Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 171.531
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los agravios traídos por las accionadas, con costas de esta Instancia a su cargo por resultar perdidosos (art. 68 del CPC); II) Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, elevándose hasta $ 150.000 el rubro "daño a las afecciones legítimas espirituales (daño moral)" y hasta $ 200.000 la multa por "daño punitivo", confirmándose en lo demás el pronunciamiento recurrido, con costas del recurso a cargo de las accionadas por resultar perdidosas (art. 68 del CPC);
III. Se difiere la regulación de honorarios para una vez determinada la base regulatoria (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL N° (S) F°
EXPTE. N° 171531. Juzgado Nº 10 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: "RABINI JORGE LUIS C/ VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia de fecha 5/8/2020?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo rechazar la excepción de falta de legitimación activa y el planteo de inconstitucionalidad del art. 52 bis de la ley 24.240 que fueran deducidos por Romera Hermanos S.A., haciendo lugar luego a la demanda entablada por Jorge Luis Rabini contra Volkswagen Argentina S.A y Romera Hermanos S.A., condenando a estos últimos a abonar la suma de $ 120.000, con mas intereses y costas.
En lo atinente a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por Romera Hnos S.A., señala que si bien el Sr. Rabini no fue quien adquirió directamente el vehículo en cuestión, el mismo tiene legitimación activa para accionar por haber utilizado el mismo como integrante del grupo familiar o social de la Sra. Calvo Soler, de acuerdo a lo normado por los arts.1 de le LDC y 1092 del CCyCN.
Luego expone que si bien la reparación no excedió el plazo previsto en el manual, considera que el periodo de tiempo de 50 días que insumió el arreglo resulta por demás extenso, ya que se trataba de un auto 0 km, los cuales son vendidos sin ningún tipo de desperfecto, resultando un término cuya prolongación ha podido afectar al adquiriente del bien, provocándole un daño.
Asimismo, valora la prueba producida, y en especial la prueba pericial mecánica y testimonial, y concluye en base a ella que la reparación podría haberse realizado en un lapso de 1 día, mientras que en el caso se realizó en 50 días.
Considera en base a ello que el servicio prestado no ha sido adecuado, debiendo ambos demandados, en tanto integrantes de la cadena de comercialización y distribución de la cosa, responder solidariamente por los daños que el cumplimiento tardío de su obligación de garantía hubieran ocasionado al consumidor, conforme lo normado por los arts. 11, 12 y 13 de la ley 24.240.
Continúa liquidando los rubros indemnizatorios, admitiendo la suma de $ 40.000 a valores actuales en concepto de daño moral (daño a las afecciones legítimas espirituales), y la de $ 30.000 a valores actuales por privación de uso (a razón de $ 600 diarios por los 50 días que el actor se vio imposibilitado de utilizar el vehículo en cuestión), en ambos casos, con mas intereses desde la mora. Por su parte, indica que no corresponde el tratamiento como rubro indemnizatorio de lo erogado como "gasto de mediación", al considerar que integra la condena en costas.
De seguido, rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, en tanto sostiene que dicho concepto cumple con el principio de legalidad, al estar expresamente consagrado, habiendo la doctrina y jurisprudencia delineado sus principales requisitos, que se añaden a los legales. Indica que también se cumple con el debido proceso, pues siempre son aplicados en sede jurisdiccional, en un procedimiento en el que se desarrollan todas las etapas, se concede al proveedor el derecho de defensa en juicio y a ofrecer toda la prueba que hace a su derecho, y en el que finalmente el juez puede condenarlo al pago del daño punitivo, existiendo un juez natural que será el que corresponda a la jurisdicción y competencia según el caso concreto.
A partir de ello, considera que ha quedado demostrado tanto la ineficiente prestación del servicio de garantía, como la existencia de un vicio oculto, como asimismo el desinterés de la marca en invertir en stock de repuestos suficientes para atender la eventual demanda de reparaciones, teniendo en venta y lanzando al mercado productos cuya reparación por el servicio de garantía se sabe de antemano que demorará en su realización ante la falta de stock necesario, en virtud de lo cual fija la suma de $ 50.000 por daño punitivo, a valores de la fecha de esta sentencia, con más intereses desde la mora que determina.
Así también difiere el planteo de inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 13.133 para el supuesto especifico en que la sentencia resulte apelada y, por último, determina que ambas co-accionadas son solidariamente obligadas a pagar el monto de condena, de acuerdo a lo normado por los arts. 13 y 52 bis de la ley 24.240, Romera Hnos. S.A en carácter de concesionaria donde se adquirió el vehículo y Volkswagen Argentina S.A. en calidad de fabricante del mismo.
II. Dicho pronunciamiento es apelado en fecha 08/09/2020 (10:54:07 a.m.) por el Dr. Gustavo Andrés Rabini, quien a tal efecto invoca la franquicia prevista por el art. 48 del CPC en representación del actor, fundando su recurso en fecha 17/09/2020 (12:33:35 p.m.), con argumentos que merecieron respuesta de Volkswagen Argentina S.A. en fecha 06/10/2020 (06:15:22 p.m.), y de Romera Hnos. S.A. en fecha 07/10/2020 (09:59:44 a.m.).
Asimismo, el mentado pronunciamiento es apelado en fecha 15/09/2020 (03:17:35 p.m.) por el Dr. Alfredo Fernando Jozami, en carácter de apoderado de Volkswagen Argentina S.A., fundando su recurso en fecha 05/10/2020 (05:56:35 p.m.), con argumentos que no fueron respondidos por la contraria.
También es apelado en fecha 18/09/2020 (10:57:33 a.m.) por el Dr. Carlos Marcos D Aurelio, en carácter de apoderado de Romera Hnos. S.A., fundando su recurso en fecha 23/12/2020 (10:21:17 a.m.), con argumentos que no fueron respondidos por la contraria.
Por su parte, en fecha 09/04/2021 (08:57:28 a.m.) el Sr. Agente Fiscal emite su dictamen.
III. Agravia a la parte actora la cuantificación de los ítems indemnizatorios y del daño punitivo admitido.
Al respecto, sostiene que el monto otorgado en concepto de daño a las afecciones legítimas espirituales (daño moral) no contempla equitativamente el daño, toda vez que la suma de $ 40.000 equivale al día del escrito a unos 295 dólares, cuando lo peticionado en su momento (año 2017) equivalía a unos 5.120 dólares.
Refiere que deben considerarse las características fácticas del reclamo, esto es, un auto averiado, falta de respuesta, desconocimiento del hecho con argumentos insostenibles, dilaciones y vueltas, trato no acorde a la situación, recurrencia de la actora a un letrado para encarar el tema, mediación frustrada, inicio del pleito, etc., por todo lo cual entiende que la suma de $ 300.000 vería más justicieramente reflejado el perjuicio moralpsicológico-emocional del caso en análisis, dando también un carácter ejemplificador sancionatorio a la conducta de la accionada.
Afirma que igual criterio cabe aplicarse al ítem "privación de uso", dado que es un hecho público y notorio, y por ende receptado en base a la regla de la sana crítica emanada del art. 384 del CPC, que el costo de movilidad en remises o taxis se ha incrementado notoriamente.
Expone que los $ 30.000 concedidos para 50 jornadas equivalen a $ 600 por día, o sea, para dos viajecitos cortitos o uno mediano, e indica que se domicilia en calle Solis 3430 de Mar del Plata, es decir, a unas 60 cuadras del centro (Plaza San Martín).
Hace alusión a que utilizaba el vehículo para viajar a la ciudad capitalina, y requiere finalmente que se fije una suma que estima en $ 1.500 diarios.
En cuanto a la suma fijada en concepto de daño punitivo, refiere que peticionó la suma de $50.000, y que si bien se hizo lugar al 100% de lo requerido a “valores históricos”, el monto ha quedado desvirtuado, según parámetros que describe.
Luego hace alusión a la conducta procesal de la parte contraria, y refiere que la aplicación de dicha multa pierde el sentido disuasivo al ser un monto prácticamente insignificante, requiriendo en definitiva una suma no inferior a $300.000 por tal concepto.
IV. Agravia en primer lugar a Volkswagen Argentina S.A. que se haya considerado que el servicio prestado no ha sido el adecuado, debiendo ambos demandados en tanto integrantes de la cadena de comercialización y distribución de la cosa responder solidariamente por los daños que el cumplimiento tardío de su obligación de garantía hubieran ocasionado al consumidor.
Sostiene que no hay elementos que permitan inferir que el plazo en el que se realizó la reparación hubiera sido prolongado, lo que a su entender se traduce en que existió un completo cumplimiento de la garantía otorgada, tal como se desprende del manual de garantía.
En segundo lugar se agravia de que se haya otorgado a favor del actor una indemnización de $40.000 en concepto de daño moral, como así también de la aplicación de intereses sobre dicho rubro, toda vez que considera que no se encuentra acreditada su existencia.
Refiere que no existen pruebas en relación a ello, puesto que el accionante no ofreció medio probatorio alguno tendiente a acreditar el mismo, e insiste en que el reclamo es por una demora inexistente, puesto que la reparación se ha llevado a cabo dentro de un plazo normal y lógico. Destaca que cuando el daño moral tiene un origen contractual, debe considéraselo con rigor, siendo a cargo de quién lo reclama su prueba concreta, no bastando la del incumplimiento de las obligaciones contraídas. Agrega que la aplicación de intereses sobre la indemnización concedida en concepto de daño moral es contraria a derecho, ya que el daño moral supuestamente padecido por la parte no se incrementa ni actualiza con el tiempo. Sostiene en base a ello que no corresponde actualizar el daño moral otorgado a favor del Sr. Rabini, sino, en todo caso, tan solo adicionar los intereses correspondientes a partir del dictado de la sentencia definitiva y hasta su efectivo pago.
En tercer lugar se agravia del reconocimiento del rubro "privación de uso".
Aduce que el plazo máximo de reparación es de 120 días y que ello forma parte del “Plan de Asistencia Técnica – Garantía” entregado al actor en oportunidad en que retiró el automóvil, el cual entiende que merece aplicación plena, por no haber sido tachado de nulidad Refiere que no ha existido ningún tipo de incumplimiento de su parte y/o del concesionario co-demandado, toda vez que en cada oportunidad se atendió a la actor, dándole respuestas en un tiempo totalmente razonable, y sin que ello hubiera implicado gasto alguno. Agrega que este rubro no ha sido probado y que no puede presumirse, por todo lo cual requiere la revocación de su reconocimiento. En cuarto lugar se agravia se la suma fijada en concepto de daño punitivo.
Sostiene que en el caso de autos, ha quedado demostrado que la unidad de propiedad del Sr. Rabini fue revisada y reparada cada vez que así lo requirió, sin costo alguno para ella.
Señala que para que proceda la aplicación de la multa civil en concepto de daño punitivo, resulta indispensable que medie algún incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales para con el consumidor, y afirma que ello no ha acontecido en autos.
Agrega que tampoco se encuentra cumplido el elemento subjetivo, en tanto refiere que no existió actuación con “desprecio”, surgiendo de las constancias de la causa que no solo ha comparecido a estar a derecho, sino que siempre veló por solucionar los supuestos inconvenientes padecidos por la contraria.
Insiste en que no ha quedado demostrado en autos conducta alguna desplegada con menosprecio, ni muchísimo menos obrar reiterativo alguno, por lo cual entiende que jamás podría ser necesaria dicha aplicación para desalentar otros conductas de iguales características.
Continúa manifestando que no ha existido dolo, mala intención, ni enriquecimiento de su parte de mi mandante, por lo que concluye que el “motivo” y la “falta de prueba” empleada en la sentencia carece de fundamento.
En quinto lugar se agravia de la imposición de costas causídicas. Aduce que no existe conducta reprochable de su mandante, y que ello debió conducir al total rechazo de la demanda, por lo que considera que las costas deben imponerse en su totalidad a la parte actora.
V. Agravia en primer lugar a Romera Hnos. S.A. la valoración fáctica y jurídica realizada, en tanto indica que se violó las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia al incurrirse en déficit de fundamentación.
Indica que se pasó por alto determinados antecedentes de suma importancia, a saber: 1º) Que Romera Hnos. S.A. no vendió al actor el vehículo objeto del litigio; 2º) Que Romera Hnos. S.A. no tenía ninguna vinculación contractual con el actor; 3º) Que la única vinculación que tuvo Romera Hnos. S.A. con relación el actor, como consumidor, se circunscribió a los servicios que realizara en la unidad.
Aduce que se prescindió de considerar cuestiones tales como: 1º) No tomar en consideración que Romera Hnos. S.A. efectivamente llevó a cabo la reparación de la unidad; 2º) No tomar en consideración que el demandante no acreditó por ninguna vía el supuesto daño por privación de uso que alegó en su demanda; 3º) No tomar en consideración que el demandante no acreditó por ninguna vía el supuesto daño por moral que alegó en su demanda; 4º) No tomar en consideración que el actor no acreditó la comisión de supuestos actos de gravedad que justifiquen la imposición de una multa civil.
Refiere que se llegó al extremo de resolver cuestiones claves de la lítis, con su solo enunciado y sin brindar ningún fundamento, y expone que así ocurrió con dos cuestiones, a saber: 1º) Tuvo a su representada como supuesta responsable solidaria de la condena por daños y perjuicios, pasando por alto que no existe ninguna norma legal que así lo establezca (los artículos 12, 13 y 40 no extienden la responsabilidad sobre quien hubiere reparado el producto sin haberlo vendido a quien formula el reclamo); 2º) Concedió el reclamo por supuesta privación de uso, empero no brindó fundamento alguno respecto de las bases y pautas que tuvo en cuenta para justipreciarlos; 3º) No consideró que la actuación de mi mandante, en relación los hechos vinculados, se limitó a la realización de distintas reparaciones sobre la unidad, y que en consecuencia, los alcances de su eventual responsabilidad se hallaban ceñidos a los límites sentados por el artículo 23 de la ley 24.240.
Cuestiona la valoración fáctica y jurídica realizada, y agrega que todas las conclusiones a las que se arriba carecen de la más mínima relación con el resultado de las pruebas colectadas, en cuanto el sentenciante se apartó de la doctrina y jurisprudencia imperante, tanto al valorar los hechos realmente probados, como el derecho aplicable al fondo de la cuestión sometida a juzgamiento.
En segundo término sostiene que ha existido una desacertada aprehensión de la vinculación jurídica entre las partes con motivo del servicio efectuado sobre el vehículo, y una equivocada calificación jurídica de la intervención desplegada por Romera Hnos. S.A.
Refiere que el Sr. Jorge Luis Rabini no fue quien compró a Romera Hnos. S.A. la unidad Volkswagen Move UP! 1.0 MPI / 2015, y que tampoco la adquirió de ninguna otra persona (como por ejemplo de la compradora original), sino que resultó ser esposo de la titular registral, por lo que indica que la concesionaria no poseyó ninguna clase de relación jurídica de naturaleza contractual con el aquí actor.
Expone que la actuación de su representada se limitó a la realización de determinados servicios técnicos de mantenimiento programado y distintas tareas, en su condición de prestadora del servicio técnico, como concesionaria integrante de la red Volkswagen, y entiende en base a ello que bajo ninguna forma podrá regirse por las reglas de la compraventa, ni tampoco, por las normas sentadas por los artículos 10 bis, 11, 12, 13 y subsiguientes de la ley 24.240.
Considera que su actuación debió inexorablemente regirse por las normas de la locación de obra, regida por el artículo 1629 y siguientes del Código Civil -norma vigente al momento de los hechos-, o en su caso, por el artículo 23 de la ley 24.240, no pudiendo su eventual responsabilidad extenderse más allá de las prestaciones concretas que se le encomendaran. Menciona que en nada cambiarán las cosas si se juzga la situación de su representada a la luz del artículo 23 de la ley 24.240, toda vez que dicha norma no obliga a asumir responsabilidad por eventuales daños y perjuicios, sino que su obligación se limita a los alcances concretos de la tarea que ha realizado.
Considera que bajo ningún punto de vista pueden aplicarse respecto de Romera Hnos. S.A., las responsabilidades sentadas por los artículos 12, 13 y 40 de la Ley 24.240, toda vez que dichas normas jurídicas aluden exclusivamente a aquellos sujetos que han intervenido en la cadena de comercialización del producto de que se trate, de la cual su representada no ha formado parte.
Destaca que la unidad fue adquirida a Romera Hnos. S.A exclusivamente por la Sra. María Cristina Calvo Soler, sin intervención de ninguna otra persona, advierte que el Sr. Jorge Luis Rabini siempre resultó un tercero manifiestamente ajeno a la relación jurídica de naturaleza contractual originada a partir de dicha operación, y requiere en consecuencia que se declare su falta de legitimación activa.
En segundo orden aduce que en todo momento existió una plena coincidencia entre el bien ofrecido a la Sra. Calvo Soler -persona que adquirió el vehículo a mi mandante- y el que finalmente se le entregó, de manera tal que existió por parte de Romera Hnos. S.A. un cabal cumplimiento de las obligaciones a su cargo como parte vendedora, habiendo sido revisado el vehículo previamente por la usuaria, quien prestó su conformidad. Indica que prueba de ello resultan ser los instrumentos que dan cuenta de la entrega de la unidad.
En tercer lugar señala que de los antecedentes obrantes en autos no se infiere que el vehículo se hubiera visto afectado al momento de la entrega por algún vicio de tipo grave o redhibitorio, ni defectos persistentes que lo tornase impropio para su destino. Admite que si bien hubo una falla, la misma no resultó de entidad, y fue reparada en el marco de la garantía extendida por el fabricante.
En cuarto orden, aduce que dio cabal cumplimiento de las prestaciones a su cargo como concesionario encargado de brindar el Servicio Técnico.
Indica que la refacción realizada en el Servicio Técnico Oficial fue ejecutada por personal técnico idóneo, debidamente capacitado por Volkswagen Argentina S.A. y munido del herramental técnico correspondiente, ajustándose en forma cabal y permanente a cada una de las especificaciones, pautas y procedimientos dispuestos por la fabricante. Agrega que no se cobró a la usuaria la reparación del desperfecto que fue causado por falla de producto, habiéndose incluso ofrecido la cobertura de los gastos de movilidad, sin poderlo concretarlo, por omisión de la propietaria.
En quinto lugar expone que de los antecedentes expuestos y de los elementos probatorios recabados, que enuncia, se infiere sin duda alguna que en todo momento Romera Hnos. S.A. cumplió con el deber de información reglado por los artículos 42 de la Constitución de la Nacional, 38 de la Constitución Provincial y 4 la Ley 24.240.
En sexto orden aduce que de todas las pruebas producidas se infiere de modo contundente, que su representada se ha desempeñado con la más absoluta lealtad y buena fe, y describe a tal efecto las conductas desplegadas.
En séptimo lugar sostiene que no se ha demostrado que se le hubiere provocado ningún tipo de perjuicio al Sr. Jorge Luis Rabini. Señala en relación al reclamo por daños materiales, que no solo se omitió formalizar una clara, cabal y concreta fundamentación del perjuicio que se dijo haber padecido, sino que tampoco se ofrecieron pruebas serias, concordantes y conducentes que eventualmente permitiesen superar tal imprecisión, vaguedad y deficiente fundamentación.
Luego aduce que no provocó ningún daño extrapatrimonial y/o personal, y refiere que el reclamante nunca aportó ningún dato comprobable que permita acreditar la real existencia de los supuestos daños extrapatrimoniales y/o personales que dice haber padecido, y que tampoco realizó una clara, fundada y concreta descripción de tales supuestos detrimentos, sino que meramente se los enunció de una manera laxa y vacía de contenido, omitiendo cualquier tipo de precisiones y/o detalles. Agrega que en materia contractual el agravio moral solo se configura excepcionalmente, y que por ende para la procedencia de un reclamo de ese orden se requiere un detrimento que revista manifiesta gravedad, más una prueba certera y contundente respecto de su real acaecimiento.
En lo atinente al reclamo por daño punitivo, indica que la concesionaria jamás incurrió en incumplimiento contractual, ni mucho menos violó la normativa de Defensa de los Consumidores, en base a lo cual sostiene que no ha cometido la acción tipificada por la normativa aplicable como supuesto de hecho que daría motivo a la aplicación de la sanción en ella prevista.
Agrega que la figura bajo examen requiere de la concurrencia de un conjunto de elementos, tanto objetivos como subjetivos, los cuales no se presentan en la especie aquí tratada.
Destaca que no existe un requisito indispensable para la aplicación, cual es la responsabilidad del presunto infractor por incumplimiento contractual y/o por conducta abusiva.
VI. Pasaré a analizar los agravios planteados.
Ingresando al análisis de los agravios propuestos, observo que no ha sido objeto de embate la determinación del origen de la vinculación jurídica habida, en cuanto el a quo estableció que la Sra. María Cristina Calvo Soler resultó adquirente del automotor Volkswagen Move Up, 0 km. dominio OUH737, habiendo sido el mismo utilizado por su cónyuge, como integrante del grupo familiar o social, Sr. Jorge Luis Rabini (arts. 163, 164, 260 y ccdtes. del CPC).
En iguales condiciones, se encuentra incontrovertido el encuadre jurídico establecido por el Juez de grado, quien ha señalado que el reclamo se inserta en el marco de un contrato de venta de un vehículo (cosa mueble no consumible) adquirido como destinatario final para uso privado, familiar o social, y que ello importa una relación regida por las normas del derecho del consumo, en este caso subsumida en el régimen establecido por la ley nacional nro. 24.240 y provincial nro. 13.133, receptados actualmente en los arts. 1092 y sstes del Código Civil y Comercial.
De acuerdo a esto último, la constitución de la relación y los efectos ya producidos al momento de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (Ley 26.994) serán analizados de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240, texto según Ley 26.361) y al Código Civil derogado (Ley 340), mientras que los efectos no producidos a dicha oportunidad son abarcados por la nueva ley, atento su aplicación inmediata (arg. art. 7 del CCyC; v. Aída Kelmemajer de Carlucci, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", 1era. edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 63).
Con sustento en estas premisas iniciales me abocaré a continuación al tratamiento específico de las críticas brindadas por los aquí intervinientes, a cuyo fin, abordaré inicialmente y de manera conjunta las orientas a cuestionar la determinación de responsabilidad, para luego ingresar al tratamiento de las dirigidas a variar la recepción de los rubros indemnizatorios y el daño punitivo.
VI.a. Análisis de las críticas orientadas contra la atribución de responsabilidad. Agravios propuestos por Volkswagen Argentina S.A. y Romera Hermanos S.A:
Ingresando a este punto de la crítica, es posible observar que Romera Hnos. S.A. pretende desligarse de la responsabilidad que se le ha atribuído, sosteniendo que la única vinculación que tuvo con el actor se circunscribió a los servicios que realizara en la unidad en su carácter de prestadora del servicio técnico como concesionaria integrante de la red Volkswagen y que en su caso su eventual responsabilidad se halla regida por las normas de la locación de obra o ceñida a los límites sentados por el art. 23 de la ley 24.240, no existiendo precepto legal que establezca su responsabilidad solidaria. Así también aduce que cumplió con las obligaciones a cargo del vendedor, que el vehículo no se vio afectado por vicios que lo tornen impropio para su destino, que dio cabal cumplimiento con las prestaciones a su cargo como prestadora del servicio técnico, que cumplió con el deber de información y que actuó con lealtad y buena fe. Por su parte, Volkswagen Argentina S.A. sostiene en su crítica que no fue prolongado el tiempo en que se realizó la reparación y que se cumplió con la misma dentro del plazo previsto en la garantía otorgada. Así, a los fines de brindar una adecuada solución a las críticas propuestas, considero que resulta dirimente determinar inicialmente la participación que Romera Hnos. S.A. ha tenido en la operatoria que hoy nos ocupa.
En tal sentido, advierto que existen suficientes elementos en la causa que permiten afirmar que la firma Romera Hnos. S.A. no sólo fue la encargada de brindar el servicio de garantía, sino que además resultó la concesionaria vendedora de la unidad.
Tal calidad surge claramente de lo asentado en la factura de compra glosada por Romera Hnos. S.A. a fs. 139, de la nota de entrega de fs. 140/141, de la copia de la orden de reparación glosada por la accionante a fs. 10 (cuyo original ha sido aportado por Romera Hnos. S.A. a fs.122) y así también del cuadernillo del "Plan de Asistencia Técnica" aportado por la actora a fs. 65/66 (arts. 375, 384, 385 y ss. del CPC).
De esta manera, resultando inequívoco que Romera Hnos. S.A.
participó en el circuito de comercialización, deviene responsable de asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos en los términos reglados por los arts. 12 y 13 de la ley 24.240, dado que dicha sociedad ha formado parte junto a la fabricante Volkswagen Arg. S.A de la llamada "cadena de valor" que preceptúa la norma, que comprende a los intervinientes y beneficiarios del ciclo que culmina en la comercialización del producto o servicio (v. "Ley de Defensa del Consumidor. Comentada. Anotada. Concordada", Dirección Carlos E. Tambussi, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2017, pág. 275/276).
Cabe mencionar que el art. 12 de la ley 24.240 establece que "Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos", mientras que el 13 del citado cuerpo legal preceptúa que "Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11". En lo que respecta a la extensión de responsabilidad de brindar un adecuado servicio técnico y el suministro de partes y repuestos, se sostuvo que "...conforme el artículo 13 de la ley 24.240, los sujetos obligados solidariamente son tanto los fabricantes, importadores, productores y distribuidores como el cocontratante directo (vendedor) frente al consumidor o usuario. El legislador en este tema se aparta claramente del principio de eficacia relativa del contrato. Ello así, porque el deber de calidad-adecuación grava indistintamente a todos los partícipes de la cadena de circulación de bienes sin circunscribirse necesariamente a la existencia de un vínculo contractual directo. Esto posibilita al consumidor el ejercicio de las acciones derivadas de esa garantía contra su cocontratante o, directamente, contra los demás integrantes del circuito económico. La fuente de la obligación es legal..." (Cám. Civ. y Com. San Nicolás, causa 11.081, sent. del 29/V/2014, in re "Rossi c/ Ford S.C.A. s/ Daños y Perjuicios”).
Igual extensión de responsabilidad se desprende del art. 40 de la ley 24.240, que estatuye una verdadera obligación de seguridad a cargo de los integrantes de la cadena de comercialización (que ha sido calificada como un deber de resultado o fines), siendo solidariamente responsables frente de los daños e incumplimientos que sufra el consumidor.
A partir de estas razones, no advierto mérito para excluir a Romera Hermanos S.A. de la responsabilidad que se le endilga, en tanto es evidente que la misma forma parte de la cadena de comercialización, junto a Volkswagen Arg. S.A., viéndose por tanto ambas empresas comprendidos dentro de los sujetos solidariamente obligados a brindar un adecuado servicio técnico y la provisión de repuestos y partes.
La aludida extensión de responsabilidad no se modifica en nada por haberse facturado la venta del automotor a favor de la Sra. Soler Calvo, dado que la misma es la cónyuge del actor, habiendo este último utilizado el vehículo como consecuencia de esa relación de consumo y en carácter de integrante del grupo familiar o social de su cónyuge, teniendo en tal virtud legitimación activa para accionar, de acuerdo a lo reglado por el art. 1 de le LDC y 1092 del CCyCN. Esto último ha sido plasmado por el a quo en su decisorio (ver considerando II del pronunciamiento recurrido), sin que haya sido objeto de una crítica concreta y razonada por parte de los apelantes, de lo que sigue que el actor de autos se encuentra habilitado para reclamar en el carácter indicado (arts. 260 del CPC, art. 1 de le LDC y 1092 del CCyCN). Ahora bien, habiéndose clareado que ambas accionadas, por su condición de comercializadoras del vehículo, resultan solidariamente responsables de asegurarle al actor un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos, corresponde indagar si el tiempo que insumió la reparación importa un incumplimiento de tales exigencias. En tal labor, observo que el Perito Ingeniero Mecánico Roberto Carro ha identificado la avería sufrida por el rodado y ha establecido el tiempo que insume la reparación, al dictaminar que "De acuerdo con los datos antes mencionados y no negados por la concesionaria, el vehículo sufre por rotura de los sellos del conjunto árbol de transmisión en la junta homocinética la perdida del lubricante(grasa) que lleva ese punto y para el cual este sellado. Esto produce fisuras en la junta y que esta deba reemplazarse a la brevedad" (respuesta al punto pericial 1), y que "Disponiendo de los repuestos, la realización de este trabajo puede demandar un día de trabajo de una concesionaria oficial." (respuestas al punto pericial 3; informe pericial presentado electrónicamente en fecha 16/6/2019).
Conjugado con lo anterior, se extrae de la orden aportada por Romera Hnos. S.A. a fs 122 que el automotor fue entregado a la concesionaria para su reparación el día 24/11/2015, y retirado el día 12/1/2016, es decir, luego de un plazo de 50 días.
Como puede advertirse, los aludidos elementos justifican que insumió 50 días una reparación que debía llevarse a cabo en 1 día de trabajo (arts. 375, 384, 385 y ss., 474 y ccdtes. del CPC).
Si bien Volkswagen pretende justificar la demora, haciendo alusión a que la reparación se realizó dentro del plazo previsto en la garantía otorgada, de 120 días hábiles conforme lo consignado en el apartado "Alcances de la garantía" incluído en el cuadernillo "Plan de Asistencia Técnica - Garantía" obrante a fs. 65, adelanto que a mi entender, esta última cláusula desnaturaliza en el caso en concreto la obligación legal que preceptúa el art. 12 de la ley 24.240, que exige asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos, viéndose notoriamente abusivo el ejercicio del derecho resultante de la misma.
Contextualizando esta afirmación, debe recordarse que en el sub lite se encuentran comprendidas normas de orden público, como son los derechos de los consumidores y usuarios, regulados por la ley 24.240, y si entran en conflicto con la voluntad autónoma de los particulares, ésta última cede ante aquéllos.
Se ha dicho en tal sentido, que "si bien un sector de los negocios jurídicos se encuentra regulado por la autonomía de la voluntad, cuando se trata de la libertad de los particulares, ésta no es absoluta y se detiene cuando enfrenta el “orden público”, o sea ese conjunto de principios superiores del ordenamiento jurídico que no podrá quedar relegado en alguna medida por el arbitrio de los individuos" (Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, T. I, pág. 145).
En igual dirección nuestro máximo Tribunal provincial ha resuelto que "...Entiéndase que una vez configurada la relación de consumo, ésta tiene carácter de orden público. El art. 3 en coordinación con el artículo 65 de la ley 24.240 establece la preeminencia del régimen tuitivo y su carácter de orden público, de allí que ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o procesales, entre estos últimos lo relativo a la distribución de las cargas probatorias y las presunciones emergentes de la ley especial" (SCBA, C 117760, sent. del 01/04/2015).
Es decir, el contrato celebrado en el marco de una relación de consumo debe interpretarse siempre en protección del consumidor como débil jurídico de la relación (argto. art. 37 de la ley 24.240), y si el mismo entra en conflicto normativo con la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial, la Constitución Nacional y/o los Tratados Internacionales, deben prevalecer estos últimos por tratarse de normas de orden público que no pueden dejarse sin efecto por convenciones privadas (arts. 19, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 15 de la Constitución Provincial, 8 del Pacto de San José de Costa Rica).
Efectuando una precisión del concepto de cláusulas abusivas, cabe señalar que la ley del consumidor no contiene un concepto de las mismas, el que se extraía del art. 37 del Decreto 1798/94, de fecha 13/10/1994, reglamentario de la ley 24.240, que consideraba como “términos o cláusulas abusivas las que afectan inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones de ambas partes”. Se expuso al respecto que “La fórmula pone el acento en el resultado práctico del contrato, es decir en la alteración del equilibrio de la ecuación económica del contrato” (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis “Principios generales de calificación de la cláusula abusiva en la ley 24.240”, La Ley 1994-C, 918). Por su parte, el Código Civil y Comercial dispone que las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y de consumo son aquellas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, importan una renuncia o restricción a los derechos del adherente o no son razonablemente previsibles, y se encuentran sujetas a control judicial aun cuando cuenten con aprobación administrativa (arts. 988, 989, 1122 del CCyC).
Específicamente en los contratos de consumo, resulta abusiva la cláusula que habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por defecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor (arts 1092 y ss. y 1119 del CCyC), entendiéndose por desequilibrio significativo a aquel que de manera directa o indirecta, inmediata o mediata, haga superar de manera notable las ventajas del proveedor en perjuicio de los derechos del consumidor” (v. Barocelli, Sergio Sebastián, “La problemática de las cláusulas abusivas en las relaciones de consumo y el Código Civil y Comercial”, RCCyC 2016, mayo, 5 de mayo de 2016, pág. 235).
Enfocado en lo anterior, considero que en el sub examine un plazo pre-establecido de reparación de 120 días hábiles desnaturaliza la obligación de brindar un adecuado servicio técnico y de proveer partes y repuestos, por tratarse de un plazo irrazonable y desproporcionado ante la naturaleza de los trabajos a realizarse, resultando en consecuencia abusiva dicha cláusula, lo que conlleva a su declaración de nulidad (art. 1198 del CC; arts. 11, 12, 13 y 37 de la ley 24240; arts. 7, 988, 989, 1092, 1093, 1094, 1095, 1117, 1119, 1122 y ccdtes. del Código Civil y Comercial). Entiéndase que no puede equipararse cualquier reparación a los efectos de que se torne operativo el plazo previsto en la cláusula, en tanto en casos como el de autos, en que los trabajos insumían tan sólo un día, la cláusula no guarda relación de proporcionalidad con la tarea a desarrollar, ni es compatible con la naturaleza de la garantía involucrada, ni menos aún con las exigencias previstas en el art. 12 de la ley 24.240.
Resulta llamativo que las empresas que comercializan vehículos cero kilómetro no tengan los repuestos necesarios para su adecuada reparación, lo que se evidencia a poco de observar que ha sido el propio Jefe de Servicio de Romera Hnos. S.A. quien ha testimoniado que la pieza necesaria no se encontraba en stock en fábrica (conf. declaración producida por el Sr. Juan Antonio Marchisio (ver acta obrante a fs. 200 y cd glosado a fs. 201; arts. 375, 384, 456 y ccdtes. del CPC).
Desconozco los motivos de la carencia de repuestos apuntada, pues ello no surge de la causa. Puedo inferir que se encuentra motivada en una disminución de inversión de recursos, entre otras circunstancias, pero en cualquier caso, las consecuencias adversas de tal carencia no pueden trasladarse al consumidor.
No digo que la cláusula de mención resulta abusiva de manera intrínseca o per se, en tanto podrían existir reparaciones que justifiquen el plazo pre-establecido, pero advierto que en este supuesto el tiempo de referencia desnaturaliza en concreto las obligaciones legales de brindarle al actor un adecuado servicio técnico y el suministro de parte y repuestos, teniendo en consideración que la reparación podría haberse llevado a cabo en horas.
Téngase en cuenta además que se trata de un contrato con cláusulas predispuestas, en que el contenido contractual ha sido determinado anteriormente por uno solo de los contratantes, debiendo el otro adherir y aceptar las condiciones previamente estipuladas si desea formalizar la relación jurídica.
Además, es menester recordar que la aplicación de la ley 24.240 no precisa solicitud de parte, sino que la misma debe aplicarse de oficio en pos de salvaguardar derechos o garantías de carácter constitucional, como las que establece el artículo 42 de la Carta Magna. Máxime, cuando el legislador tuvo por objetivo acordar el carácter de orden público a la mentada ley, a fin de proteger a quienes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.
Desde otro ángulo, pondero en especial que las demandadas no cumplieron con la carga argumentativa de fundar la razonabilidad de una cláusula sospechosa de abusividad como la que se viene analizando, lo cual entiendo que resultaba ineludible ante el reclamo formulado, que denota que ha existido un apartamiento injustificado del standart o modelo de razonabilidad, habiéndose producido una alteración grave y significativa en los derechos del consumidor en beneficio del proveedor.
Conforme lo hasta aquí expuesto, se impone colegir que el derecho que confiere la cláusula en análisis desnaturaliza en el caso en concreto la obligación legal que preceptúa el art. 12 de la ley 24.240, viéndose notoriamente abusiva, siendo por tanto inválida a los efectos de marras (art. 1198 del CC; arts. 11, 12, 13 y 37 de la ley 24240; arts. 7, 988, 989, 1092, 1093, 1094, 1095, 1117, 1119, 1122 y ccdtes. del Código Civil y Comercial; arts. 19, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 15 de la Constitución Provincial, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, ley 24.240). De allí que, en definitiva, siendo patente una dilación injustificada en el desarrollo de las tareas de reparación del rodado, que no queda amparada válidamente por el tiempo previsto en la cláusula pre-establecida en el manual de garantía, coincido plenamente con lo resuelto por la a quo en lo que aquí respecta, quien ha determinado que el reclamo se inserta en los supuestos previstos por los arts. 11,12 y 13 de la LDC, debiendo ambas demandadas -en tanto integrantes de la cadena de comercialización y distribución de la cosa- responder solidariamente por los daños que el cumplimiento tardío de su obligación de garantía hubieran ocasionado al consumidor (art. 1198 del CC; arts. 11, 12, 13 y 37 de la ley 24240; arts. 7, 1092, 1093, 1094, 1095, 1117, 1119, 1122 y ccdtes. del Código Civil y Comercial).
En lo demás, resultan irrelevantes para modificar esta conclusión las restantes alegaciones efectuadas por Romera Hnos. S.A. (relativas al cumplimiento con el deber de informar, a su actuar leal y de buena fe, etc.), en tanto ninguna tiene incidencia para repeler los argumentos vertidos precedentemente, que denotan que dicha sociedad participó en la cadena de comercialización junto a Volkswagen Arg. S.A., que el actor de autos se encuentra legitimado para efectuar el presente reclamo por formar parte del grupo familiar de la Sra. Soler, y que existió una dilación injustificada en el desarrollo de las tareas de reparación del rodado.
Así pues, concluyo que las consideraciones y valoraciones efectuadas conllevan inexorablemente a la desestimación de las críticas intentadas por Volkswagen Arg. S.A. y Romera Hnos. S.A. en lo que aquí ha sido materia de agravio, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
Habiéndose desechado ut supra las críticas direccionadas contra la atribución de responsabilidad, corresponde continuar con las orientadas a rebatir la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios y el daño punitivo, labor que desarrollaré en los acápites subsiguientes. VI.b) Análisis de las críticas orientadas contra la procedencia y cuantificación del rubro daño a las afecciones legítimas espirituales (daño moral). Agravios propuestos por todos los intervinientes:
En la tarea revisora de esta parcela de la sentencia, considero menester comenzar por señalar que la doctrina especializada ha explicado sobre el tópico que "en el daño moral hay una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de las capacidades de entender, de querer y de sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial..." (Alberto J. Bueres, "Derecho de Daños", Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs.As., 2001, pág. 306).
En aras de cuantificar este daño y a los fines de desentrañar la verdadera incidencia que el mismo produjo en el damnificado, el derecho procura una reparación de compensación satisfactoria (Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G., Compendio de Derecho de Daños, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, p. 220).
En efecto, la indemnización por este rubro no procura hacer desaparecer el menoscabo espiritual, ni pretende lograr que el damnificado pueda ser emplazado a una situación previa al evento dañoso, sino que simplemente persigue otorgar una satisfacción o goce o placer en la faz anímica del damnificado que guarde razonabilidad y proporcionalidad con el padecimiento experimentado (argumento arts. 7, 1711, 1726 y ccdtes. del CCyC).
Se ha reseñado en tal sentido que "En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba "el precio del dolor" para aceptarse que lo resarcible es el "precio del consuelo" que procura "la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, "obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales" (Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado". T. VIII, arts. 1614 a 1881, 1era ed. Santa Fe. Rubinzar - Culzoni, 2015, pág. 503; ver CSJN, 4-12-2011, "Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros", R. C. y S. 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M. Galdós).
Es decir, se trata de satisfacer a la víctima más que de compensarla en términos de equivalencia (conf. Pizarro, Ramón D., "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 385), habiéndose señalado al respecto que "dicha satisfacción es brindada generalmente mediante una indemnización económica que le permita al damnificado adquirir bienes o servicios que son en definitiva los que producen el placer resarcitorio, ya que el dinero en sí mismo es papel y sólo tiene valor como instrumento de cambio" (Marcellino, Leonardo, "Valoración y cuantificación de la indemnización del daño extrapatrimonial", en "Revista de Derecho de Daños. Responsabilidad por daño no patrimonial", ed. Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 428).
No resulta ocioso mencionar, además, que el CCCN unifica expresamente la responsabilidad civil contractual y extracontractual (arg. art. 1716), de manera tal que cualquiera sea la fuente del deber de reparar el daño, la responsabilidad se rige, en principio, por las mismas reglas (ver Picasso, Sebastián,”La unificación de la responsabilidad civil en el Proyecto de Código Civil y Comercial unificado”, Infojus, Revista Derecho Privado. Año I, N°3. Ediciones Infojus, p. 33).
Corresponde señalar, asimismo, que el presente rubro debe ser analizado teniendo en consideración que entre las partes existe una “relación de consumo” (argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N° 154.916 “Amaya, María Antonia c/ BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 03-12-2013).
Siendo así, debe dejarse de lado el criterio restrictivo en la ponderación de la prueba del daño moral cuando, como en el caso de autos, nos hallamos frente al reclamo efectuado por un consumidor quien por su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo por deficiencias del producto o servicio prestado por el proveedor, se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones ya sea patrimoniales o informativas para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido (argto. doct. esta Cámara y Sala en la causa N°153.582 “Pastore, Mabel Ramona c/ Bco. Columbia S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 10-07-2018; esta Cámara y Sala en la causa N°156.786 “Galera Laferrere, Ándres Alfredo c/ AMX Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 04-08-2014; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul, Sala II, en causa N° 57.494 “Rossi, Laura Viviana c/ Whirlpool Arg. S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 11-06-2013; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul en la causa N°214 “Boragno, Cristian c/ Dragoun, Jorge y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 09-09-2004).
A partir de lo anterior y luego de haber examinado desde esta óptica el reclamo articulado, de manera integral con las circunstancias particulares del caso y la función de sustitución satisfactoria del rubro, adelanto que este parcial debe elevarse, teniendo en consideración las particulares circunstancias demostradas en la causa (arts. 163, 164, 165, 375, 384, 424 y ss., 456, y 474 y ss. del CPC; art. 11, 13, 17 y ccdtes. de la ley 24.240 y modif.; arts. 1068, 1069, 1078, 1083 y conc. del Código Civil y arts. 7, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación). Para arribar a tal conclusión, debo señalar inicialmente que en el caso la entidad del padecimiento espiritual del accionante surge inmediatamente de los hechos analizados, ponderando el cúmulo de vicisitudes que tuvo que atravesar el Sr. Jorge Luis Rabini frente a la falta de solución en tiempo adecuado de los desperfectos existentes en el rodado objeto de autos y los sinsabores propios que significan concurrir reiteradamente en pos de una reparación que se prolongara injustificadamente en el tiempo, atendiendo a la natural frustración e impotencia que estos hechos generan (arts. 375, 384, 385 y ss., 456 y ccdtes. del CPC).
Resulta esclarecedor a tal efecto las declaraciones testimoniales producidas, en tanto el Sr. Gerardo Perez describe las molestias sufridas por el actor al verse privado de su vehículo, haciendo mención a que lo usaba cotidianamente, que viajaba con asiduidad a la ciudad de Buenos Aires a visitar a sus hijos, y que era necesario que lo llevaran y lo fueran a buscar a su domicilio en variadas oportunidades (ver acta obrante a fs. 200 y cd glosado a fs. 201; arts. 375, 384, 456 y ccdtes. del CPC).
A igual destino arribo luego de analizar la declaración testimonial producida por el testigo, en tanto el Sr. Daniel Nicolao refiere que el actor se quejaba de la situación, estaba molesto, y que lo tenían que pasar a buscar en variados encuentros que tenían (ver acta obrante a fs. 200 y cd glosado a fs. 201; arts. 375, 384, 456 y ccdtes. del CPC).
Conjugado con lo anterior, observo que el instrumento glosado a fs. 9 da cuenta que la demora en la reparación ha llegado al extremo de llevar al Sr. Rabini a reclamar de manera directa al fabricante la provisión del repuesto necesario para la reparación, permitiendo ello inferir que han existido variados reclamos previos a la concesionaria sin respuesta satisfactoria. Es que nadie que lleva un vehículo para su reparación a la concesionaria reclama de manera directa a la fabricante, sino después de haber intentado de manera infructuosa ante la primera de las mencionadas (art. 384 del CPC).
Véase que este instrumento ha de considerárselo auténtico por no haber sido desconocido por las accionadas, habiéndose dejado constancia de ello en la audiencia preliminar de la que da cuenta el acta obrante a fs. 175/177 (arts. 354 inc 1, 163 inc. 6, 164 y ccdtes. del CPC).
Es por todo lo expuesto que considero que el suceso sufrido, con las características aquí descriptas, permite determinar que existe una perturbación espiritual relevante a los efectos de sustentar la procedencia y elevación de este rubro, a raíz de los sufrimientos, molestias, angustias o incertidumbres padecidos, que escapan a la noción de simples molestias o inconvenientes (arg. arts. 165 y 384 del CPC).
Por su parte, a diferencia de lo sostenido por las accionadas, considero que el reclamo de este parcial (ver en especial punto 5.1 del escrito de inicio) no contiene imprecisiones que generen su rechazo, en tanto permite deslindar claramente los hechos en que se sustenta, así como también la extensión de la pretensión (art. 330 inc. 3 del CPC). En definitiva, considero que los elementos probatorios descriptos demuestran que el suceso ha tenido directa incidencia en la esfera extrapatrimonial en estudio, lo que conjugado con la función compensatoria del rubro, me lleva en definitiva a establecer -en utilización de las facultades conferidas a la suscripta por el art. 165 del CPC- que el presente debe elevarse, tal como ha requerido el accionante, fijándose por tal concepto la cantidad de $ 150.000 a "valores actuales" (léase que el rubro se eleva $ 110.000) (art. 11, 13 y 17 de la ley 24.240 y modif.; arts. 1078, 1083 y cdtes. del Cód. Civil, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 165, 362, 375, 384, 456, 474 y ccdtes. del CPC).
Ello, claro está, con más los intereses fijados en la Instancia de origen, de cuya aplicación no encuentro mérito para apartarme, en tanto responde a la doctrina legal establecida por la Suprema Corte de Justicia Provincial a partir de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV- 2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), en donde se ha resuelto que cuando la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, más cercanos a lo que habría de entenderse como valor actual de lo debido, resulta congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación con todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro (entendiéndose en el caso que la del 6% anual resultaba ajustada y equitativa); es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes (e.o., la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, producto del fenómeno inflacionario) (v. SCBA, causa 123271, sent. de fecha 31/03/2021, in re "Brizuela, Rubén Matías c/Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I.E.I. y otros. Daños y perjuicios. Autom. c/Les. o Muerte". Es menester especificar, que a diferencia de lo sostenido por Volkswagen Arg. S.A. en su memorial, resulta procedente estimar los rubros indemnizatorios a "valores actuales", conforme habilita nuestro máximo Tribunal Provincial in re "Scandizzo" (entre otros, a cuyos fundamentos me remito), al importar una adecuación del valor a la realidad económica del momento en que se pronuncia el fallo, no viéndose que corresponda realizar distingo alguno en relación al presente parcial indemnizatorio. Dígase además que tal proceder supera la aludida desvalorización que menciona el actor en su escrito recursivo (conf. SCBA LP C 120192 S 07/09/2016, in re "Scandizzo de Prieto, Julia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios"; SCBA LP C 119449 S 15/07/2015, in re "Córdoba, Leonardo Nicolás contra Micheo, Héctor Esteban y otro. s/ Daños y perjuicios", entre otros).
Asimismo, corresponde aclarar que la facultad de precisar sólo estimativamente el monto del perjuicio condicionado “a lo que en más o en menos resulte de la prueba” o fórmula similar, puede ser ejercitada en los casos en que resulta razonable entender que el interesado no se encuentra en condiciones de denunciar su pretensión de manera precisa, ya sea por carecer de conocimientos técnicos o en razón de no contar con los elementos del caso (art. 330 in fine C.P.C.; argto. jurisp. esta Cámara, Sala I, causa N° 153803 RSD 193/13 del 28/8/2013).
Nuestro Máximo Tribunal Provincial se ha expedido sobre el tópico, expresando que "tal expresión de estilo es incorporada a los escritos de inicio de los procesos en los que se reclama indemnización con el evidente propósito de sujetar la cuantía de la eventual suma condenatoria a las resultas de la prueba a producirse. Ningún impedimento legal existe para que así se peticione, por tanto no infracciona el principio de congruencia el pronunciamiento que en tales condiciones fija una suma dineraria mayor o menor a la estimada tentativamente en la postulación liminar" (argto. jurisp. SCBA C. 99055 del 7/5/2014). Y concluye, "Esta Corte tiene dicho que no media infracción legal aun cuando la sentencia otorgue una indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en ésta quedó aquélla librada a lo que, 'en más o en menos', resulte de la prueba (art. 163 inc. 6, C.P.C.C.; conf. Ac. 81.476, sent. del 23-IV-2003)" (argto. jurisp. ut supra cit.). En tales condiciones se erige la facultad judicial de fijar una suma dineraria mayor o menor a la estimada sin afectar el principio de congruencia, debiéndose apreciarse además que tal prevención se encuentra profundamente enraizada con el principio de reparación integral en materia de daños materiales y morales, constituyendo una herramienta de resguardo del derecho constitucional de propiedad (arts. 1083 del Cód. Civil, art. 7 del CCyC, 165 del C.P.C., y 19 de la Constitución Nacional; argto. jurisp. CSJN in re "Aquino Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A.", sent. del 21/9/2004, MJJ34650; "Ferreyra Gregorio P. c. Mastellone Hnos. S.A.", sent. del 28/6/2005, MJJ63100; doct. Miguel E. Rubín, "El principio de la reparación integral y la actualización de los valores de condena en la Argentina de hoy", MJ-DOC-6935-AR - MJD6935).
En el caso de autos, puede advertirse que la parte actora ha actuado con sujeción a los precedentes citados, dado que ha supeditado el reclamo a la determinación final (a través de la fórmula "o lo que en más resulte de las pruebas a producirse en autos..."; v. fs. 11), habiéndose de esta manera posibilitado ampliamente la bilateralidad de la pretensión y asegurado el debido proceso con audiencia, igualdad y garantía plenas (arg. art. 163 inc. 6 del CPC; argto. jurisp. esta Cámara, Sala I, causa N° 153803 RSD 193/13 del 28/8/2013).
Conforme lo precedentemente expuestos, corresponde modificar este parcial del decisorio, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
VI.c. Análisis de las críticas orientadas contra la procedencia y cuantificación del rubro daños materiales por privación de uso. Agravios propuestos por la totalidad de los intervinientes:
Ingresando al análisis de este parcial, es necesario destacar que la simple privación del vehículo por el tiempo que insume su reparación constituye un perjuicio, pues obviamente el mismo facilita los desplazamientos y para reemplazarlo en condiciones similares es necesario incurrir en gastos.
Cabe referir que la no disponibilidad del vehículo determina la producción de un daño que se verifica cuando se demuestra o es presumible que el damnificado ha debido recurrir a medios de transporte sustitutivos para reemplazar la función que desempeñaba el vehículo propio (argto. doct. Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños- Daños a las personas" - T. I, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs. As., 1993, pág. 91). Dichos daños producidos por la privación de uso del rodado deben ser indemnizados aunque no se aporte prueba del perjuicio, pues se presume, en principio, que quien tiene un vehículo lo usa para llenar una necesidad y contribuir al desarrollo de sus actividades no sólo laborativas, sino también de la vida en general (art. 165 del C.P.C.; argto. jurisp. esta Cámara, Sala II, causa N° 74378 RSD 387/89 del 7/11/1989, 74425 RSD 373/89 del 26/10/1989, 96270 RSD 45/96 del 29/2/1996).
En tal sentido, la indemnización por privación de uso no exige la demostración de la utilización de otros medios de transporte para que proceda su acogimiento, pero la liberación de la carga probatoria propuesta sólo puede referirse a aquellos supuestos en los cuales el solicitante de dicho rubro indemnizatorio alega que ha debido acudir a otros medios de locomoción durante el tiempo razonable que demande la sustitución del vehículo por otro (esta Sala, causa N° 156163 RSD 142/14 del 8/7/2014; este Tribunal, Sala I, en autos: "Pradera Alberto Juan C/ Elgueta Alonso S. Daños y Perjuicios", causa N° 139.439 del 7/4/2009"; Cám. Civ. y Com. I, La Plata, Sala III, causa N° 239088 RSD 47/2 del 18/4/2002, Cám. Civ. y Com., Sala II, Azul, causa N° 39300 RSD 53/98 del 19/5/1998).
Ello así porque se supone, a manera de presunción iuris tantum, que si se trata de un vehículo particular, el mismo era usado diariamente por el accionante, para trasladarse, realizar actividades de esparcimiento, etc. Como bien dice Zavala de González, es ajustado a pautas de razonabilidad, que la víctima que sufre la paralización de su actividad a raíz de la privación del automotor, en tanto sea posible, recurra a resortes sustitutivos que permitan la continuidad cotidiana de la vida (Matilde Zavala de González, "Daños a los automotores" - T. I, Ed. Hammurabi, Cdad. Bs. As., 1989, pág. 129).
En definitiva, si lo pedido en el rubro "privación de uso" se acota al daño emergente provocado por la necesidad de reemplazar el vehículo de uso particular por otros medios de transporte, entiendo que debe presumírselo salvo prueba en contrario aportada por la otra parte (vgr. si ésta demuestra que posee otro vehículo a su disposición que le permite sustituir al que se encuentra en reparación, entre otras posibles circunstancias).
En el caso bajo examen, el actor sustentó su reclamo de "privación de uso" en gastos por sustitución del medio de locomoción (conf. fs. 14), por lo que la presunción aludida juega en su favor y, ante la falta de prueba que indique lo contrario, corresponde confirmar la procedencia del rubro bajo análisis (art. 375, 384 y ccdtes. del CPC).
Es así que se infiere la imposibilidad lógica temporánea de trasladarse en el vehículo, así como también la necesidad de acudir a medios de transporte sustitutivos para reemplazar la función que desempeñaba el rodado, amén que ello ha sido descripto por los testigos Daniel Nicolao y Gerardo Perez en la audiencia de la que da cuenta el cd obrante a fs. 201 (arts. 375, 384, 456).
Por su parte, observo una carencia de elementos de prueba que contrarresten la inferencia del daño y su cuantificación, habiéndose limitado las accionadas a realizar meras negativas, que resultan ineficaces a tales fines. En iguales condiciones, no observo que el actor haya aportado elementos que permitan inferir la efectivización de una erogación mayor a la establecida por la a quo, ni argumentos conducentes para ello (arts. 374, 384 y ccdtes. del CPC).
A partir de estos elementos, la inexistencia de otros elementos de valoración, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 165 del ordenamiento ritual, concluyo que no encuentro motivos atendibles que justifiquen desechar la procedencia de este parcial, ni una justipreciación disímil a la realizada por la Jueza de grado, debiéndose consecuentemente proceder a su confirmación, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 1083 y cdtes. del Cód. Civil, 1737/1740 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 165, 26, 267,362, 375, 384, 474 y ccdtes. del CPC). VI.d) Análisis de las críticas direccionadas contra la procedencia y cuantificación del daño punitivo. Agravios propuestos por la totalidad de los intervinientes:
Ingresando a este punto de la crítica, considero menester comenzar por recordar que el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor conceptualiza el daño punitivo, edictando que “…Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan…La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley…”.
Asimismo el art. 47 en su inciso b) establece “…Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)…”. Esteban Centanaro sostiene que “…Se trata de una figura del derecho anglosajón, que consiste en una multa civil que el consumidor puede obtener y cuyo importe no guarda relación con el daño que ha sufrido. El objeto de este instituto es impedir que el proveedor siga vendiendo un producto que genere perjuicios, estimando que resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad, por lo que se le otorga al Juez la facultad de aplicarlo o no en el caso concreto y graduarlo conforme la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. El daño punitivo tiende a ser ejemplificador a los efectos de que otros proveedores no incurran en nuevos incumplimientos…” (Centanaro Esteban, “Contrato y relación de consumo: actualidad en torno a las últimas modificaciones legislativas” en Estudios de derecho civil con motivo del Bicentenario, dirigido por Conte Grand, Julio, De Reina Partiere Gabriel, El Derecho, Buenos Aires, 2011; Centanaro Esteban, Dresdner Geraldine, Debrabandere Carlos, Martín Riva Juan “El daño punitivo en la ley de defensa del consumidor y su incorporación a la reforma del Código Civil y Comercial: una visión crítica” publicado en DJ31/07/2013,1; Farina Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, pág. 228, 556 y ss.; Junyent Bas Francisco, Barrista Andrés Federico, Garzino María Constanza, ”Destinatarios de la multa en el daño punitivo", publicado en La Ley 01/03/2013, 1; Barocelli, Sergio Sebastián, “Incumplimiento del trato digno y equitativo a consumidores hipervulnerables y daños punitivos: la Suprema Corte de Buenos Aires confirma su procedencia” publicado DJ29/05/2013,3; Falco, Guillermo E. “Cuantificación del daño punitivo”, publicado en La Ley 23/11/2011; Rinessi Antonio Juan, Rey de Rinessi Rosa “Naturaleza Jurídica del Daño Punitivo”, Revista de Derecho de Daños, editorial Rubinzal-Culzoni, 2011-2).
En definitiva, el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor es una norma de alta complejidad y requiere para su aplicación la conjunción de varios elementos: a) Una relación de consumo; b) Un proveedor que incumpla con su obligación legal o contractual; c) Un consumidor damnificado; d) Un proceso judicial en el cual el consumidor damnificado reclame el daño punitivo; y e) Un juez que acoja favorablemente la petición. Faltando alguna de ellas, el instituto de los daños punitivos no opera. Dentro de este marco teórico, adelanto que corresponde -con los alcances que aquí se disponen- admitir la crítica propuesta por el actor y desechar la propuesta por las accionadas.
En efecto, se advierte en el caso una conducta claramente reprochable, que se ubica en la falta de respuesta satisfactoria ante los desperfectos habidos, específicamente motivada en una demora injustificada en la reparación que se generó a partir de la carencia en stock del repuesto necesario.
A tal efecto me remito a lo analizado en el considerando "VI.a" del presente, donde se estableció que las empresas accionadas han adoptado injustificadamente una actitud al extremo dilatoria y especulativa en lo atinente a la efectivización de la garantía, violentando las legítimas expectativas del consumidor o usuario.
Resulta reprochable que la empresa vendedora y/o la concesionaria encargada del "service oficial" no cuenten con los repuestos necesarios para efectuar las reparaciones de los vehículos que comercializan, siendo evidente el beneficio económico habido a raíz de tal accionar.
Es posible apreciar que a consecuencia de los hechos descriptos, el hoy actor se ha visto obligado a efectuar reclamos extrajudiciales (ver fs. 9 y lo argumentado en el considerando "VI.a" del presente), para luego tener que acudir de manera infructuosa a la instancia de Mediación (ver acta de fs. 5), derivando posteriormente en la vía jurisdiccional en reclamo del resarcimiento de los daños y perjuicios provocados.
A partir de lo expuesto, entiendo que en el sub examine se ha dado un abuso de la posición dominante detentada por las accionadas, para quienes incumplir con una obligación principal en desmedro del consumidor, aún cuando se las condene por daños e intereses, podría resultar de mayor provecho económico que cumplir fielmente sus deberes, comportamiento éste que debe desalentarse a través de la imposición de la sanción por daño punitivo (conf. Rubén S. Stiglitz “Derecho de Seguros”, 4ta. edición, tomo III, Ed. La Ley, Bs. As., 2004, pág. 292; ver S.C.B.A. en la causa C.119.562 “Castelli, María Cecilia c/ Bco. de Galicia y Bs. As. s/ nulidad de acto jurídico”, sent. del 17-10-2018, del voto del Dr. de Lázzari).
A su vez, dígase que no configura un requisito para la aplicación de la sanción por “daño punitivo” que hayan existido otros usuarios en iguales condiciones (S.C.B.A. en la causa C.119.562 “Castelli, María Cecilia c/ Bco. de Galicia y Bs. As. s/ nulidad de acto jurídico”, sent. del 17-10-2018, del voto del Dr. de Lázzari).
Considero relevante, además, resaltar que la profesionalidad que detentan las demandadas incrementa el grado de reproche a su conducta incumplidora en lo atinente a la obligación de garantía debida y a la consecuente provisión de un adecuado servicio técnico, que importa el suministro de partes y repuestos (arts. 4, 8, 12, 13 y ccdtes. de la LDC). En base a las consideraciones antes realizadas, considero que ha existido una “inconducta grave” de parte de las accionadas, a partir de un actuar en franca violación de normas legales y contractuales (arts. 1198 y ccdtes. del CC; arts. 959, 961 y ccdtes. del CCyC), siendo evidente que dicho proceder resulta funcional a la obtención de un beneficio económico en perjuicio de los consumidores y usuarios, en tanto lógicamente importan una menor erogación de recursos (art. 52 bis de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361).
Asimismo y de acuerdo a los hechos expuestos y la falta de respuesta satisfactoria, considero que no existió respecto del actor el trato digno que como consumidor merece -art. 8 bis de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361)- viéndose violentados los derechos constitucionales que el régimen del consumidor reconoce (argto. art. 42 de la Constitución Nacional; art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
En definitiva, considero que ha quedado demostrada una inconducta grave en desprecio hacia los derechos del consumidor, patentizada a partir de los ya analizados incumplimientos y procederes relacionados con el cumplimiento de la "garantía", escenario que me lleva a considerar prudente y razonable -de acuerdo a la entidad del incumplimiento y de las empresas involucradas- confirmar la procedencia de este concepto que ha sido admitido por la a quo, y elevar su cuantificación hasta la suma de $ 200.000 a valores actuales de sentencia (léase que se eleva $ 150.000), la cual recae sobre ambas demandadas de manera solidaria y a favor de la accionante (arts. 163, 164, 266, 267 y ccdtes. del CPC; art. 11, 12,13, 52 bis y ccdtes. de la LDC), modificándose consecuentemente el pronunciamiento recurrido sobre esta cuestión (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC). Aclárase que aquí hago nuevamente utilización de la facultad judicial de fijar una suma dineraria mayor a la estimada por el actor en la demanda, por iguales fundamentos a los expuestos en el considerando "VI.b", a los que me remito.
Dicho importe devengará intereses conforme la tasa y a partir de la fecha que ha determinado la Jueza de grado (arts. 622, 623 del Código Civil; art. 768 inc “c” del Código Civil y Comercial de la Nación). Con tales alcances considero que debe modificarse el pronunciamiento recurrido, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
VI.e. Análisis de las críticas direccionadas contra la imposición de costas. Agravio propuesto por Volkswagen Argentina S.A:
Aduce en este punto Volkswagen Arg. S.A. que no existe conducta reprochable de su parte y que ello debe conducir al total rechazo de la demanda, con la consecuente imposición de costas a cargo del accionante.
Habiendo propuesto en los "considerandos" que preceden la desestimación íntegra de los agravios articulados por las accionadas, no existe mérito para variar la condena en costas dispuesta a su respecto en la instancia de origen, de acuerdo al principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPC). Ello conlleva al rechazo de esta crítica, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
Por las razones expuestas, se rechazan íntegramente los agravios traídos a esta instancia por las accionadas, y se admiten -con los alcances aquí establecidos- los propuestos por el actor de autos (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar los agravios traídos por las accionadas, con costas de esta Instancia a su cargo por resultar perdidosos (art. 68 del CPC); II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, elevándose a $ 150.000 el rubro "daño a las afecciones legítimas espirituales (daño moral)" y a $ 200.000 la multa por "daño punitivo", confirmándose en lo demás el pronunciamiento recurrido, con costas del recurso a cargo de las accionadas por resultar perdidosas (art. 68 del CPC); III) Diferir la regulación de honorarios para una vez determinada la base regulatoria (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los agravios traídos por las accionadas, con costas de esta Instancia a su cargo por resultar perdidosos (art. 68 del CPC); II) Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, elevándose hasta $ 150.000 el rubro "daño a las afecciones legítimas espirituales (daño moral)" y hasta $ 200.000 la multa por "daño punitivo", confirmándose en lo demás el pronunciamiento recurrido, con costas del recurso a cargo de las accionadas por resultar perdidosas (art. 68 del CPC);
III. Se difiere la regulación de honorarios para una vez determinada la base regulatoria (art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA ; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA- ) y devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.
Fin de la sentencia