Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 24431791-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado;
2Declarar la inconstitucionalidad de la alícuota establecida por el decreto 793/2018, en exceso del límite legal fijado por la ley 27.541, y, en consecuencia, reconocer el derecho de la demandante a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado al oficializar las destinaciones indicadas en el considerando VI, con el alcance allí señalado; y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
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Causa nro. 4313/2025 RAIZEN ARGENTINA SAU (TF 24431791 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de julio de 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los autos caratulados “Raizen Argentina SAU (TF 24431791-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, La jueza Clara María do Pico dijo:
I. La firma actora solicitó en sede administrativa la repetición por la diferencia del 4% entre los derechos de exportación efectivamente abonados, conforme a la alícuota del 12% establecida por el decreto 793/2018 —ratificado por la ley 27.541—, alegando que dicha ley fijó un tope del 8% para hidrocarburos.
La ARCA rechazó el pedido de repetición con fundamento en que los derechos de exportación se ajustaron a la normativa vigente al momento de su pago. En particular, sostuvo que si bien la ley 27.541 ratificó la alícuota del 12% y su artículo 52 estableció una limitación del 8% para hidrocarburos, dicha limitación solo resultó operativa a partir de la entrada en vigencia del decreto 488/2020.
II. Por pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación se resolvió confirmar la resolución aduanera que desestimó el pedido de repetición de los derechos de exportación abonados por la actora, con costas por su orden.
En lo sustancial, se aplicó lo establecido en el plenario del TFN de las salas con competencia en materia aduanera de fecha 26 de abril de 2022 (plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”).
III. Disconforme, la actora apeló y expresó agravios, los cuales fueron replicados por su contraria.
En lo sustancial, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la alícuota exigida y abonada en exceso del tope fijado por la ley 27.541, esto es, del 8% previsto para los derechos de exportación aplicables a hidrocarburos, y que se ordene la devolución de la diferencia pagada en virtud de la alícuota del 12% establecida por el decreto 793/2018.
IV. Según surge de las actuaciones administrativas, la firma actora oficializó las destinaciones 20 001 ES02 000020 B y 20 001 EC08 000046 W cuando se encontraba plenamente vigente la ley 27.541, la cual ratificó el decreto 793/2018 que fijaba una alícuota del 12%. No obstante, el artículo 52 de dicha ley establece expresamente que “las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8%) del valor imponible o del precio oficial FOB”.
V. Dicho ello, cabe señalar que, conforme lo establecido por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica S.A.” (Fallos 337:388), en materia de delegación legislativa (art. 76 de la C.N.), se autoriza —como excepción y bajo determinadas condiciones— la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (conf. Fallos 326:4251 y art. 99 inc. 3 de la C.N.). Asimismo, se ha admitido que el legislador sancione una ley que exprese de manera clara su decisión política de ratificar normas dictadas en ejercicio de facultades delegadas, siempre que dicha manifestación represente la voluntad expresa del Congreso de conferir rango legal a su contenido (causa nro. 13.061/2022 “Newsan S.A. c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, pronunciamiento del 2 de febrero de 2023) En ese marco, la ley 27.541 fijó expresamente como política legislativa que, en el caso de los hidrocarburos, las alícuotas de los derechos de exportación no podían superar el ocho por ciento CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I (8%) del valor imponible o del precio oficial FOB (art. 52). En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la alícuota exigida con sustento en el decreto 793/2018 en la medida en que superó el límite legalmente fijado por el Congreso Nacional. Esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que el tributo haya sido exigido con anterioridad al dictado del decreto 488/2020 —invocado por la demandada como reglamentario del tope legal—, ya que la limitación establecida por el legislador resulta plenamente operativa desde la entrada en vigencia de la ley 27.541.
VI. Consecuentemente, se admite la repetición de las sumas abonadas por la firma actora con relación a las destinaciones 20 001 ES02 000020 B y 20 001 EC08 000046 W sobre lo abonado en exceso del límite establecido por la ley 27.541.
La devolución debe efectuarse en pesos, en atención a lo determinado en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su precedente “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA” de fecha 15 de mayo de 2014 (consid. 8°); y toda vez que conforme surge de las actuaciones administrativas el tributo cuyo derecho de restitución se reconoce fue abonado en pesos (en igual sentido, esta sala, causa nro. 29.350/2014 “Siderca SAIC c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 11 de febrero de 2016, y sus citas).
A esos monto deberán adicionarse intereses a partir de la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamare la repetición (confr. art. 811 del C.A.) y hasta su efectivo pago. De acuerdo con el art. 812 del C.A. la tasa de interés que corresponde aplicar es la que está prevista en el artículo 4° de las resoluciones n° 598/2019 (Ministerio de Hacienda) y 559/2022 (Ministerio de Economía), según la vigencia temporal de esas normas con arreglo al artículo 9° de la resolución 559/2022 (esta sala, causas “Lufkin Argentina SRL” y “Deni Víctor Hugo”, pronunciamientos del 15 de noviembre de 2022 y 16 de mayo de 2023)” y la resolución (M° de Economía) nro. 3/2024 —modificada por la resolución nº 199/2025 (Ministerio de Economía)—.
VII. En atención al modo en que se decide, las costas de ambas instancias deben imponerse a la demandada vencida, al no encontrarse motivos que justifiquen apartarse del principio general en materia de costas (arts. 68, primera parte, y 279 del CPCCN). Por lo hasta aquí expuesto, VOTO por: 1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado; 2. Declarar la inconstitucionalidad de la alícuota establecida por el decreto 793/2018, en exceso del límite legal fijado por la ley 27.541 y, en consecuencia, reconocer el derecho de la demandante a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado al oficializar las destinaciones indicadas en el considerando VI, con el alcance allí señalado; y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.
La jueza Liliana María Heiland y el juez Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado;
2. Declarar la inconstitucionalidad de la alícuota establecida por el decreto 793/2018, en exceso del límite legal fijado por la ley 27.541, y, en consecuencia, reconocer el derecho de la demandante a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado al oficializar las destinaciones indicadas en el considerando VI, con el alcance allí señalado; y 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia