Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2021-76262607-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución RESOL-2021-15-E-AFIP-SDGOAM recaída en el expediente administrativo SIGEA 13289-7256-2015, en cuanto no hace lugar a la solicitud de devolución de derechos de exportación presentado por la firma RAIZEN ARGENTINA S.A.U. con relación al PE N° 11 001 ES02 000006 F bajo el régimen de Precios Revisables y su exportación a consumo con precios definitivos, mediante el Permiso de Embarque N° 11 001 EC08 000009 V, con costas a la parte actora (art. 1163 C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-140348568-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Diciembre de 2025 SGASAD#TFN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, y Juan Manuel Soria, con la Presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: RAIZEN ARGENTINA S.A.U. c/ DGA s/ recurso de apelación – EX-2021-76262607- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que, con fecha 19.08.21 mediante el RE-2021-76258282-APN-SGASAD#TFN la actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la RESOL-2021-15-E-AFIP-SDGOAM dictada por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, recaída en el expediente administrativo SIGEA 13289-7256- 2015, mediante la cual no se hizo lugar a la acción de repetición de derechos de exportación incoada por la firma RAIZEN ARGENTINA S.A.U., correspondiente a la Exportación de mercaderías mediante Permiso de Embarque Provisorio N° 11 001 ES02 000006 F el 05.05.11 bajo el régimen de Precios Revisables y registró posteriormente su exportación a consumo con precios definitivos, mediante el Permiso de Embarque N° 11 001 EC08 000009 V, el 23.05.11 cuestionando ante esta instancia la denegatoria de la suma de pesos $33.601.810,92.- . Sostiene que la firma abonó los derechos de exportación establecidos por la Resolución MEP N° 394/07. Afirma que dicha resolución determina una fórmula de fijación de la alícuota móvil. En este sentido, señala que se le exigió a su mandante el pago de derechos de exportación conforme a la alícuota del 100.00%. Considera que los derechos de exportación exigidos resultan ilegítimos y contrarios a lo establecido en la Constitución Nacional. Aclara que la firma apela parcialmente la resolución aduanera en tanto los derechos exigidos debieron ser de 5% ad valorem y no los que derivan de la aplicación la alícuota de la Resolución MEP N° 394/07 en tanto dicha norma no se encontraba ratificada por el Congreso. Cita jurisprudencia. Señala que debió aplicarse el precedente "Camaronera Patagónica". En tal sentido, señala que la CS.J.N. destacó que es imprescindible, para la validez constitucional de un tributo, que el Congreso sea el que cree o modifique tal tributo, entendiendo en este aspecto, que el Congreso debe ser quien delimite el hecho imponible, los sujetos alcanzados, las exenciones previstas y la alícuota o cuantía del impuesto. Solicita se haga lugar a la acción de repetición interpuesta, ordenando la devolución de las sumas reclamadas.
II. Que el 21.10.21 la representación fiscal mediante el IF-2021-100895012-APN-DTD#JGM contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho y documentación invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Realiza un breve relato de los hechos acaecidos en sede aduanera. Afirma, respecto del precedente jurisprudencial "Camaronera Patagónica S.A c/Ministerio de Economía y otros s/amparo" que la interpretación que realiza la apelante no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. Considera que debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad toda vez que los derechos en trato fueron creados por ley. Cita jurisprudencia en sustento a su postura. Realiza consideraciones acerca de la modalidad de pago de los derechos de exportación, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA 13289-7256-2015 se inician el 06.04.15, con el procedimiento de repetición interpuesto por la firma "RAIZEN ARGENTINA S.A.U.". A fs. 1 (de las actuaciones administrativas antes citadas) se da inicio al procedimiento de repetición de tributos. A continuación, lucen el Permiso de Embarque Provisorio N° 11001ES02000006F bajo el régimen de Precios Revisables y Permiso de Embarque N° 11001EC08000009V. Luego, luce informe de la evolución de los precios del FUEL OIL aportados por la parte actora. Luego se tiene por presentada a la firma Raizen y constituido su domicilio legal. A continuación, luce planilla SIM, y listado de afectación de los depósitos. Luego luce el Dictamen Jurídico que considera que no corresponde la devolución de los fondos. El 12.07.21, obra RESOL-2021-15-E-AFIP- SDGOAM, apelada ante este tribunal.
IV. que el 15.12.25 se elevan los autos a la Sala "E" y se los pasan a sentencia.
V. Que corresponde, entonces, examinar y decidir la procedencia del pedido de devolución de la porción de derechos de exportación abonados supuestamente en demasía por la recurrente, en referencia al Permiso de Embarque Provisorio N° 11001ES02000006F bajo el régimen de Precios Revisables oficializado el 05.05.11 y su exportación a consumo con precios definitivos, Permiso de Embarque N° 11001EC08000009V oficializado el 23.05.11.
Que en primer término en relación a los agravios de la recurrente relativos al planteo de inconstitucionalidad de la Resolución ME 394/07 cabe resaltar que conforme lo establece el art. 1164 del CA este Tribunal no tiene facultades para pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias y sus reglamentaciones, salvo que la CSJN se hubiera pronunciado sobre la cuestión en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que toda vez que no existe pronunciamiento de la CSJN en relación a la resolución cuestionada, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente.
VI. Que, avanzando en el análisis de la cuestión de fondo de autos, corresponde en primer término tener presente que la Ley 23.696 de reforma del Estado, permitió implementar la ley de hidrocarburos N° 17.319, en lo referido al otorgamiento de permisos y concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Que los decretos 1.055, 1.212 y 1.589, todos del año 1989, establecieron la desregulación del mercado y de la industria petrolera.
Que el art. 3 del decreto 1589/89 disponía la autorización expresa de la libre exportación e importación de hidrocarburos y sus derivados, eximiéndolos de todo derecho o arancel.
Que, a fines del año 2001, con motivo de la crisis social y económica imperante, se sancionó la ley 25.561, y en su art. 6 resolvió también delegar atribuciones en el Poder Ejecutivo. Entre ellas, las de “…establecer medidas compensatorias para evitar desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente (se refiere al cambio de paridad entre el dólar y el peso), las que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía crease un derecho a las exportaciones de hidrocarburos por el termino de cinco años facultándose al PEN a establecer la alícuota correspondiente, pudiéndose afectar a ese mismo fin otros recursos, incluidos préstamos internacionales”
Que, en uso de esas facultades delegadas, el poder Ejecutivo dictó diversas normas imponiendo derechos de exportación a todas las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados.
Que por la Resolución (MEP) 394/07, que derogó la Resolución ME 532/04, incluyó la exportación de gasolina natural.
Que la ley 26.204 resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2007, la vigencia de la ley 25561. Que la ley 26.217 prorrogo por el término de 5 años, a partir del vencimiento, el derecho a las exportaciones de hidrocarburos dispuesto por el art. 6 de la ley 25.561, luego prorrogada por la ley 26217 y ésta luego por la ley 26732.
Mediante la citada ley 26217, publicada en el B.O. el 16/01/07, se ratificó la vigencia de varias normas, entre las que se encuentra el decreto 690/02 (modificatorio del decreto 310/02). Y luego la Resolución (ME) 394/07 (que derogó la Resolución (ME) 532/04) emitida por el Ministerio de Economía y Producción, la cual reglamentó los valores de referencia y de corte para los hidrocarburos y el cálculo de las alícuotas de derechos de exportación aplicables.
Que el Decreto Nº 310 de fecha 13 de febrero de 2002 y sus modificaciones y complementarias, prorrogado por la Ley Nº 26.217 y el Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones, establecieron los derechos de exportación aplicables a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), consignadas en el Anexo XV de dicha norma.
Que la Resolución (ME) 394/07, fue modificada por la Res. MEFP 599/10 y 1/13 y decreto PEN 1425/13. Tal mecanismo de fijación de alícuotas resulta calificado de “alícuotas móviles” al fijarse la alícuota aplicable del siguiente modo: si el precio internacional fuera inferior al valor de referencia que figura en el Anexo de la resolución se aplicará una alícuota de derecho de exportación del cuarenta y cinco por ciento (45 %). Que, a esos efectos, la Aduana considerará las cotizaciones diarias de dicho precio, el cual será fijado diariamente por la Dirección Nacional de Refinanciación y Comercialización (dependiente de la Secretaria de Combustibles de la Secretaria de Energía del ex Ministerio de Planificación federal, Inversión Pública y Servicios). Se procederá a determinar los porcentajes a aplicar, en un plazo de NOVENTA (90) días hábiles.
En cuanto a la solicitud de la parte actora por que se aplique el precedente “Camaronera Patagónica”, cabe decir que, las conclusiones a las que arriba la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” no resultan aplicables a la presente causa pues en aquella, el Alto Tribunal hizo el examen de la Resolución (MEP) 11/02 bajo el ordenamiento legal vigente en el año 2002, que no se había completado. Asimismo, la Corte Suprema distinguió en el mismo fallo “Camaronera” a la Resolución (MEP) 11/02 del derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el art. 6 de la ley 25.561 (07.02.02) -al que corresponde la Resolución (ME) 394/07- postulando incluso que tal derecho se creó en el marco de una política legislativa.
La norma legal fundamental de las enunciadas es la ley 25.561 (BO: 07.01.02) es su art. 6 que disponía -conforme su texto original, que luego sufrió modificaciones no sustanciales para lo que aquí interesa- lo siguiente: “Art. 6: El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el artículo 2° de la presente ley, en las personas de existencia visible o ideal que mantuviesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación.
El Poder Ejecutivo nacional reestructurará las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DÓLAR (U$S 1), sólo en deudas con el sistema financiero cuyo importe en origen no fuese superior a DOLARES CIEN MIL (U$S 100.000) con relación a: a)
Créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda; b) A la construcción, refacción y/o ampliación de vivienda; c) Créditos personales; d) Créditos prendarios para la adquisición de automotores; y e) A los de créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME). O hasta a esa suma cuando fuere mayor en los casos del inciso a) si el crédito fue aplicado a la adquisición de la vivienda única y familiar y en el caso del inciso e).
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de CINCO (5) años facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales.
En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001, reestructurando las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero. Esa protección comprenderá a los depósitos efectuados en divisas extranjeras.
La misma ley 25.561 en sus arts. 1 y 2 disponía lo siguiente:
“Art. 1°: Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:
1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales.
3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.
4. Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2°.”
Art. 2° — El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, por las razones de emergencia pública definidas en el artículo 1°, para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.”
El Congreso, mediante la ley 25.561, en ejercicio de sus propias potestades constitucionales legislativas e invocando además el art. 76 de la Constitución: (i) creó un derecho de exportación sobre hidrocarburos -el cual se encuentra legislado en todos sus aspectos sustanciales por las normas del Código Aduanero sobre derechos de exportación: arts. 724 a 760 y concordantes, Capítulo 6 del Título 1 de la Sección 9 del CA- por un plazo de cinco (5) años; (ii) delegó en el PEN, por un plazo también de cinco (5) años, las facultades para establecer las alícuotas correspondiente al derecho de exportación que había creado; (iii) estableció que tanto la creación del tributo que dispuso, como la delegación de sus facultades para fijar alícuotas en el PEN, se enmarcan claramente en su política (del Congreso) frente a la emergencia cambiaria y sus efectos, conforme surge de la letra del mismo art. 6 de la ley 25.561 al crear el derecho de exportación de marras, concordante con la declaración de emergencia cambiaria de su art. 1 –que invoca el art. 76 de la Constitución Nacional- y la modificación de la relación de cambio dispuesta por el art. 2. Resulta manifiesto de lo expuesto que la Resolución (ME) 394/07 se dictó entonces invocando la existencia de una concreta norma delegante (art. 6º de la ley 25.561) que definió una clara política legislativa, con plazo para su ejercicio (5 años), en el marco de una emergencia y versando sobre materia determinada de administración. Ello se encuentra en línea con los términos literales del art. 76 de la Constitución que regula las condiciones para la delegación legislativa por parte del Congreso, y que la ley 25.561 invoca en su art. 1. Asimismo, la emergencia cambiaria en el marco del cual se dispuso todo lo anterior se extendió, conforme las leyes dictadas por el mismo Congreso -25.972; 26.077; 26.204; 26.339; 26.456; 26.563; 26.729; 26.896 y 27.200- entre el 07.01.02 y el 31.12.17 (quince años). Finalmente, como se dijo, la ley 25.561 se prorrogó en lo que respecta al derecho de exportación de hidrocarburos mediante las leyes 26.217 y 26.732.
El decreto 645 del 26 de mayo del 2004 dispone en su art. 2, con fundamento en el antes citado art. 6 de la ley 25.561, lo siguiente: “Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a modificar la alícuota de los derechos de exportación determinado en el Artículo 1º del presente decreto y en el Artículo 2º del Decreto Nº 310 de fecha 13 de febrero de 2002, teniendo en cuenta su incidencia en los niveles de actividad, empleo y precios internos”
Del conjunto de las normas antes transcriptas, surge que el Congreso delegó en el PEN -en el marco de la emergencia cambiaria y por cinco años, idéntico al plazo de vida del derecho de exportación que creó- la facultad de establecer las alícuotas de la posición arancelaria, conforme el art. 76 de la Constitución invocado en el art. 1 de la ley 25.561. A su vez, el PEN subdelegó tales facultades delegadas en el Ministerio de Economía -cuestión de la subdelegación que se encontraba autorizada por el art. 1 de la ley 26.217 respecto de la resolución impugnada en autos. Al tratarse de un derecho de exportación, cuya regulación sustancial -salvo las alícuotas- se encuentra en el Código Aduanero resultaban de consuno aplicables el resto de las normas de dicho cuerpo normativo. Así, en lo relativo también a las alícuotas, el art. 755 del CA, que es la norma que otorga de modo general esa facultad al PEN vinculándolo en su encabezado al ordenamiento jurídico vigente.
El 6 de enero de 2002 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561 (B.O. 07.01.02). Mediante esta ley, el Congreso dispuso: a) en el segundo párrafo de su artículo 6° -en el marco de la emergencia cambiaria declarada en su art. 1º conforme el art. 76 de la Constitución Nacional- y la modificación de la relación de cambio dispuesta por su art. 2º- la creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco años -en tanto derecho de exportación se encontraba gobernado por las normas respectivas del CA, arts. 724 a 760 y cc.-; b) Mediante el mismo artículo, el Congreso de la Nación delegó en el PEN las facultades legislativas de establecer las alícuotas de derechos de exportación, también por un plazo de cinco años; c) En ejercicio de las facultades delegadas por el tercer párrafo del artículo 6 de la ley 25.561 (B.O. 07.01.02), entre las fechas de su vigencia - 07.01.02 y el 07.01.07- el PEN dictó, entre otras, las siguientes normas por las que se fijaron las alícuotas de los derechos de exportación: decreto Nro. 310 del 13 de febrero de 2002 (B.O. 14.02.02); Decreto Nro. 809 del 13 de mayo de 2002 (B.O. 14.05.02); Decreto 645 del 26 de mayo de 2004 (B.O. 27.05.04); Resolución (ME) 526 del 22 de octubre de 2002 (B.O. 23.10.02); resoluciones Nros. ME 335, 336 y 337 del 11 de mayo de 2004 (B.O. 12.05.04); las resoluciones Nros. 532 del 4 de agosto de 2004 (B.O. 5.08.04) y su modificatoria, 537 del 5 de agosto de 2004 (B.O. 06.08.04), 534 del 14 de julio de 2006 (B.O. 25.07.06) y 776 del 10 de octubre de 2006 (B.O. 11.10.06) todas del Ministerio de Economía y Producción.
El 20 de diciembre de 2006 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.217 (B.O. 16.01.2007) mediante la cual: a) prorrogó por el término de cinco años el derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el tercer párrafo del art. 6 de la ley 25.561 (de consuno con sus arts. 1 y 2); b) prorrogó por el término de cinco años la delegación de sus facultades legislativas al PEN para fijar las alícuotas correspondientes a tales derechos de exportación sobre hidrocarburos, autorizando además expresamente al PEN la subdelegación de tales facultades legislativas en el Ministerio de Economía y Producción; c) Mediante su artículo 2°, el Congreso de la Nación ratificó expresa y nominalmente la vigencia de los decretos Nros. 310 del 13 de febrero de 2002 (B.O. 14.02.02) y sus modificaciones, 809 del 13 de mayo de 2002 (B.O. 14.05.02) y 645 del 26 de mayo de 2004 (B.O. 27.05.04); la Resolución (ME) 526 del 22 de octubre de 2002 (B.O. 23.10.02); las resoluciones Nros. 335, 336 y 337 del 11 de mayo de 2004 (BO: 12.05.04); las resoluciones Nros. 532 del 4 de Agosto de 2004 (B.O. 5.08.04) y su modificatoria, 537 del 5 de agosto de 2004 (B.O. 06.08.04), 534 del 14 de julio de 2006 (B.O. 25.07.06) y 776 del 10 de octubre de 2006 (B.O. 11.10.06), todas del Ministerio de Economía y Producción y demás normas dictadas en consecuencia; d) En ejercicio de las facultades delegadas por cinco años por el Congreso mediante el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley 25.561 (B.O. 07.01.02), prorrogadas por otros cinco años mediante el art. 1 de la Ley 26.217 (B.O. 16.01.2007), entre las fechas de su vigencia 07.01.07 y 07.01.2012, el PEN dictó las siguientes resoluciones -ejerciendo tales facultades delegadas para fijar las alícuotas de derechos de exportación-: la resolución MEyP 127 de fecha 10 de marzo de 2008 (B.O. 12.03.08), el decreto Nro. 509 del 15 de mayo de 2007 (BO: 23.05.07) y la Resolución (ME) 394 de fecha 15 de noviembre de 2007 (B.O. 16.11.07).
El 21 de diciembre de 2011 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.732 (B.O. 28.12.2011) mediante la cual: a) prorrogó por un nuevo término de cinco años el derecho de exportación de hidrocarburos creado por el tercer párrafo del art. 6 de la ley 25.561 (de consuno con sus arts. 1 y 2) y prorrogado por la ley 26.217 referida en el párrafo anterior; b) prorrogó por un nuevo término de cinco años la delegación de sus facultades legislativas al PEN para fijar las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación sobre hidrocarburos, autorizando nuevamente al PEN para la subdelegación de tales facultades legislativa en el Ministerio de Economía y Producción; c) Mediante el artículo 2, expresa y nominalmente el Congreso de la Nación ratificó la vigencia de los decretos Nros. 310 del 13 de febrero de 2002 (B.O. 14.02.02) y sus modificaciones, 809 del 13 de mayo de 2002 (B.O. 14.05.02), las resoluciones 394 de fecha 15 de noviembre de 2007 (B.O. 16.11.07) y 127 de fecha 10 de marzo de 2008 (B.O. 12.03.08), ambas del ex Ministerio de Economía y Producción y demás normas dictadas en su consecuencia; d) En ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso mediante el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley 25.561 (B.O. 07.01.02), prorrogadas por las leyes 26.217 (B.O. 16.01.2007) y 26.732 (B.O. 28.12.2011), entre las fechas de su vigencia 07.01.12 y 07.01.2017, el PEN dictó la Resolución (MEP) 1077 del 29 de diciembre de 2014 (B.O. 31.12.14).
Finalmente, la prórroga sobre los derechos de exportación sobre hidrocarburos establecida por la Ley 26.732 del año 2011 venció el día 7 de enero de 2017 sin que se sancionara una nueva prórroga: en consecuencia, los derechos de exportación ya no se impusieron a estas exportaciones desde esa fecha. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2018 el PEN sancionó el decreto 793/2018 (B.O. 04.09.2018) por el cual se gravaron con derechos de exportación todas las exportaciones para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) alcanzando a todos los hidrocarburos y sus derivados, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
El Congreso de la Nación, tanto en la ley 26.217 como en la 26.732, además de crear y prorrogar por cinco años el impuesto a la exportación que había creado, delegó en el PEN -por cada una de esas leyes- las facultades para establecer las alícuotas correspondientes (art. 6 de la ley 25.561 y art. 1 de las leyes mencionadas), así como ratificó y ordenó expresa y nominalmente la continuación en vigencia de las normas delegadas dictadas previamente por el PEN que fijaban las alícuotas de los derechos (art. 2 de ambas leyes, 26.217 y 26.732) en base precisamente a las normas delegantes mencionadas en primer término (arts. 6 de la ley 25.5.61 y arts. 1 de las leyes 26.217 y 26.732). Así, por ejemplo, la ley 26.732 (BO: 28.12.11) en su artículo 2º ordenó la continuación de la vigencia de la Resolución (ME) 394/07 -la impugnada en autos- vigente desde 15 de noviembre de 2007 (B.O. 16.11.07), fecha en que se dictó.
La historia legislativa enunciada en los párrafos anteriores muestran, lejos de una actuación autónoma y aislada del Poder Ejecutivo en la fijación de las alícuotas de los derechos de exportación sobre hidrocarburos mediante la Resolución (ME) 394/07, una verdadera actuación conjunta y coordinada entre el Congreso y el PEN a lo largo de más de 15 años -desde enero del año 2002 hasta el año 2017- que finalizó por decisión del propio Congreso al no prorrogar por otros cinco años el derecho de exportación cuyas alícuotas se discuten en autos, como lo había hecho en el año 2006 y 2011. Tal historia, de armónico y permanente entendimiento en sus respectivas esferas de actuación del Congreso de la Nación y el PEN, permiten visualizar, respecto de la Resolución (ME) 394/07 que se inserta en el marco normativo de una clara política legislativa y que se ejerció dentro de los plazos de vigencia establecidos por el Congreso (conf. art. 76 de la Constitución Nacional).
En definitiva, mediante la Resolución (ME) 394/07 impugnada por la actora el PEN fijó, dentro del plazo de 5 años por el que se le concedieron tales facultades, el sistema de alícuotas -móviles- del derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el Congreso también por un plazo de 5 años -prorrogado en el año 2006, todo conf. art. 6 tercer párrafo de la ley 25.561- en el marco de la regulación general de derechos de exportación del Código Aduanero -que no fija alícuotas específicas-. La actuación del PEN se ejerció pues aplicando una clara política legislativa y dentro de los plazos establecidos por el Congreso (art. 76 de la Constitución) en el marco de una emergencia declarada por el mismo Congreso que se extendió entre los años 2002 y el 31.12.2017 (conf. ley 27.200 -BO: 04.11.15- última ley de prórroga de la ley 25.561).
La ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria que motivó la creación por el Congreso del derecho de exportación sobre hidrocarburos y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17. En consecuencia, al momento del dictado de la Resolución (ME) 394/07 las condiciones de emergencia cambiaria determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, extendiéndose hasta el año 2017.
A más de ello, téngase presente que por aplicación de la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) recaída en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría se resolvió que: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
ARTICULO 3°.- …”.
En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas a la actora conforme lo establecido en el art. 1163 del C.A..
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución RESOL-2021-15-E-AFIP-SDGOAM recaída en el expediente administrativo SIGEA 13289-7256-2015, en cuanto no hace lugar a la solicitud de devolución de derechos de exportación presentado por la firma RAIZEN ARGENTINA S.A.U. con relación al PE N° 11 001 ES02 000006 F bajo el régimen de Precios Revisables y su exportación a consumo con precios definitivos, mediante el Permiso de Embarque N° 11 001 EC08 000009 V, con costas a la parte actora (art. 1163 C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución RESOL-2021-15-E-AFIP-SDGOAM recaída en el expediente administrativo SIGEA 13289-7256-2015, en cuanto no hace lugar a la solicitud de devolución de derechos de exportación presentado por la firma RAIZEN ARGENTINA S.A.U. con relación al PE N° 11 001 ES02 000006 F bajo el régimen de Precios Revisables y su exportación a consumo con precios definitivos, mediante el Permiso de Embarque N° 11 001 EC08 000009 V, con costas a la parte actora (art. 1163 C.A.).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación-conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2025.12.18 15:41:30 ART Date: 2025.12.18 17:41:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.18 17:42:09 -03:00
Fin de la sentencia