Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 140751693-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
21505/2024 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140751693-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, abril de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 140751693-A (v. DEOX del 18/12/24) “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 14/08/2024 y 13/09/2024 (v. IF-2024-86244289-APN-DTD#JGM e IF-2024-99964166- APNDTD#JGM), concedidos el 15/08/2024 y 16/09/2024 (v. PV-2024-87038647-APN- VOCXVIII#TFN y PV-2024-100583616-APN-VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 10/07/2024, en cuanto confirma la RESOL-2023-113-E-AFIP-ADVICO#SDGOAI, con O costas por su orden (v. IF-2024- 72333166-APN-VOCXVIII#TFN)” (v. pág. 448 del expte.
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I electrónico, donde también consta que las partes expresaron agravios dentro del plazo C legal, y que la demandada no contestó el traslado conferido); y I A
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1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución RESOL-2023- S 113-E-AFIP-ADVICO#SDGOAI, dictada en la actuación SIGEA 12531-178-2019, en O cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derecho de U exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación a los permisos de embarque 18069EC01002534R, 18069EC01002535S, 18069EC01002543R, 18069EC01002544S, 18069EC01002545T, 18069EC01002546 U y 18069EC01002547V, oficializados el 14/09/2018, 27/09/2018, 08/10/2018 y 02/11/2018.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden porque entendió que la actora pudo tener motivos para litigar, fundándose en lo que establecen la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2. Que, en sus agravios, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
A su vez, argumentó que era improcedente la falta de legitimación activa opuesta por el demandado, toda vez que la legislación aduanera no exige acreditar la falta de traslación del tributo, como sí lo hace artículo 81 de la ley 11.683.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 30/12/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851- A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 (el 13/12/18, cfr. esta Sala causa 16465/24 “Syngenta Agro SA”, sent. del 14/11/24, consid. 5° y sus citas), que otorgó rango legal a su contenido.
Por consiguiente, se hace lugar a la devolución del importe abonado en pesos por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación involucradas en esta actuación (todas las cuales fueron registradas con antelación al 13/12/18, v. pp. 92-112, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
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7. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 3/2/25).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de O justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 18/12/24, punto V, segunda parte);
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I debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su C superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ I TAMBIÉN SE RESUELVE.
A
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa con L el DEO enviado el 26/12/24.
S O U MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia