Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2337/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 188/203 vta. por quebrantamiento de formas sustanciales y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 179/181 vta., reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevo juez hábil, dicte nuevo pronunciamiento debiendo tener presente las consideraciones desarrolladas ut supra por este Alto Cuerpo.-
2Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2337/19-TSJ Interlocutorio N°: 693 Actor: RAIN JUAN ANTONIO Demandada: BOLLAND Y CIA SA Objeto: RECURSO DE APELACIÓN Fecha: 15-11-2021 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 693 FOLIO Nº 4071/4075 PROT. ELECT. TSS1 021 S.211
Río Gallegos, 15 de noviembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “RAIN JUAN ANTONIO c/ BOLLAND Y CIA SA s/ RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. N° R-19.572/18 (R-2337/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Andrés Ferreyra Amuchastegui (cfr. fs. 188/203 vta.), contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada, que confirmó la Resolución Nº 818/SETySS/16 del Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social (cfr. fs. 179/181 vta.). Esta última aceptó la declinación de la vía administrativa solicitada por Bolland & Cia. S.A., dejando expedita la vía judicial previo depósito que garantice suficientemente sus obligaciones laborales, el que fue determinado en la suma de pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil setenta y uno con noventa y nueve centavos ($485.071,99) (cfr. fs. 94/96).-
II. La parte recurrente aduce quebrantamiento de forma y errónea aplicación de la ley en los términos de los artículos 2º y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. foja 194 vta.).-
Plantea que el pronunciamiento en crisis infringió lo dispuesto en los artículos 34, inciso 4° y 164, inciso 5° del CPC y C, 8 de la Ley Nº 2450 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja 194). Además, precisa que la jueza omitió el tratamiento de cuestiones conducentes para la justa solución de la causa (cfr. foja 194 vta.).-
Sostiene que si bien los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos vertidos por las partes sino sólo aquellos que resultan conducentes para la resolución de la cuestión planteada, ello no implica que la selección de los mismos se desarrolle en forma arbitraria, dejando de lado aquellos que asumen el carácter de conducentes. En tal sentido, señala que el decisorio impugnado transgredió este deber, evitando tratar las cuestiones conducentes que introdujo en su recurso de apelación (cfr. foja 195).- Reseña holgadamente distintos fragmentos del remedio ordinario que oportunamente interpuso contra la Resolución Nº 818/SETySS/16 dictada por el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social (cfr. fs. 196/201 vta.) y sobre esta base enfatiza que la magistrada salteó lisa y llanamente todo lo explicado y pormenorizadamente fundado en esos tramos, en patente manifestación del inadmisible desvío jurisdiccional plasmado en el decisorio impugnado (cfr. fs. 201 vta./202).- Finalmente postula que nos encontramos frente a una sentencia que no resulta derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que habilita su tacha de arbitrariedad y consecuentemente, su descalificación como acto jurisdiccional válido (cfr. fs. 202 vta./203).-
Ratifica reserva del caso federal (cfr. foja 203).-
A fs. 205 y vta. la Alzada, declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A fs. 221 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de este derecho únicamente la parte actora (cfr. certificación de foja 229).-
A fs. 230/231 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien por los fundamentos que allí invoca y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad señala que: “…no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto…” (cfr. foja 231).-
A foja 232 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 233 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2 y 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto su impugnación se fundamenta en el quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal y arbitrariedad.- Así las cosas, por una cuestión de método se abordará, en primer término, el recurso desde el prisma del artículo 2º de la citada norma. Sobre este motivo casatorio, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr.
Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas por la recurrente.- Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de formas en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408).
Sosteniendo sobre este último aspecto, que: “…La omisión de cuestiones o temas conducentes oportunamente pro-puestos por las partes es causal de arbitrariedad en las resoluciones judiciales, las que deben en consecuencia ser dejadas sin efecto?El déficit que se indica puede consistir en la omisión de la consideración de planteos, en no hacerse cargo de ciertos argumentos aducidos por el recurrente, en no analizar adecuadamente determinados agravios, no tratar diversos pedidos, en omitir ciertos temas de ineludible consideración?” (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 480, Folio 2603/2611 y XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596). De acuerdo al programa recursivo planteado por la casacionista, resulta imperativo, entonces, revisar la estructura formal del pronunciamiento en crisis a efectos de verificar si la magistrada omitió el tratamiento de temas conducentes para dirimir la contienda.- El Derecho es un sistema que contiene reglas internas que deben respetarse para que sea posible predicar la juridicidad de una decisión (cfr.
Lorenzetti, Ricardo Luis: “Teoría de la Decisión Judicial Fundamentos de Derecho”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 209).-
Precisamente, una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principio de congruencia, definido por este Alto Tribunal como “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4° y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6° ambas disposiciones del Cód. Proc. Civ. y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomos I, Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros). Éste último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de Segunda Instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo.- Desde el cuadrante doctrinario, se ha definido a la congruencia procesal como la “…coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. Enderle, Guillermo Jorge: “La congruencia procesal”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 57).-
Siguiendo la clasificación tripartita de Jaime Guasp, Juan Carlos Hitters enseña que la incongruencia puede asumir las siguientes caras: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes; por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes; o por ambas razones, es decir, mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez, lo que sucede cuando el dispositivo sentencial concede algo diferente de lo pretendido (cfr. aut. cit., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da edición, LEP, 1998, pág. 641).- En la especie -tal como se anticipó anteriormente- la recurrente aduce que el pronunciamiento en crisis no hizo mérito de sus alegaciones al expresar los agravios contra la Resolución Nº 818/SETySS/16 dictada por el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social. Particularmente, pone de relieve que la magistrada salteó lisa y llanamente todo lo explicado y pormenorizadamente fundado en su remedio ordinario.-
El planteamiento recursivo bajo estudio torna necesario, entonces, confrontar los cuestionamientos vertidos por la demandada en la oportunidad de expresar agravios contra la resolución emitida por la autoridad administrativa, a efectos de corroborar si efectivamente la magistrada incurrió en el vicio denunciado.-
En dicha oportunidad procesal -cuya pieza recursiva luce a fs. 99/109- la parte esbozó dos agravios: el primero de ellos, vinculado con el hecho de que la decisión administrativa objetada resultó arbitraria en razón de que su descargo había sido suficientemente fundado (cfr. fs. 100 vta./107 vta.); y el segundo, relativo a que la autoridad administrativa restringió el alcance del artículo 8° de la Ley Nº 2450 al depósito previo, cuando el texto legal también habilita la vía judicial cuando el empleador dejare caución real (cfr. fs. 107 vta./108).- En relación al tópico inicial -que es el que aquí resulta de relevancia para dirimir la cuestión-, sostuvo que: “La lectura del escrito mediante el cual mi parte formuló su descargo…y solicitó la declinación de la vía administrativa, permite apreciar que allí Bolland cumplió largamente con las cargas técnicas inherentes a una presentación de tal carácter…” (cfr. foja 101).-
También alegó que el artículo 8° de la Ley Nº 2450 enuncia cuatro requisitos para que la autoridad administrativa laboral pueda exigir el depósito previo o la caución real (que las razones invocadas sean infundadas; que el empleador persiga el retardo o la evasión; que exista verosimilitud del derecho en relación al crédito laboral pretendido y peligro en la demora), los que -según indica- han sido soslayados por la Secretaría de Trabajo (cfr. fs. 102 y vta.). En punto a ello, manifiesta que: “…si no existió afirmación de ninguna naturaleza por parte de la Secretaría de Estado de Trabajo en orden a una supuesta insuficiencia de los motivos esgrimidos por Bolland al efectuar la declinación de la vía, ello determina sin más la arbitrariedad […] tampoco podrá presumirse de la conducta seguida (sic) una deliberada intención de 'retardo' o 'evasión'…” (cfr. foja 103) y en relación al recaudo de verosimilitud en el derecho postula que “…tampoco es siquiera mencionado tangencialmente en la Resolución en crisis…” (cfr. foja 103 vta.) y añade que debe invalidarse “…lo resuelto por no haberse satisfecho la exigencia legal de un 'acto fundado'…” (cfr. foja 107) y, por último, indica que la exigencia de peligro en la demora “…brilla absolutamente por su ausencia en la Resolución…” (cfr. foja cit.).- Ante este escenario, la jueza confirmó la Resolución Nº 818/SETySS/16, limitándose a expresar que: “En el caso traído a pronunciamiento definitivo debo destacar que la ley de procedimiento administrativo es clara al destacar que se puede declinar la vía administrativa por parte de la empleadora pero las razones invocadas deben ser fundamentadas.
Y en el caso que no fuera suficiente dicha fundamentación, que pueda presumirse que persiga con dicha declinación el retardo o la evasión del cumplimiento de las obligaciones laborales que fuera objeto de la acción…estableciéndose el pago de deposito (sic) previo o caución. Debe destacarse que del acta de audiencia de fs. 46/47 surge que los apoderados de la Firma Bolland y Cia. peticionan la declinación de la vía administrativa pero no fundamentan su pedido de manera razonada…Destacando en principio que la empleadora es la que debe fundamentar dicho pedido, toda vez que a solicitud de parte o de oficio, como es este el caso, si la autoridad administrativa considera que existe 'verosimilitud del crédito y peligro en la demora' puede establecer el deposito (sic) previo, considerando la suscripta que del relato de los hechos y de la lectura de la resolución Nº 818/16 la misma se encuentra debidamente fundada, sin nada mas que aclarar…por lo que habré de desestimar el primer agravio vertido y confirmar lo dispuesto en la Disposición Nº 818….” (cfr. foja 181).- Tal como resulta dable advertir, la magistrada realizó un análisis parcializado e insuficiente del agravio inicial, pues sólo puso énfasis en el acta de audiencia de fs. 46/47 soslayando el descargo formulado por la compañía a fs. 17/20 sobre el cual giraba el sustento principal de la crítica esgrimida oportunamente por la recurrente.
Además, omitió brindar razones concretas que involucren el tratamiento de los argumentos relativos a la ausencia de los restantes recaudos contemplados en el artículo 8° de la Ley Nº 2450 (finalidad de retardo o evasión por parte de la empleadora; verosimilitud del crédito laboral y peligro en la demora). Sobre estos aspectos no ofreció explicación alguna ni justificó la omisión de tratamiento, por lo que las motivaciones del fallo no pasan de ser afirmaciones dogmáticas.- En tales condiciones, asiste razón a la casacionista, en razón de que esta forma de decidir quebranta el artículo 164, inciso 6° del CPC y C que requiere “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio…”, cuyo mandato por imperio del artículo 165 del CPC y C se torna aplicable a los pronunciamientos que se dicten en segunda o ulterior instancia.-
Si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, es decir, sólo deben analizar y decidir los capítulos y cuestiones que resultan pertinentes para la correcta solución del litigio, lo cierto es que debe reputarse como nula la sentencia si omite tratar temas conducentes que componen el litigio (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, 2da edición., Buenos Aires, Editorial. Astrea, 2009, Tomo 2, págs. 310 y 311). En idéntico sendero, este Tribunal Superior de Justicia -con cita de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- ha expuesto que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480).- Con sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que son susceptibles de descalificación las sentencias que omiten el examen y tratamiento de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del apelante y lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa (Fallos: 317:1583 y 327:5668).-
La respuesta proporcionada por la jueza al emitir su pronunciamiento conlleva la preterición de temas conducentes oportunamente propuestos por la demandada, las que revisten suficiente relevancia para la resolución del presente proceso, lo que torna pertinente rememorar las enseñanzas de Germán J. Bidart Campos, quien sostiene que “…el derecho a la jurisdicción no se satisface ni agota con el mero acceso a un juez, ni con la secuela del debido proceso, sino que exige culminar con una sentencia (válida) que resuelva 'todas' las pretensiones y 'todas' las cuestiones (de hecho y de derecho) incluidas en la causa.” (cfr. aut. cit., “La abstención de un tribunal (federal o provincial) que no juzga una cuestión constitucional, es inconstitucional”, ED 128, pág. 222).- Hugo Alsina refiere que la sentencia no sólo debe resolver la cuestión sometida a la decisión del juez, sino que también debe llevar al ánimo de los litigantes la convicción de que han sido considerados todos los aspectos de la misma y tomadas en cuenta sus respectivas alegaciones y añade que a quien con mayor razón se debe dar explicaciones es a aquel a quien se le niega un derecho (cfr. aut. cit., “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da ed., Ed. Ediar, Buenos Aires, 1957, Tomo II, págs. 255 y 257).- En definitiva, cabe apuntar que las cuestiones singularizadas por la recurrente tenían decisiva gravitación en la decisión del litigio, delimitando el esquema jurídico del pronunciamiento del que la juzgadora debía hacerse cargo, es decir, atender, analizar y darle razonada e íntegra respuesta.-
La faena incumplida resulta, entonces, insusceptible de convalidación, desde que -como ha afirmado Roberto O. Berizonce- la hondura e intensidad de las razones justificatorias en las que las decisiones judiciales se sustentan, constituyen el soporte mismo, insustituible, que legitima la intervención de los jueces (cfr. aut. cit., en prólogo a la obra de Guzmán, Leandro “Derecho a una sentencia motivada”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2013, págs. XIII y XIV).-
Merced a lo expuesto, cabe traer a colación lo indicado en sendas oportunidades por este Alto Tribunal, en el sentido de que comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y consecuentemente, quebranta las formas estatui-das ritualmente para su conformación; se trata -en el sub lite- de un problema de ausencia o aparente fundamentación válida y de omisión de tratamiento de cuestiones esenciales; ante tal circunstancia el íter establecido por el artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, es el encuadre normativo aplicable (cfr. Sentencia, Tomos XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398 y XVIII, Reg. 597, Folio 3427/3431, entre otros).- A la luz de los argumentos hasta aquí vertidos, cabe concluir que las irregularidades sindicadas resultan de una gravedad tal que conllevan la nulidad de la sentencia analizada.-
IV. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 188/203 vta. por quebrantamiento de formas sustanciales (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), procediendo la declaración de nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 179/181 vta., por los fundamentos desarrollados en la presente, debiendo reenviarse las presentes actuaciones al respectivo subrogante legal para que dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 de la Ley cit.), con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPC y C).- Como consecuencia de lo aquí expuesto, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que en defini-tiva merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 188/203 vta. por quebrantamiento de formas sustanciales y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en la localidad de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 179/181 vta., reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevo juez hábil, dicte nuevo pronunciamiento debiendo tener presente las consideraciones desarrolladas ut supra por este Alto Cuerpo.-
2. Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1021S.211 Tomo: XXI Interlocutorio: 693 Folio N°: 4071/4075 Secretaría: 1
Fin de la sentencia