Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Emilio Alberto Rached y Ana María Vera, por mayoría, con costas (arts. 470 y 471 –ambos a contrario sensu–, 530 y concordantes del CPPN).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
///nos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por el señor juez Daniel Antonio Petrone - Presidente-, el señor juez Javier Carbajo y la señora jueza Angela E. Ledesma para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en el presente legajo FTU 27596/2019/TO01/CFC2 del registro de esta Sala I, caratulado “RACHED, Emilio Alberto y otros s/recurso de casación”.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: Angela E. Ledesma, Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo.
La señora jueza Angela E. Ledesma dijo:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, mediante veredicto de fecha 30 de diciembre del año 2025, cuyos fundamentos fueron dados a conocer el 6 de febrero del 2026, resolvió, en lo que aquí interesa: “1°) NO HACER LUGAR al pedido de exclusión probatoria, conforme se considera. 2°) CONDENAR a EMILIO ALBERTO RACHED […] por resultar autor de los delitos de PECULADO (art. 261 del C.P.) y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (art. 260 del C.P.) en concurso ideal de delitos (art. 45 y 54 del C.P) en perjuicio de la Administración Pública, a la PENA de TRES (3) AÑOS de PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA y COSTAS Registro Nro.: 1147/26 (arts. 29 inciso 3°, 40 y 41 del C.P. y 531 del C.P.P.N.).
3. CONDENAR a ANA MARÍA VERA […] por resultar coautora de los delitos de PECULADO (art. 261 del C.P.) y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (art. 260 del C.P.) en CONCURSO IDEAL de delitos (art. 45 y 54 del C.P) en perjuicio de la Administración Pública, a la PENA de DOS (2) AÑOS Y TRES (3) MESES de PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, INHABILITACIÓN ABSOLUTA PERPETUA y COSTAS (arts. 29 inciso 3°, 40 y 41 del C.P. y 531 del C.P.P.N)….”(el destacado y las mayúsculas pertenecen al original).
II. Que, contra esa decisión, la defensa particular de Emilio Alberto Rached y Ana María Vera interpuso recurso de casación el que fue oportunamente concedido y mantenido ante esta instancia.
III. La parte recurrente encauzó su presentación en ambos incisos del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
El impugnante efectuó un planteo de nulidad absoluta por violación al principio de congruencia, defensa en juicio y debido proceso. Explicó que se habilitó el juicio sobre una acusación que produjo una mutación fáctica y jurídica de indudable trascendencia. Entendió que el objeto procesal se desplazó cuando el proceso ya estaba encaminado, cuando la defensa ya había exteriorizado su teoría del caso al apelar el procesamiento.
Señaló que la posterior modificación de la plataforma fáctica y jurídica introducida en el requerimiento fiscal de elevación no puede presentarse como una simple “precisión” o ajuste marginal. Entendió que se presenta como una reconfiguración reactiva del caso que desborda el marco procesal original y procura neutralizar — por desplazamiento del objeto— la defensa ya planteada. También planteó que la eliminación de la “prueba de campo”, dispuesta por resolución de fecha 01/07/2025, le genera agravio. Frente a un medio probatorio decisivo para verificar el avance real de la obra y con ello refutar el presupuesto fáctico del supuesto “faltante”, el Tribunal se desentiende de su deber de tutela y control. Precisó que la exclusión de esta prueba implica una aniquilación del principio de congruencia y del derecho de defensa. En su recurso, consideró que el tribunal prejuzga cuando primero anula la pericia y después rechaza la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
Efectuó diversas consideraciones de orden general sobre la pericia de campo y aclaró que era el medio técnico idóneo para verificar el avance físico real del sistema de desagües cloacales y confrontarlo con los montos efectivamente transferidos por el comitente. Entendió que “esa verificación demostraba correspondencia entre obra ejecutada y fondos recibidos, el presupuesto mismo de la figura imputada se derrumba: no hay “faltante” apropiable, no hay sustracción, no hay peculado”.
Por otra parte, consideró que se ha violado el principio de congruencia ya que los hechos de la requisitoria fiscal son totalmente diversos a los que se les intiman en la declaración indagatoria y en el auto de procesamiento. Agregó que el delito de peculado está sustancialmente vinculado -en la imputación y el procesamiento- con la diferencia que se verificaría entre la suma entregada por las autoridades nacionales para la ejecución de las obras pero que en la requisitoria fiscal se observa que el peculado se desvincula totalmente del contrato de obra y las supuestas diferencias entre los desembolsos, el avance de la obra y los montos cubiertos por las rendiciones, para pasar a convertirse en una sustracción.
Al respecto argumentó que el principio de congruencia y la garantía de defensa en juicio exigen que la acusación debe mantener el soporte fáctico de su teoría del caso. Efectuó diversas consideraciones de cómo habrían variado los hechos en la requisitoria fiscal y la alteración de las calificativas originales.
En otro orden de ideas, planteó la nulidad absoluta de la prueba técnica incorporada sin control defensivo —pericia encubierta— y de la declaración testimonial de Mattar Caumo, que la vehiculiza. Aclaró que esa decisión pretende subsanar la falta de control respecto de la pericia contable practicada por personal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, cuyo contenido fue introducido en juicio a través del testigo Mattar Caumo.
Sostuvo que la sentencia invoca al testigo bajo el rótulo de su “especialidad” para fijar un estándar técnico, erigir un modelo prescriptivo de supuesto “circuito regular” y, desde allí, derivar ilicitud. Aclaró que no se trata de un verdadero testigo de hechos, sino de un perito encubierto al que se hace funcionar como vía de ingreso de conocimiento experto aplicado al caso lo que constituye una verdadera pericia. Explicó que se utilizó al testigo como vehículo de una auditoría o pericia encubierta, introducida sin control defensivo concomitante, sin reglas periciales y sin contradicción real.
También adujo que la sentencia incurre en violación y errónea aplicación del derecho al forzar la tipicidad allí donde la prueba no acredita los elementos típicos exigidos, y lo hace, además, mediante un razonamiento probatorio defectuoso: fragmentario, circular y apoyado en inferencias que sustituyen la demostración. Puntualmente, expuso que el tipo del peculado exige sustracción de caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia fue confiada por razón del cargo. Se agravió de que la sentencia construye el “peculado” por una vía oblicua: trata la ausencia o informalidad documental como si fuera sustracción. Agregó que donde la ley exige un hecho material —sustraer caudales o efectos confiados por razón del cargo— el fallo ofrece un déficit burocrático y lo considera delito.
Expuso que en el caso la sentencia en lugar de reconstruir cómo se habría producido el apoderamiento, cuál habría sido el destino ajeno del dinero, presume sustracción desde la mera irregularidad.
Desde otra perspectiva, señaló que la sentencia condena por peculado, porque los imputados supuestamente se apartaron de un “circuito ideal” delineado por un testigo auditor y que la condena queda sostenida en una restricción punitiva que no proviene de la ley, sino de un estándar extra-legal.
También adujo que la sentencia fuerza la tipicidad del delito de malversación de caudales públicos a partir de discusiones de administración financiera y reproches de gestión, como si bastaran —por sí mismos— para configurar un “cambio de destino” penalmente relevante, con lesividad y punibilidad.
Afirmó que si no se prueba el elemento típico (aplicación diferente a un destino normativamente prefijado), no hay subsunción válida y que además no surge acreditada la lesividad concreta ni la necesidad de punición en clave de última ratio.
Señala que el tribunal considera que la decisión de administración financiera —como la colocación transitoria en plazo fijo para preservar valor o administrar caja— como si fuera una “aplicación diferente” en los términos del art. 260 CP. Sin embargo, considera que el tipo exige un verdadero cambio de destino de fondos con destino jurídicamente predeterminado, no un movimiento transitorio que mantiene intacta la afectación y retorna al circuito de origen.
Aclaró que si el capital (y, en su caso, los intereses) retornan al circuito y se aplican a la finalidad pública, sin afectación real del destino funcional, la discusión podrá ser administrativa (o contable); no penal, salvo que se pruebe lesividad concreta, dolo típico y, además, necesidad de pena.
La parte consideró que el fallo exhibe —en este tramo— un déficit dogmático y constitucional: da por satisfecho el juicio de reproche con una mirada restringida de la estructura analítica del delito y omite tratar un problema decisivo: la punibilidad como juicio adicional de legitimación de la pena.
Por otro lado, expuso que el tribunal condena sin agotar el examen de las condiciones materiales de procedencia de la sanción penal, esto es, sin justificar el merecimiento y la necesidad de pena en el caso concreto.
Por ello, solicitó que se haga lugar al recurso, se case la sentencia recurrida y se ordene el dictado de una sentencia de absolución.
Formuló expresa reserva del caso federal.
IV. Que, durante el término de oficina, las partes no hicieron presentaciones.
V. Que en la oportunidad prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación la defensa de Rached y Vera presentó breves notas donde solicitó que se haga lugar al recurso de casación oportunamente deducido, declare la nulidad de la sentencia recurrida por las graves afectaciones al debido proceso, al derecho de defensa que atravesaron todo el debate y, oportunamente, dicte el pronunciamiento que en derecho corresponda, absolviendo a los imputados respecto de los delitos atribuidos.
Superada esa etapa el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del mismo cuerpo legal).
VI. a. Agravio vinculado a la falta de congruencia por la modificación de la plataforma fáctica y jurídica efectuada en el requerimiento de elevación a juicio.
La crítica desarrollada por la defensa vinculada a la nulidad por la modificación de la plataforma fáctica y jurídica en el requerimiento de elevación a juicio no puede prosperar, pues en el caso no se verifica ninguna afectación al derecho de defensa.
Sobre el tema, cabe recordar que los presupuestos del juicio motivan necesariamente la realización del debate contradictorio, que debe recaer sobre los hechos considerados punibles que se perfilan, así como sobre la calificación jurídica de esos hechos, de manera que el acusado tenga la oportunidad de defenderse, pronunciándose no solo sobre la realidad de los hechos aducidos por la acusación, sino también sobre su ilicitud y punibilidad. De modo que, el pleno respeto del principio de bilateralidad vincula al juzgador penal, en cuanto que no podrá pronunciarse sobre hechos no aportados al proceso, ni objeto de la acusación, ni podrá calificar jurídicamente esos hechos de forma que integren un delito de mayor gravedad que el definido en la acusación.
A su vez, en nuestro ordenamiento procesal, el requerimiento de juicio constituye una verdadera pretensión provisional y no definitiva, ya que este último carácter sólo se alcanzará después de realizado el juicio, es decir producidas las pruebas que constituyen el fundamento de la pretensión definitiva, sea condenatoria o absolutoria. Así, podemos hablar de una pretensión evolutiva o progresiva, que no se deduce en un solo y único acto, sino que sigue un orden escalonado; pues, éste se manifiesta a lo largo de la instrucción, mediante la actividad de instar diligencias y culmina, una vez transcurrido el juicio oral, con la formulación de la acusación completa, concretada en los alegatos conclusivos.
En este orden de ideas, la base de interpretación del principio de congruencia está constituida por su relación con la máxima de la inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional. Para comprender el concepto resultan ilustrativas las palabras de Maier “todo aquello que, en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieron expedir (esto es, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente), lesiona el principio estudiado.” (conf. Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Fundamentos, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2004, 2ª edición, pág. 568). De lo expuesto se desprende que “debe existir congruencia entre el reproche final que se le hace al imputado y los hechos concretos que motivaron la acusación.” (conf. Carrió, Alejandro D., “Garantías constitucionales en el proceso penal”, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, 5ª edición actualizada y ampliada, pág. 131). Así las cosas, el imputado debe tener siempre a su alcance, la posibilidad de alegar y probar todo aquello que comprende la acusación, en los alegatos conclusivos del debate público.
Estos conceptos fueron reflejados en las causas nº 7362, “Vera, Pedro Felipe y otro s/rec. de casación”, reg. n 197/07, rta. el 9 de marzo de 2007, nº 10582, “González, Claudio Héctor s/rec. de casación”, reg. nº 1348/09, de fecha 29 de septiembre de 2009, nº 11317, “Reyes Lantigua, Esmeralda y otra s/rec. de casación”, reg. nº 503/10, de fecha 20 de abril de 2010, de la Sala III, y nº 9694, “Medrano, Ricardo Rubén s/rec. de casación”, reg. nº 20805, de fecha 14 de noviembre de 2012 y nº 11919, “Sequeiros, Víctor Hugo s/rec. de casación”, reg. nº 20960, rta. el 11 de diciembre de 2012, ambas de la Sala II, a cuyos fundamentos y citas me remito mutatis mutandi, en honor a la brevedad.
Ahora bien, se observa que las circunstancias que rodearon los sucesos juzgados, como así también las calificaciones jurídicas endilgadas, fueron debidamente informadas en el transcurso de la audiencia, concretamente en la oportunidad regulada en el art. 393 del código adjetivo; quedando delimitada la pretensión del acusador. Así pues, las críticas de la defensa carecen de todo sustento pues no se advierte –y tampoco se ha explicado- de qué manera dicha circunstancia afectó el derecho defensa cuando los actos posteriores de la acusación siempre fueron en el sentido de dichas figuras legales y han sido notificados adecuadamente a la parte, no sólo durante la etapa intermedia sino también en el juicio. Admitir lo contrario supondría exigir que las calificaciones legales durante la investigación se mantuvieran rígidas cuando precisamente la etapa preparatoria configura la fase para que la acusación determine los aspectos legales.
En consecuencia, teniendo en cuenta la provisoriedad del requerimiento de elevación a juicio y que la centralidad del proceso es el juicio oral y público que constituye el momento de máxima garantía (por la contradicción, imparcialidad y publicidad que conlleva), son precisamente los jueces del debate quienes están en mejores condiciones para determinar si se configuran los presupuestos legales de la acusación.
Desde esta perspectiva, no se advierte afectación al derecho de defensa o que haya existido sorpresa para esa parte, dado que existe identidad entre los hechos y las calificaciones legales propuestas por la acusación y los que finalmente fueran condenados por el tribunal de juicio. Estos motivos impiden acoger favorablemente las críticas formuladas en orden a este tópico.
b. Agravio vinculado al peritaje técnico ofrecido por la defensa como instrucción suplementaria.
Las críticas desarrolladas por la defensa nuevamente en esta instancia, vinculadas al rechazo del peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil, ofrecido como instrucción suplementaria, tampoco tendrán favorable acogida de mi parte.
En oportunidad de ofrecer prueba, la defensa solicitó que un ingeniero civil, previo análisis de la documentación legal y técnica de las obras Polideportivo y Red de desagüe Cloacal, Estaciones Elevadoras, impulsión y Planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Pinto y verificación in situ, se expida sobre distintos puntos propuestos (punto 3° del escrito de fs. 2094/2095). Sobre el tema, los jueces del tribunal entendieron que, como sostuvo el Ministerio Público Fiscal, los hechos a acreditar mediante la prueba pericial no se corresponden con el objeto procesal, ni con la plataforma fáctica por la que fueron requeridos los encausados. El tribunal señaló que teniendo en cuenta las conductas típicas que conforman la plataforma fáctica endilgada a los acusados y las expresas manifestaciones del Ministerio Público Fiscal, la prueba pericial técnica ofrecida por la defensa no guarda conexión alguna ni directa o indirecta con la hipótesis delictiva descripta por la acusación, lo que convierte su producción en innecesaria y ajena al objeto litigioso.
En ese orden, se sostuvo que no existe discusión en torno a la forma de ejecución de la obra, el nivel de avance de esta o el valor que insumió.
Concluyeron los jueces que la producción de la prueba pericial técnica no se justifica, si con ella se buscan acreditar hechos que no se compadecen con la atribución penal por la que los encausados son traídos a juicio.
En efecto, el agravio deducido por la defensa no puede prosperar, en virtud de que, de acuerdo con lo que surge del estudio de la causa, lo que está destinado a probar la medida propuesta, no guarda relación con el objeto del proceso.
En consecuencia, en virtud de los argumentos expuestos corresponde rechazar la solicitud interpuesta por la defensa.
c. Agravio vinculado a la afectación de la imparcialidad.
En este apartado, he de analizar el agravio expuesto de modo genérico por la defensa referente a que los jueces habrían prejuzgado al rechazar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y la producción de la medida de prueba solicitada.
Sin embargo, se observa que el defensor no ha explicado de qué manera la decisión de los magistrados implicó prejuzgar o una afectación a la imparcialidad del juzgador. Ello así, en tanto los jueces rechazaron el pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio efectuado por el Ministerio Público Fiscal y rechazaron la medida de prueba en función de lo sostenido por el órgano acusador, lo cual no equivale a una decisión de mérito definitiva sobre el fondo del caso.
En efecto, el rechazo de la nulidad intentada por la defensa y el rechazo de una medida de prueba no pueden equipararse a una decisión de mérito definitiva, máxime cuando la defensa no ha fundado el temor de parcialidad en el caso concreto.
d. Agravio referente a la nulidad absoluta de la prueba técnica incorporada sin control de la defensa. La defensa se agravia por considerar que a través de la declaración prestada por el testigo Federico Mattar Caumo ingresó al proceso un peritaje sin control de la defensa.
Se encuentra agregado a fs. 2089/93 el ofrecimiento de prueba efectuado por el Ministerio Publico Fiscal donde propone como testigo a Federico Mattar Caumo quien -aclara- que cumple funciones en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santiago del Estero (ver punto 3º, testimonial del escrito de fs. 2089/93). El tribunal incorpora su declaración en el proveído de prueba de fs. 2107, sin que medie oposición posterior de la defensa. En el caso, no se advierte cuál es el interés jurídico a reparar desde que el recurrente no invocó el perjuicio concreto que el acto impugnado le habría ocasionado al no puntualizar qué defensas, pruebas o alegaciones se vio impedido de producir.
En efecto, la defensa ha tenido ocasión de contradecir la prueba (testimonio del experto) durante la audiencia de debate; no ha señalado cuáles son las partes de la declaración que cuestiona ni qué tramos de la sentencia valoraron de manera desfavorable para el imputado.
En este sentido, el recurrente no ha alegado de qué manera y con qué alcance dicho testimonio afectaría su teoría del caso.
De modo que, a falta de toda indicación sobre el agravio puntual que la pretendida nulidad le causó, he de rechazar el planteo deducido por la defensa.
Es oportuno recordar que la anulación de actos procesales tiene en mira el resguardo de las garantías; resultando improcedente declarar la nulidad por la nulidad misma, exigiéndose la existencia de perjuicio (pas de nullité sans grief), extremo que -en virtud de lo señalado precedentemente- no se ha demostrado en el particular. e. Algunas consideraciones preliminares en orden a los delitos de corrupción investigados Es necesario precisar que, en relación a las maniobras imputadas, dada su extensión y características en tanto se reprochan hechos de corrupción en la Municipalidad de Pinto, entiendo que es necesario no omitir un análisis mínimo de contexto.
Sostuve al resolver la causa n° CFP5926/2004/TO1/CFC1 del registro de la Sala II de esta Cámara, caratulada "Menem, Carlos Saúl y otros s/ recurso de casación” rta. el 12 de octubre de 2018 reg. 16123/18, que en nuestro territorio, el sistema burocrático de raíces inquisitivas impide que muchas veces se develen las verdaderas dimensiones sociopolíticas de los delitos organizados que afectan al país y sus instituciones, sobre todo cuando se encuentra lesionado el erario público. Al respecto, se sostiene que “En términos generales, la macrocriminalidad se produce en contextos de acción colectiva de carácter político. De una parte, los crímenes colectivos están políticamente condicionados, en tanto su comisión organizada, sistemática y programada depende de los medios o recursos que se encuentran a disposición de quienes ejercen el poder. En este sentido, es importante señalar que la macrocriminalidad política no comprende todos los fenómenos de acción colectiva que se puedan considerar parte de la criminalidad organizada, y se diferencia de la criminalidad común, de las formas especiales de criminalidad (terrorismo y narcotráfico, entre otros) y de la llamada criminalidad de los poderosos. (Martínez Osorio, David, Manual de análisis contextual para la investigación penal en la Dirección Nacional de Análisis de contextos de la Fiscalía General de la Nación”, Colombia, junio 2014).
Así pues, estas complejidades específicas de los delitos de corrupción colisionan con el modelo de investigación arcaico del Código Procesal Penal que dificulta la agilidad y dinamismo que supone investigar delitos complejos.
La característica principal del modelo de enjuiciamiento vigente (ley 23.984), pasa por una etapa de instrucción escrita en la que se confunde el rol de los actores procesales (policía, fiscales y jueces) quienes investigan en un escenario en que todo se confunde y dilata.
Por otra parte, es necesaria una autocrítica del fuero federal en relación a la investigación de hechos de estas características. En lo que refiere a la investigación, los hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2018.
En la justicia federal persiste un modelo de funcionamiento institucional anclado en formas poco transparentes, antiguas, secretas que aún no se ha hecho cargo del reclamo social de mayor transparencia y eficacia; sobre todo en los casos que involucren a funcionarios públicos.
Precisamente, en ese contexto de análisis es que habré de ingresar en el tratamiento de las cuestiones planteadas, teniendo especialmente en cuenta también las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de corrupción (Convención interamericana contra la Corrupciónley 24.759- y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción –ley 26.097-).
f. Hechos probados.
El 5 de septiembre del año 2016 la Secretaría de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación celebró el convenio “CONVE-2016-01346960-APN-SECVYH#MI” con la Municipalidad de Pinto, representada en ese momento por el intendente Emilio Alberto Rached.
El citado convenio tuvo como propósito financiar la mejora de infraestructura básica y el fortalecimiento comunitario en los barrios: España, San Martín, El Tigre y Libertad de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre de esta provincia de Santiago del Estero, en el marco del Programa 37 "Acciones para Provisión de Tierras para el Hábitat Social", lo que se concretaría mediante la construcción de un Polideportivo (alias “NIDO”) y un Sistema de Desagües Cloacales.
En ese acuerdo, se estableció que la Secretaría financiaría el proyecto por el importe total de $ 80.591.322, destinando un porcentaje a la ejecución del sistema de desagües cloacales y otra a la construcción y ampliación del equipamiento comunitario (NIDO). La ejecución de la obra estaba prevista para ser desarrollada en el plazo de dieciséis meses (ver anexo I fs. 62), el que operó el día 5 de septiembre del año 2018. Los fondos se desembolsarían en forma progresiva conforme el plan estipulado en el Anexo II del convenio.
El tribunal tuvo por acreditado que las erogaciones iniciaron en el mes de noviembre de 2016 y a tales efectos se abrió una cuenta bancaria específica en el Banco Nación sucursal Añatuya N° 1160019565 CBU 0110116020011600195656, en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo III.
Siendo inminente la asunción en funciones del nuevo intendente electo, en fecha 29/10/2018, el Ministerio del Agua y Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero, efectuó un informe técnico sobre la situación de la obra. El nuevo intendente electo, asumió sus funciones el 31/10/2018.
En los meses de noviembre de 2018 y marzo de 2019 organismos nacionales efectuaron una auditoría sobre la situación de la obra. Seguidamente, el 03/04/2019, mediante nota suscripta por Marina Klemensiewicz, el Municipio de Pinto fue intimado para que, en el plazo de cinco días hábiles, documente y ponga de manifiesto las causales del desvío, como así también a presentar un nuevo plan de trabajo (nota de fs. 219/220).
Hechos probados que resultan constitutivos del delito de peculado 1. En ese marco, el tribunal tuvo por probada la compra de un martillo compresor usado en el año 2017, que se acreditó mediante la presentación de una factura datada en el año 2012, por un precio consignado en dólares estadounidenses a un tercero, no el comprador consignado en la factura y por un monto superior a su cotización. El tribunal tuvo en cuenta la carpeta de documentación administrativa nº4 (fs. 93), obra resolución administrativa Nº 308/2017 de fecha 26/06/2017 por la cual se autoriza el pago directo de la factura B N° 0010 - 00000099, a la firma CETEC SUDAMERICANA S.A por la suma de $416.250,80 en concepto de adquisición de un martillo compresor para los distintos tipos de trabajos de excavaciones de cunetas de la ciudad.
El fallo destaca que ese instrumento fue confeccionado el 29/05/2012 por la firma CETEC, documentando la venta de un motocompresor DTR 175, de la marca vendedora, al Sr. Miguel Nadin Gerala, por la suma de U$S 17.072,00 (el nombrado Nadin Gerala es un tercero que no intervino en ninguna instancia del acto administrativo, con domicilio en la ciudad de Salta).
A su vez, señaló que el Municipio no formalizó el acto administrativo con el comprador de la máquina -con más de cinco años de uso- sino con el supuesto fabricante y vendedor (CETEC Industria Argentina) a cuyo favor se libró Orden de pago n° 308 de fecha 26/06/2017, firmada por Ana María Vera y Emilio Rached, por la suma de $416.250,08, confeccionándose el cheque N° 300.
El sentenciante advirtió, entre otras irregularidades, que se adquirió este bien mueble usado a quien ex ante habría vendido el mismo y que la adquisición de bienes muebles usados por parte de la Administración reviste carácter excepcional, debiendo encontrarse debidamente fundada en razones objetivas de mayor conveniencia económica o en la naturaleza específica del bien a adquirir, que justifiquen razonablemente el apartamiento de los mecanismos ordinarios de contratación. No obstante, señaló que del análisis del acto administrativo involucrado no surge motivación suficiente ni constancia alguna de criterios técnicos, económicos o funcionales que habiliten dicha excepcionalidad, limitándose a expresiones genéricas y vagas, carentes de respaldo objetivo, lo que evidencia un apartamiento injustificado de los procedimientos legales vigentes. Los magistrados destacaron que el vendedor no justifica el dominio del bien que ya fue vendido y que según la documentación acompañada sería de propiedad de un tercero ajeno al contrato administrativo y domiciliado en la ciudad de Salta, sin vínculo contractual, representación, intermediación legítima o relación jurídica alguna con el Municipio.
Consideraron que resulta irregular el precio convenido, en moneda estadounidense (en abierta contradicción con los regímenes de contratación y ejecución presupuestaria vigentes en el ámbito de la administración pública), fue el mismo que se pactó al enajenarse sin uso. No obstante, se trataba de una máquina con más de cinco años de uso.
Destacaron también que por la máquina se abonó una suma en moneda nacional superior a la cotización en plaza de la moneda extranjera. Es que de la prueba colectada en la presente causa surge que, al momento de la presentación de la factura para su cobro, el 26/06/2017, el dólar oficial cotizaba en $16,15, por lo que la conversión resultaba en la suma de $275.712,80, sin embargo, se libró cheque en moneda nacional a favor de CETEC SUDAMÉRICA S.A. por la suma de $ 416.250,08, verificándose así un perjuicio de $ 140.538,00, un 50% superior al precio de una unidad nueva.
Los jueces argumentaron que la operación carece de toda justificación, respaldo documental o acto administrativo que la autorice, configurando un perjuicio patrimonial concreto para la administración pública. Concluyó el tribunal que el proceder desplegado por los imputados importó no sólo una grave afectación al régimen de contrataciones públicas, sino además una indebida disposición y sustracción de fondos públicos remitidos por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, los cuales se encontraban bajo su administración, manejo o custodia, configurándose de este modo los extremos objetivos del delito de peculado, en tanto se verifica una apropiación o distracción ilegítima de caudales públicos, con afectación concreta al patrimonio estatal.
2. Por otra parte, el tribunal tuvo por acreditado que se presentaron al cobro facturas emitidas por Nemesté S.A., CUIT N° 30 -71541591-3 que es una persona jurídica constituida mediante escritura n°103 de fecha 29/09/2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrada por Fernanda Lara Escobar y Brayan Alexander Acevedo Fumero, ambos de nacionalidad venezolana cuyo objeto era la explotación comercial de negocios del ramo de pizzería, confitería, bar, restaurante, despacho de bebidas alcohólicas y envasadas en general; cualquier otro rubro de la rama gastronómica y toda clase de artículos o productos alimenticios.
La persona jurídica se encuentra inscripta en el impuesto a las Ganancias Sociedades, IVA, Régimen de Información, Empleador Aportes de la Seguridad Social IIBB Convenio Multilateral y que la misma declara como actividades la prestación de servicios de restaurantes y cantinas y construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
Según lo informado por AFIP se encontraba autorizada a operar en el rubro construcciones desde abril 2018 (fs. 1342). Además, destacaron que la mencionada firma fue dada de alta en el Convenio Multilateral para operar en esta provincia el 01/08/2018 bajo el rubro de locales de venta de comidas (fs. 170/171).
Tuvieron por acreditado los jueces que las contrataciones efectuadas con la empresa Nemesté S.A. se realizaron de manera directa y al margen de los procedimientos legalmente establecidos, sin que obren en autos contratos, pliegos, certificaciones de obra, mediciones técnicas ni documentación respaldatoria idónea que permita determinar con precisión la naturaleza, alcance y efectiva ejecución de las tareas supuestamente realizadas.
Esas irregularidades fueron expresamente señaladas en los informes del Tribunal de Cuentas agregados a fs. 491/492, el cual da cuenta de la inexistencia de sustento documental suficiente que justifique los pagos efectuados con fondos públicos.
Señalaron los jueces que la firma Nemesté presentó ante el Municipio de Pinto facturas destinadas al cobro de supuestos servicios de provisión de mano de obra para la ejecución de trabajos de construcción, mampostería, instalaciones eléctricas, pintura y demás tareas propias del rubro.
El fallo destaca que no se pudo verificar la efectiva ejecución de los trabajos facturados debido a que carecen de detalle alguno de mediciones de obra, superficies intervenidas o especificación de la cantidad de operarios afectados a las tareas, extremos indispensables para acreditar la materialidad de las prestaciones. Aunaron que tampoco obran constancias que acrediten la registración del personal ante la UOCRA ni la inscripción de la empresa ante el IERIC, requisitos legales indispensables para el desarrollo de la actividad y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales derivadas de la contratación de mano de obra en el sector de la construcción.
Infirieron que la facturación presentada carecía de respaldo, evidenciando que fue confeccionada con el propósito de posibilitar la disposición indebida de fondos públicos y consumar la sustracción de caudales pertenecientes a la administración municipal.
También tuvieron por comprobado que la contratación de la empresa Nemesté S.A. vulneró lo dispuesto por el artículo 14 in fine del Decreto Reglamentario Nº 3429/2018 y la Ley Provincial Nº 6.705, que consagran el principio de preferencia a favor de proveedores locales en la provincia de Santiago del Estero. Es que no se pudo constatar razón objetiva alguna que justifique la contratación de un proveedor foráneo, ya sea por razones de mayor conveniencia económica o por la existencia de una especialidad técnica exclusiva que tornara imprescindible su intervención.
En la sentencia se tuvieron particularmente en cuenta las facturas presentadas por Nemesté S.A. al Municipio de Pinto que brindó la mano de obra para la ejecución de cordón cuneta, perfilado de terraplenes en lagunas cloacales, obras en un polideportivo y ejecución de red cloacal, entre otras prestaciones, conforme surge de los actos administrativos, órdenes de pago y facturas obrantes en la carpeta de documentación original Nº 9 (ver fs. 19/20, 22/23 27/28,33/34). Sumado a ello, tuvieron en cuenta los jueces que no se verificó un correlato material suficiente entre los montos abonados y la efectiva ejecución de las obras por la ausencia de mediciones, cantidad de metros ejecutados o certificaciones.
Asimismo, en el fallo se valoró que de los rubros facturados surge que la empresa contratada carecía de una especialidad técnica determinada, que se trataba de una firma dedicada genéricamente a la construcción, sin idoneidad específica que demostrara su contratación en detrimento de empresas locales que contaban con capacidad técnica suficiente para la ejecución de tales trabajos. Señalaron que resulta demostrativo de la falta de experiencia de la empresa en el rubro de construcción, la inscripción ante los organismos fiscales en ese ítem en abril de 2018 y que a los pocos meses contrató con el Municipio de Pinto, la primera factura fue presentada el 13/09/2018.
A partir de todo lo expuesto, los jueces concluyeron que la maniobra de sustracción ilícita no se agotó en la mera inobservancia de las normas administrativas vigentes, sino que se tradujo en un esquema sistemático y reiterado de disposición ilegítima de fondos públicos, instrumentado a través de la utilización de la firma Nemesté S.A. como beneficiaria formal de pagos pero que, en los hechos, conforme se discrimina más abajo, fueron desviados hacia terceras personas ajenas a dicha empresa.
Así pues, destacaron que de la documentación original acompañada por el Municipio de Pinto surge que los ahora condenados, en su carácter de funcionarios públicos responsables de la administración y disposición de caudales municipales, autorizaron pagos a favor de la mencionada firma en razón de supuestos servicios prestados. A su vez, de manera simultánea y deliberada, dispusieron el libramiento de los cheques respectivos a nombre de personas físicas distintas de la beneficiaria consignada en los actos administrativos, contrariando abiertamente el contenido de las resoluciones y órdenes de pago que ellos mismos suscribieron.
Para arribar a tal juicio de certeza, los jueces analizaron el modo reiterado y consciente en que se ejecutó la maniobra:
A fs. 110 de la carpeta de documentación administrativa N° 9 bis, obra resolución administrativa de fecha 13/09/2018 por la cual se autoriza el pago directo de la factura B N° 0003-00000003 a la firma Nemesté S.A. por la suma de $48.750, en concepto de mano de obra para la construcción del Centro Cultural y Polideportivo de la ciudad de Pinto. Seguidamente, se adjunta Orden de Pago N° 739 de fecha 13 de septiembre de 2018, firmada por Ana María Vera y Emilio Rached a favor de NEMESTE S.A por la suma de $48.750, consignando que se libra a tal efecto el cheque N° 720. La Factura B N° 0003-00000003 de la firma NEMESTE S.A, de fecha 28/8/2018 por $48.750, en concepto de trabajos de mampostería en Polideportivo Municipal de Pinto, suscripta por el sr. Emilio Rached, en su carácter de intendente. En las copias del Libro Banco obrante en la carpeta de documentación administrativa N° 9, a fs. 11, se indica que el cheque N° 720 es librado a favor de Nemesté S.A. A su vez, los cheques remitidos por el Banco de la Nación Argentina, a fs. 1443 resulta que el cheque N° 720 fechado el 12/09/2018, librado a favor de Héctor Alberto Bauza, por el mismo importe de la factura que lo antecediera y fue suscripto por Rached y Vera que debió ser sido emitido a nombre de la empresa Nemesté S.A. como dispone el acto administrativo.
Además, a fs. 108 de la carpeta de documentación administrativa N° 9 bis, obra resolución administrativa de fecha 13/09/2018 por la cual se autoriza el pago directo de la factura B N° 0003-00000010 a la firma Nemesté S.A. por la suma de $20.000, en concepto de mano de obra para la construcción del Centro Cultural y Polideportivo de la ciudad de Pinto. Seguidamente, se adjunta Orden de Pago N° 741 de fecha 13 de septiembre de 2018, firmada por Ana María Vera y Emilio Rached a favor de NEMESTE S.A por la suma de $20.000 consignando que se libra a tal efecto el cheque N° 722. Obra la Factura B N° 0003-00000010 de la firma NEMESTE S.A, de fecha 17/9/2018 por $20.000, en concepto de trabajos de mampostería en Polideportivo y sistema de cloacas, suscripta por Emilio Rached. En las copias del Libro Banco obrante en la carpeta de documentación administrativa N° 9, a fs. 11, se indica que el cheque N° 722 es librado a favor de Nemesté S.A.. De la compulsa de los cheques remitidos por el Banco de la Nación Argentina, a fs. 1444 obra el cheque N° 722 fechado el 17/09/2018, librado a favor de Carlos Céspedes, por el mismo importe de la factura que lo antecediera y fue suscripto por los acusados Rached y Vera debió haber sido emitido a nombre de la empresa Nemesté S.A. conforme lo dispuesto en el acto administrativo.
A fs. 106 de la carpeta de documentación administrativa N° 9 bis, obra resolución administrativa de fecha 19/09/2018 por la cual se autoriza el pago directo de la factura B N° 0003-00000002 a la firma Nemesté S.A. por la suma de $49.500, en concepto de mano de obra para la construcción de Centro Cultural Polideportivo de la ciudad de Pinto. Seguidamente, se adjunta Orden de Pago N° 742 de fecha 19 de septiembre de 2018, firmada por Ana María Vera y Emilio Rached a favor de NEMESTE S.A por la suma de $49.500 consignando que se libra a tal efecto el cheque N° 723. A continuación, obra la Factura B N° 0003-00000002 de la firma NEMESTE S.A, de fecha 28/8/2018 por $49.500, en concepto de mano de obra para obra de construcción de Polideportivo Municipal, suscripta por el Sr. Emilio Rached, en su carácter de intendente. En las copias del Libro Banco obrante en la carpeta de documentación administrativa N° 9, a fs. 11, se indica que el cheque N° 723 es librado a favor de Nemesté S.A.. Surge de los cheques remitidos por el Banco de la Nación Argentina, a fs. 1445 obra el cheque N° 723 fechado el 18/09/2018, librado a favor de René Bertorello, por el mismo importe de la factura que lo antecediera y fue suscripto por los acusados Rached y Vera cuando debió haber sido emitido a nombre de la empresa Nemesté S.A. conforme lo dispusiera el respectivo acto administrativo.
A fs. 97 de la carpeta de documentación administrativa N° 9 bis, obra resolución administrativa de fecha 21/09/2018 por la cual se autoriza el pago directo de la factura B N° 0003-00000005 a la firma Nemesté S.A. por la suma de $49.950, en concepto de mano de obra para la construcción de Centro Cultural y Polideportivo de la ciudad de Pinto. Seguidamente, se adjunta Orden de Pago N° 747 de fecha 21/9/2018, firmada por Ana María Vera y Emilio Rached a favor de NEMESTE S.A por la suma de $49.950 consignando que se libra a tal efecto el cheque N° 728. A continuación, obra la Factura B N° 0003-00000005 de la firma NEMESTE S.A, de fecha 28/8/2018 por $49.950, en concepto de trabajos de colocación de instalación eléctrica en polideportivo, suscripta por el Sr. Emilio Rached, en su carácter de intendente. En las copias del Libro Banco obrante en la carpeta de documentación administrativa N° 9, a fs. 11, se indica que el cheque N° 728 es librado a favor de Nemesté S.A.. Surge de los cheques remitidos por el Banco de la Nación Argentina, a fs. 1446 obra el cheque N° 728 fechado el 20/09/2018, librado a favor de Luis Alfredo Bianchi, por el mismo importe de la factura que lo antecediera y fue suscripto por los acusados Rached y Vera; cuando en realidad debió haber sido emitido a nombre de la empresa Nemesté S.A. conforme lo dispusiera el respectivo acto administrativo.
Se encuentra agregada a fs. 76 de la carpeta de documentación administrativa N° 9, la resolución administrativa de fecha 25/10/2018 por la cual se autoriza el pago directo de la factura B N° 0003-00000004 a la firma Nemesté S.A. por la suma de $49.850, en concepto de mano de obra para la construcción de Centro Cultural y Polideportivo de la ciudad de Pinto. Seguidamente, se adjunta Orden de pago N° 881 de fecha 25/10/2018, firmada por Ana María Vera y Emilio Rached a favor de NEMESTE S.A por la suma de $49.850 consignando que se libra a tal efecto el cheque N° 729. A continuación, obra la Factura B N° 0003-00000004 de la firma NEMESTE S.A, de fecha 28/8/2018 por $49.850, en concepto de mano de obra de colocación de pisos en polideportivo, suscripta por el Sr. Emilio Rached, en su carácter de intendente. En las copias del Libro Banco obrante en la carpeta de documentación administrativa N° 9, a fs. 11, se indica que el cheque N° 729 es librado a favor de Nemesté S.A.. De la compulsa de los cheques remitidos por el Banco de la Nación Argentina, a fs. 1447 obra el cheque N° 729 fechado el 20/09/2018, librado a favor de Héctor Alberto Bauza, por el mismo importe de la factura que lo antecediera y fue suscripto por los acusados Rached y Vera; cuando en realidad debió haber sido emitido a nombre de la empresa Nemesté S.A. conforme lo dispusiera el respectivo acto administrativo. Conforme ha quedado sentado más arriba, el tribunal concluyó la ilicitud de la conducta, no solo porque se verifica la contradicción entre el beneficiario formal del pago (Nemesté S.A.) y el destinatario real del cheque (persona física sin vinculación a la firma societaria), sino también una secuencia temporal incompatible con una explicación administrativa razonable o congruente. Los jueces tomaron en cuenta que el cheque fue emitido en septiembre/2018, con anterioridad a la resolución que autorizaba el pago que data de octubre/2018. Al respecto, los magistrados tuvieron en cuenta que esta circunstancia, descarta un error material o de una irregularidad meramente formal y pone de manifiesto la existencia de una decisión previa y consciente de disponer de los fondos públicos.
Se verificaron otros supuestos irregulares como:
cheque N° 738 librado a favor de Rubén Dandini (fs. 1448) mientras que la Resolución Municipal y la orden de pago N° 756 (a fs. 78 y 79 de la carpeta de documentación administrativa 9 bis) indica el pago a Nemesté S.A.; cheque N° 739 librado a favor de Luis Carlos Ruiz (fs. 1449) mientras que la Resolución Municipal y la orden de pago N° 757 (a fs. 76 y 77 de la carpeta de documentación administrativa 9 bis) indica el pago a Nemesté S.A.; cheque N° 742 librado a favor de Carlos Céspedes (fs. 1450) mientras que la Resolución Municipal y la orden de pago N° 760 (a fs. 70 y 71 de la carpeta de documentación administrativa 9 bis) indica el pago a Nemesté S.A.; cheque N° 747 librado a favor de Luis Carlos Ruiz (fs. 1451) mientras que la Resolución Municipal y la orden de pago N° 765 (a fs. 62 y 63 de la carpeta de documentación administrativa 9 bis) indica el pago a Nemesté S.A.; entre otros supuestos más.
En el fallo se valoraron también las graves inconsistencias observadas en la correlatividad de las resoluciones administrativas, órdenes de pago, facturas y fechas de emisión de los cheques que constituyen un indicio contundente del pleno conocimiento que tenían los imputados sobre la ilicitud de su proceder.
Respecto de este análisis, la defensa se agravió nuevamente en esta instancia de que se trata de irregularidades administrativas.
En lo referente a esta cuestión, los jueces de la anterior instancia subrayaron que, mediante un mecanismo de contrataciones irregulares, carentes de respaldo documental, de control y de justificación técnica o económica se sustrajeran fondos públicos de su finalidad específica.
Al respecto, tuvieron en cuenta que los imputados acudieron a una empresa sin antecedentes en materia de construcción de obras públicas –menos aún en la especialidad de sistemas cloacales- para disponer indebidamente de los caudales estatales bajo la apariencia formal de prestaciones de servicios, sin que se acreditara su efectiva realización ni la razonabilidad de los pagos efectuados, que como fue antes detallado, en muchos casos, el pago fue materializado a favor de un tercero ajeno a la sociedad. Destacaron que los acusados se valieron de su posición funcional para disponer ilegítimamente de los fondos municipales ocasionando un perjuicio al Estado Nacional y Municipal, que se evidencia en la falta de concreción de una obra de trascendencia como lo es la instalación del sistema cloacal para la comunidad de la ciudad de Pinto.
En este entendimiento, concluyeron que las conductas descriptas no pueden ser calificadas como meras irregularidades administrativas, sino que configuran el delito de peculado, en tanto los imputados, en su carácter de funcionarios públicos con facultades de administración y disposición de fondos estatales, consintieron, posibilitaron y autorizaron mediante la firma de los respectivos actos administrativos la distracción de dichos caudales, apartándolos de los fines previstos, con conocimiento de la ilegalidad de su proceder.
3. Los jueces de la anterior instancia tuvieron por comprobado también otras maniobras para disponer indebidamente de los fondos públicos.
Indicaron que se aportaron al cobro facturas de proveedores de bienes o servicios donde los cheques fueron emitidos a favor del Municipio de Pinto. Así señalaron que a fs. 30 de la carpeta n°7 de documentación administrativa del Municipio de Pinto, obra resolución de fecha 17/05/2018 por la cual se aprueba y autoriza el pago a Lucca Materiales SRL en razón de la factura B N° 0005-00004687 por el monto de $ 150.157,80. Por ello, se dispone la orden de pago N° 547 a dicho proveedor, por el mismo importe y se consigna el cheque N° 534. Sin embargo, a fs. 1593 obra copia de ese instrumento consignado por el mismo importe a favor del Municipio de Pinto suscripto por Rached y Vera, cuando en realidad debió ser librado a favor de Lucca Materiales SRL. Asimismo, en el dorso del cheque obra la rúbrica de ambos encausados y constancia de depósito del mismo en el Banco Santiago S.A. del Estero el 17/05/2018. Otra situación similar se verifica a fs. 85 de la carpeta N° 7 de documentación administrativa del Municipio de Pinto, en el que obra la resolución de fecha 28/05/2018 por la cual se aprueba y autoriza el pago a Norte Accesorios, en razón de la factura B N° 0003 -00000032 por el monto de $ 92.700. Se dispone la orden de pago N° 569 a dicho proveedor por el mismo importe y se consigna el cheque N° 556. No obstante, a fs. 1595 obra copia del instrumento consignado por el mismo importe a favor del Municipio de Pinto suscripto por Rached y Vera, cuando en realidad debió ser librado a favor del proveedor antes enunciado. Además, en el dorso del cheque obra la rúbrica de ambos encausados y constancia de depósito del mismo en el Banco Santiago S.A. del Estero el 04/06/2018.
Lo mismo ocurre con el cheque N° 557 emitido a favor del Municipio de Pinto (fs. 1725), cuando la resolución municipal de fecha 28/05/2018 y la correspondiente orden de pago N° 570 (obrante a fs. 84 de la carpeta N° 7 de la documentación remitida por la Municipalidad de Pinto) disponen el pago a Norte accesorios; cheque N° 592 (fs. 1602) emitido a favor del Municipio de Pinto, cuando la resolución municipal de fecha 28/06/2018 y la correspondiente orden de pago N° 605 (obrante a fs. 48 de la carpeta N° 7 de la documentación remitida por la Municipalidad de Pinto) disponen el pago a Pibot SRL; cheque N° 575 (fs. 1728) emitido a favor del Municipio de Pinto, cuando la resolución municipal de fecha 30/03/2017 (en la que existe una inconsistencia en las fechas, ya que la resolución municipal está antedatada a la factura que la justifica) y la correspondiente orden de pago N° 588 (obrante a fs. 66 de la carpeta N° 7 de la documentación remitida por la Municipalidad de Pinto) disponen el pago a Aceros Díaz; entre otros casos más. En definitiva, estas faltas de correspondencia entre la persona a favor de quien se ordena el pago y a quien finalmente se libra el cheque, revelan la deliberada intención de cubrir de legalidad los actos de sustracción y refuerzan lo expuesto respecto de la utilización de la firma Nemesté anteriormente referenciado.
El tribunal tuvo por comprobado que el Municipio de Pinto durante la intendencia de Rached, conjuntamente con la entonces Secretaría de Economía, procedieron a la contratación de servicios y a la adquisición de bienes destinados a la ejecución de las obras del Centro Cultural y Polideportivo (NIDO) y del sistema de desagües cloacales, recurrieron a mecanismos de excepción -de compra directa y concurso de precios eludiendo los procedimientos licitatorios, cuando los montos involucrados excedían ampliamente los límites máximos establecidos por la Ley Provincial N° 6655, actualizados por el Decreto Provincial N° 0718 de fecha 20 de abril de 2015, el cual fijó como topes máximos la suma de $60.000 para las contrataciones directas y de $120.000 para los concursos de precios. Enumeraron como ejemplos de la vulneración de dichos límites, los siguientes supuestos: a. la adquisición por concurso de precios de una retro pala, necesaria para efectuar las excavaciones de la obra de desagües cloacales. Da cuenta de ello el Decreto N° 21/2016 de fecha 16/11/2016 (fs. 288) por el cual se adjudica el concurso de precios para la adquisición de dicha maquinaria a la empresa que cotizó la misma en la suma de $ 1.921.996,66; b. el Decreto N° 28/2016, de fecha 07/12/2016 (fs. 293) por el cual se adjudica el concurso de precios a la empresa que cotizó la suma de $ 1.462.845,00 por la compra de 2.300 caños de distintas medidas y accesorios; c. el Decreto N° 25/2017 del 28/04/2017 (fs. 324) por el cual se adjudicó a una firma de otra provincia el concurso de precios por la suma de $402.886,00 para la compra de aberturas de la obra del Centro Cultural y Polideportivo; d. el Decreto N° 47/2017 de fecha 14/06/2017 por el cual se adjudicó el concurso de precios a una firma de Santa Fe por la suma de $2.696.580 por la compra de caños y accesorios de PVC; entre otros tantos casos más.
Afirmaron los jueces que surge con claridad que los importes correspondientes a los concursos de precios superaron de manera ostensible los topes máximos previstos en el Decreto Provincial N° 0718, a lo que se suma que en diversos casos se procedió a contratar con empresas radicadas en otras provincias, sin que conste en las actuaciones justificación alguna que fundamente su preferencia por sobre oferentes locales, en abierta contradicción con los principios que rigen la Ley Contrata Santiago.
Este proceder importó una afectación concreta a la Ley de Contrataciones Públicas, en tanto permitió disponer de las sumas dinerarias remitidas por la Secretaría de Vivienda y Hábitat al margen del régimen normativo vigente, privando al Estado local de los controles, garantías de concurrencia y mejores condiciones económicas que persiguen las reglas de contratación administrativa.
4. Otro procedimiento empleado fue el uso de facturas en concepto de honorarios profesionales por servicios prestados, que fueran dispuestas en distintas órdenes de pago, las cuales resultaron irregulares conforme a la pericia practicada.
Esta irregularidad fue advertida en el informe de Gendarmería Nacional Argentina -Grupo Delitos Económicos (fs. 1018 y ss) donde se verificó lo siguiente: el número de orden de pago, fecha de la orden de pago, número de cheque, monto del cheque, numeración y tipo de facturas, recibos o documentos adjuntos, fecha de la factura, CUIT nombre o razón social y descripción de la factura. En este punto, destacaron los magistrados que la factura “C” 0003- 00000013, agregada al expediente, fechada en 05/01/17, CUIT 20173535385, a nombre de Jullier Gerardo Gustavo y de cuyo detalle obra “honorarios profesionales” fue incorporada en dos oportunidades, generando las órdenes de pago N° 85 y N° 48, cada una de ellas con idéntica factura, y la orden para librar dos cheques (conforme señalara el informe mencionado) al destinatario quien percibió idéntica suma en dos fechas diferentes.
También se verificó que a fs. 105 de la Carpeta N° 3 Resolución N° 139/2017 de fecha 02/03/2017, que aprueba y autoriza el pago directo mediante orden N° 139, de la Factura B N° 0003-00000015, al ing. Gerardo Gustavo Jullier por la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000,00) en concepto de honorarios profesionales, librándose el cheque N° 133 a ese fin. Esa factura fue confeccionada por el monto de $80.162.90, en fecha 01/03/2017. Se determinó que la misma factura fue utilizada nuevamente para la orden de pago N° 140 en igual fecha, librándose el cheque N°134 por un monto de pesos cuarenta mil ciento sesenta y dos ($40.162,00).
El Tribunal consideró que, independientemente del monto presentado, alterar el mismo para su efectivo pago, culminó en un pago realizado dos veces por una misma factura y una desafectación de los fondos, sin ningún otro aval que el acto administrativo dictado a sus efectos, todo ello consentido por los acusados, quienes conforme su función debían preservar el patrimonio confiado para el fin encomendado.
Tuvieron por acreditada la presentación de una misma factura en dos oportunidades para su cobro, y para lo cual se dispuso el acto administrativo pertinente en cada ocasión.
En ese sentido, se merituó que otra maniobra similar, fue mediante la orden de pago N° 272 obrante a fs. 53 de la Carpeta N° 4, la cual autoriza el pago por la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) a favor de Broncería San Fernando. Sin embargo, obran dos facturas: Factura “C” 001- 00001742, la cual detalla como fecha el día 01/06/2017, con presentación de CUIT 20080385294 y razón social a nombre de Broncería San Fernando, por un total de cuatro mil quinientos ($ 4.500), detallando como pago de servicio o producto una pieza de mármol. A su vez, con fecha 08/05/2017, obra Factura “C” 0002-00001332, con CUIT 20142729963, razón social a nombre de Luis Alberto Chazarreta, también por un monto de cuatro mil quinientos ($ 4.500) y en concepto de servicio se detalla Grabado de placa.
El fallo tuvo especialmente en cuenta el testimonio de Mattar Caumo, auditor fiscal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santiago del Estero, a quien se le encomendó la realización de una auditoría sobre las obras, que fue contundente respecto del procedimiento a seguir en el marco de una gestión de fondos específicos, que debe contener expresamente las razones por la cual se realiza dicha erogación, que debe estar debidamente justificado el efectivo pago y determinado el destinatario del mismo, el origen de los fondos y en concepto de qué se abona.
En virtud de lo expuesto, los jueces entendieron que estas irregularidades se desarrollaron durante la gestión y administración de los condenados Rached y Vera del Municipio de Pinto, cada uno en el rol que le competía y con las responsabilidades asignadas de acuerdo con su cargo, y aun así desplegaron distintas conductas independientes entre sí pero que, en una visión conglobada, fueron indicando una maniobra de mayor envergadura, llevada a cabo por ambos con el objeto de disponer de fondos públicos.
Pero además, la sentencia también destacó que estas circunstancias particulares en las cuales se desarrollaron el uso de las facturas presentadas por proveedores de productos y servicios, si bien fueron en el marco de contratación por parte del Municipio de Pinto y en el funcionamiento de la administración, el examen concreto sobre ellas, permite concluir que materialmente los acusados, en competencia de su función inherentes a la gestión, dirección y supervisión de los procesos de contratación, como así también de los pagos por dichos servicios, al instrumentar el pago de los honorarios por parte de Jullier como de otros servicios, concretaron una grave irregularidad que fuera consentida por Rached e instrumentada por Vera.
El fallo tuvo en consideración que el testigo, ingeniero Sakram, que efectuó una inspección de las obras en razón de pertenecer al Ministerio del Agua y Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero, afirmó en la audiencia de debate que la obra de desagües y cloacas tenía un avance de obra equivalente aproximadamente a un 28%, sin que dicho porcentaje contemplara el acopio de materiales que se verificó. Puntualmente el testigo relató que la obra estaba valuada en un monto de sesenta millones de pesos, mientras que lo ejecutado correspondía aproximadamente a unos dieciséis millones de pesos. Sobre el punto, el testigo propuesto por la defensa, ingeniero Gustavo Jullier, declaró que el avance de la obra de cloacas sería de un 31%.
Esta situación, muestra el perjuicio económico ocasionado, dado que el nivel de la ejecución de la obra de infraestructura no tuvo correlación con los desembolsos efectuados por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación.
Hechos probados calificados como malversación de caudales públicos:
El tribunal analizó las maniobras efectuadas por los imputados respecto de las transferencias de fondos de la cuenta especial asignada para la ejecución del proyecto, a la cuenta bancaria del Municipio de Pinto del Banco de Santiago del Estero.
Se valoró a tal fin el convenio celebrado por las partes que detalla el objeto y finalidad específica del mismo, determinando montos y plazos para las erogaciones. Analizaron la carpeta de rendición de cuenta N° 1 en fs. 03 a 08, obra decreto Nº 17/2016 del 26 de octubre de 2016, donde se determina depositar en plazo fijo por 30 días, parte de los fondos disponibles. Esta circunstancia, se registra en el Libro Banco el 02/11/2016 la constitución del mismo. Surge de los resúmenes bancarios que con fecha 02/11/2016 se debitó para plazo fijo la suma de pesos diez millones ($10.000.000,00).
Se afirmó en el fallo en revisión que con la carpeta de rendición de cuentas n° 2 a fs. 2 a 11, se corrobora que durante el período enero – febrero de 2017 ingresaron a la cuenta bancaria del proyecto, diez millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres con diez centavos ($10.169.863,10) por plazo fijo y sus intereses.
No obstante, se determinó que los intereses que generó ese plazo fijo -pesos ciento sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres con diez centavos ($169.863,10)- durante el mes de diciembre, fueron remitidos mediante transferencia a la cuenta que el Municipio de Pinto posee en el Banco de Santiago del Estero N°1000525/3, mediante el cheque N° 044, según consta en la orden de pago n° 46 del 4 de enero de 2017.
En definitiva, de acuerdo a las constancias enumeradas se desprende que se procedió al desvío de los intereses generados por el plazo fijo.
g. Agravios vinculados con la calificación de los hechos.
La defensa se agravia por considerar que la decisión de administración financiera, como la colocación transitoria de fondos en un plazo fijo, para preservar valor no puede considerarse una “aplicación diferente” en los términos del art. 260 CP.
En primer lugar, corresponde señalar que el artículo 260 del Código Penal sanciona “al funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.
La acción material que requiere el delito de malversación de caudales públicos “se traduce en un cambio de destino de los bienes administrados por el funcionario público…. Los caudales o efectos que el agente administra son aplicados con un destino distinto al asignado originariamente por la ley, el reglamento o la orden emanada de autoridad competente…el cambio de destino debe ser público. Es decir que para que el hecho permanezca dentro de esta modalidad delictiva, el destino asignado indebidamente a los fondos públicos debe ser dentro de la esfera de la administración pública” (Baigún David, Zaffaroni, Eugenio Raúl, Dirección, Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Jorge E. Buompadre, Malversación de caudales públicos, “Hammurabi, De Palma, 2a Edición, T. 2A, Buenos Aires, 2007, p.647).
El fallo considera que, en el caso bajo análisis, si bien los fondos públicos originales fueron formalmente colocados en un instrumento financiero —plazo fijo—, resulta determinante que los intereses generados por esa operación fueron girados a la cuenta que el Municipio de Pinto posee en el Banco de Santiago del Estero N°1000525/3. Esta circunstancia, configura un cambio de destino de los bienes que se encontraban bajo la administración de los imputados, requerido por el tipo penal para que se configure el delito de malversación de caudales públicos.
En este sentido, corresponde señalar que para que se configure el tipo penal bajo estudio no es necesario que la apropiación de los fondos sea definitiva, ni se requiere el lucro personal del funcionario que dispone el desvío, sino que se les dé a los caudales públicos un destino distinto del que tenían asignado en la normativa aplicable. Tampoco puede prosperar el agravio vinculado a que la sentencia construye el delito de peculado con la ausencia o informalidad documental y que considera delito lo que es un “déficit burocrático”.
Cabe recordar que el artículo 261 del Código Penal castiga al “…funcionario público que substrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo…”. La acción típica del peculado consiste en la sustracción por parte del funcionario público de los caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le fue confiada por razón de su cargo.
La sustracción se refiere a todo acto que importe apartar, separar, extraer los bienes de la esfera de la actividad patrimonial de la administración pública en la que legalmente se encuentra (cfr. Donna, Edgardo Alberto, “Delitos contra la administración pública”, Rubinzal- Culzoni Editores, Santa Fe, 2000, págs. 262 y 277). En la presente, la sustracción de caudales en el marco del convenio suscripto por el Municipio de Pinto con la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación para la ejecución de obras de infraestructura básicas en dicha localidad, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018 quedó acreditada con los hechos analizados precedentemente. La prueba examinada resultó contundente para demostrar cómo, a partir de las maniobras realizadas, se perpetró el desapoderamiento de fondos destinados a la obra pública.
El fallo tuvo por acreditada la sustracción de fondos públicos, entre otras maniobras, con la compra de un martillo compresor usado en el año 2017, mediante la presentación de una factura datada en el año 2012, por precio consignado en dólares a un tercero, que no se encuentra consignado en la factura, y abonando en moneda nacional superior a la cotización en plaza de la moneda extranjera.
De igual modo, se tuvo por acreditada la sustracción de fondos públicos mediante el uso de facturas de Nemesté S.A. a pesar de la ausencia de contratos suscriptos entre ésta y el Municipio. En este sentido, se comprobó que, presentadas las facturas, se dictó el respectivo acto administrativo, se dispusieron las órdenes de pago indicando el libramiento de cheques a favor de esa firma. Sin embargo, se determinó que algunos de estos cheques se consignaron a favor de la sociedad anónima, otros a favor del Municipio de Pinto o de terceros no vinculados a la firma, pero que la firma mencionada no suministró nada, ni brindó servicios.
Otras maniobras tendientes a la disposición indebida de los fondos públicos resultan de las facturas de proveedores de bienes o servicios, analizadas precedentemente, que se presentaron al cobro y que los cheques fueron emitidos a favor del Municipio de Pinto. También se verificaron facturas idénticas emitidas por el ingeniero Jullier por honorarios profesionales que dieron origen al acto administrativo y al libramiento de dos cheques en su favor. Otro supuesto se verifica con la factura presentada por Distribuidora Sur Santiagueña que originara cheques librados a nombre de un tercero.
En consecuencia, las alegaciones de la defensa de que se trata de prácticas vinculadas a los usos, costumbres de un pequeño municipio o que se vincula con meras cuestiones administrativas, no resultan verosímiles, sino que de la cuantiosa prueba analizada surge que los actos administrativos fueron el medio empleado para sustraer el dinero destinado a la obra pública y darle apariencia de legalidad.
En efecto, el empleo reiterado del procedimiento de excepción para la contratación de bienes y servicios para la ejecución de la obra en cuestión muestra la decisión de los imputados de evadir los controles previstos para asegurar la transparencia en las contrataciones. El minucioso examen de los hechos efectuado por el tribunal permite tener por acreditados todos los elementos exigidos por el tipo penal previsto en el art. 261 del Código Penal, en perjuicio del Municipio de Pinto. Es así como, Rached como autoridad máxima del municipio consintió, facilitó y autorizó mediante la firma de los actos administrativos la distracción de los caudales públicos, junto con Vera, como secretaria de Finanzas utilizaron las maniobras descriptas para desviar fondos públicos del destino asignado, colocándolos fuera del circuito administrativo regular y posibilitando su apropiación.
Estas consideraciones, que tienen fundamentación suficiente, permiten rechazar los agravios asociados con la subsunción de las conductas.
h. Agravio vinculado a la necesidad y merecimiento de pena.
Como cuestión preliminar corresponde precisar que respecto de la necesidad de adecuada fundamentación que debe contener el fallo según los principios constitucionales que rigen la materia y lo establecido en los arts. 40 y 41 del C.P. y arts. 123 y 404 inc. 2° del CPPN, se han señalado en anteriores precedentes los lineamientos que ordenan esta exigencia. Cabe citar las causas n° 4833, “Luján, Marco Antonio s/rec. de casación”, reg. n° 229/04, de fecha 3 de mayo de 2004; n° 4906, “Cristaldo, Marcos Matías s/rec. de casación”, reg. n° 445/04, del 25 de agosto de 2004; n° 5075, “González Robles, Rogelio Vicente y otros s/rec. de casación”, reg. n° 831/04, de fecha 20 de diciembre de 2004; n° 7342, “Oviedo, Jorge Darío s/rec. de casación”, reg. n° 83/07, del 12 de febrero de 2007; todas de la Sala III, entre muchas otras -a cuyas consideraciones me remito en honor a la brevedad-.
Hecha esa aclaración, advierto que para graduar la sanción de los condenados los jueces tuvieron en cuenta la escala penal prevista para el delito, asegurando que la pena sea coherente con la afectación del bien jurídico protegido y la grave transgresión a la misma.
Asimismo, hicieron especial hincapié en la gravedad del daño ocasionado, la combinación de las intervenciones, la naturaleza de sus funciones en la administración pública y el conocimiento del ilícito en el que incurrieron.
Puntualmente especificaron como agravante la trayectoria política de Rached, su nivel de instrucción y la posición de Vera en la jerarquía municipal, dado que cada uno estaba en condiciones de adecuar su conducta a la ley, pero eligió no hacerlo.
En virtud de tales consideraciones, los jueces analizaron adecuadamente las pautas de dosimetría estipuladas en los arts. 40 y 41 del CP y la pena que impusieron, siendo la escala penal al caer bajo más de una sanción penal en los términos del art. 54 del CP, de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, lo cual demuestra que no se verifica en el caso la imposición de una pena irrazonable, teniendo en cuenta que es sustancialmente menor a la solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal y la entidad de las agravantes que fueron valoradas.
Así pues, las observaciones del defensor en punto a la necesidad y merecimiento de punición no se condicen con los extremos reseñados en los párrafos precedentes. Además, cabe señalar que en esta oportunidad la defensa tampoco ha introducido argumentos vinculados con esta cuestión, más allá de peticionar de manera genérica la falta de motivación respecto a la necesidad de imponer pena en el caso concreto. Dicho extremo impide ingresar en el fondo de la cuestión.
A partir de todo lo dicho, considero que el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes del decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el sentenciante y cuyos fundamentos no logra rebatir. Por los motivos expuestos, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto, sin costas (arts. 470 y 471 –ambos a contrario sensu–, 530 y concordantes del CPPN).
El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
1. De manera preliminar, habré de señalar que el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados resulta admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas (cfr. art. 457 del CPPN), se encuentra legitimada para impugnarla (cfr. art. 459 del CPPN), los planteos esgrimidos se enmarcan en los motivos previstos por el ordenamiento ritual (cfr. art. 456 del CPPN), y se han cumplido los requisitos de tiempo y de fundamentación exigidos (art. 463 del CPPN).
2. Sentado lo expuesto y abocado a emitir opinión sobre las cuestiones traídas a conocimiento de esta Cámara, por compartir en lo sustancial los fundamentos esbozados por la jueza Ledesma, adhiero a su tratamiento de los agravios de nulidad vinculados a la congruencia, al rechazo del peritaje técnico, a la imparcialidad y a la incorporación de la prueba técnica sin control de la defensa, según lo desarrollado en su voto (puntos VI.a a VI.d), a los que corresponde remitirse por razones de brevedad.
3. Saldado ello, las cuestiones traídas a estudio por la parte recurrente en torno a la valoración probatoria efectuada por el a quo para concluir en la responsabilidad penal de los enjuiciados y su grado de participación en los hechos, han recibido un pormenorizado tratamiento por parte de la jueza preopinante, el cual comparto sustancialmente, por lo que no habré de extenderme sobre las mismas.
Es que la revisión del pronunciamiento atacado en función de los agravios introducidos evidencia que la decisión del a quo constituye una derivación razonada de los elementos probatorios incorporados al debate y de la aplicación del derecho vigente al caso concreto, sin que las partes impugnadoras hayan logrado demostrar la existencia de vicios que impidan considerarlo un acto jurisdiccional válido (Fallos: 327:3913; 303:888 y 303:509, entre otros).
Ello es así ni bien se observa que el Tribunal Oral, en su inteligencia, realizó un análisis conglobado y suficientemente motivado de los elementos probatorios reunidos en el debate, que lo condujo a tener por debidamente acreditados los hechos tal y como fue afirmado en la sentencia recurrida; así como también efectuó un tratamiento concreto y pormenorizado sobre las particularidades de los sucesos juzgados y descartó las diferentes defensas articuladas en favor de los imputados a través de un razonamiento lógico y crítico de los distintos medios de prueba incorporados al legajo.
En tales condiciones, el razonamiento seguido por el Tribunal de juicio para establecer la materialidad de los hechos y determinar la participación que le cupo a cada imputado, está exento de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica.
4. Por otra parte, respecto a los planteos invocados por la defensa vinculados a la calificación legal de los sucesos imputados a sus asistidos, adhiero al rechazo propiciado por la colega preopinante, por cuanto del examen del pronunciamiento condenatorio advierto que las conclusiones del tribunal a quo sobre este aspecto se encuentran precedidas de un razonamiento lógico en la ponderación del conjunto de elementos probatorios y, en consecuencia, a resguardo de toda tacha por arbitrariedad.
5. Por último, adhiero a los fundamentos y conclusiones expuestos por la colega que lidera el acuerdo en punto al agravio vinculado a la necesidad y merecimiento de pena. En efecto, no advierto defectos de fundamentación en el pronunciamiento recurrido en lo que respecta a la necesidad y la determinación de las penas, a lo que se aduna que su valoración ha sido realizada sin apartarse de las disposiciones de los artículos 40 y 41 del Código Penal.
6. Por todo ello, coincido con la propuesta de la jueza Ledesma de rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, aunque entiendo que deben imponerse costas.
Tal es mi voto.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones del voto que encabeza la encuesta de la jueza Angela E. Ledesma, que ya cuenta con la anuencia del juez Daniel Antonio Petrone, adhiero al rechazo propuesto del recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Emilio Alberto Rached y Ana María Vera, con costas.
En mérito al resultado de la votación, el Tribunal, RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Emilio Alberto Rached y Ana María Vera, por mayoría, con costas (arts. 470 y 471 –ambos a contrario sensu–, 530 y concordantes del CPPN).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
Regístrese, hágase saber, comuníquese y remítanse las actuaciones a su origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
Firmado: Javier Carbajo y Angela E. Ledesma. Ante mí: Walter Daniel Magnone.
NOTA: para dejar constancia que el juez Daniel Antonio Petrone participó de la deliberación y emitió su voto, pero no firma la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 399, 2º párrafo del C.P.P.N.).
Fin de la sentencia