Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 140911036-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
17651/2024 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140911036-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, por resolución del 16/4/24, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución RESOL-2023-128-E-AFIP-ADVICO#SDGOAI, recaída en la actuación 17491-29-2020, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en USO concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación a los permisos de embarque 18 069 EC01 003187 W, 18 069 EC01 003188 A, 18 069 OFICIAL EC01 003189 B y 18 069 EC01 003190 Z.; con costas por su orden.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable el acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó la siguiente doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Justificó la distribución de las costas en la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviera por una doctrina plenaria (v. pp. 252-256 de la versión digital del expediente TF 140911036-A, remitida con el oficio del 16/10/24).
2. Que, disconforme, la actora interpuso apelación el 23/5/24, que se concedió el 24/5/24, se fundó el 30/5/24 y fue replicada el 2/7/24 (v. pp. 260-261, 273, 275-293 y 322-344, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
A su vez, argumentó que era improcedente la falta de legitimación activa opuesta por el demandado, toda vez que la legislación aduanera no exige acreditar la falta de traslación del tributo, como sí lo hace artículo 81 de la ley 11.683.
3. Que, por otra parte, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación con respecto a las costas el 31/5/24; la cual se concedió el 6/6/24 y fue replicada por su contraria el 14/6/24 (v. pp. 298-303, 310 y 313-316, expte. cit.).
Planteó que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota dado que, al momento de interponer la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ya existía la doctrina plenaria con sustento en la cual se resolvió el planteo. A ello añadió que la actora debió conocer la limitación que surgía del artículo 1164 del Código Aduanero.
4. Que, el 5/11/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
17651/2024 “RAFAELA ALIMENTOS SA (TF 140911036-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 16/4/24, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 —que otorgó rango legal a su contenido—, y admitir la devolución del importe en pesos abonado por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación 18 USO 069 EC01 003187 W, 18 069 EC01 003188 A, 18 069 EC01 003189 B y 18 069 EC01 003190 Z (cuyo momento imponible fue el 15/11/18; v. p. 189 expte. cit.); más los OFICIAL intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado el 24/10/24.
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 16/10/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa según su estado (v. DEO enviado el 30/10/24).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia