Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 140835573-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso deducido por la actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, reconocer el derecho de la firma Rafaela Alimentos S.A. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos XI y XII. Con costas en ambas instancias (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III -
Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
MEC Buenos Aires, de diciembre de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso A raíz de las operaciones de exportación registradas en los permisos de embarque 18069EC01002954A, 18069EC01002957D, 18060EC01002961V, 18069EC01002963A, 18069EC01002964B y 18069EC01002990A, la empresa Rafaela Alimentos S.A. pagó los derechos de exportación exigidos en virtud del decreto 793/2018. En el entendimiento de que dicha norma era inconstitucional, promovió reclamo de repetición para que se le restituyera el importe de $1.345.499,52. Dicha solicitud fue denegada por la Administración de la Aduana de Villa Constitución mediante la RESOL-2023-121-E-AFIP-ADVICO#SDGOAI y, contra esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, el que fue rechazado.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Mediante pronunciamiento del 29/8/2024, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la firma Rafaela Alimentos S.A. y, en consecuencia, confirmó la RESOL-2023-121-E-AFIP- ADVICO#SDGOAI, por cuyo intermedio la Administración de la Aduana de Villa Constitución había decidido no hacer lugar al reclamo de repetición promovido por la actora con el objeto de que se le devolviera la suma de $1.345.499,52 en concepto de derechos de exportación abonados de conformidad con el decreto 793/2018 por las operaciones registradas en las destinaciones 18069EC01002954A, 18069EC01002957D, 18060EC01002961V, 18069EC01002963A, 18069EC01002964B y 18069EC01002990A.
Para así decidir, sostuvo que las cuestiones planteadas resultaban sustancialmente análogas a las examinadas en el acuerdo plenario del 26/4/2022 en las actuaciones “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN), donde se había fijado como doctrina legal la imposibilidad del Tribunal Fiscal para declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto; la validez de la potestad del Poder Ejecutivo para establecer derechos de exportación con arreglo al artículo 755 1 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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del Código Aduanero; y que no procede declarar la invalidez del decreto 793/2018 deba expedirse acerca de las resoluciones dictadas por el servicio aduanero denegando la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación de dicho decreto respecto de destinaciones registradas entre el 4/9/2018 y el 4/12/2018. Finalmente, por mayoría, en atención a la complejidad del asunto debatido, distribuyó las costas en el orden causado.
III. Agravios de la actora Contra esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 25/9/2024, los que fueron contestados por el Fisco Nacional con fecha 24/10/2024.
En dicha presentación, en lo sustancial, sostiene:
(i) que los derechos de exportación abonados “no resultan constitucionalmente aceptables”, puesto que el decreto 793/2018 creó nuevos gravámenes infringiendo el principio de legalidad en materia tributaria. (ii) que, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal Fiscal en el acuerdo plenario al que remite en su pronunciamiento, el decreto 793/2018 no puede ser calificado como un reglamento ejecutivo, que no implica el ejercicio de actividad legislativa sino de reglamentación de aspectos administrativos complementarios de las leyes sancionadas por el Congreso. Señala que “[r]esulta erróneo considerar que a través de la facultad reglamentaria del art. 99 inciso 2º puedan establecerse derechos de exportación en tanto ello implica el ejercicio de actividad tributaria materialmente legislativa y por ende constitucionalmente prohibida”.
(iii) que el trámite parlamentario no es incompatible con las finalidades propias del comercio exterior, siendo peligroso para la estabilidad constitucional considerar que el principio de reserva legal es incompatible con la aplicación de los derechos aduaneros, pues no existe ninguna norma que autorice a distinguir entre obligaciones tributarias y aduaneras a los fines de considerar la vigencia de ese principio.
(iv) que tampoco es válido afirmar que la reforma constitucional de 1994 habría impedido la delegación legislativa en materia tributaria pero no así en asuntos aduaneros. Al respecto, destaca que la ley 27.467 le confirió rango legal al contenido del decreto 793/2018 y fijó los parámetros de las facultades delegadas por 2 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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el artículo 755 del Código Aduanero, lo que habría sido innecesario si fuera admisible la delegación en materia aduanera.
(v) que el fallo plenario pretende considerar al precedente “Camaronera Patagónica” como un “mal precedente de la Corte Suprema que no tiene coherencia interna en sus postulados”, pero que —en definitiva— los derechos de exportación instituidos por el derecho 793/2018 lo fueron “en total violación al principio de reserva de ley en materia tributaria”, máxime cuando la Corte federal allí destacó la insuficiencia del artículo 755 del Código Aduanero como norma delegante. Refiere a los principales lineamientos que se desprenden del aludido precedente para concluir que “el decreto 793/18 está dando nacimiento a un nuevo tributo”, circunstancia que “evidenciaría un vicio fundado en la ausencia de legitimidad para establecer este esquema tributario”. Indica que, en virtud de su naturaleza tributaria, “las retenciones gozan de todas las garantías constitucionales, entre ellas, el principio de legalidad tributaria según el cual sólo el Poder Legislativo puede establecer y modificar elementos esenciales de los impuestos, como ser el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”. Afirma que, desde esta perspectiva, en la medida en que el decreto 793/2018 dispuso nuevos tributos incumpliendo con dicho recaudo, la norma “resulta inconstitucional y nula de nulidad absoluta”.
(vi) que el decreto 793/2018 “sólo sería válido desde la entrada en vigencia de la ley 27.467… y no desde su dictado”, ya que la Corte Suprema ha descartado el efecto retroactivo de las ratificaciones legislativas.
(vii) que “[n]o caben dudas que la cuestión sobre la validez constitucional del decreto 793/18 entre el 04.09.18 y el 04.12.18, resulta completamente análoga en todos sus términos jurídicos, a la decidida por la Corte Suprema en ‘Camaronera Patagónica’”. Agrega que en tal sentido se han expedido todas las Salas de esta Cámara.
(viii) que el Tribunal Fiscal omitió pronunciarse acerca del cuestionamiento a la resolución administrativa por cuanto había señalado la improcedencia de la devolución solicitada con fundamento en la traslación de los tributos.
IV. Dictamen del Ministerio Público Fiscal 3 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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Con fecha 20/5/2025, el señor fiscal general ante esta instancia sostuvo que las cuestiones vinculadas a la constitucionalidad de las normas impugnadas resultaban sustancialmente análogas a la examinadas en su dictamen del 19/12/2024 en la causa 21.503/2024, caratulada “Refinería del Norte S.A. (TF 154279200-A) c/ dirección general de aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, a cuyos términos consideró que cabía remitirse por razones de brevedad.
V. Alcances del pronunciamiento Previo a ingresar al tratamiento de los agravios introducidos por el recurrente, es importante recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones propuestas a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ ENSCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 25/8/2011; “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, causa 57.052/2013, sentencia del 7/5/2015, entre otros).
VI. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho Es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el artículo 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina S.A.”, sentencia del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, 4 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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sentencia del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, causa 25.245/2005, sentencia del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 6774/2015, sentencia del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 37.638/2017, sentencia del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 28.558/2018, sentencia del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 3084/2020, sentencia del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 10/2019, sentencia del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa 27.458/22, sentencia del 27/12/2022, entre muchos otros).
VII. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Así las cosas, corresponde precisar que en el caso corresponde determinar si los derechos de exportación abonados por la actora, conforme a las disposiciones del decreto 793/2018 (B.O. 4/9/2018), resultan o no ajustados a derecho.
Cabe señalar que las actuaciones administrativas SIGEA 17491-18-
2020 fueron iniciadas con el reclamo de repetición promovido por la firma Rafaela Alimentos S.A. para que se le restituyeran las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación por aplicación del decreto 793/2018 con relación a las operaciones registradas en los permisos de embarque 18069EC01002954A, 18069EC01002957D, 18060EC01002961V, 18069EC01002963A, 18069EC01002964B y 18069EC01002990A (v. fs. 2/9 ; páginas 103 a 117 de la documentación incorporada a la causa vía DEO el 10/4/2025).
Dicha petición fue rechazada por la Administración de la Aduana de Villa Constitución por medio de la RESOL-2023-121-E-AFIP- ADVICO#SDGOAI del 1º/11/2023 en el entendimiento de que, “tanto la inaplicabilidad como la declaración de inconstitucionalidad de la normativa cuestionada, extremos necesarios para acceder a la pretensión de la reclamante, 5 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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resultan ajenas a la competencia de las áreas administrativas en la órbita del Poder Ejecutivo” (v. fs. 94; páginas 270 a 271, íd. cit.).
Ello motivó que, con fecha 27/11/2023, la actora interpusiera recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. páginas 5 a 21, íd. cit.), el cual —como se adelantó— fue rechazado el 29/8/2024 (v. páginas 291 a 295).
VIII. Reseña de las normas aplicables a la controversia Sentado lo expuesto, corresponde describir el plexo normativo aplicable. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (artículo 76, primer párrafo, de la Constitución Nacional).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara 6 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (artículo 99, inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
IX. Jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable al caso Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo”, dictado el 15/4/2014, la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar 7 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º).
Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate —especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la resolución 11/2002— con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º). A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos 8 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la resolución 11/2002 resultaba inválida.
Sin embargo, en el considerando 11 desechó que pudiera desconocerse que la ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “[e]s evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la ley 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento —este último— a partir del cual había comenzado a regir la ley 25.645.
X. Precedentes análogos dictados por esta Sala 9 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en el precedente “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, causa 377/2021, sentencia del 18/10/2022 (criterio reiterado por esta Sala —en su actual integración—, “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ dirección general de aduanas”, causa 42682/2022, sentencia del 14/05/2024, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.963/2022, sentencia del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 62.761/2019, sentencia del 3/2/2023; “El Galgo SA c/ EN –AFIP DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 14.520/2020, sentencia del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 23.225/2023, sentencia del 7/11/2023; y “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.774/23,sentencia del 21/11/2023). En dicho precedente, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ amparo ley 16.986”, causa 74.554/2018, sentencia del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el decreto 793/2018 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la ley 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 27.467, se dispuso que el decreto 793/2018 —aquí cuestionado— careció de vigencia entre el 4/9/2018 —fecha de entrada en vigor del aludido decreto— y el 13/12/2018 —fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467— (cfr. esta Sala, in re, “Over Organización Veterinaria Regional” ya citado; y esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Syngenta Agro 10 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III - Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
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S.A. (TF 136490258-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 16.465/2024, sentencia del 14/11/2024), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
XI. Aplicación de dichos precedentes al caso bajo análisis De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede —ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico—, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones de exportación vinculadas a las destinaciones 18069EC01002954A, 18069EC01002957D, 18060EC01002961V, 18069EC01002963A, 18069EC01002964B y 18069EC01002990A fueron oficializadas entre octubre y noviembre de 2018 (v. páginas 149, 153, 154, 157, 159, 161, 163, 167, 168, 171, 172 y 174 de la documentación acompañada vía DEO, ya citada) —esto es, con anterioridad al 13/12/2018— también deberá reintegrarse la suma reclamada por la firma actora.
XII. Intereses En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), toda vez que el reclamo de repetición —SIGEA 17491-18-2020— fue presentado el 28/8/2019 (v. cargo de fs. 2; página 103), una vez que ya surtía efectos la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, el día 1°/8/2019), corresponderá estarse a sus términos hasta el 30/8/2022 y, posteriormente, a los de las resoluciones 559/2022, 3/2024, 199/2025 y 823/2025 del Ministerio de Economía —que la sustituyó— o las que en el futuro pudieran regir, hasta el momento del pago.
XIII. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
11 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III -
Expte. CAF 10.033/2025/CA1: “RAFAELA ALIMENTOS S.A. (TF 140835573-A)
C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
Hacer lugar al recurso deducido por la actora, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, reconocer el derecho de la firma Rafaela Alimentos S.A. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos XI y XII. Con costas en ambas instancias (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/2025 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese —a las partes y al fiscal general— y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia