentando que el magistrado se limitó a señalar de manera abstracta que se requiere que se encuentren agotadas todas las pruebas posibles y dirimentes, sin precisar cuáles serían esas pruebas pendientes, y que, el a quo pasaría por alto que tras tres años de trámite la instrucción se halla materialmente agotada. En segundo lugar, denuncia una violación flagrante a la garantía constitucional del plazo razonable, sosteniendo que la declaración de reserva de las actuaciones fue adoptada como una herramienta transitoria, no como un “cómodo limbo procesal” que faculte al Estado para mantener abierta una causa de manera indefinida. Agrega en su escrito de memorial que 36 meses de inactividad investigativa supera con creces cualquier estándar de tolerancia temporal.
Argumenta, que si el aparato de persecución penal del Estado, con todos sus recursos, no ha logrado construir la certeza de cargo en más de tres años y mantiene la causa paralizada, la duda es insuperable y definitiva. En este sentido, hace énfasis al principio de inocencia.
Asimismo, acusa la vulneración de las reglas de la sana crítica racional ante la omisión de valorar el dictamen psicológico del perito de parte, Lic. E.Q., el cual determinó científicamente la imposibilidad de evaluar el relato de la menor debido a un bloqueo disociativo insuperable en la Cámara Gesell. Añade en su escrito de fs. 95/96 que al haber fracasado la Cámara Gesell por el bloqueo definitivo de la menor, la orfandad probatoria no es temporal, sino definitiva, y que el proceso no puede quedar a la espera de una prueba de cargo -a su criterio- imposible.
Finalmente, señala la errónea aplicación de la jurisprudencia e inversión de la carga de la prueba, alegando que el juzgador desnaturalizó el principio in dubio pro reo al señalar “lo prudente es no sobreseer ante la falta de certeza”, sosteniendo el recurrente que debe ser a la inversa cuando juega el factor temporal. Argumenta que si el Estado no ha logrado construir certeza de cargo en más de tres años y mantiene la causa inactiva, esa duda es insuperable debe resolverse a favor del imputado. Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Yendo concretamente al estudio de la apelación deducida por la asistencia técnica de W.D.R. contra la resolución que rechazó su pedido de sobreseimiento, corresponde adelantar que esta Alzada confirmará en todos sus términos el resolutivo de grado, por cuanto los agravios esbozados por la defensa resultan insuficientes para conmover la decisión arribada por el a quo. Con relación a la alegada orfandad probatoria derivada de la frustración de la declaración de la menor, cabe señalar que la imposibilidad temporal de contar con tal testimonio no puede equipararse al agotamiento de la investigación. Es que, en delitos de esta gravedad, la dificultad para obtener tal prueba resulta ser un obstáculo transitorio, por tanto, dictar un sobreseimiento definitivo basándose en una falta de certeza puramente momentánea, implicaría consagrar una impunidad prematura por un mero rigorismo formal, sacrificándose el deber de descubrir la verdad.
Por otra parte, si bien la defensa técnica invoca el dictamen del perito de parte para tildar de imposible la probanza, cabe recordar que las conclusiones periciales psicológicas no son vinculantes para el juzgador, quien debe valorarlas de manera conjunta, armónica y concatenada con las restantes piezas del legajo.
En efecto, sostener como lo hace el recurrente, que la instrucción se halla materialmente agotada por el mero transcurso del trámite resulta jurídicamente improcedente en esta fase, cuando la gravedad de la imputación exige un abordaje exhaustivo y prudente de la plataforma fáctica, particularmente cuando ya obran en autos elementos probatorios de cargo de singular relevancia -como las declaraciones de la madre, de la hermana menor y un informe psicológico de esta última que indica que sus dichos resultarían ser verosímiles-, que no pueden ser soslayados ni desatendidos solo porque la menor víctima no pudo brindar su versión de los hechos por el momento.
En lo que respecta a la denunciada violación de la garantía constitucional del plazo razonable y la tacha sobre la reserva de las actuaciones, esta Alzada considera que la aplicación de la herramienta no constituye una parálisis arbitraria o un "limbo procesal", sino una medida de prudencia jurisdiccional indispensable para preservar la acción de la justicia cuando el sumario se encuentra inconcluso.
El estándar constitucional del plazo razonable en la investigación de delitos de extrema complejidad, especialmente aquellos cometidos en la intimidad del núcleo intrafamiliar, no se rige por un cómputo matemático estricto, sino que exige una ponderación flexible de las particularidades del caso.
Siguiendo esta línea, no podemos perder de vista que frente a la gravedad del hecho investigado -un presunto abuso sexual agravado por el vínculo y cometido por el progenitor en perjuicio de su hija menor de edad-, debe primar de manera absoluta el principio del Interés Superior del Niño consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061.
Esta directriz constitucional, en consonancia con las obligaciones de rango internacional asumidas por el Estado Argentino, compele a los magistrados a priorizar la tutela, protección y representación eficaz de las víctimas menores de edad por sobre las exigencias formales de celeridad procesal planteadas por la defensa.
De este modo, en virtud del estándar de debida diligencia reforzada consagrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación estatal de investigar eficaz y exhaustivamente la violencia sexual infantil es imperativa y no puede desecharse por el mero vencimiento de plazos ordenatorios, resultando jurídicamente inviable aplicar la regla del in dubio pro reo en favor del imputado en esta fase instructoria preliminar de probabilidad.
Robustecen de manera decisiva el criterio confirmatorio de esta Alzada los dictámenes unívocos y concordantes emitidos por los Ministerios Públicos llamados a intervenir en resguardo de la legalidad y de las personas vulnerables en el proceso.
En efecto, tanto el dictamen fundado del Sr. Agente Fiscal a fs. 78/79, postulando la improcedencia del sobreseimiento ante la necesidad de mantener expectante el avance del sumario, como la firme adhesión de la Sra. Defensora Publica Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes a fs. 81, quien determinó de manera categórica que la desvinculación definitiva del encausado deviene prematura ya que no existen elementos que permitan descartar la autoría del imputado, lo que resulta concordante con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara. En este sentido, la Sra. Fiscal ante las Excmas.
Cámaras de Apelaciones a fs. 91/92vta., indicó: “… el transcurso temporal no determina por sí solo la configuración de una causal de sobreseimiento, máxime cuando, como en el caso, el imputado no ha sido indagado y las actuaciones fueron oportunamente reservadas ante la insuficiencia de elementos para disponer un avance procesal. La eventual necesidad de adoptar una decisión respecto del estado futuro de las actuaciones no permite anticipar, por esa sola circunstancia, una causal de clausura definitiva que no se encuentra configurada...”.
En suma, por todo lo expuesto entendemos que asiste razón al temperamento del A quo, en cuanto a que sin el agotamiento de pruebas posibles y dirimentes en la presente investigación, no es procedente cerrar en forma definitiva e irrevocable el proceso, razón por la cual corresponde confirmar íntegramente la resolución puesta en crisis.
II. Formula reserva de la cuestión federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48, amparándose en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos (arts. 18 y 75 inc. 22), que será tenido en cuenta para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal de Cámara, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1°)-CONFIRMAR el auto de fs. 82/84, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3º) - REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.-
4º)-Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia