Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-47550705-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios del Contador Horacio Ziccardi por su actuación en autos en el doble carácter de apoderado y patrocinante del recurrente en la suma de $16.218.936 (pesos dieciséis millones doscientos dieciocho mil novecientos treinta y seis) equivalente a 180,46 (ciento ochenta con 46/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 2/26 (03/03/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
3Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del recurrente, Federico Alberto Enrico, en la suma de $ 3.366.881 (pesos tres millones trescientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho) equivalente a 37,46 (treinta y siete con 46/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines la labor desarrollada en autos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-30021493-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Marzo de 2026 "PATRICIO JORGE HORACIO"
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2019-47550705- -APN- SGAI#TFN caratulado "RABUFFETTI PATRICIO JORGE HORACIO s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por IF-2019-47549066-APN-SGAI#TFN Patricio Jorge Horacio Rabuffetti interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 76/2019 (DV NRR1) de fecha 25 de abril de 2019 dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la ex A.F.I.P.-D.G.I., por la que se determinó el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2011 y 2013 con más intereses resarcitorios y se dejó en suspenso la aplicación de sanciones en los términos del art. 20 de la ley Nº 24.769.
Aduce que el ajuste se origina en el hecho de que el Fisco consideró como ganancia omitida el resultado de operaciones de venta de acciones de las empresas Non Stop Digital S.A. (empresa argentina) y The Content Box Company S.A. (empresa uruguaya). Hace saber que cuestionó el rubro declarado correspondiente a “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” con fundamento en la falta de acreditación fehaciente de su origen, por lo que se aplicó la presunción del art. 18 inc. f) de la ley Nº 11.683 al considerarlo como un incremento patrimonial no justificado.
Define el perfil de la empresa Non Stop Digital S.A., de la que es socio fundador, y se explaya sobre la actividad que realiza, comenta que posee una infraestructura propia, estudios de TV, cámaras, luces y equipos de producción propios que le permiten prestar los servicios de toda la cadena de valor de la industria de la TV y menciona a sus principales clientes internacionales y los servicios proporcionados a los mismos. Realiza en detalle una reseña del proyecto de reconversión emprendido por la firma. Expone que el 4/04/2011 celebró un contrato con la empresa uruguaya, Digital TV Group (luego Acrisound S.A.), en el marco del cual se dispuso que el comprador adquiría del vendedor el 45 % del capital de Non Stop Digital S.A. por un valor de u$s 4.000.000; y que también se pactó que dicho valor quedaba supeditado al que resulte de aplicar el 45% sobre las ventas de la sociedad según balance cerrado al 30.11.10, lo que arrojó un valor de u$s 4.852.556,23. Aclara que en dicho contrato se previó que ambos accionistas efectuarían aportes de capital a fin de que Non Stop Digital S.A. tuviera la disponibilidad de fondos necesarios para poner en marcha la ampliación de sus estudios y la modernización de los equipos e instalaciones requeridas para efectuar los trabajos encarados para los clientes. Continúa explicando que lo acordado se complementó con un contrato de cesión de acciones de fecha 15/04/2011, por el cual se instrumentó la transferencia de las acciones de Non Stop Digital S.A. y se estableció que el pago se efectuaría en cuotas mensuales cuyo valor variaba según el período, conforme al detalle que se estableció en la cláusula Cuarta del Contrato de Cesión de Acciones, habiendo percibido el Sr. Rabuffetti entre el 27/04/2011 y el 15/03/2012 la suma de u$s 4.350.000 mientras que restaban u$s 502.556.
Advierte que se suscitaron conflictos ante incumplimiento del comprador, al no materializar los depósitos correspondientes a los fondos destinados a la inversión, cuando por su parte había aportado $ 3.020.000 en calidad de préstamo a la compañía (sic). En razón de ello, luego de tratativas, indica que acordaron dejar sin efecto la participación accionaria de Acrisound S.A. (anterior Digital TV Group) en Non Stop Digital S.A. (sic), y manifestó su interés en recomprar las 5.400 acciones que había vendido oportunamente y por otro lado el Sr. Schindler, en representación de Acrisound S.A., planteó su intención de adquirir el 100% de las acciones pertenecientes al Sr. Rabufetti en The Content Box Company S.A. (sociedad uruguaya), debido a los contratos celebrados con empresas muy importantes a nivel internacional, conforme acuerdo del 27/09/2012. Explica que era el propietario de dicha compañía uruguaya, la que en el año 2012 fue adquirida por la empresa uruguaya Acrisound S.A., conforme contrato de cesión de acciones del 1/10/2012, en virtud del cual cedió “sin costo” las acciones de The Content Box S.A. a Acrisound S.A.
Por lo expuesto, niega que la empresa The Content Box S.A. exista solo “en los papeles” como dijo el Juez Administrativo al haberse firmado el acuerdo, con certificación de Escribano Público.
Señala que la declaración de la tenencia accionaria en sus declaraciones juradas es un elemento que permite probar su titularidad, al poseer fecha cierta en los términos del art. 317 del Código Civil y Comercial de la Nación, razón por la cual afirma que la incorporación de la tenencia accionaria The Content Box Company S.A. en su declaración jurada, mucho tiempo antes del momento de iniciada la verificación, es una demostración real de su existencia.
Además menciona como otros elementos de prueba, el acuerdo marco de mediación suscripto en la causa “Patricio Jorge Horacio Rabuffetti c/Digital TV Group S.A. s/Conflicto Societario en Non Stop Digital S.A.” del 27/09/2012 y el contrato de cesión de acciones del 1/10/2012, junto con otras probanzas que fueron desestimadas en sede de la Administración.
Concluye en que la documentación aportada elimina toda duda sobre la titularidad de las acciones de The Content Box Company y sobre su transferencia a Acrisound, al quedar comprobada la existencia de la operación. Agrega que en función de la ley Nº 26.893 y teniendo en cuenta que las ventas de acciones que dieron lugar a los resultados exentos fueron realizadas en el período anterior al de la vigencia de dicha ley, debe dejarse sin efecto la aplicación del tributo a esas operaciones, ya que la gravabilidad de la venta de acciones para los contribuyentes no habitualistas empezó a regir el 1º de mayo de 2013.
Critica el uso de presunciones que hace el Fisco al considerar que la utilidad por la venta de las acciones de Non Stop Digital S.A. -que está exenta- están gravadas al no conocer el origen de los fondos y, entonces, sobre un indicio que no es un hecho cierto y probado aplica el art. 18 inc. f) de la ley de procedimiento tributario. Entiende que se debe descartar la presunción aplicada para determinar la supuesta obligación por el ejercicio 2013 al no responder a un mecanismo encuadrado en la ley, la doctrina y la jurisprudencia vigente (sic).
Deduce que al no ser procedente la determinación de oficio practicada, cae toda posibilidad de aplicar sanción alguna, sin que además corresponda al fundarse el ajuste en presunciones.
Plantea la prescripción de las acciones del ente fiscal para determinar y exigir la obligación fiscal del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2011, al entender que no procede para su cómputo lo establecido en el art. 17 de la ley Nº 26.860 debido a que el efecto suspensivo comprende a aquellos contribuyentes que adhieran al régimen de regularización de la mencionada ley. Considera que la prescripción operó el 1/01/2018, mientras que la Resolución Nro. 110/2018 fue notificada el 3/7/2018 y luego reemplazada por la Resolución Nro. 202/2018, notificada el 26/10/2018, es decir, una vez operado su término.
Por último, ofrece prueba documental, testimonial, informativa, pericial contable y técnica y solicita se revoque la resolución apelada conforme argumentos expuestos y jurisprudencia citada, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2019-84029803-APN-DNTEID#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Informa que en la fiscalización realizada se constató que el actor había incluido en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2011 y 2013 “ganancias o ingresos exentos o no gravados”. Manifiesta que en base a la documentación aportada se constató que toda la compleja trama de acuerdos de ventas de paquetes accionarios, devoluciones de los mismos y compensaciones se resumen en la supuesta venta por parte del Sr. Rabuffetti del paquete accionario de una sociedad anónima de acciones al portador constituida en la República Oriental del Uruguay en U$S 5.625.000 para justificar los fondos recibidos en los períodos fiscales 2011 a 2014, que luego fueron aplicados casi en su totalidad a inversiones en la sociedad Panamericana Estudios S.A., al no contar con los ingresos declarados en el país para realizar dicha inversión.
Pone de resalto que a pesar de ser director y accionista en diversas sociedades constituidas en el país y en el exterior no declaró ingresos por dichas funciones sino que declaró todo ese flujo de dinero por las operaciones mencionadas, como ganancia exenta, razón por la cual se impugnó lo declarado y se lo consideró como un incremento patrimonial no justificado.
Rechaza el planteo sobre prescripción al sostener que no resulta acertada la interpretación que se realiza del art. 17 de la ley Nº 26.860 al revestir dicha suspensión carácter general. Hace un análisis de la norma y sus antecedentes parlamentarios y advierte que los argumentos expuestos carecen de fundamento, por lo que deben ser rechazados al no estar prescriptas las facultades del ente fiscal.
Sobre el ajuste efectuado, menciona que se reiteran los agravios expuestos al contestar la vista corrida en sede administrativa, por lo que remite a los considerandos de la resolución apelada.
Aduce que con relación a la titularidad de las acciones de la empresa uruguaya The Content Box Company S.A. el Sr. Rabuffetti únicamente aportó, como constancia de dicha titularidad, la exteriorización de la tenencia accionaria en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2011. Agrega que ante un requerimiento formulado, luego arrimó una copia del Estatuto Social, en el que no hay referencia a su persona, sin que tampoco haya cumplido con acompañar la documentación que acreditaba la compra y tenencia de las acciones en The Content Box Company S.A. al momento de efectuar la cesión, y señala que pretendió suplir dicha falta con el aporte de copias de los contratos suscriptos entre dicha sociedad y Cookie Jar Entertainment Inc. Canadá y LG Electronics de Corea.
Aclara que si bien adjuntó copia del contrato suscripto con Cookkie Jar, se consideró que fue acompañado para establecer un valor de intercambio de la empresa uruguaya ya que no aportó prueba sobre los pagos realizados que se encontraban vencidos a la fecha del contrato de cesión de acciones de octubre de 2012, a lo que agrega que tampoco exhibió documentación sobre posibles contratos de distribución de programas que evidencien que The Content Box Company S.A. lo reflejaba en su patrimonio.
Resalta que la única prueba proporcionada fue la exteriorización en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, y que la República Oriental del Uruguay suministró a través de la División de Fiscalidad Internacional los estatutos sociales de la firma The Content Box Company S.A., de los que se desprende que se trata de una sociedad constituida por dos personas que no son el actor, y hace saber que, pese al pedido formulado, no aportó otra documentación que permitiera conocer a sus accionistas.
Fundamenta la aplicación de la presunción del art. 18 inc f.) de la ley de procedimiento fiscal al no haber probado el recurrente de manera fehaciente la titularidad de las acciones en los períodos fiscales objeto de inspección. Sobre los intereses resarcitorios intimados remarca que no se expusieron agravios, por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) pide que sean confirmados.
Rechaza la disconformidad alegada sobre la reserva efectuada en los términos del art. 20 de la ley Nº 24.769. Por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución apelada en todas sus partes, con costas, y hace reserva del caso federal.
III. Que por PV-2020-10156752-APN-VOCXII#TFN se admitió la prueba pericial contable, la que fue agregada con IF-2021-41075269-APN-DTD#JGM, por lo que con PV-2021-57971164-APN-VOCXII#TFN se declaró cerrado el período de instrucción.
Que mediante PV-2026-11364173-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF-2026-11520162-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar, encontrándose agregados los alegatos de la recurrente con IF-2026-17336558-APN-DTD#JGM y los del Fisco Nacional con IF-2026-17393033-APN- DTD#JGM.
Por último, se ponen por IF-2026-29137348-APN-VOCXII#TFN los autos para dictar sentencia.
IV. Que corresponde establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que el recurrente se encuentra inscripto en la actividad de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.
Que en el marco de la inspección se formularon los siguientes cargos, por los que se confirió vista al Sr. Rabuffetti mediante la Resolución Nro. 110/2018 (DV NRR1):
-en el período fiscal 2011 se consideró a las “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” declarados como un incremento patrimonial no justificado en atención a no estar acreditado el origen de los mismos. -por el período fiscal 2013 se entendió que declaró en forma improcedente el resultado de la venta de acciones sin cotización como “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” al corresponder que sea gravado con la tasa del 15% según el art. 20 inc. w) de la ley del Impuesto a las Ganancias y el art. 90 segundo párrafo modificados ambos por la ley Nº 26.893.
Que una vez presentado el descargo respectivo, se concluyó que el segundo de los cargos formulados no era procedente, por lo que a los efectos de no afectar su derecho de defensa, se dictó una nueva resolución de vista, la Resolución Nro. 202/2018 (DV NRR1), que sustituyó el acto anterior, y de esta manera se hizo saber que el cargo formulado comprendía los ejercicios fiscales 2011 y 2013 en razón de haber declarado “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” que fueron catalogados como un incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 inc. f) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) al no haberse probado el origen de los mismos. Que de la documentación acompañada el personal fiscalizador corroboró que en el año 2013 el Sr. Rabuffetti realizó siete operaciones a través de una cuenta en el exterior y por intermedio de su agente “Oppenheimer & Co. Inc.” de New York, Estados Unidos, adquirió Boden 2015 por la suma de U$S 700.388,95; mientras que en el año 2014 hizo tres operaciones iguales por el monto de U$S 274.473. Que tales bonos fueron vendidos y lo obtenido depositado en su caja de ahorro del Banco BBVA Francés en Argentina por un total de $ 8.970.520,95. Ante lo cual, se requirió que acompañe documentación que justifique el origen de los fondos con los que adquirió los mencionados títulos públicos, entre la que se incluyó documentos que hacían referencia a su participación en sociedades del exterior, en especial en The Content Box Company S.A., Slow Channel Corp, Cinefilm Producciones Cinematográficas Ltda., Side Management SL y Nextv Producciones Interactivas SL., y Acrisound S.A. (ex Digital TV Group S.A.).
Que de la documental arrimada, la inspección puso especial atención en el contrato de cesión de acciones de fecha 01/10/2012 entre el Sr. Rabuffetti (cedente) y Acrisound S.A. (cesionario) por las acciones de The Content Box Company S.A. Se dejó asentado que en el mismo se instrumentó lo que había sido acordado el 27/09/2012, por lo que se realizó el reintegro de las acciones de Non Stop Digital S.A. al Sr. Rabuffetti, y la entrega por parte de éste último del 100% de las acciones de la firma The Content Box Company S.A. y la renuncia al cargo de director del Sr. Federico Luis Schindler en la empresa Non Stop Digital S.A.
Que según el recurrente la restitución se debió a que la sociedad uruguaya, Acrisound S.A., no realizó las inversiones en Non Stop Digital S.A. y solo realizaba pagos por adquisición de acciones, lo que fue constatado por la inspección al revisar la base de datos “consulta B.C.R.A.” y observarse pagos periódicos de montos significativos de la sociedad uruguaya Acrisound S.A. a Non Stop Digital S.A., según se desprende de la página 14 del acto determinativo. Además se pidió que aporte las constancias que avalen la compra y tenencia de dichas acciones al momento de efectuar la cesión suscripta en fecha 01/10/2012, lo que no fue cumplido. Que en lo que aquí interesa, se puntualizó que del acuerdo del 27/09/2012 surge que se pactó la restitución de las acciones de Non Stop Digital S.A. al actor, quien no debía devolver el dinero recibido (U$S 4.350.000) sino que además recibía la suma de U$S 300.000 como compensación, lo que fue corroborado al verificarse dicho ingreso en su cuenta del Banco Francés el 18/03/2013 y por otro lado que mediante el “contrato de cesión de acciones” del 01/10/2012 -que instrumentó el acuerdo- se reintegraron las acciones de Non Stop Digital S.A. al Sr. Rabuffetti y este entregó el 100% de las acciones de la firma The Content Box Company S.A.
Que si bien el recurrente aportó diversos contratos que fueron analizados por el personal fiscalizador, la inspección concluyó que la incorporación de la sociedad The Content Box Company S.A. a su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2011 fue la única prueba proporcionada, para intentar justificar su supuesta participación en la misma, y la posterior cesión de sus acciones, pero sin aportar documentación respaldatoria que así lo avale.
Que entre los elementos colectados por el personal actuante, se observa que del Estatuto de la sociedad uruguaya The Content Box Company S.A. no surge vinculación alguna con el Sr. Rabuffetti. De la consulta en la base e- Fisco, el sistema BCRA de operaciones cambiarias evidencia la inexistencia de salidas de dinero del país para efectuar inversiones en dicha compañía, de los extractos bancarios cotejados no surgen pagos y/o transferencias por el importe por el cual, según el Sr. Rabuffetti, ingresó a su patrimonio la sociedad y de la información suministrada por la División de Fiscalidad Internacional de la República Oriental del Uruguay no surge que sea integrante de la sociedad al estar constituida por otras dos personas, sin que se haya podido tener acceso a actas de asamblea y/o accionistas.
Se constató que los ingresos declarados como exentos ingresaron en su cuenta caja de ahorro del Banco BVBA Francés y luego transferidos en forma inmediata a las sociedades Panamericana Estudios S.A, Non Stop Digitial S.A. y Non Stop S.A., por lo que se concluyó que dicho flujo de ingresos responde a la necesidad del Sr. Rabuffetti para invertir en la construcción de los estudios de Panamericana Estudios S.A., que figuran como patrimonio de las empresas que conforman el mismo grupo.
Que del análisis de los contratos se concluyó que se desprende una maniobra de simulación con la finalidad de ingresar fondos, evadidos de tributación en nuestro país, para ser blanqueados e incorporados a las sociedades uruguayas que tiene el recurrente, ya que las inversiones no pueden ser justificadas de otra manera, más aún cuando todas las operaciones de compraventa de acciones fueron revertidas.
Por estas razones se impugnó el concepto de “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” exteriorizado en la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2011 y se le otorgó el carácter de incremento patrimonial no justificado.
Que por el período fiscal 2013 no se consideró justificado el “resultado venta de acciones”, y tampoco las “diferencias de cambio crédito ACC NSD” y el “resultado por venta de acciones y títulos sin cotización”, por lo que también se impugnó el concepto declarado en el Impuesto a las Ganancias de “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” y se lo consideró un incremento patrimonial no justificado.
V. Que en primer lugar corresponde abordar el planteo de prescripción opuesto por el recurrente con relación a las acciones del ente fiscal para determinar y exigir la obligación fiscal del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2011.
Que la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella prevista, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen o al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerados como hecho u omisión punible (cfr. artículos 56, 57 y 58 de la ley citada).
Que a contrario de lo sostenido por el recurrente resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 17 de la ley N° 26.860 (B.O. 09/05/2013) que estableció: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales” (el destacado me pertenece).
Que la suspensión establecida reviste carácter general surgiendo efectos respecto de la universalidad de contribuyentes y responsables, en dicho sentido lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar el alcance de la suspensión referida a la ley 23.495 en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.", del 26 de noviembre de 1991 al sostener que "cabe concluir que la suspensión, por un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos –así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, previsto en el art. 49 de la ley 23.495, alcanza a la generalidad de los contribuyentes responsables; toda vez que en la norma aquí aplicable se estipula – a diferencia del analizado en aquel precedente- que la mentada suspensión se dispone 'con carácter general' En consecuencia, el modo en que ha quedado redactado el texto legal sub examine, no arroja dudas acerca de la expresa intención del legislador; el que (...) no estableció vinculación exclusiva entre la suspensión aludida y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria". Que también cabe agregar al cómputo la causal de suspensión contenida en el art. agregado a cont. del art. 65 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). En ese sentido, conforme se desprende de las actuaciones administrativas la vista del art. 17 de la ley de rito fue notificada el 03/07/2018, es decir dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produciría la prescripción, empezando así la suspensión por 120 días.
Que ello así, conforme lo normado por la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) y la suspensión establecida en la ley N° 26.860, cabe concluir que las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar el impuesto por el período fiscal 2011 no se encontraban prescriptas al momento de emitir la resolución recurrida con fecha 25/04/2019, por lo que debe rechazarse la excepción de prescripción articulada.
VI. Que ello así, se deben analizar los agravios esbozados con relación a la determinación de oficio apelada, sin que pueda ignorarse la presentación efectuada por el Sr. Rabuffetti por el IF-2025-53945747-APN-DTD#JGM, con la cual se pone en conocimiento de este Tribunal el dictado de la Resolución N° 27/2025 fechada el 09/04/2025 (RE-2025-53946094-APN-DTD#JGM), mediante la que el organismo fiscal resolvió dejar sin efecto el sumario instruido al contribuyente por el Impuesto a las Ganancias de los ejercicios fiscales 2011 y 2013 con la Resolución N° 76/2019 (DV NRR1) del 25/04/2019 de acuerdo a lo allí expuesto.
Que cabe recordar que en la Resolución N° 76/2019, objeto de apelación en autos, se difirió la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes al Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2011 y 2013, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 24.769. Que dicha reserva respondió a que, conforme se repara en la Resolución N° 27/2025, la Sección Penal tributaria estimó que, en ese primer momento, la conducta del contribuyente encuadraría para el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2011, en las previsiones del artículo 2°, inciso a) de la ley N° 24.769 y para el período fiscal 2013 en las previsiones del artículo 1° de la citada ley. Asimismo, se señaló que las declaraciones juradas presentadas en su oportunidad, no obedecieron a un mero error contable y/o a una conducta negligente, sino que se trató de declaraciones exteriorizadas con el único objetivo de evadir el pago del mencionado tributo y, de no haber sido por las tareas efectuadas en la fiscalización, no se hubiera podido conocer su verdadera capacidad contributiva.
Que por lo tanto, respecto de la aplicación de la sanción a corresponder sobre las infracciones cometidas referidas al tributo y períodos mencionados, se concluyó que debía esperarse al dictado de la sentencia definitiva en sede penal, a los efectos de hacer cosa juzgada en lo concerniente a la materialidad de los hechos conforme lo establece la Ley 24.769, en su artículo 20. Ello así, la Resolución N° 27/2025 continúa exponiendo “que, en dicho contexto y frente a la denuncia penal interpuesta el 28/06/2019 por este Organismo fiscal, el 08/11/2024 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, comunicó a este Organismo que mediante interlocutorio firme dictado el 28/10/2024, en el marco de la causa N° 64634/2019 caratulada RABUFFETTI PATRICIO JORGE Y OTROS S/EVASIÓN TRIBUTARIA" del Registro de la Secretaría N° 3, se resolvió declarar el sobreseimiento de Patricio Jorge Horacio Rabuffetti y... en orden a los hechos por los que fueran indagados en el marco de la presente causa... declarando que este proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado (cf. arts. 1 y 2 de la ley 24.769, según redacción al momento de los hechos; arts. 334 y 336, inciso 3° del C.P.P.N).” A continuación se trascriben los aspectos pertinentes de la sentencia dictada en la Justicia Penal y en base a sus lineamientos, el ente fiscal sostuvo que “al formularse la denuncia penal queda en suspenso la potestad sancionatoria del organismo recaudador, la que es recobrada una vez que recae un pronunciamiento definitivo en la causa penal.
Dicha potestad sancionatoria no podrá ser recuperada en su totalidad, pues necesariamente presentará una limitación consistente en la imposibilidad de alterar los hechos tal como fueron expuestos en la sentencia judicial.
Que, en este orden de ideas, la existencia de un proceso penal en el que se ventila un mismo sustrato fáctico, obsta a la prosecución del trámite administrativo tendiente a la imposición de sanciones hasta que sea dictada sentencia judicial en sede penal, la que una vez firme constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos.
Que, en atención a ello, el mencionado dispositivo establece la obligatoriedad de que se consideren exclusivamente los hechos expuestos en la sentencia penal a los fines de la aplicación de la multa, esto es, se erige como principio, la prejudicialidad de la sentencia penal por sobre el aspecto sancionatorio administrativo. Que ahora bien, entrando en el análisis de la conducta del responsable, cabe dejar sentado que el sobreseimiento del 28/10/2024, ha sido emitido con fundamento en cuestiones fácticas y apreciaciones normativas que llevaron al juez a concluir en la inexistencia del hecho imponible, circunstancia que obliga a que los hechos ventilados sean valorados por la autoridad administrativa para la determinación de la sanción con la limitación y el alcance allí establecidos.
Que, en ese marco, el sobreseimiento dictado en sede penal difiere sustancialmente de la evaluación oportunamente realizada por esta instancia administrativa y la conducta endilgada como resultado de la misma. Que siendo ello así, este Juez administrativo se encuentra impedido de pronunciarse en la órbita sancionatoria, correspondiendo ceñir su actuar a lo dispuesto en el pronunciamiento penal por imperio de dicha norma en cuanto prevé aplicar sanción sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en la sentencia judicial. Que, en consecuencia, toda vez que el juez penal resolvió dictar el sobreseimiento del contribuyente por inexistencia del hecho imponible, con apoyatura en presupuestos fácticos y valoraciones normativas con motivación en su propio entendimiento, esta instancia no puede apartarse de ello y deberá emitir resolución en todo sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial, por cuanto, en el particular no corresponde la aplicación de sanción alguna.”
“…Que, en tal sentido, la no aplicación de sanción, no obedece a ninguna nueva valoración de los hechos -o, en su caso, nueva interpretación del derecho aplicable- por parte del Fisco, sino a la consideración de que para aplicar la sanción 'debe' estarse a los términos de la sentencia penal firme.”
VII. Que planteada la cuestión a resolver, previo a analizar la procedencia del ajuste discutido en autos, estimo pertinente, a tenor de lo resuelto en la sentencia dictada en el fuero penal, efectuar algunas consideraciones con relación al art. 20 de la ley N° 24.769 y su implicancia para este Tribunal Fiscal.
Que la prueba constituye un elemento esencial en el proceso para llegar a la verdad. Siguiendo a Friedenberg “probar es demostrar a otro la conformidad con la realidad de una afirmación sobre un hecho o cosa”. Dentro de los diversos medios probatorios se destacan las documentales, informativas, testimoniales, periciales. Entre estas últimas aparecen aquellas que avanzan más allá de un estricto alcance pormenorizador o descriptivo, ya que la descripción de los hechos se pueden complementar con una valoración profesional y con las conclusiones a las que arriban por innumerables caminos los expertos.
Que en el marco del derecho tributario general y su vinculación con el derecho tributario penal existen normas que intentan compatibilizar ambas ramas a fin de minimizar las contradicciones entre uno y otro pero sin quitarles su propia independencia.
Que ello así el artículo 20 de la Ley N° 24.769 prevé que “la formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni la de los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquéllos”. Esta previsión ratifica la independencia en la aplicación de los principios tributarios respecto de los penales y la simultaneidad de ambos procesos.
Que, sin embargo, el legislador hace un tratamiento diferencial en cuanto al derecho represivo ya que con la intención de coordinar los resultados de ambos procesos, aquí condiciona la aplicación de sanciones en el marco de la Ley N° 11.683 a que haya existido sentencia definitiva en sede penal. Sólo a partir de allí queda activada la facultad de la Administración para aplicar sanciones, en caso de corresponder, previendo la ley solo una restricción a ese fin, “….sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.”. Que sin duda frente a esta previsión en la práctica se puede presentar que se dicte en primera instancia cualquiera de las dos sentencias, la “tributaria” o la “penal”. Si fuese esta última, cualquiera haya sido el resultado de la misma, no obstaculiza ni invade la función de la Administración Fiscal ni la de este Tribunal para expedirse en el plano jurídico-tributario ya que la única restricción radica en respetar la descripción de “los hechos” que provienen del fuero penal. Y ello guarda absoluta razonabilidad para no caer en contradicciones entre una jurisdicción y otra. Implícitamente cuando la ley no restringe ni prohíbe deben considerarse vigentes los términos de la legislación aplicable, en este caso en particular la Ley N° 11.683.
En la práctica los hechos tratan de demostrarse -para recibir la calidad de verídicos- mediante las pruebas y entre ellas las pericias. Pero debe reiterarse que los informes periciales no necesariamente se circunscriben a la descripción de hechos, sino que también incluyen valoraciones o conclusiones u opiniones que forman parte de un análisis subjetivo, inclusive con opiniones en el campo jurídico-tributario, avanzando de esta forma sobre la competencia jurisdiccional reservada al Tribunal Fiscal o sobre las propias funciones de la Administración Tributaria.
Ante ello corresponde delimitar en cada caso lo que conforma la “declaración o descripción de los hechos” del resto de las cuestiones que no integran las restricciones al accionar de la AFIP al momento de aplicar el régimen sancionatorio administrativo- o del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION.
Que en ese sentido, podríamos citar distintos supuestos en pos de sustentar el criterio: a) determinar si un determinado ingreso constituye una ganancia gravada o no frente al Impuesto a las Ganancias/Valor Agregado constituiría una cuestión de pleno derecho que no entra en crisis con el último párrafo del artículo 20 de la Ley 24.769, por dos razones, primero y en forma excluyente porque no se trata de un tema vinculado con el derecho represivo y segundo porque aun prescindiendo de dicha conclusión no se refiere a “la descripción de los hechos” sino a la “valoración” de los mismos, labor que sólo puede ser desarrollada en el ámbito del juez natural o jurisdiccional; b) Podría plantearse una coincidencia entre el fuero penal y el ámbito de la Ley N° 11.683 en todos los aspectos objetivos que permiten calificar a un proveedor como apócrifo, pero sobre ellos podría recaer una valoración distinta en orden a los principios que rigen una y otra rama.
Que en definitiva, únicamente la declaración de hechos es la que no podría alterarse en el ámbito del derecho represivo previsto en la Ley N° 11.683, limitación que no abarca su valoración.
VIII. Que efectuadas dichas aclaraciones, cabe traer a colación aquellas manifestaciones vertidas por el Juez Federal en lo Criminal y Correccional en la sentencia agregada por PV-2025-96572680-APN-VOCXII#TFN en respuesta al oficio librado en autos, que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, resultan relevantes para la resolución de la presente causa.
Que en la contestación dada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° de San Isidro se informó que la sentencia de fecha 10 de octubre de 2024 no fue apelada, por lo que la misma se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.
Allí se dijo con relación al hecho imputado que: “…En prieta síntesis, las impugnaciones efectuadas por A.F.I.P. sobre la documentación presentada ante ese organismo fueron respecto del origen de los fondos declarados como exentos o no gravados, es decir, por un lado la venta de acciones de Non Stop Digital S.A. (CUIT N° 30- 70705608-4) declaradas como exentas en el año 2011 y, por el otro, las compensaciones por cancelación de movimientos accionarios declaradas como ingresos exentos o no gravados del año 2013, declaración presentada durante la fiscalización el 24 de abril del año 2015”.
“Al respecto, Rabuffetti aportó un contrato marco del 4 de abril del año 2011 mediante el cual suscribió con la empresa uruguaya ya mencionada, las condiciones de venta del 45% del capital de la empresa argentina “Non Stop Digital S.A.”, de la cual el contribuyente poseía el 90% de las acciones. El valor de esas acciones fue pactado en cuatro millones de dólares (USD 4.000.000), en virtud del 45% de las ventas de la sociedad que resultaron del balance cerrado al 30/11/2010. La transferencia accionaria antes mencionada, fue plasmada en el contrato de cesión de acciones del día 15 de abril del año 2011, entre Rabuffetti y Federico Luis Schindler en carácter de apoderado de “Acrisound S.A.” (ex “Digital TV Group S.A.”).
Sin embargo, el día 27 de septiembre del año 2012 se firmó un acuerdo marco mediado por la Dra. María Inés Burs en el marco del expediente de mediación caratulado “Patricio Jorge Horacio Rabuffetti c/ Digital TV Group S.A. (empresa uruguaya) s/ conflicto societario por Non Stop Digital S.A.”, en el cual se reconoció que Rabuffetti percibió la suma de cuatro millones trescientos cincuenta mil dólares (USD 4.350.000) mediante depósitos bancarios en su cuenta del Banco BBVA Francés en concepto de la cesión de acciones antes descripta, quedando pendiente el cobro de quinientos dos mil quinientos cincuenta y seis dólares (USD 502.556). Pero finalmente, se acordó que “Acrisound S .A.” (ex Digital TV Group S.A.) restituiría la totalidad de las acciones de “Non Stop Digital S.A.” a Rabuffetti y, además, se le entregarían trescientos mil dólares más (USD 300.000). También, se mencionó que el contribuyente recibiría el 99 .99% de “TV Group Digital Brasil” y el 99.80% de “TVG TV Group Digital México S.A.” y éste cedería el total de las acciones que manifestó poseer en la firma “The Content Box Company S.A.” (radicada en la República Oriental del Uruguay). Ello, quedó plasmado en el contrato confeccionado el día 1° de octubre del año 2012, realizándose así el reintegro de las acciones de “Non Stop Digital S.A.” a Rabuffetti, la renuncia al cargo de director de esa empresa de Federico Luis Schindler y la cesión del 100% de las acciones de la firma “The Content Box Company S.A.”.
El día 7 de mayo del año 2013, se suscribió un nuevo contrato entre Rabuffetti y “Acrisound S.A.” modificándose lo anteriormente acordado, en punto a la cantidad de acciones que éste último percibiría de las firmas brasilera y mexicana, reduciéndose a un 51% por cada una, y se estipuló el pago al nombrado de una compensación de setecientos veinte mil dólares (USD 720.000). Al respecto, se pudo corroborar el pago de ochocientos mil dólares (USD 800.000) en distintas transferencias efectuadas en la cuenta de “Oppenheimer & Co. Inc.” de Nueva York desde el 07/06/2013 al 06/08/2013, es decir, ochenta mil dólares (USD 80.000) en exceso a lo pautado. En suma, el 7 de octubre el año 2013 se confeccionó un nuevo contrato, mediante el cual la firma “Acrisound S.A.” decidió no vender el 51% de las acciones correspondientes a las sociedades “TV Group Digital Brasil” y “TVG TV Group Digital México S.A. de C.V.”, motivo por el cual se instrumentó el pago de una nueva compensación en favor de Rabuffetti de doscientos setenta y cinco mil dólares (USD 275.000). Ello, fue constatado en la cuenta ya citada del nombrado en el exterior pero por la suma de ciento setenta y cuatro mil novecientos cuarenta dólares (USD 174.940).
Frente a esta circunstancia, se optó por efectuar un análisis de la vinculación entre Rabuffetti y la empresa uruguaya “The Content Box Company S.A.” así como la efectiva existencia de esta última ya que el 1° de octubre del año 2012 el contribuyente cedió el 100% de sus acciones en esa entidad a “Acrisound S.A.” Al respecto, el contribuyente aportó copia de los contratos suscriptos entre la mencionada empresa con “Cookie Jar Entretainment Inc.” de Canadá y con “LG Electronics” de Corea, pero éstos no cumplen con formalidades para ser considerados válidos. Sin perjuicio de ello, se determinó que la firma poseía en Uruguay el certificado de vigencia anual suspendido, al tiempo que no surgía vinculación con Rabuffetti.
En definitiva, se consideró que de los contratos detallados surge que durante los años 2011 a 2014, Rabuffetti percibió un total de cinco millones seiscientos veinticuatro mil novecientos cuarenta dólares (USD 5.624.940) por supuestas operaciones de venta de acciones y/o compensaciones por posterior restitución de aquellas a su patrimonio. Ello, se conforma por ingresos detectados en la caja de ahorro N° 186/0000499/7 de Rabuffetti durante los años 2011, 2012 y 2013 por un total de diecinueve millones quinientos veintidós mil ochocientos un pesos con treinta centavos ($19.522.801,30) o su equivalente de cuatro millones seiscientos cincuenta mil dólares (USD 4.650.000) y por los depósitos realizados por “Acrisound S.A.” en la cuenta del fiscalizado en la entidad “Oppenheimer & Co. Inc.” de Nueva York entre los años 2012 y 2013 por la suma total de novecientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta dólares (USD 974.940).
Finalmente, se observó que el flujo de fondos que ingresaba al país por parte de la sociedad uruguaya, fue destinado a las cuentas del contribuyente en el país, vinculadas a las empresas “Panamericana Estudios S.A.”, “Non Stop Digital S.A.” y “Non Stop S.A.”, dinero que al ingresar al país fue evadido de la tributación que correspondía.”
A continuación se hace referencia a los descargos presentados por el Sr. Rabuffetti y por el otro imputado, el Sr. Schindler, y luego a las distintas medidas de prueba recabadas en sede penal para despejar el objeto procesal de estas actuaciones, además de clarificar el escenario en torno al movimiento trasnacional de fondos. Entre lo que se destaca un exhorto librado a la República Oriental del Uruguay que, en base a la información obtenida, permitió al Juez en lo Penal concluir en que “a raíz de las medidas practicadas por las autoridades uruguayas en el marco de la rogatoria en cuestión, se corroboró que tanto "Acrisound S.A." como "The Context Box Company S.A." resultan ser firmas reales y en efectivo funcionamiento en el lapso de interés.” También se hace especial mención de las respuestas dadas por los distintos bancos sobre la existencia de cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay pertenecientes a las firmas de interés desde el año 2011 a 2014, así como respecto a las transferencias internacionales realizadas. (el resaltado me pertenece)
Que otra de las probanzas refiere a la declaración testimonial del Sr. Manuel Alejandro Altman en su calidad de Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios y Alianzas Estratégicas de la firma “L.G. Electronics Argentina”, entre los años 2010 y 2017, y cuyo testimonio, según el Juez Penal, “…da cuenta de la efectiva existencia de tales negociaciones, así como también del considerable valor que importó el contrato respectivo en términos de posicionamiento de contenido. Además, de los propios dichos de Altman se desprende que fue precisamente con Rabufetti con quién negoció el contrato entre "The Content Box Company S.A." y "LG Electronics Inc.".” Que también se ordenó un peritaje contable, cuya elaboración se encomendó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la C.S.J.N. junto con los peritos propuestos por la defensa, los que dispusieron de la totalidad de la documentación aportada por la A.F.I.P.-D.G.I. junto con la denuncia inicial, la restante documental recabada durante la instrucción y testimonios de las piezas del expediente que eran de interés.
Que ello así, se expuso que “…las conclusiones expuestas por los expertos intervinientes en el peritaje contable, valoradas conjuntamente con el resto del cuadro probatorio, permiten descartar la comisión de las hipótesis delictivas denunciadas por la A.F.I.P., sin que pueda advertirse la existencia de maniobras dolosas tendientes a defraudar al fisco nacional, con los alcances y requisitos que reclama la figura típica en juego.” “En el marco de la experticia concretada en autos, los expertos indicaron que la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó su pretensión aplicando la presunción del artículo 18 inciso “f)” de la ley ritual tributaria 11.683, descartando la aplicabilidad de los contratos arrimados por el imputado en su defensa. Al respecto, pusieron de relieve que dicha controversia sobre el sustento instrumental de la operación debatida tramita bajo el expediente caratulado “Rabuffetti, Patricio c/AFIP-DGI s/apelación” ante la Sala D, Vocalía de 12º Nominación del Tribunal Fiscal de la Nación.”
“En concreto, luego de realizar una mención del “Contrato Marco” de venta de acciones de fecha 04/04/2011 y del “Contrato de Cesión de Acciones” de fecha 15/04/2011, como así también de las circunstancias que surgen del “Libro de Registro de Accionistas” Nº 1 de “Non Stop Digital S.A.”, los especialistas concluyeron que en término societarios SE ENCONTRARÍA DEBIDAMENTE DOCUMENTADA LA VENTA DE ACCIONES DE ACRISOUND S.A. EFECTUADA POR PATRICIO RABUFFETTI DEL 45% DEL CAPITAL DE LA EMPRESA NON STOP DIGITAL S.A.”
“Al respecto, los peritos indicaron que de la documentación analizada surge que las partes (Rabuffetti y Acrisound S.A.) pactaron que el valor monetario de las acciones correspondientes al 45% del capital de la firma Non Stop Digital S.A., ascendería a la suma de U$S 4.852.556,23, conforme surge del Considerando Nro. 7 del “Acuerdo Marco” de fecha 27/09/2012. Sin perjuicio de ello, aclararon que conforme surge del Considerando Nro. 27 de dicho Acuerdo, RABUFFETTI habría desistido de percibir la suma de U$S202.556,23.”
“En definitiva, concluyeron que el valor monetario acordado por las partes por las acciones correspondientes al 45% del capital de NON STOP DIGITAL S.A., una vez detraída la aludida suma de U$S202.556,23 que habría sido renunciada por Rabufetti, ascendería a la suma de U$S 4.650.000; a la vez que sentenciaron que el importe así determinado es coincidente con el resultante del relevamiento de las erogaciones efectuadas por Acrisound S.A. realizado por la AFIP conforme surge del cuerpo “Circularización a Bancos”.”
“En punto a los gastos efectuados por Rabufetti en concepto de inversión en “Panamericana Estudios S.A.” y “Non Stop Digital S.A.” del dinero transferido por Acrisound, los peritos indicaron que tras analizar la documentación correspondiente surge que el total de las transferencias realizadas por RABUFFETTI a Panamericana Estudios S.A. y Non Stop Digital S.A. ascendió a la suma de $ 18.120.900…”
“En lo que atañe al valor de las acciones a las que se viene aludiendo, señalaron que el valor de las ventas expuesto en el Estado de Resultados de los Estados Contables de Non Stop Digital S.A. cerrados al 30/11/2010, transcriptos en el Libro Inventario y Balances Nº 6, ascienden a la suma de $ 44.212.179.”
“Luego, señalaron que aplicando el procedimiento fijado en la cláusula tercera del “Contrato Marco”, surgieron los siguientes guarismos: Valor al 30/11/2010 $ 44.212.179,00 y Participación 45% $ 19.895.480,55.” “Por último, refirieron que a fin de determinar el valor fijado en dólares estadounidenses, se hubo utilizado como tipo de cambio al 04/04/2011 el de U$S 1 = $ 4,10 del que resultó lo siguiente: Participación 45% $ 19.895.480,55; Tipo de cambio (U$S 1 = $) $ 4,10; Valor Participación 45% en U$S U$S 4.852.556,23.” “En esa línea, los expertos señalaron haber verificado la base del TIPO DE CAMBIO MINORISTA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Peso por Dólar Estadounidense al cierre del día 04/04/2011, observando guarismos que van de $4,068 a $4,104, por lo que concluyeron que NO EXISTEN OBJECIONES QUE FORMULAR RESPECTO AL UTILIZADO AL SER COMPATIBLE CON EL RANGO ANTES EXPUESTO.”
“Del mismo modo, formularon una reseña sobre algunos de los métodos utilizados para la valuación de acciones que en los procesos de adquisición de empresas suelen utilizarse, y sentenciaron que de la documentación puesta a consideración, surgiría que las partes habrían adoptado el método vinculado al “Múltiplo de Ventas” (el cual explicaron debidamente), NO CONTANDO CON ELEMENTOS QUE LES PERMITAN PONER EN CRISIS EL SISTEMA DE VALUACIÓN UTILIZADO.”
“En lo que concierne al interrogante relativo a si la empresa “NON STOP DIGITAL S.A.” al año 2012, contaba con fondos que permitieran la devolución del monto invertido por Acrisound S.A., en caso de así decidirlo, los peritos explicaron que si bien Non Stop Digital S.A. no contaba con montos líquidos disponibles para proceder a la eventual devolución de dicho dinero, lo cierto es que quien debía, en su caso, devolver los fondos percibidos de Acrisound S.A., era Patricio Jorge Horacio Rabuffetti, quien los recibió y los invirtió en Panamericana Estudios S.A. y Non Stop Digital S.A..”
“A la postre, los expertos señalaron que de las compulsas efectuadas sobre la documentación obrante en las actuaciones surge que el monto total percibido por PATRICIO HORACIO RABUFFETTI en relación a los diferentes acuerdos de transferencias de acciones y acuerdos transaccionales posteriores al incumplimiento contractual de Acrisound S.A. ascendería a U$S 5.645.000 por todo concepto, no pudiendo precisarse la medida en que dicha suma debiera imputarse al pago del precio de las acciones de The Content Box S.A., o si en el mismo se integra algún monto imputable a la liberación de cualquier reclamo o hipótesis de responsabilidad por el incumplimiento de los acuerdos comerciales anteriores, concedida por RABUFFETTI.”
“En lo que atañe a la importancia económica de la empresa The Content Box Company S.A. y el valor de sus acciones, los peritos sostuvieron que “(t)ratándose de una empresa tipo start up, no es posible, con la razonabilidad que un peritaje requiere, dar un valor ex ante esperable, resultante de la comercialización de sus derechos. En definitiva, se trata de una evaluación que debería realizarse en base a hipótesis razonables de cantidad de suscriptores/clientes, y precio de suscripción/compra de los derechos o productos ofrecidos, lo cual es básicamente privativo de las partes que intervienen en el negocio jurídico de que se trate, sus expectativas y apreciaciones de las potencialidades del negocio, sin que los peritos designados cuenten con herramientas para opinar respecto de la valoración económica así atribuida, más allá de lo aquí explicitado”.”
“De seguido, los expertos fueron determinantes en punto a que el tratamiento de la venta de acciones por parte de una PERSONA HUMANA NO HABITUALISTA, categoría en la que estaría PATRICIO RABUFFETTI, durante los períodos fiscales 2011 y 2013 que se analizan en las presentes actuaciones, NO ESTABA GRAVADO POR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.”
“Finalmente, los peritos señalaron que “(d)esde su competencia profesional, todo cuanto puede colegirse de la documentación analizada, es que PATRICIO RABUFFETTI ERA TITULAR DE LAS ACCIONES DE NON STOP DIGITAL S.A. Y DE THE CONTENT BOX COMPANY S.A. QUE FUERON OBJETO DE LOS CONTRATOS ANTES ANALIZADOS, Y QUE FEDERICO LUIS SHINDLER ERA APODERADO DE LA FIRMA ACRISOUND S.A., ENCONTRÁNDOSE FACULTADO PARA LOS ACTOS DESPLEGADOS"”
Luego, de reseñar los puntos sobre los que se expidieron los expertos contables y las manifestaciones vertidas en respuesta, el Juez en lo Penal sostuvo que “sentado lo expuesto, las conclusiones precedentemente reseñadas echan por tierra las presuntas irregularidades señaladas por la AFIP y dejan en claro que el contribuyente denunciado no ha infringido sus obligaciones informativas frente al fisco nacional en el contexto de los acontecimientos involucrados e, incluso, no ha llevado adelante ninguna de las acciones típicas exigidas por la figura legal.”
“Por el contrario, se ha acreditado la venta de acciones ventilada en autos, la cual en el caso se encontraba exenta de tributar y tal como ha sido el Impuesto a las Ganancias, sostenido por los peritos, la A.F.I.P. ha efectuado los ajustes sobre BASE PRESUNTA, aplicando para ello la presunción de incremento patrimonial no justificado regulada en el artículo 18 inciso f) de la ley 11.683, descartando la aplicabilidad de los contratos arrimados por el imputado en su defensa; circunstancia ésta que, desde ya, constituye el objeto del expediente caratulado "Rabufetti, Patricio c/ AFIP -DGI s/apelación" del registro de la Sala D, Vocalía de 12º Nominación del Tribunal Fiscal de la Nación Nº EX 2019-47550705-APN-SGAI.”
“Sentado cuanto precede, llegada esta instancia, el tribunal concluye que las hipótesis denunciadas no constituyen maniobras delictivas en los términos que reclama la figura bajo estudio (arts. 1° y 2° de la ley 24.769, según redacción vigente al momento de los hechos).”
“Claro está que el principio de ultima ratio impone serias limitaciones al ámbito de injerencia del sistema penal, excluyendo de sus alcances todos aquellos asuntos que no se hallen estrictamente vinculados con la presunta existencia de comportamientos delictivos.”
“Desde esa perspectiva, sin perjuicio de la contundente opinión de los peritos, me encuentro en condiciones de afirmar que, llegada esta instancia de la encuesta, no puede sostenerse de ningún manera la hipotética existencia de comportamientos penalmente relevantes desde la óptica que aquí me compete, ya que ha quedado claro que se halla absolutamente ausente el elemento característico de la figura típica en ciernes, esto es, el o engaño ardid hacia el fisco nacional.”
“En esos términos, no sólo queda aquí descartada la pretensión punitiva estatal ejercitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto a los conducta atribuida a los encausados (incisos “c” y/o “d” de la evasión agravada) -v. dictamen emitido por el Sr. Agente Fiscal en el marco del "Incidente Falta de Acción"-, sino también cualquier posible obrar relevante en términos jurídico penales por parte de los encausados.” “Así las cosas, sin desconocer la complejidad de la maniobra denunciada y el tenor de las medidas que fueron disponiéndose, el estado actual de cosas alcanzado en el sumario, con el consecuente paso del tiempo, impone que se emita un temperamento que defina la situación de los justiciables frente al proceso (cf. doctrina de la CSJN, Fallos 272:188).”
“Finalmente, me parece atinado señalar que el actual Régimen Penal Tributario (según ley 27.430, B.O. N° 33.781 de fecha 29/12/2017) ha introducido importantes modificaciones relativas a la actividad del organismo recaudador y, particularmente, las condiciones que deben evaluarse previamente para la interposición de una denuncia penal.”
“En ese sentido, la ley 27.430 expresamente establece en torno a las determinaciones sobre la base presunta que “…no corresponderá la denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, sin que existieren otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito” (art. 19, segundo párrafo del R.P.T.).”
“Por cierto, dicha circunstancia fue debidamente apuntada por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales en el marco del estudio pericial concretado en autos (ver “Aclaraciones Previas” en el informe pericial -fs. 521vta./2). ”
“Como vemos, la propia letra de la ley excluye expresamente del ámbito de injerencia del derecho penal aquellos casos en los que el perjuicio fiscal obedezca a “presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas”, pues va de suyo que ese tipo de acontecimientos no conforman maniobras delictivas que lleven ínsitas los requisitos típicos de la figura penal (vgr. ardid o engaño para defraudar al fisco).” “Así, estimaba ilustrativo exponer de qué manera el legislador ha optado por des-incriminar comportamientos de estas características, imponiéndole al organismo fiscal el deber de ni siquiera judicializarlos.” “En conclusión, llegada esta instancia de la instrucción, visto que se han descartado las hipótesis delictivas denunciadas por la A.F.I.P., habré de desvincular en forma definitiva del proceso a PATRICIO JORGE HORACIO RABUFFETTI y FEDERICO LUIS SCHINDLER con relación a los hechos que les fueran adjudicados en autos (cf. arts. 334, 336 y concordantes del C.P.P.N.).”
IX. Que si bien el Juez Penal refiere a que, dado el principio de ultima ratio que impera respecto del Derecho Penal, su injerencia resulta limitada respecto de cuestiones que no se encuentren estrictamente vinculadas, lo cierto es que, aun así resulta categórico al afirmar que se ha acreditado la venta de acciones ventilada en autos, la cual en el caso se encontraba exenta de tributar. Si bien luego refiere a que no se presenta en el accionar del Sr. Rabufetti la existencia de ardid o engaño como elemento típico de la hipótesis delictual imputada y luego alude a la reforma instaurada por la ley N° 27.430 que dispuso que no corresponde formular la denuncia penal cuando las determinaciones de oficio se hayan efectuado sobre la base de aplicación de presunciones, no puede ignorarse que la declaración de hechos realizada, con los fundamentos que desarrolla, contienen una clara valoración de los mismos, cuya injerencia en la presente causa no puede ser pasada por alto.
En ese sentido, el organismo fiscal con el dictado de la Resolución N° 27/2025 decidió clausurar el sumario y declinar la aplicación de sanción por la cuestión controvertida en autos, teniendo en cuenta la imposibilidad de alterar los hechos tal como fueron expuestos en la sentencia judicial, y afirmó que el Juez Penal concluyó en la inexistencia del hecho imponible con fundamento en cuestiones fácticas y apreciaciones normativas, lo que claramente “interfiere” en los hechos a analizar y en la decisión a adoptar con relación a la procedencia de la determinación de oficio practicada en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2011 y 2013 Que no se puede ignorar la vinculación existente entre la resolución que deja sin efecto el sumario oportunamente instruido con sustento en los hechos que dieron lugar a la determinación de oficio recurrida en autos, al receptar el Fisco Nacional la valoración que de los mismos hizo el fuero penal, a pesar de que la sentencia fue contraria a sus intereses, sin haber sido apelada, lo que lleva a dudar sobre sí los elementos agregados en autos presentan merito suficiente para acreditar lo contrario, cuando el propio Fisco, reitero, fue consecuente con la decisión penal. Que la sentencia penal fue categórica al tomar las apreciaciones vertidas en la pericia en la que se sostuvo que “la venta de acciones por parte de una PERSONA HUMANA NO HABITUALISTA, categoría en la que estaría PATRICIO RABUFFETTI, durante los períodos fiscales 2011 y 2013 que se analizan en las presentes actuaciones, NO ESTABA GRAVADO POR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS”, pero lo transcendente en esta instancia es la conclusión a la que arriba el Juez Penal al afirmar que “PATRICIO RABUFFETTI ERA TITULAR DE LAS ACCIONES DE NON STOP DIGITAL S.A. Y DE THE CONTENT BOX COMPANY S.A.
QUE FUERON OBJETO DE LOS CONTRATOS ANTES ANALIZADOS, Y QUE FEDERICO LUIS SHINDLER ERA APODERADO DE LA FIRMA ACRISOUND S.A., ENCONTRÁNDOSE FACULTADO PARA LOS ACTOS DESPLEGADOS”.
Más allá que se vislumbra un deslizamiento funcional en cuanto a la interpretación tributaria plasmada en la sentencia penal analizada, los hechos en rigor que se han tenido por producidos en dicho fuero, quitan sustento a la argumentación fiscal de la existencia de un incremento patrimonial no justificado.
En síntesis, concatenando la descripción de los hechos investigados por parte del Juez Penal, la postura del organismo denunciante ante la sentencia de dicho fuero y la posición adoptada frente al proceso sumarial se concluye en este caso particular, en dejar sin efectos la resolución apelada, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero a lo expresado en el Considerando V del voto del Vocal Instructor por el que se rechaza el planteo de prescripción articulado por la actora respecto a las facultades del Fisco para determinar el período 2011, haciendo notar que no corresponde la imposición de costas autónoma por dicha defensa -tal como lo solicita el Fisco-, toda vez que en oportunidad de efectuar dicho planteo ni la actora ni este Tribunal le otorgaron el carácter de previo y especial pronunciamiento, por lo que no puede ser considerada como una cuestión incidental.
II. Asimismo, en cuanto a la cuestión de fondo, adhiero a lo expuesto en los Considerandos V, VI y VIII del voto del Dr. Martín, debiendo remarcarse que, en este caso en particular no resulta posible que este Tribunal se aparte de los hechos probados y acreditados en la causa penal referida a fin de evitar sentencias contradictorias, en tanto no cabe dudas que la cuestión allí ventilada guarda una estrecha relación con los hechos expuestos en el acto apelado en autos. Que de acuerdo con lo preceptuado por el art. 20 de dicha ley, la suscripta no puede hacer caso omiso al análisis que se hiciera en dicha instancia como así también las conclusiones que allí se arriban.
Por todo ello, voto por revocar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Adhiero por los mismos fundamentos a la decisión propuesta por el Vocal Instructor en el Considerando V de su voto, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
También a la decisión sobre el fondo que allí se propone, fundamentalmente porque por la forma en que se resuelve en la sentencia penal, debe reconocérsele los alcances del último párrafo del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.); ello, en los términos de reiterada y constante jurisprudencia de la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal, entre ella, la dictada in re "EDESA SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 3 de marzo de 2021, en la que dijo que “Si bien en las normas de la ley 24.769 citadas se descarta el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados alcanzados en sede penal, ello no empece a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se supera, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal…” (in re: “Procesamiento Industrial Laminados Arg. SA (TF 19.396-I) c/ AFIP-DGI”, Causa Nº 9200/04, del 13/10/06. Confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17/3/09)”.
Así lo dispuso también esta Sala al fallar en la causa “Audisio, Alberto”, sentencia del 5 de agosto de 2019, confirmada por la Cámara el 14 de julio de 2023.
En dicha ocasión dijo, en lo que aquí interesa, que “…resulta imposible considerar que los efectos de la “cosa juzgada” del pronunciamiento penal de la especie, carezcan de validez respecto de la determinación impositiva”, y que “…, es indudable la influencia de la sentencia referida, no solamente en la faz sancionatoria, sino también sobre la determinación del impuesto en cuanto lo probado se refiera a los hechos sobre los cuales se encuentre estructurada la aplicación del Impuesto”.
Se concluyó allí que”…, si la decisión judicial que pone fin a la actuación penal con efecto de cosa juzgada (en el caso, el sobreseimiento definitivo y sin que la formación del proceso haya afectado el buen nombre y honor del actor) se dispone por una causal objetiva (es decir, porque el hecho no se cometió, o porque es atípico), tiene que referirse esencialmente a lo fáctico, por lo que la resolución administrativa -y en su hora, los decisorios consiguientes- no podrían alterar tal declaración sobre los hechos (cfr. Sala V, in re: “Agroferia S.R.L. c/D.G.I.”, sentencia del 15/07/2008 y, esta Sala, in re, “Cudemo, Mirta”, citado)”.
En el caso, la sentencia dictada en sede penal que quedó firme respecto del mismo impuesto y períodos, da cuenta de la inexistencia del hecho imponible que dio lugar al dictado de la determinación de oficio practicada al Sr. Rabuffetti en la Resolución recurrida, a su turno aceptada por la propia Administración Tributaria al dejar sin efecto el sumario infraccional, por lo que corresponde también aquí aplicar dicho temperamento y revocar la misma, con costas.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios del Contador Horacio Ziccardi por su actuación en autos en el doble carácter de apoderado y patrocinante del recurrente en la suma de $16.218.936 (pesos dieciséis millones doscientos dieciocho mil novecientos treinta y seis) equivalente a 180,46 (ciento ochenta con 46/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 2/26 (03/03/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
3. Regular los honorarios del perito contador designado a propuesta del recurrente, Federico Alberto Enrico, en la suma de $ 3.366.881 (pesos tres millones trescientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho) equivalente a 37,46 (treinta y siete con 46/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines la labor desarrollada en autos.
4. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2026.03.25 09:44:46 -03:00 Date: 2026.03.25 14:27:31 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.25 14:30:32 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.25 14:30:39 -03:00
Fin de la sentencia