Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2026-17026536-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma $ 104.750,89 (Pesos ciento cuatro mil setecientos cincuenta con 89/100) en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 9.218 (pesos nueve mil doscientos dieciocho) equivalente 0,09 (cero con 09/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 23.045 (pesos veintitres mil cuarenta y cinco) equivalente a 0,23 ( cero con 23/100) UMA, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°1352/2026 (9/6/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-62789667-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 25 de Junio de 2026 gastos;SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2026-17026536-APN- TFN#MEC, caratulado “RAINONE, Luis s/incidente- beneficio de litigar sin gastos”
La Dra. Gómez dijo:
I-Que mediante la presentación identificada como IF-2026-19083851-APN-DTD#JGM, el Sr. José Rainone solicita se les conceda el beneficio de litigar sin gastos dispuesto en el art. 78 del C.P.C.C.N. alegando que -al perder la residencia fiscal en el pais- no posee ingresos de fuente Argentina y, por ende, no cuenta en el país con la liquidez necesaria para afrontar el pago de la tasa de justicia, alegando que de no mediar la concesión del beneficio pedido, se encontraría en “un real estado de indefensión” (sic).
Expone que su único ingreso en la República Argentina son los vinculados a la percepción de su jubilación, además de señalar que registra ingresos en dólares por su desempeño en una empresa uruguaya. Alega que la situación descripta permite vislumbrar la incapacidad para hacer frente de los gastos causídicos generados por la interposición del recurso, y que de denegarsele el beneficio, vería resentida su situación económica al tener que desatender otros gastos.
Como prueba de sus dichos, acompaña documental, ofrece informativa dirigida a bancos y pide que se conceda el beneficio de litigar sin gastos. Hace reserva del caso federal.
II. Que por medio de la presentación incorporada al IF-2026-22197870-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido, solicitando el rechazo del mentado beneficio en tanto el mismo sólo debe otorgarse con carácter de excepción. Manifiesta que la certificación contable que aporta como el hecho de estar jubilado no demuestra que el incidentista no pueda hacer frente a los gastos que irrogan el presente proceso. Se opone también a la informativa ofrecida por inconducente dado que con ello se intenta acreditar falta de liquidez, pero no un estado de pobreza.
Por las razones que expone pide que se rechace el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
III – Que por IF-2026-21333714-APN-DTD#JGM toma intervención la Sección Impuestos Internos Sellos y Varios de la D.G.I.
IV. Que por PV-2026-23540720-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba y se hace lugar a la informativa dirigida a las dos entidades bancarias que la actora informa, estando incorporado mediante PV-2026-26909834- APN-VOCX#TFN solo uno de los oficios ordenados.
Por PV-2026-57698491-APN-VOCX#TFN se da por decaído el derecho a la incidentista a producir la prueba informativa respecto del Banco de Galicia y Buenos Aires y se clausura el período probatorio.
Que por PV-2026-58147644-APN-VOCX#TFN se tiene por agregada la respuesta al oficio dirigido al Banco Galicia y Buenos Aires ingresada con posterioridad al dictado del auto antes citado (conforme constancia PV- 2026-58134862-APN-VOCX#TFN).
Por PV-2026-58510453-APN-VOCX#TFN se corre la vista dispuesta en el art. 81 CPCCN, la que es contestada mediante IF-2026-60997776-APN-DTD#JGM e IF-2026-61393053-APN-DTD#JGM, por la incidentista y el Fisco Nacional, respectivamente.
| Finalmente por PV-2026-61745271-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”.
IV. Que el beneficio solicitado tiene como fin evitar afrontar el pago de la tasa establecida por la Ley 25.964. Que, dicha ley en su art 9° establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con Beneficio de Litigar sin Gastos” y este beneficio que contempla el artículo 78 del C.P.C.C.N., se acuerda a aquellas personas que “carecieren de recursos” esto es, que se encuentren en una situación de pobreza tal que, al no poder afrontar el pago de la tasa de actuación, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que cabe aclarar que la falta de ingreso de la tasa de actuación, no obsta a la continuación del juicio ante este Tribunal, por lo que de ninguna manera es posible argumentar que el rechazo del pedido de beneficio de litigar sin gastos puede violentar o limitar de modo alguno el derecho de defensa en juicio.
Que así las cosas, la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. Vale aclarar que el legislador ha omitido referencias basadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver; y es por ello que en cada situación, el Tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372; Considerando 1° y sus citas; 315:276 y 1025).
De tal manera, como lógica consecuencia de lo destacado en el párrafo precedente, es posible observar la notable relevancia que adquieren las pruebas que pueda aportar la peticionante de un beneficio de litigar sin gastos, dada la particularidad que cada caso puede representar y principalmente debido al riesgo que implicaría conceder un privilegio tal como lo es el de litigar sin la carga de soportar algún tipo de costo, sin fundamentos y bajo ningún sustento fáctico. Aquella situación no haría más que colocar a una de las partes del litigio en una clara situación de ventaja por sobre la otra afectándose, de manera indudable, el principio constitucional de igualdad que debe regir para todo litigio.
Que a la luz de la solidez probatoria que la concesión del beneficio de litigar sin gastos exige, cabe analizar la prueba documental acompañadas oportunamente en el presente incidente y la informativa incorporada. Que de la certificación sobre “Declaración jurada de Ingresos Personales” elaborado por contador publico independiente aportados por la incidentista como prueba documental, surge que en el periodo comprendido entre octubre de 2024 a octubre de 2025 el Sr. Rainone obtuvo ingresos en la Republica Argentina por $ 4.803.770,48 en condición de jubilado, conforme surgiría de los recibos emitidos por el ANSES aportados por el incidentista al certificante, además de registrar otros ingresos equivalentes a USD600 (seiscientos dólares estadounidenses) que recibe de forma mensual en la República Oriental del Uruguay (vide RE-2026-19081445-APN-DTD#JGM). Que en relación a la restante prueba producida en autos, esto es la informativa dirigida a las entidades bancarias Supervielle S.A. y Galicia y Buenos Aires S.A.U., cabe señalar que de la lectura del informe producido por ambas entidades surge que el incidentista tiene fondos en sus cuentas, sin que surja que pese sobre ellas embargo ni que tenga limitaciones para obtener un préstamo.
Que la prueba rendida en autos, lejos está de demostrar de manera fehaciente que el incidentista esté atravesando una dificultad económica que le impida afrontar el pago de la tasa de actuación. Que, el objeto de la actividad probatoria para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos consiste en aportar elementos que permitan al Tribunal formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos para afrontar los gastos que eventualmente irrogue la acción por él incoada (conf. CNACAF, Sala I, in re “Stancato, Carmelo Alfredo c/ BCRA s/ beneficio de litigar sin gastos”, sentencia del 13/7/15).
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el código de forma que regula el presente instituto, no hace referencia a un estado de falta de liquidez como requisito para el acceso al beneficio de litigar sin gastos, sino que específicamente se refiere en el art. 78 a “los que carecieren de recursos”, es decir que no debe confundirse con meras dificultades financieras por las que podría estar atrvesando el incidentista, dado que el mentado beneficio persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos del juicio, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio.
En esa línea cabe destacar que no surge de las constancias de autos que pesen sobre el incidentista embargos, ni inhibiciones ni otra traba que la impida acceder a un crédito a fin de solventar los gastos que irroga el recurso deducido por su parte ante este Organismo jurisdiccional, como así tampoco ha ofrecido como prueba el pedido de informes a los Registros de la Propiedad a fin de verificar si posee bienes registrables.
Así se ha sostenido que la iliquidez no es una circunstancia que habilite -por sí sola- la concesión de la dispensa impetrada, en tanto la eventual falta de liquidez constituye -en última instancia- un problema financiero que puede encontrar solución por otras vías alternativas que posibiliten acceder a condiciones económicas de litigar en reconocimiento o defensa de sus derechos, y que no involucren trasladar necesariamente sus consecuencias al sistema judicial o la eventual contraparte en el juicio (cfr. esta CNCom., Sala A, 04.08.11, "Acristal SA c/ Fundación p/ Lucha contra enfermedades neurológicas de la infancia s/ beneficio de litigar sin gastos"; íd., 18.04.2012, “Food Cleaning SRL c/ Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos”; en igual sentido: Sala C, "Forte, Miguel c/ Rabino, Jaime", ED 132-150).
Por otra parte, cabe recordar que la ley de Procedimiento Tributario (art. 160 t.o. vigente) prevé que “en la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial...”, y en este caso el incidentista optó por presentarse ante este Tribunal con asistencia letrada. Que en tal inteligencia, el rigorismo con que debe ponderarse la declaración de pobreza se maximiza cuando el peticionante pudo contratar los servicios de un letrado patrocinante, lo que demostraría cierta disponibilidad patrimonial, que al menos, le ha permitido desenvolverse frente a las primeras erogaciones del juicio (conf. “Beprea SA c/Edesur” - CNCom. - Sala B – 9/5/2006), lo que es un argumento más para tener en cuenta de que no se encuentra “carente de fondos”, ya que debe entenderse que la labor desarrollada por dicho profesional se presume onerosa, ya que no obran constancias en autos que permitan sostener lo contrario.
En tal sentido, así como debió prever los honorarios del profesional que los asiste, también se debió considerar el arancel correspondiente a la tasa de actuación que establece la ley Nº 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surgió en forma intempestiva, sino que son consecuencia de la decisión que tomó al momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional.
Ello así, cabe concluir que “No se halla, -pues-, la actora, en la situación de quien por verse circunstancialmente privado de recursos, es merecedor de una franquicia que le permite litigar en defensa de sus derechos, hasta tanto su situación cambie. Es que la peticionante no ha demostrado una mínima intención de superar la indigencia, antes bien, pretende prevalerse de ella para eximirse de las erogaciones que a todo litigante le son impuestas. Por todo lo expuesto y no encontrándose acreditada la hipótesis de pobreza argumentada por la incidentista, presupuesto ineludible a los fines que el beneficio de litigar sin gastos solicitado pueda prosperar, corresponde resolver su denegación, con costas.
VI.-Como consecuencia de lo decidido, procede intimar al incidentista que en el plazo de cinco (5) días ingrese la suma de $ 104.750,89 (Pesos ciento cuatro mil setecientos cincuenta con 89/100), en concepto de tasa de actuación debida con más los intereses, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda,en caso de incumplimiento la que incluirá los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 5, 6 y 7° de la ley 25.964 La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere a la decisión de la Vocal Instructora.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma $ 104.750,89 (Pesos ciento cuatro mil setecientos cincuenta con 89/100) en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 9.218 (pesos nueve mil doscientos dieciocho) equivalente 0,09 (cero con 09/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 23.045 (pesos veintitres mil cuarenta y cinco) equivalente a 0,23 ( cero con 23/100) UMA, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Resolución SGA N°1352/2026 (9/6/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese a la incidentista y a ARCA - Dirección General Impositiva -Sección Coordinación de Impuestos Sellos y Varios y al Departamento Contencioso Judicial-.
Date: 2026.06.25 13:23:08 -03:00 Date: 2026.06.25 14:02:27 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.25 14:08:49 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.25 14:08:50 -03:00
Fin de la sentencia