Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 140840559-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XII y XIII,
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
17512/2025 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140840559-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2025.- VS VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 10/12/2024 (Fs.237/240 de las actuaciones digitalizadas) el Tribunal Fiscal de la Nación -por unanimidadconfirmó la resolución Nro. RESOL-2023-122-E-AFIP-ADVICO#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de Villa Constitución en la actuación SIGEA Nro. 17491-19-2020, en cuanto dispuso rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a los Permisos de Embarque Nro. 18 069 EC01 002991B, 18 069 EC01 002992C, 18 069 EC01 003002X, 18 069 EC01 003003J y 18 069 EC01 003005L por la suma de $ 1.398.930,12 en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018, por la firma RAFAELA ALIMENTOS S.A .
Impuso las costas por su orden.
Para así resolver, sostuvo que, las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
En tales condiciones, consideró que, debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a los Permisos de Embarque Nro. 18069EC01002991B, 18069EC01002992C, 18069EC01003002X, 18069EC01003003J y 18069EC01003005L Por último, estimó que las costas debían imponerse por su orden, en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
II. Que, disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación, la parte actora con fecha 16/12/2024, fundándolo el 20/12/2024 (pág 253/271 de las actuaciones vinculadas), y el 25/02/2025 lo hizo el Fisco Nacional, quien lo fundó en ese acto (pág. 278/282 de las actuaciones)
Corridos los pertinentes traslados las partes no replicaron los recursos de sus contrarias. (nota de elevación pág. 291 del DEO 18441494 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 19/05/2025).
Con fecha 09/06/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal de Cámara.
III. Apelación de la actora (pág 253/271 de las actuaciones vinculadas: La actora cuestionó la sentencia del Tribunal Fiscal que confirmó la denegatoria del reclamo de repetición de derechos de exportación fundados en el Decreto 793/2018 abonados en operaciones realizadas entre el 4 de septiembre y el 4 de diciembre de 2018 mediante los Permisos de Embarque 18 069 EC01 002991B, 18 069 EC01 002992C, 18 069 EC01 003002X, 18 069 EC01 003003J, y 18 069 EC01 003005L, en los que ingresó la suma de $1.398.930,12 en concepto de derechos de exportación.
Señaló que estos derechos abonados, que se encuentran alcanzados por la normativa indicada anteriormente, no resultan constitucionalmente aceptables, por lo que interpuso el reclamo de repetición previsto en los artículos 1068, ss. y cc., CA. y el pedido administrativo de repetición fue finalmente rechazado por la Aduana de Villa Constitución, mediante resolución RESOL-2023-122-E- AFIPADVICO#SDGOAI, recaída en la Actuación Administrativa Nº 17491-19-2020. Contra tal decisión se interpuso el recurso de apelación por denegatoria de repetición que prescriben los artículos 1132 ap. 1, inciso a); 1145 y concordantes del Código Aduanero ante el Tribunal Fiscal de la Nación que finalmente fuera rechazada por el TFN el 10/12/24.
Indicó que el fundamento de la sentencia recurrida radica en sostener que las cuestiones planteadas son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictada por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX- 2020-24600163- -APNSGASAD#TFN,).
Disconforme con lo decidido, se agravió de que el decreto en cuestión resulta inconstitucional por haber creado y modificado tributos sin intervención del Congreso, en violación de los artículos 4, 17, 52, 75, 76 y 99 de la Constitución Nacional.
Sostuvo que el Decreto 793/2018 fijó derechos de exportación, determinó alícuotas, estableció topes y definió mercaderías alcanzadas, lo que configuró una actividad materialmente legislativa vedada al Poder Ejecutivo por el art. 99 inc. 2° de la Constitución Nacional, que únicamente lo habilita a dictar reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes.
Indicó que no resulta posible considerar que dicho decreto tuviera carácter de simple reglamento ejecutivo, pues creó obligaciones tributarias sustantivas. Ello así, el decreto en cuestión vulnera además el principio de legalidad que la Constitución declara como de facultad exclusiva del Congreso la de crear tributos (impuestos, tasas y contribuciones), la cual surge de los arts. 4°, 17, 75 inc. 1° y 2° de la Constitución y no caben dudas que la cuestión sobre la validez constitucional del decreto 793/18 entre el 04.09.18 y el 04.12.18, resulta completamente análoga, en todos sus términos jurídicos, a la decidida por la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.2014. Asimismo, puntualizó que el artículo 755 del Código Aduanero no satisface los requisitos del art. 76 de la Constitución para una delegación legislativa válida, ya que carece de bases precisas, parámetros de cuantificación y límites temporales (incumpliendo con los recaudos constitucionales impuestos para que el ejercicio de las facultades por el Poder Ejecutivo Nacional permita considerarlo un reglamento ejecutivo).
Señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía” (Fallos 337:388), declaró la nulidad absoluta de una resolución ministerial que fijaba retenciones por considerar insuficiente como norma delegante al art. 755 C.A., al no contener una política legislativa clara, parámetros cuantitativos ni bases mínimas, conforme exige el art. 76 de la Constitución. Ese criterio resultó plenamente aplicable al decreto 793/2018, dictado sin ley habilitante vigente al momento de su emisión. Indicó que la ley 27.467, sancionada el 4 de diciembre de 2018, ratificó el decreto 793/2018 y estableció alícuotas máximas y plazo de vigencia, pero esa ratificación careció de efectos retroactivos en virtud del principio de irretroactividad tributaria y de la jurisprudencia de la Corte Suprema, por lo que no convalidó lo actuado entre el 4 de septiembre y el 4 de diciembre de 2018. Durante ese lapso, el Poder Ejecutivo careció de competencia para fijar tributos, lo que tornó inconstitucional la percepción de derechos de exportación en dicho período. Manifestó también que la interpretación adoptada coincidió con la posición consolidada en todas las Salas de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, que declararon la inconstitucionalidad del decreto 793/2018 respecto de hechos ocurridos antes de la ratificación legislativa, criterio que quedó firme al desestimarse por la Corte Suprema los recursos extraordinarios deducidos por la AFIP-DGA (art. 280 CPCCN).
Por último, solicitó se revoque la resolución recurrida y se ordene la devolución de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación, en la misma moneda en que fueron ingresadas, con más los intereses previstos en el art. 811 del Código Aduanero, desde la fecha de pago y hasta el efectivo reintegro, con expresa imposición de costas a la demandada.
IV. Apelación de la demandada (pág. 278/282 de las actuaciones:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que el fallo recurrido confirma en su totalidad la resolución aduanera, por lo tanto, correspondía estar a lo así previsto por el artículo 68 del CPCCN y en el artículo 184 cuarto párrafo, de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones).
V. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que para concretar las exportaciones documentadas el 31/10/2018 (P.E. N°18 069 EC01 002991 B y P.E N° 18 069 EC01 002992 C); 01/11/2018 (P.E. N° 18 069 EC01 003002 X y P.E. N°18 069 EC01 008003 J); 20/11/2018 (P.E. N°18 069 EC01 003305L); la actora, efectuó el pago de la suma de $ 1.398.930,12 en concepto de derecho de exportación del total de las destinaciones indicadas, de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 793/2018 (B.O. 4/9/2018), por el cual estableció un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a todas las exportaciones de consumo.
VI. Que, a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, corresponde señalar que mediante el Decreto n° 793/2018, el Poder Ejecutivo Nacional, con fundamento en la norma del artículo 755 del Código Aduanero -aunque invocando también su ámbito de reserva y sus facultades de reglamentación (art. 99, incs. 1 y 2. CN)- “[fijó], hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM)” (art. 1). Y, asimismo, estableció que “[e]l derecho de exportación establecido en el artículo 1º no podrá exceder de PESOS CUATRO ($4) por cada Dólar Estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda” (art. 2). Ese gravamen vino a adicionarse a los que ya se estuviesen exigiendo para ciertas posiciones arancelarias (art. 4). El acto, de fecha 3/09/2018, indicó que entraría en vigencia desde el día de su publicación (art. 7), lo cual tuvo lugar el día 4/09/2018. Finalmente -en lo que al caso interesa-, la Ley n° 27.467, que contiene el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el año 2019 (B.O 4/12/2018) dispuso que “en el marco de las facultades acordadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el TREINTA POR CIENTO (30%), del valor imponible o del precio oficial FOB. Este tope máximo será del DOCE POR CIENTO (12%) para aquellas mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que estaban gravadas con una alícuota del CERO POR CIENTO (0%) a esa fecha” (art. 81). Además, en su artículo 82, la ley 27.467 estableció que “[s]in perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos 1126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificaciones, 486 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, 487 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades”.
VII. Que la Corte Suprema de Justicia en la causa “Camaronera Patagónica SA c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo” (Fallos: 337:338), del 15 de abril del 2014, analizó la validez de la Resolución N° 11/02 por la que se fijaron ciertos “derechos a la exportación” para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas éstas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
El Máximo Tribunal destacó que “el principio de reserva de ley en materia tributaria [n]o cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución”.
Asimismo, expuso que, si bien resulta admisible que el Congreso de la Nación atribuya ciertas facultades circunscriptas al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, “la resolución cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo”.
Sostuvo que el Poder Legislativo “dictó las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519, normas que tienen incidencia en la solución de esta controversia. Cabe destacar que -con excepción de la ley 26.519- las restantes leyes contienen una estructura similar ya que, por una parte, ratifican la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen (art. 1°) y, en lo que al caso interesa, aprueban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”.
Expuso que “[s]i bien la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcan diversas materias puede ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resulta suficiente para privar de validez a la ley 25.645 y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron”. Y, concluyó que “la ley 25.645 carece de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable -como la resolución 11/02 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura-, pero no existe razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia”.
A partir de ello, determinó que “la invalidez de la mencionada resolución 11/02 se circunscribe al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal”.
VIII. Que en el sub examine la actora reclama el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467, la cual -de acuerdo a los términos de las previsiones antes transcriptas, y con arreglo a la interpretación de la Corte en el caso citado- dio base legal, con efectos exclusivamente hacia el futuro.
En tales condiciones, resulta de toda claridad que las consideraciones del Máximo Tribunal en el precedente citado en el considerando anterior, resuelven la cuestión bajo estudio y obligan a acoger la apelación de la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto Nº793/18 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar los despachos de exportación nro. 18 069 EC01 002991B, 18 069 EC01 002992C, 18 069 EC01 003002X, 18 069 EC01 003003J y 18 069 EC01 003005L (oficializadas entre el 31/10/2018 al 20/11/2018), cuyos pagos -por lo demás- no fueron desconocidos en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
Es que, como regla, la doctrina de los fallos de la Corte Federal tiene carácter obligatorio para los tribunales inferiores, cuando -como en autos- la parte interesada no ha invocado nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta (Fallos, 212:51; 307:1094; 315: 2386; 325:2723; 332:1488, entre otros).
IX. Que, en este contexto, corresponde añadir que, no concurren en el caso los presupuestos que la Corte Suprema fijó en “Camaronera” para permitir eventualmente -por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone- la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles tocantes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso (arg. art. 99, inc. 2, CN).
A criterio del Tribunal Cimero, resultaría admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autorice a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
El decreto 793/2018 no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación, que es materia reservada, exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación.
X. Que, tal como la Corte Suprema expresa en “Camaronera”, el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues este se refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Más allá de ello, la delegación está prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo y por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional.
Por ello, la delegación contenida en el art. 755 del C.A., en cuanto dispone: “[e]n las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”, no alcanza para dar validez al decreto Nº 793/2018.
Adviértase que el Decreto Nº 793/2018 no se ajustaba a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedaba librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo, carecía de sustento legal, creaba una carga inexistente y fijaba una alícuota en materia de derechos de exportación, en una materia reservada, exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación, todo lo cual se sumaba a la falta de una clara política legislativa que permitiera el ejercicio de tal atribución.
XI. Que resta señalar que, el decreto 793/2018 fue ratificado por ley posterior, en el caso, la ley nº 27.467 denominada “Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019”, publicada en el Boletín Oficial el 4/12/2018.
En el artículo 82 de dicha ley se establecía que mantenía su vigencia y validez, entre otras normas, el Decreto Nº 793/2018, de fecha 3/9/2019 y sus modificaciones, surgiendo así en forma expresa que el Poder Legislativo tuvo la clara y expresa voluntad de conferir rango de ley al mismo. Ahora bien, es claro que la Ley 27.467 no tiene efecto retroactivo y carece de eficacia para ello, pues rige para el futuro. La ley 27.467 fue publicada el 4 de diciembre de 2018 y entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2019. De este modo, el aludido artículo 82 de la ley 27.467, que entró en vigencia a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial (conf. artículo 5° del CCyCN), mal pudo convalidar con efecto retroactivo los derechos de exportación determinados y aplicados por el Fisco Nacional entre el 4/9/2018 y el 13/12/2018 al amparo del decreto 793/2018.
XII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), y toda vez que conforme surge de las actuaciones administrativas, los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago (esta Sala in re: "SANCOR CUL (TF 26219-A) y otro c/ D.G.A.", 2/12/14, entre muchos otros). A mayor abundamiento, cabe señalar que el art. 809 del Código Aduanero - que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente establece expresamente que la Aduana "devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos". En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares" (considerando 8º del pronunciamiento "Cencosud”, cit.).
XIII. Que, en punto a los intereses, este Tribunal ha sostenido en otras oportunidades que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde que fueran formuladas las peticiones de repetición en sede administrativa y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular a calcular según las tasas vigentes para cada período.
XIV. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero). Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XII y XIII, 2º) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia