Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 145104985-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en los artículos 4 y 5 de la Resolución MEyP N° 394/07, hasta el dictado de la Ley N° 26.732 (BO 28/12/2011; según la vigencia prevista en el art. 4), dejar sin efecto la sentencia apelada, revocar la RESOL-2021-70-E -AFIP-DIABSA#SDGOAM dictada por el Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, recaída en la actuación SIGEA Nº 13289-7203-2015, reconociendo el derecho de la firma RAIZEN ARGENTINA SAU a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, con más intereses, de conformidad con lo establecido en el Considerando XII. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 12 de marzo de 2026.- SH Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SA (actual RAIZEN ARGENTINA SAU), el 21/01/2010, oficializó el Permiso de Embarque Provisorio N° 10 001 ES02 000008 G bajo el régimen de Precios Revisables y posteriormente, 12/02/2010, documentó su exportación a consumo con precios definitivos, mediante el Permiso de Embarque 10 001 EC08 000014 Z y abonó derechos de exportación establecidos por la resolución MEyP Nro. 394/07, cuando aún no había sido ratificada por la ley 26.732.
En consecuencia, el 6/04/2015, solicitó la devolución del importe de $ 6.725.470,01 (son pesos seis millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos setenta con 01/100 centavos) con más sus intereses, lo cual fue rechazado el 7/12/2021 por la resolución Nro. RESOL-2021-70-E-AFIP-DIABSA#SDGOAM d, en las actuaciones SIGEA 13289-7203-2015, dictada por el Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas en las actuaciones SIGEA 13289-46632-2014 (v. pp. 322-326 del DEO 21306629).
Contra esa decisión, interpuso recurso de apelación en los términos del artículo 1132, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero, que fue desestimado por el Tribunal Fiscal de la Nación (v. pp. 5-36 del DEO 21306629).
II. Sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Mediante el pronunciamiento del 11/07/2024, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, confirmó la resolución por la que se había desestimado la solicitud de devolución de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación según la resolución MEyP nro. 394/07 (v. INLEG-2024-72589375-APN-VOCXIX#TFN, pp. 384-386 del DEO 21306629).
Para así decidir, puso de relieve que, en virtud del fallo plenario dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, se había fijado como doctrina legal que: (i) no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; (ii) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación en razón de lo dispuesto por el artículo 755 del Código Aduanero, y (iii) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas por la DGA denegando la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del aludido decreto.
Sobre esta base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la Resolución MEyP 394/07, respecto de la cual entendió extensibles aquellas conclusiones y rechazó la repetición. Finalmente, distribuyó las costas del pleito en el orden causado (artículo 1163 del Código Aduanero).
III. Agravios de la actora Contra esa decisión, RAIZEN ARGENTINA SAU interpuso un recurso de apelación el 21/04/2025 (v. IF-2025-40788786-APN -DTD#JGM), el 12/05/2025 expresó agravios (v. IF-2025-49395172 -APN-DTD#JGM: pp. 397-421 del DEO 21306629), cuyo traslado corrido en la PV-2025-99580687-APNVOCXIX#TFN no fuera contestado por el Fisco Nacional.
En esencia, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse que la Resolución MEyP 394/07 recién resultó válida a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.732, que la ratificó. Esto así, porque la citada resolución únicamente se había sustentado en las Leyes Nros. 25.561, 26.217 y 22.415, ninguna de las cuales contenía una clara política legislativa.
Precisó que, en el citado precedente “Camaronera”, la Corte señaló que, más allá de crear un derecho de exportación para los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO hidrocarburos, la Ley N° 25.561 no contuvo otra disposición en su articulado que permitiese establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debía atenerse el Poder Ejecutivo.
Añadió que, en caso de aceptarse la validez de la Ley N° 25.561 como norma delegante, tampoco podía obviarse que: a) el artículo 76 de la Constitución Nacional no admitía una subdelegación como la que tuvo lugar en el caso, al amparo de la Ley N° 26.217; y b) la Resolución MEyP 394/07 alteró el espíritu de la Ley N° 25.561. Apuntó que las operaciones involucradas en el caso se habían registrado antes de dictarse la Ley N° 26.732 (BO 28/12/2011), por lo que la alícuota válida y vigente debía ser la que se había dispuesto mediante el Decreto N° 310/02 y sus modificatorios, que sí contaban con ratificación legislativa a la fecha de registro (en virtud de la Ley N° 26.217, que entró en vigor el 16/01/2007). En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota establecida por la Resolución MEyP 394/07, y la del 5% ad valorem, que hubiese correspondido con arreglo al Decreto N° 310/02.
En otro orden de ideas, argumentó que la doctrina plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación resultaba ilegítima y no podía extenderse a este caso.
Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de las tasas de interés previstas por las Resoluciones MEyP 314/04, ME 559/22 y 199/25, en tanto llevan a la desvalorización de su crédito. Solicitó que fuesen reemplazadas por la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas reclamadas.
IV. Alcances del pronunciamiento.
De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “Caratelli, Stolano c/EN -AFIP- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/03/22¸ “Construmex SA c/EN -DNV- s/ Proceso de Conocimiento”, del 08/11/22, “Hilado S.A. c/ EN – AFIP – DGA s/ Dirección General de Aduanas”; del 21/12/2023; “Western Union Financial Services Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/Proceso de conocimiento”, del 11/04/2024, “Morlacchi, Enzio Enrique c/EN-AFIP-LEY 20628 s/amparo ley 16.986”, del 11/07/2024, “Expanobras SRL c/EDENOR S.A s/Proceso de Conocimiento”, del 20/05/2025 y sus citas).
V. Dictamen Fiscal.
El señor Fiscal General, el 29/12/2025, dictaminó sobre la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
En cuanto al fondo del asunto, el Sr. representante del Ministerio Público se remitió a su opinión, vertida el día 18/11/2022 en la Causa N° 44063/22, caratulada “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39244-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sustancialmente análoga a la presente, a partir de la cual entendió que debería rechazarse el planteo de inconstitucionalidad deducido en autos (criterio compartido en dicha causa por la Sala I del fuero).
VI. Alcance de la cuestión a dilucidar.
Que, sentado todo ello, es menester puntualizar que como principio, el artículo 726 del Código Aduanero establece, en su primer párrafo, que es aplicable el derecho de exportación previsto por la norma vigente en la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo.
Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso la actora consintió expresamente la suma equivalente a un 5% de derechos de exportación (ver página 6 del DEO 21306629). Lo hizo en la inteligencia de que, durante el año 2011 en que se registró la operación involucrada en el caso, ese nivel de derechos, establecido sin limitación temporal por el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Decreto N° 310/02, había sido convalidado por la Ley N° 26.217 (BO 16/01/2007), en los términos señalados por la Corte en el precedente de referencia (v. esp. pp. 34 y 397-422 del DEO 21306629).
El Fisco no cuestionó puntualmente esa interpretación, porque entendió que todo el porcentaje de derechos había sido legítimamente abonado en los términos de la Resolución MEyP 394/07 y con sustento en las atribuciones conferidas por la Ley N° 25.561 (v. esp. pp. 163-182 del DEO 21306629).
De acuerdo, entonces, a los términos en que se trabó la litis, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la Resolución MEyP 394/07 (BO 16/11/2007) pudo dar sustento válido al pago de la suma de $ 6.725.470,01 (cfr. fs. 5), correspondiente a la diferencia de alícuotas que reclamó la actora.
VII. Reseña de las normas aplicables al caso.
Que, así las cosas, corresponde describir el plexo normativo aplicable al caso bajo estudio.
En concreto, y en lo que al caso interesa, esta resolución dispuso una fórmula para el cálculo de la alícuota del derecho de exportación respecto de determinados hidrocarburos comprendidos en su anexo -entre los cuales se encontraban los exportados en el caso, correspondientes a la PA 2710.19.22000Q-. Esa fórmula tomaba en consideración el precio internacional de las mercaderías y un valor de referencia que fijaba la propia resolución (v. arts. 3, 4 y Anexos). Por otra parte, la norma previó: “Si el precio internacional fuera inferior al valor de referencia se aplicará una alícuota del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%)” (art. 5).
De los considerandos de la norma se desprende que se dictó con fundamento en lo previsto por las Leyes Nros. 22.415 (Código Aduanero), 25.561 y 26.217, la Ley de Ministerios, (t.o. Dto. N° 438/92) y sus modificaciones, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº 809 de fecha 13 de mayo de 2002, el Artículo 2º del Decreto Nº 645 de fecha 26 de mayo de 2004 y el Decreto Nº 2752 de fecha 26 de diciembre de 1991.
En este punto, es indispensable recordar que la Ley N° 25.561 (BO 07/01/02), en su parte pertinente, había previsto la creación de un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de 5 años, y facultado al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la alícuota correspondiente (art. 6). Por su parte, en la Ley de Ministerios se encuentra prevista la facultad de este último para delegar en los ministros y secretarios de la presidencia facultades relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por decreto (art. 13).
Las atribuciones así otorgadas fueron inicialmente ejercidas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 310/02, que había establecido una alícuota del 5% para la exportación de mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias 2710.00.11 a 2710.00.99 de la Nomenclatura Común del Mercosur (cfr. art. 2). Posteriormente, el art. 39 del Decreto N° 690/02 (BO 02/05/02), dispuso: “Sustitúyese el Artículo 2 del Decreto Nº 310/2002 por el que se indica a continuación: (…) Fíjase un derecho de exportación (D.E) del CINCO POR CIENTO (5%) para las posiciones arancelarias 2710.11.10 a 2710.99.00 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR”. Sin embargo, más tarde se dictaron los Decretos Nros. 809/02 y 645/04, por los que el Poder Ejecutivo entendió conveniente que el Ministerio de Economía y Producción se encontrase autorizado para modificar las alícuotas de los derechos de exportación sobre los hidrocarburos y sus derivados. En ese marco, el citado ministerio dictó diversas normas, entre las cuales se encuentra la resolución aquí cuestionada.
La vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos creado por la Ley N° 25.561 fue prorrogada por otros cinco años mediante la Ley N° 26.217 (BO 16/01/2007). Esta última norma, a su vez, previó que las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional para fijar la alícuota podrían ser subdelegadas en el Ministerio de Economía y Producción (art. 1). Esos fueron los antecedentes normativos de la Resolución MEyP 394/07 aquí impugnada.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Más adelante, se dictó la Ley N° 26.732 (BO 28/12/11), que prorrogó por otros 5 años la vigencia del derecho de exportación creado mediante la Ley N° 25.561; mantuvo la posibilidad de subdelegar la facultad de fijar alícuotas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y aclaró que continuaría vigente, entre otras, la Resolución MEyP 394/07 (arts. 1 y 2).
En definitiva, de esta reseña normativa se infiere que el Ministerio de Economía y Producción, invocando el ejercicio de facultades delegadas por el artículo 6 de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias, y subdelegadas por los Decreto Nros. 809/02 y 645/04, dictó la Resolución MEyP 394/07 y estableció para la mercadería involucrada en este pleito diferentes alícuotas de derecho de exportación, con un mínimo del 45% -siempre que, como tuvo lugar en el caso, a la fecha de registro de la destinación el precio internacional resultase inferior al valor de referencia previsto en la norma-; mientras que, según la hipótesis propuesta por la actora, con arreglo al Decreto N° 310/02 a esa misma mercadería le hubiese correspondido tributar una alícuota de derechos del 5%.
VIII. Examen de la validez de la Resolución MEyP 394/07.
Que, en lo que respecta a la validez constitucional de la Resolución MEyP 394/07, son aplicables -mutatis mutandi- los argumentos expuestos por esta Sala en la Causa N° 7.969/25 “Transportadora de Gas del Sur SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 11/12/2025 (criterio y conclusión reiterado por esta Sala en los autos caratulados "Raizen Argentina SAU (TF 36277500 -A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo", Causa N° 17.341/2024, del 20/02/2026). Esto, en tanto, si bien en dicho pronunciamiento este Tribunal se ha expresado con relación a la inconstitucionalidad de la Resolución MEyP 127/08, hasta el dictado de la Ley N° 26.732, dicha regulación fue dictada en uso de la misma legislación delegante (art. 6 de la Ley N° 25.561) y su cuestionamiento se ha fundado en idénticos argumentos que lo vertidos en la presente controversia.
En efecto, en lo que aquí resulta pertinente, allí se expresó: - de los términos de la Ley N° 26.217 y los debates parlamentarios que precedieron a su dictado “únicamente se desprende que el Congreso Nacional limitó los propósitos con los que podrían mantenerse las facultades del Poder Ejecutivo Nacional; fijó un plazo para el ejercicio de la atribución; efectuó precisiones en lo concerniente a la determinación de la base imponible; y defendió un esquema de alícuotas móviles para que los derechos subiesen en la medida en que también lo hiciesen los precios internacionales de la mercadería. Pero en ningún punto estableció baremos máximos y mínimos para la fijación de la alícuota ni, en concreto, se expidió sobre la alícuota máxima que podía establecerse”;
- de esta manera, se estableció que “se pretendieron ejercer facultades legislativas delegadas para establecer un derecho de exportación que, sin embargo, no cumplió los presupuestos que fijó la Corte, toda vez que la alícuota máxima del tributo había quedado librada al arbitrio del Poder Ejecutivo. Pese a que la resolución ministerial invocó los términos de la Ley N° 25.561 -cuya insuficiencia como base de delegación ha dejado clara la propia Corte-, tampoco se identifica ninguna otra ley formal que, a la fecha de registro de la operación del caso, hubiese establecido un nivel máximo de imposición para las ventas al exterior de la mercadería de que se trata. Esto coloca a la resolución bajo examen a extramuros de la Constitución Nacional del modo en que fue entendido en y exime “Camaronera Patagónica SA”, a este Tribunal de evaluar el cumplimiento de las demás exigencias previstas en el artículo 76 de la Constitución Nacional, así como de los requisitos para que la subdelegación de facultades tuviese lugar válidamente.” (El destacado pertenece al original);
- en consecuencia, se concluyó que “[a]un cuando explícitamente (tanto en el voto mayoritario, como en el voto concurrente emitido por el Sr. Ministro Zaffaroni y la disidencia suscripta por los Ministros Argibay y Petracchi), se distinguió expresamente que las previsiones del art. 6 de la Ley Nº 25.561, referidas a la creación de un derecho de exportación de hidrocarburos, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO constituían un supuesto ajeno al de aquella controversia resuelta en el precedente de Fallos 337:388 y cuya inconstitucionalidad no había sido objeto del debate allí suscitado, lo cierto es que bajo el estándar de constitucionalidad sentado por el Alto Tribunal en materia de delegación legislativa para la creación de derechos de exportación, la falta de fijación en la norma delegante de las alícuotas máximas y mínimas trae aparejada la inconstitucionalidad de la resolución MEyP 127/2008, pues ha sido dictada sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente, lo cual conlleva a que el Poder Ejecutivo -por vía de delegación en un ministerio- irrumpa en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación, en virtud de las facultades acordadas en el art. 75, inc. 1° de la Carta Magna”; y - por otra parte, respecto de una hipotética convalidación, que habría operado tácitamente, por conducto de la ausencia del tratamiento de la resolución ministerial en los términos de la Ley N° 26.122, se señaló que dicha norma “tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos ‘de necesidad y urgencia’, ‘por delegación legislativa’, y ‘de promulgación parcial de leyes’ que dicta el Poder Ejecutivo (art. 1). Establece, asimismo, que la Comisión Bicameral Permanente prevista en los arts. 99, inciso 3 y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional, debe expedirse acerca de la ‘validez o invalidez’ de los decretos mencionados y, ulteriormente, elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento (arts. 10 a 14). A su vez, con respecto a los decretos por delegación legislativa, prescribe que el dictamen debe pronunciarse expresamente ‘sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio’ (art. 13)”.
Por lo tanto, se advirtió que “el régimen cuya declaración de inconstitucionalidad ha sido efectuada en autos no se trata propiamente dicho de un decreto, de manera que su inclusión en el ámbito objetivo de aplicación de la Ley N° 26.122 resulta cuanto menos dudosa (…) Por otra parte, aun cuando se aceptase que la Resolución MEyP 127/2008 se halla comprendida en sus disposiciones por tratarse del ejercicio de una delegación (proveniente de la Ley N° 25.561, como norma delegante), su eventual convalidación legislativa en los términos de la Ley N° 26.122 no obsta, en modo alguno, al control judicial al que se halla sujeta cualquier norma jurídica ya sea que se trate de una ley, un decreto, una resolución, una disposición, o cualquier designación que adopte”.
En razón de tales consideraciones, este Tribunal estimó que, “si bien al dictarse la resolución ministerial en cuestión se encontraba vigente el ‘Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes’ (Ley N° 26.122, B.O. 28/07/2006), sus disposiciones no proyectan ningún efecto sobre la situación decidida bajo los lineamientos sentados por la Corte Suprema en la ya tantas veces referida causa ‘Camaronera Patagónica SA’, toda vez que, tanto en este caso como en aquél, el vicio de la norma que estableció los derechos de exportación resulta congénito y sólo ha quedado superado por la Ley N° 26.732, sancionada por el Poder Legislativo (…) Por todo lo cual, el argumento propuesto por el Fisco Nacional en el sentido que, por vía de la Ley N° 26.122, el Poder Legislativo habría convalidado todos los elementos de los derechos de exportación que gravan las operaciones por las que se documenta gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos tampoco puede ser admitido”.
IX. La solución del caso.
Que, de conformidad con lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con la causa mencionada en el considerando que antecede -ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico-, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad de la resolución impugnada y, en consecuencia, admitir la repetición requerida.
Asimismo, es menester observar que el temperamento adoptado resulta conteste con lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara, en las Causas Nros. 27,398/23, “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 38580- A) c/ DGA”, del 15/02/2024; 21.117/24, “Shell Compañía Argentina de Petróleo SA (TF 38115-A) c/DGA s/recurso directo de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO organismo externo”, del 20/05/2025 y 8.417/2025 “Raizen Argentina SAU (TF 137696898-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 22/05/2025).
La invalidez constitucional del derecho de exportación establecido por la resolución MEyP 394/07 a la luz de la doctrina sentada en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo” (sentencia del 15/4/2014) ya ha sido declarada por esta Sala -en su actual composición- en los exptes. nros. 17341/2024 y 227/2024, in re, “Raizen Argentina SAU (TF 36277500-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y “Shell Compañía Argentina De Petróleo SA (TF 37812-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, respectivamente, ambas sentencias del 20/02/2026, y en el expte. nro. 21.896/2024 in re “Raizen Argentina SAU (TF 14515823-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resolución del 24/02/2026.
X. Notificación al Ministerio Público Fiscal Que, desde otro lado, toda vez que lo resuelto difiere del criterio expresado por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, en su dictamen del 29/12/2025, en el que remitió a su opinión vertida el día 18/11/2022 en la Causa N° 44.063/22, caratulada “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39244-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sustancialmente análoga a la presente, a partir de la cual entendió que debería rechazarse el planteo de inconstitucionalidad deducido en autos, corresponde disponer que se le notifique el presente pronunciamiento, a sus efectos.
XI. Cuestionamiento de las resoluciones 314/04, 559/22 y 199/25.
Que, en cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 794, 811 y 812 del Código Aduanero), en atención a lo solicitado por la firma accionante respecto a la Resolución 314/04 y conforme a lo decidido por esta Sala en las causas “Thomas de Sudamérica SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” (Expte. N° 37.527/16) y “Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo” (Expte. N° 2.267/18), del 12/10/2017 y 30/08/2018 respectivamente, así como lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara en las causas homónimas “Oleaginosa Moreno Hermanos SA” (Exptes. Nros. 49.628/18 y 19.255/21), sentencias del 26/03/2019 y 10/02/2022, respectivamente, corresponde que los intereses que habrán de acceder al crédito reconocido sean liquidados desde el momento de formularse el reclamo y hasta la entrada en vigencia de la Resolución Nº 598/19, aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina - Comunicado Nº 14.290 BCRA (en el mismo sentido, v. esta Sala, causas “Veleda, Carlos , Expte. N° 68.267/18, Alberto c/ DGI” del 07/11/2019 y “Tetra Pack SRL (TF 38243-A ) c/ DGA”, Expte. N° 3.092/2021, del 30/11/2021, entre otras).
Por el contrario, corresponde rechazar los agravios esbozados por la actora en punto a que se declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones nros. 559/22 y 199/25 del Ministerio de Economía. Ello así, toda vez que la firma apelante se limitó a señalar genéricamente que su aplicación afecta su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esa norma resulte lesiva de sus derechos constitucionales (en igual sentido, esta Sala, Causa N° 24.319/23, in re: “Antonelli, Daniela c/ EN-AFIP-Ley 20628 s/Amparo Ley 16.986”, del 31/10/2023; y en el mismo sentido, Sala IV Causa N° 38.983/23, in re: Suárez, María Cristina c/ EN - AFIP - Ley 20628 s/ Amparo Ley 16.986”, del 21/12/2023).
Al respecto, resulta oportuno añadir que la Sala IV del fuero ha destacado que los agravios basados en que la aplicación de la tasa antedicha no resultaría equiparable a los índices inflacionarios, no cumple con las exigencias establecidas por el Máximo Tribunal. Y concluyó que “dar favorable acogida a la argumentación de la actora, en los términos en que ha sido planteada, conllevaría a un desconocimiento de las normas dispuestas por el legislador, a través de las cuales se instauró la prohibición de indexación, mediante las leyes 23.928 y 25.561” (cfr. Sala IV, Causa N° 63.190/19, in re, “Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva”, del 07/11/2023), doctrina que también ha extendido a las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO repeticiones aduaneras (cfr. Sala IV, Considerando 6° de la sentencia dictada en la Causa N° 16.279/24, in re, “PBB Polisur SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/11/2024).
Dicha doctrina concuerda con lo resuelto por esta Alzada (cfr. Causa N° 11.207/20, “Telefónica de Argentina SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General , del Impositiva s/ Dirección General Impositiva” 26/11/2024; Causa N° 5.623/24, “Argensun SA (TF 36606041–A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27/03/2025).
XII. Intereses Que en cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), en la medida en que la solicitud de repetición fuera presentada el 6/04/2015 (cfr p. 186 del DEO), deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/07/2019, a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, atento la inconstitucionalidad aquí declarada (ii) para los intereses devengados desde el 01/08/2019 y hasta el 31/08/2022, conforme a la tasa prevista en la Resolución N° 598/2019 del Ministerio de Hacienda; (iii) desde el 01/09/2022 y hasta el 31/01/2024, de acuerdo con la establecida en la Resolución N° 559/22 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9); (iv) desde el 01/02/2024 y hasta el 28/02/2025, de conformidad con la contemplada en la Resolución N° 3/24 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (v) a partir del 01/03/2025 y hasta el 30/06/2025, según la tasa contemplada en la Resolución N° 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3); y (vi) a partir del 01/07/2025, según la tasa fijada en la resolución del Ministerio de Economía 823/2025 (artículo 3) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago, en las condiciones establecidas por la CSJN el dictar sentencia el 15 de mayo de 2014 en la causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/DGA” y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (esta Sala, in re: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 43.705/2023, sentencia del 2/2/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.659/2023, sentencia del 12/3/2024; expte. CAF 43700/2023/CA1 in re “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA–SIGEA 19144–10022–2019 s/Dirección General de Aduanas”, del 5/11/2024; expte. nro. CAF 5623/2024/CA1 “ARGENSUN SA (TF 36606041–A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27/03/2025).
XIII. Costas.
Que, por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se revoca el decisorio apelado, y que no se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas -en ambas instancias- a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en los artículos 4 y 5 de la Resolución MEyP N° 394/07, hasta el dictado de la Ley N° 26.732 (BO 28/12/2011; según la vigencia prevista en el art. 4), dejar sin efecto la sentencia apelada, revocar la RESOL-2021-70-E -AFIP-DIABSA#SDGOAM dictada por el Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, recaída en la actuación SIGEA Nº 13289-7203-2015, reconociendo el derecho de la firma RAIZEN ARGENTINA SAU a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, con más intereses, de conformidad con lo establecido en el Considerando XII. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 49222/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU-TF 145104985-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia