Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 140830178-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma Rafaela Alimentos SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa –respecto de las destinaciones Nros 18 069 EC01 002948 D, 18 069 EC01 002949 E, 18 069 EC01 002950 T, 18 069 EC01 002951 U y 18 069 EC01 002953 W –, conforme los términos que surgen del Considerando XI, con más sus respectivos intereses, de acuerdo con lo establecido en el considerando XII. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA N° 20367/2024 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140830178-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de noviembre de 2025. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa Rafaela Alimentos SA, compañía dedicada a la elaboración, comercialización y distribución de alimentos, realizó exportación de mercaderías, por lo que abonó derechos de exportación, establecidos por el Decreto Nº 793/18, cuando todavía no había sido ratificado aquel decreto por la Ley Nº 27.467. En consecuencia, solicitó la devolución de aquellos importes, lo cual fue rechazado mediante el acto administrativo dictado por el Administrador de la Aduana Villa Constitución. Ello así, la empresa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual desestimó su pretensión, por aplicación de un fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 18/6/2024, confirmó la Resolución RESOL-2023-124-E-AFIP- ADVICO#SDGOAI dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 17491-17-2020, que se encuentra digitalizado en el DEO 16571364, mediante la cual se rechazó el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Rafaela Alimentos SA. Asimismo, impuso las costas por su orden.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación señaló que, mediante el Acuerdo Plenario del 26/4/2022, IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, el Tribunal Fiscal por mayoría había acordado: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2 °.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
En consecuencia, determinó que, a los fines de la resolución de la causa bajo estudio, resultaba plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, el cual fijó derechos de exportación a las posiciones arancelarias establecidas en el Decreto N° 793/2018, cuya validez fue expresamente receptada en la mencionada doctrina plenaria. Ello así, concluyó que resultaba ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto había dispuesto rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente, en relación a las destinaciones involucradas en la causa.
III. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación el 2/7/2024 y expresó agravios el 23/7/2024, los cuales no merecieron réplica de la contraria.
En primer lugar, la firma exportadora en el memorial del 23/7/2024 (v.
IF-2024-77136947-APNDTD#JGM), aduce que es erróneo considerar que a través de la facultad reglamentaria del artículo 99 inciso 2º puedan establecerse derechos de exportación en tanto ello implica el ejercicio de actividad tributaria materialmente legislativa y por ende constitucionalmente prohibida.
En este orden de ideas, expresa que en la ley no hay habilitación constitucional alguna para eximir a la regulación del comercio exterior de los principios que rigen la imposición en general, ello conforme a la prohibición que tiene el Poder Ejecutivo de dictar legislación tributaria, siendo el Congreso de la Nación quien tiene la facultad de crear tributos.
Así las cosas, alega que el Decreto N° 793/18 tampoco es una ley delegante en los términos del artículo 76 y cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional. Ello, en tanto mediante la Ley N° 27.467 el legislador le otorgó rango legal al contenido del Decreto N° 793/18 y determinó los parámetros de las facultades delegadas por el artículo 755 del Código Aduanero, con topes máximos de las alícuotas que puede establecer temporalmente el Poder Ejecutivo.
Seguidamente, postula que los derechos de exportación cuya restitución se pretende en el presente caso fueron ilegítimamente establecidos por el Decreto N° 793/18, en total violación al principio de reserva de ley en materia tributaria. En este sentido, menciona que la Corte Suprema, en el precedente “Camaronera” resolvió que el artículo 755 del Código Aduanero, en sí mismo, sería CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 20367/2024 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140830178-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
insuficiente como norma delegante, en tanto no determina cuál es la forma de cuantificar la obligación tributaria y, por consiguiente, no contiene una clara política legislativa. Asimismo, sostiene que al momento del dictado y publicación del Decreto N° 793/18 no existía ninguna ley que permitiera gravar la exportación para consumo con las pautas tributarias correspondientes, conforme a la Constitución Nacional y jurisprudencia de la Corte Suprema, incumpliéndose lo exigido por el artículo 755 del Código Aduanero.
En esta línea, respecto a la delegación del artículo 755 del Código Aduanero, también señaló que resultan plenamente aplicables los fundamentos expuestos por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera”, en el cual se determinó que no resultaban válidas las retenciones basadas en delegaciones amplias que no ponen margen alguno al Poder Ejecutivo. En concordancia, considera que el mencionado fallo resulta aplicable en la situación abarcada por el Decreto N° 793/18 ya que en lo sustancial las retenciones que la Corte descalificó en “Camaronera Patagónica” estaban basadas en la misma delegación vía artículo 755 del Código Aduanero que invoca el Decreto N° 793/18.
A su vez, alegó que el Congreso solo puede fijar o modificar impuestos.
Por lo que al ser los derechos de exportación impuestos, la regulación del comercio externo con aranceles es facultad propia del Congreso.
De este modo, puntualizó que a través de la Ley N° 27.467, el Congreso de la Nación al aprobar el presupuesto para el ejercicio 2019 había ratificado expresamente en su artículo 82, entre otros, al Decreto Nº 793/18, estableciendo asimismo limitaciones temporales y determinados límites de imposición mediante alícuotas máximas que cumplirían con los requisitos establecidos por el artículo 76 de la Constitución Nacional para la eficacia de las delegaciones.
Por lo tanto, concluyó que el Decreto N° 793/18 sólo sería válido desde la entrada en vigencia de la Ley N° 27.467, y no desde su dictado, dado que la Corte sostiene que las ratificaciones legislativas no tienen efecto retroactivo en tanto en materia tributaria rige el principio de irretroactividad, y además no se podría asignar efectos convalidantes con carácter retroactivo a la ratificación de un decreto que adolece de nulidad absoluta e insanable.
Por último, alegó que el Decreto N° 793/18 resultaba inconstitucional, adoleciendo de nulidad absoluta e insanable hasta su ratificación por la Ley N° 27.467.
IV. Agravios del Fisco Nacional Por su parte, contra aquel pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 29/7/2024, los que fueron contestados por la parte actora el 7/8/2024.
Se agravia únicamente respecto de la imposición de las costas. Ello así, alega que no corresponde imponer las costas por su orden debido a que la parte demandada resultó ganadora del pleito. Por lo tanto, considera que las costas deben imponerse en su totalidad a la parte actora ya que, de acuerdo al principio objetivo de la derrota, las costas deben ser cargadas íntegramente a la parte vencida.
V. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, entre otros).
VI. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 20367/2024 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140830178-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos).
VII. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso De manera preliminar, corresponde señalar que, la materia sobre la cual debe expedirse esta alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta litis– es si los derechos de exportación abonados por la firma Rafaela Alimentos SA, en ocasión de documentar las destinaciones de exportación Nros. 18 069 EC01 002948 D, 18 069 EC01 002949 E, 18 069 EC01 002950 T, 18 069 EC01 002951 U y 18 069 EC01 002953 W, conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/18, resultan o no ajustados a derecho. Así las cosas, y con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, me parece conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas.
Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas a la causa, surge que la actuación SIGEA Nº 17491-17-2020 se inició el 29/6/2020 con el pedido de repetición en concepto de derecho de exportación presentado por la actora con relación a las destinaciones N° 18 069 EC01 002948 D, 18 069 EC01 002949 E, 18 069 EC01 002950 T, 18 069 EC01 002951 U y 18 069 EC01 002953 W, todas oficializadas el 29/10/2018. Ante dicho requerimiento, mediante el dictado de la Resolución RESOL- 2023-124-E-AFIP-ADVICO#SDGOAI, del 1/11/2023, el Director de la Dirección Aduana de Villa Constitución, resolvió no hacer lugar a lo solicitado.
VIII. Reseña de las normas aplicables al caso Sentado lo expuesto, resulta conveniente describir el plexo normativo aplicable. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (artículo 76, primer párrafo).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99 inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
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Por su parte, el Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido” (inciso 1º, artículo 755).
IX. Jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable al caso Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos:
337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo”, 15/4/2014, la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas…” (Considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y, también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (Considerando 7º). Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate –especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la Resolución N° 11/02– con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (Considerando 8º).
A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo…” (Considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la Resolución N° 11/02, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (Considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el Considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la Resolución Nº 11/02 resultaba inválida.
Sin embargo, en el Considerando 11 desechó que pudiera desconocerse que la Ley N° 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 20367/2024 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140830178-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la Ley N° 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la Resolución N° 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento –este último– a partir del cual había comenzado a regir la Ley N° 25.645.
X. Precedentes análogos dictados por esta Sala Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en la causa “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377/2021, del 18/10/2022, (criterio reiterado en los precedentes –en su actual integración– en los casos “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ dirección general de aduanas”, Causa Nº 42.682/2022, del 14/5/2024 y “Newsan SA (TF 9768500-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.252/2023, del 21/5/2024; y en los precedentes “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 26.963/2022, del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ dirección general de aduanas”, Causa Nº 62.761/2019, del 3/2/2023; “El Galgo SA c/ EN –AFIP DGA s/dirección general de aduanas”, Causa Nº 14.520/2020, del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 23.225/2023, del 7/11/2023; “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 26.774/23, del 21/11/2023; “Enap Sipetrol Argentina SA (TF 25115520-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 29.337/2023, del 23/11/2023; “Refinería del Norte SA (TF 47880908-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 30.542/2023, del 23/11/2023; “Refinería del Norte SA (TF 47866058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 34.644/2023, del 14/12/2023; y “Argensun SA (TF 36606041-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 5623/2024, del 27/3/2025).
En dicho precedente, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ Amparo”, Causa N° 74.554/2018, del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto N° 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo. A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.467, se dispuso que el Decreto N° 793/18 –aquí cuestionado– careció de vigencia entre el 4/9/2018 –fecha de entrada en vigor del aludido decreto– y el 13/12/2018 –fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.467– (confr. esta Sala –en su actual integración– in re: “Over Organización Veterinaria Regional S.R.L.”, ya citado), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
XI. Aplicación de los precedentes de la Sala al caso bajo análisis De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones relativas a las destinaciones Nros 18 069 EC01 002948 D, 18 069 EC01 002949 E, 18 069 EC01 002950 T, 18 069 EC01 002951 U y 18 069 EC01 002953 W, de acuerdo con las constancias de autos, tuvieron lugar el día 29/10/2018 (esto es, con anterioridad al 13/12/2018), deberán reintegrarse las sumas reclamadas por la firma actora.
XII. Intereses Ello así, en cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), toda vez que el reclamo de repetición – CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 20367/2024 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140830178-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
SIGEA Nº 17491-17-2020– fue presentado el 29/6/2020, deberán liquidarse de la siguiente manera:
(i) desde el momento de formularse el reclamo y hasta el 30/8/2022 deberán aplicarse los intereses establecidos en la Resolución N° 598/19 MH (v. artículo 10, 1/8/2019);
(ii) seguidamente, y hasta el 31/1/2024, deberán aplicarse los intereses fijados en la Resolución N° 559/22 del Ministerio de Economía;
(iii) posteriormente, corresponderá aplicar los intereses previstos en la Resolución N° 3/2024 (desde el día 1/2/2024 –confr. artículo 10– hasta el 28/2/2025) y; (iv) finalmente, deberán aplicarse los intereses previstos en la Resolución Nº 199/2025 del Ministerio de Economía (desde el 1/3/2025 –confr. artículo 3–) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del pago (confr. esta Sala, in rebus: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 43.705/2023, del 2/2/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 34.659/2023, del 12/3/2024, entre otras) y en las condiciones establecidas por la Corte Suprema en la causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/ DGA”, del 15/5/2014, y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (confr. esta Sala, in re: “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA–SIGEA 19144–10022– 2019 s/Dirección General de Aduanas”, Causa Nº 43700/2023, del 5/11/2024).
XIII. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia y, que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas instancias– a la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En concordancia, resulta inoficioso expedirse respecto del agravio deducido por la parte demandada.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE:
hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma Rafaela Alimentos SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa –respecto de las destinaciones Nros 18 069 EC01 002948 D, 18 069 EC01 002949 E, 18 069 EC01 002950 T, 18 069 EC01 002951 U y 18 069 EC01 002953 W –, conforme los términos que surgen del Considerando XI, con más sus respectivos intereses, de acuerdo con lo establecido en el considerando XII. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia