Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9099/25 Sentencia: Definitiva Actor: Raillon Nadia B.F.
Demandada: Bustamante Gomez Pedro D.
Objeto: Daño Moral Fecha: 21-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 21 del mes de Septiembre de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “RAILLON, NADIA B.F. C/BUSTAMANTE GOMEZ, PEDRO D. S/DAÑO MORAL" Expte. Nº 8084/2.023 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la Familia de esta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9099. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos y Mario Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. A PE 1224298-2.025 la Dra. Griselda Bard se excusa de intervenir en los presentes por cuanto el Dr. Federico Pereyra, letrado interviniente en ésta causa pertenece al Estudio Jurídico del Dr. Eduardo Gonzalez, quien resulta ser su esposo. Invoca a tal fin el art. 17 inc. 1 y 30 del CPCC. Que es de público conocimiento que nuestra colega se encuentra unida en matrimonio con el nombrado letrado y por ende su situación encuadra efectivamente en lo dispuesto en el art. 17 inc. 1 del CPCC, por lo que resulta procedente la excusación planteada y por ello corresponde aceptarla y apartar a la Dra. Griselda Bard del conocimiento y trámite de la presente. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Que coincido con el primer votante y por lo tanto adhiero a su voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
II. Mediante PE 778495-2.023 se presenta la Sra. Nadia Belen Florencia Raillon con el patrocinio letrado de los Dres. Heraldo Juan Nanni y Julieta Romero y promueve demanda de Daño Moral en contra del Sr. Pedro Daniel Bustamante Gomez, solicitando se lo condene a la suma de un monto que el juez considera justo y que no podrá ser inferior a la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000). Al relatar los hechos expresa que con el demandado se conocieron en el mes de junio de 2.020 y comenzaron a convivir el día 13 de septiembre de ese mismo año. Dice que inscribieron la unión convivencial el día 25 de marzo de 2021 y el día 10 de septiembre también del 2.021 contrajeron enlace matrimonial. Señala luego que se encuentra separada de hecho desde el día 12 de septiembre de 2022 por un hecho de violencia familiar y por la infidelidad de su ex cónyuge con su propia hija Sharon Agustina y que en los autos caratulados “Raillon Nadia B.F. C/Bustamante Pedro D. S/Medida de Abordaje Intrafamiliar” Expte. 4239/22 están expuestos los hechos vividos dentro del seno familiar y la relación sentimental que mantenía el demandado con su hija Sharon. Invoca que en el mes de diciembre de 2.022 inició la demanda de divorcio vincular que dio origen a los autos caratulados “Raillon Nadia B.F. C/Bustamante Pedro D. s/Divorcio Vincular” Expte. Nro. 8015/2.022, afirmando que le corresponde la reparación de los perjuicios que le ocasiono el demandado porque le produjo un Daño psíquico y un daño emocional y moral. Sostiene que se encuentra padeciendo los hechos revelados y vividos al tomar conocimiento de la relación amorosa que mantenía su cónyuge con su propia hija, lo que determina la procedencia del daño ya que el demandado no ha respetado los principios en los que se basa el matrimonio, en el caso la infidelidad, y que si bien ésta no configura un deber jurídico, la conducta implica una afectación a su condición de persona y a sus derechos personalísimos.
III. A PE 1021432-2.023 se presenta el Sr. Pedro Bustamante con el patrocinio letrado del Dr. Federico Pereyra y contesta demanda. Formula una negativa general y particular de hechos. Al relatar la realidad de los hechos, reconoce la relación que mantuvo con la actora y señala que fue a la fecha del matrimonio que comenzaron a convivir en su domicilio particular, el que se convirtió en domicilio conyugal. Expresa que los hijos de su cónyuge vivían en el antiguo domicilio de su madre – casa que actualmente está dada en comodato – y que éstos jamás convivieron con él. Manifiesta después que la relación se fue desgastando por actitudes de la actora para con sus hijos propios y su persona y que la situación empeoro drásticamente a mediados de septiembre de 2.022 porque la Sra. Raillon consideraba que sus reclamos provenían de una supuesta infidelidad con su hija y que ello fue la principal razón por la cual aquella realizó la denuncia ante la OVD. Agrega que pese a sus intentos de solicitar la restitución de su vivienda la nombrada se negó sistemáticamente lo que le ocasiono un verdadero daño patrimonial y extrapatrimonial. Niega el daño moral sosteniendo que la fidelidad es un deber puramente moral y que su infracción no puede generar consecuencias jurídicas directas y que en el caso no se ha comprobado la infidelidad de su parte.
IV. Mediante PE 1891536-2.025 se dicta sentencia definitiva a través de la cual se hace lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Nadia Raillon en contra de Pedro Bustamante por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados, condenando al accionado a abonar a la actora en concepto de daños la suma de Pesos Veinte Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticuatro con Noventa Centavos ($ 20.788.624,91) y a acreditar la realización de una capacitación en sensibilización sobre violencia de género y la ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia sobre la mujeres bajo apercibimiento de imponer una multa diaria por cada día de incumplimiento cuyo importe oportunamente se determinará. Impone las costas al accionado y difiere la regulación de honorarios de la profesional interviniente hasta la integración y abono de la tasa correspondiente.
2.025 interpone recurso de apelación y a PE 2058966-2.025 expresa sus agravios. Sus quejas están contendidas en dos agravios mediante los cuales cuestiona primero la procedencia del daño moral reconocido y segundo las sumas fijadas por tal concepto. Al fundamentar el primer agravio sostiene que en el caso no se advierten elementos que permitan tener por configurado el perjuicio debiendo primar un criterio restrictivo ante la ausencia de prueba. Destaca que la jueza para que prospere la acción tuvo que situar el reclamo en el marco del art. 35 de la ley 26.485 lo que no fue introducido ni por la demandante ni por su parte, advirtiendo que la Sra. Raillon no hace mención alguna a los supuestos hechos de violencia denunciados y utilizados para darle a la nombrada la calidad de víctima por lo que entiende que la magistrada tuvo que correr el marco normativo y buscar una nueva fuente para señalar como causa de daños. Con sustento en tales argumentos pide se rechace el daño reconocido. En su segundo agravio cuestiona el excesivo monto receptado en concepto de daño moral y observa que se ha hecho lugar al rubro sin que aparezcan elementos que acrediten el perjuicio espiritual que permita justificar el elevado monto acogido. Agrega que lo más grave es que se actualiza el valor solicitado en la demanda mediante el sistema IPC el cual supera ampliamente la tasa pasiva promedio vigente y se aparta de las pautas fijadas por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, motivos por el que solicita se reduzca al menos a un medio lo admitido.
VI. Mediante PE 2188263-2.026 la parte actora contesta el agravio formulado. Señala que la sentencia de grado realizó una pormenorizada evaluación probatoria tomando en cuenta el informe socio ambiental, la pericia psicológica, los certificados de tratamiento y los testimonios que obran en autos, explicando el nexo causal entre la conducta del demandado y la lesión padecida. Agrega que la pericia psicológica acredita dos hechos esenciales, esto es, el diagnóstico clínico forense que describió la afectación psíquica y que la actora recibió y recibe tratamiento profesional, lo que constituye prueba contundente de la existencia de daño moral. Asimismo sostiene que la sentencia expone con precisión cual fue el hecho generador del daño y porque la conducta del demandado fue antijurídica lo que explica la decisión de la magistrada de aplicar el principio iura novit curia para enmarcar la pretensión en el régimen protector más adecuado.
Remarca luego que el daño no es una mera incomodidad sino una lesión profunda que alcanzó la salud mental y la estructura afectiva de la actora y de su grupo familiar, lo que dio lugar a denuncias y medidas intrafamiliares, ponderando la conducta continuada y la asimetría de edad. En cuanto al segundo agravio, expresa que la sentencia desarrolla el criterio para cuantificación señalando la dificultad intrínseca que supone valorar el daño moral, explicando por qué es imperioso actualizar el monto pretendido para dotar de eficacia real a la reparación preservando su valor adquisitivo. Destaca que la jueza no hizo una multiplicación caprichosa ni buscó la sanción económica sino que por el contrario explicó la finalidad reparatoria de la actualización la que es mantener el valor real de la suma reclamada en 2023 de modo que la condena no quede desvirtuada por la inflación y permita a la actora afrontar gastos vinculados al tratamiento y a la reparación de su equilibrio emocional.
Agrega que la existencia de una técnica alternativa de actualización no implica que la elección razonada del juez sea revisable de plano siendo que la función judicial incluye la potestad de seleccionar el índice más adecuado conforme a las circunstancias concretas. VII.- Expuestos los agravios formulados por la demandada y la réplica que le dedico la contraparte, corresponde ahora ingresar al tratamiento de la primera de las criticas mediante la cual se cuestiona la procedencia del daño moral por el que aquella fue condenada. En éste sentido destaco primero que el reclamo de la actora fue encuadrado en la anterior instancia en el art. 35 de la ley 26.485, norma que reconoce el derecho de las mujeres a ser indemnizadas económicamente por los daños y perjuicios sufridos a causa de la violencia de genero.
Al fundamentar ese criterio la jueza de la instancia anterior argumenta que el demandado le infringió un daño a la actora al elegir su pareja en el propio seno familiar y concretamente a su hija afín, violando las normas más significativas sobre las que se construye la comunidad, hecho que considera demostrado por la declaración de ésta última obrante en sobre cerrado en el expte. 4239/2.022. Señala también que se agrava el daño al elegir a una joven de 19 años con un antecedente de A.S.I y con una diferencia de edad de 43 años. De allí que califica esa conducta como antijurídica. Dicho ello, voy compartir con la magistrada que en el caso de autos no estamos ante un hecho liso y llano de infidelidad el que, como es sabido, a la actualidad ya no es por sí solo un suceso antijurídico que habilite una indemnización por daño moral, pues, efectivamente, a la luz del CCYC y más concretamente del art. 431 la fidelidad constituye hoy un deber moral y no jurídico, es decir, no obligatorio.
Anclar el supuesto en tratamiento a dicha casual no es más que minimizarlo dejando de lado su verdadera magnitud, capaz, por la entidad que tuvo, de provocar un severo menoscabo en los sentimientos de la reclamante.
Ello así ya que conforme surge de autos, se dio adentro del seno familiar y que por sus características, implico que el demandado se haya apartado de su rol y haya protagonizado una inconducta intrafamiliar extrema que provoco en la damnificada un efecto desvastador en su equilibrio psíquico y por supuesto en su dignidad.
Lo señalo así de manera categórica el perito psicólogo de éste poder judicial en su informe obrante a PE 1250837-2024 cuando señalo que: “… El evento arroja por tierra todo el proyecto de vida que la sostenía, la buena fe y la absoluta confianza que se deposita en las relaciones primarias (matrimonio/maternidad), hay una dinamización psíquica. Manifiesta un doble duelo, por un lado el fin de su matrimonio y por el otro la pérdida de su hija como tal, dado que (según sabe) la relación posee continuidad al momento actual ….. Es posible afirmar que al momento de la entrevista no presenta cuadro psicopatológico en curso que altere sus facultades mentales, si se observa un estado de conmoción psíquica emocional y afectiva con desborde de angustia”. A su turno la Lic. en Trabajo Social Miriam Figueroa sostuvo que: “En términos de evaluación en encuadre de entrevista la Sra. Raillón adoptó un posicionamiento reflexivo respecto a la intervención exhibiendo angustia desmedida que acompaño su relato”.
Y no solo los peritos describieron el estado emocional de la accionante, sino también lo hicieron las testigos que prestaron declaración en autos, las cuales no solo se refirieron a ello sino también a la causa que lo genero. Así fue tanto Marina Rojo, como Sandra Carrizo y Natalia Cortez, afirmaron conocer la relación del Sr. Bustamante con la hija de Raillon y el impacto emocional que le provocó, al punto de tener que recurrir a un tratamiento psicoterapéutico y a terapias alternativas. Concretamente la primera de las testigos nombradas señaló que el matrimonio de Raillon con Bustamante se separó por la infidelidad de él con la hija de ella, describiendo el malestar anímico que este hecho le provocó. Lo mismo dijo la testigo Carrizo la que declaró que Nadia Raillon se separó porque Bustamante la engaño con su hija y tuvo que someterse a un tratamiento psicológico y a recurrir a terapias alternativas. Agrego que el vínculo entre el demandado y la hija de la actora afecto a todo el grupo familiar. La testigo Cortez sostuvo que fue el papá de la hija de Raillon la que descubrió la relación y que aquella tuvo que comenzar con terapias psicológicas y terapias alternativas.
Así las cosas, tenemos entonces que la prueba pericial invocada y la testimonial referida acreditan suficientemente la conducta del demandado y el daño que le ocasiono a la parte actora afectando su integridad espiritual, su salud mental y su dignidad, alcanzados todos por los derechos personalísimos. Sobre éste aspecto comparto la doctrina que dice: “Según el artículo 1737 del CCC, el daño requiere de la lesión de un derecho o de un interés lícito. Esto es lo primero que debe evaluar el juez. Ya vimos que la CASDH establece un derecho a la integridad psicofísica y a la integridad moral. En efecto, si se perjudica la integridad psíquica o moral de una persona habrá daño, siempre y cuando exista una modificación disvaliosa en su ser y existencia (efecto). En otras palabras, el daño como consecuencia en el sujeto debe existir junto a la lesión al derecho. No puede haber violación de la integridad psicofísica y moral, sin consecuencias en el ser humano y, viceversa, daño a la persona sin violación a su derecho o interés” de “Daños derivados de las relaciones de familia” - Indemnización del Daño Moral Causado a la Pareja – Burgueño Ibarguren – Jornadas Nacionales de Derecho Civil Bahia Blanca 2.015.
En el caso, el comportamiento bajo análisis sin ninguna duda ha roto la paz del hogar al haber incurrido en una confusión de roles familiares que ha corrompido sin dudas la estructura de la familia transgrediendo los límites éticos más básicos de la organización familiar. De allí que me permita calificar a esa conducta como antijurídica, abusiva y de mala fe, pues aquí, claramente, no solo se trató de un incumplimiento moral del matrimonio, sino que fue mucho más allá al haber obrado de mala fe y con un desprecio absoluto hacia los sentimientos de la otra parte transgrediendo límites éticos y jurídicos mínimos de convivencia.
Conforme con lo dicho considero entonces que en el caso están dados los presupuestos pertinentes de la responsabilidad civil, ya que tenemos una conducta antijurídica y una conexión directa entre el comportamiento del demandado y el daño padecido por la actora, por lo que opino que el daño moral reclamado por ella es plenamente procedente y por ende no queda más que rechazar el agravio propuesto sobre éste punto y asi lo propongo al acuerdo.
VIII. En cuanto al agravio que cuestiona la cuantía del rubro reclamado calificándolo de excesivo e incomprensible porque no aparecen agregados elementos que acrediten el perjuicio espiritual que lo justifique, en primer lugar, voy a remarcar que de acuerdo a lo expuesto en el punto precedente la entidad del daño irrogado ha quedado aquí afuera de discusión. No obstante lo cual, advierto sí que lo que eleva el monto resarcitorio establecido en la sentencia, es el mecanismo aplicado para actualizarlo, concretamente mediante el índice de precios al consumidor (IPC). Tengo en cuenta aquí, que estamos en el campo del derecho civil y a los fines de determinar las pautas de actualización de las sumas indemnizatorias fijadas habrá de estarse a las prescripciones del art. 768 del CCYC que delega en los jueces la determinación de la tasa aplicable conforme a las reglamentaciones del BCRA.
Concretamente el inc. c) de dicha norma determina en cuanto a las tasas de interés moratorio, que ésta se determina “por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del banco central”. Como bien lo señala el quejoso, la doctrina casatoria de nuestro Excmo. Tribunal Superior de Justicia se ha inclinado por la utilización de la tasa pasiva promedio del BCRA y si bien ésta Cámara ha decidido en diferentes pronunciamientos la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de interés válido, cierto también lo es que se debe decidir al día en que se emite la resolución pertinente. Dicho lo cual, voy a darle la razón al apelante por entender que en éste supuesto particular, por la propia naturaleza del crédito que se reclama corresponde que sea actualizado mediante la utilización de tasas de interés y no por los índices que rigen para otra materia (laboral).
Es de tal forma que considero entonces correcto utilizar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, por lo que, actualizado el monto reconocido mediante dicha tasa arroja un importe de condena $ 13.769.811 al día de la fecha. Por estas razones opino que se debe admitir parcialmente el agravio en tratamiento y reducir la condena a la suma indicada. Así lo propongo al acuerdo. IX.- En atención a la forma en que se resolvió el agravio, entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe revocarse únicamente en el monto de la indemnización a favor de la actora. Las costas deberán ser soportadas por el orden causado en razón a la forma en la que se resolvió el recurso.
Así lo propongo al acuerdo.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
X. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante. Es indudable que una relación con la hija de su cónyuge daña a cualquier mujer en grado superlativo a una infidelidad con una extraña a la familia de la esposa. No es la conducta que se espera de un cónyuge. Ulpiano había señalado los tres principios: Honeste vivera 8vivir honestamente), Alterum no laedera (no dañar a otro) y Suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo) advirtiendo violado en el caso los dos primeros claramente habida cuenta que no es honesto tener relaciones con la hija de su esposa y que esa conducta dañara psíquicamente a la madre de ésta. La Corte Suprema de Justicia ha utilizado el Alterum non Laedere en los casos Gunther Fallos 308:1118; Santa Coloma Fallos 308/1160 y en muchos procedentes posteriores (ver fallos 320:1996 y tomo 327:357 con apoyo en el art. 19 de la Constitución Nacional, compartiendo las razones del preopinante por lo que adhiero a su voto.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
X. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa. 2°) Rechazar el primer agravio de la parte demandada confirmando la condena por daño moral y admitir parcialmente el segundo agravio reduciendo su monto a la suma de Pesos Trece Millones Setecientos Sesenta y Nueva Mil Ochocientos Once ($ 13.769.811) al día de la fecha. 3°) Imponer las costas en ésta instancia por el orden causado (art. 68 y ccs CPCC). 4°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 21 de Septiembre de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa.2º) Rechazar el primer agravio de la parte demandada confirmando la condena por daño moral y admitir parcialmente el segundo agravio reduciendo su monto a la suma de Pesos Trece Millones Setecientos Sesenta y Nueva Mil Ochocientos Once ($ 13.769.811) al día de la fecha. 3°) Imponer las costas en ésta instancia por el orden causado (art. 68 y ccs CPCC).
4. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado.5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Mario Albarran no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes. Fdo: Humberto Monelos – Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Juega de Cámara, Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 068 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3239 Folio Nº: 118/123 Secretaria: 1
Fin de la sentencia