Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 137696898-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
8417/2025 “RAIZEN ARGENTINA SAU (TF 137696898-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 22 de mayo de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 137696898-A (v. DEO del 14/4/25) “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 12/12/2024 (v. IF-2024- 136416756-APN-DTD#JGM), concedido el 17/12/2024 (v. PV-2024-138500432-
USO
APNVOCXIX#TFN) contra la sentencia dictada el 30/10/2024, en cuanto confirma la Resolución RESOL2022-467-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, con costas a la actora (v. IF- 2024-119007281-APNVOCXIX#TFN)” (v. nota en la pág. 1441 del expte. electrónico, OFICIAL donde también consta que se expresaron y contestaron agravios dentro del plazo legal); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) confirmó la resolución RESOL-2022-467-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM, recaída en la actuación SIGEA 13289-
7276-2015, en cuanto había denegado la devolución de la diferencia de derechos de exportación abonada en los términos de la resolución MEyP 394/07 y con relación a los permisos de embarque 10001EC08000046V (10001ES02000050D), 09001EC08000047H (09001ES02000030J), 09001EC08000019G (09001ES02000006M), 09001EC08000029H (09001ES02000021J), 09001EC08000026E (09001ES02000009P), 09001EC08000068K (09001ES02000058T), 11001EC08000013Z (11001ES02000010A), 10001EC08000001N (10001ES02000061F) y 09001EC08000080E (09001ES02000078V); (ii) impuso las costas a la actora vencida.
Para resolver como lo hizo, en sustancia, la mayoría de fundamentos interpretó que la citada resolución ministerial era constitucional, dado que el Poder Ejecutivo había fijado, dentro del plazo por el que se le concedieron tales facultades, un sistema de alícuotas móviles para el derecho de exportación sobre hidrocarburos creado por el Congreso Nacional. Precisó que el ejecutivo había aplicado una clara política legislativa, dentro de los plazos establecidos por el legislador, en el marco de la emergencia declarada por la ley 25.561 -que se extendió entre 2002 y el 31/12/17 (cfr. ley 27.200)- y de conformidad con lo previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse que la resolución MEYP 394/07 recién resultó válida a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.732, que la ratificó. Esto así, porque la citada resolución únicamente se había sustentado en las leyes 25.561, 26.217 y 22.415, ninguna de las cuales contenía una clara política legislativa.
Precisó que, en el citado precedente “Camaronera”, la Corte señaló que, más allá de crear un derecho de exportación para los hidrocarburos, la ley 25.561 no contuvo otra disposición en su articulado que permitiese establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debía atenerse el Poder Ejecutivo. Añadió que, en caso de aceptarse la validez de la ley 25.561 como norma delegante, tampoco podía obviarse que: a) el artículo 76 de la Constitución Nacional no admitía una subdelegación como la que tuvo lugar en el caso, al amparo de la ley 26.217; y b) la resolución MEP 394/07 alteró el espíritu de la ley 25.561.
Precisó que las operaciones involucradas en el caso se habían registrado antes de dictarse la ley 26.732 (BO 28/12/11), por lo que la alícuota válida y vigente debía ser la que se había dispuesto mediante el decreto 310/02 y sus modificatorios, que sí contaban con ratificación legislativa a la fecha de registro (en virtud de la ley 26.217, que entró en vigor el 16/01/07). En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota establecida por la resolución MEyP 394/07, y la del 5% ad valorem, que hubiese correspondido con arreglo al decreto 310/02.
En otro orden de ideas, argumentó que la doctrina plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación resultaba ilegítima y no podía extenderse a este caso.
Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de las tasas de interés previstas por las resoluciones MEyP 314/04 y ME 559/22, en tanto llevan a la desvalorización de su crédito.
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8417/2025 “RAIZEN ARGENTINA SAU (TF 137696898-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Solicitó que fuesen reemplazadas por la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas reclamadas.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la USO causa 27398/23 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 38580-A) c/ DGA”, sentencia del 15/2/24; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
OFICIAL En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución MEyP 394/07 y admitir la repetición de la diferencia reclamada, más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
5. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable desde cada reclamo de repetición, se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha de cada reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y sus modificatorias, o las que la reemplacen–.
Por otra parte, se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa con el DEOX enviado el 30/4/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia