Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 54491022-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir el recurso de la parte actora y, en consecuencia, modificar la distribución de las costas de la instancia anterior e imponerlas en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 1163 del Código Aduanero y 279 y 68, CPCCN).
032749/2023 “RAIZEN ARGENTINA SAU (TF 54491022-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
///nos Aires, 19 de septiembre de 2023.- MBR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del pronunciamiento del 14 de julio de 2022, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por mayoría, admitir la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la Dirección General de Aduanas a que, en el término de 90 días, adoptara las medidas necesarias para resolver el procedimiento de repetición iniciado por la amparista. En primer término, el vocal preopinante reseñó lo alegado por las partes, los lineamientos que rigen el instituto bajo análisis y los hechos del caso. Posteriormente, consideró que debía rechazarse la acción de amparo por mora en tanto consideró que el expediente administrativo se encontraba reencausado al momento de interponerse dicho recurso.
Para así decidir, el voto mayoritario, indicó que, del análisis de las actuaciones administrativas, se desprendía que -más allá de los últimos movimientos internos- aquellas recién tuvieron una tramitación razonable y constante a partir del mes de mayo de 2022, siendo que el pedido de repetición formulado en la litis databa de fecha 19 de diciembre de 2014.
En ese contexto, entendió que en el caso se había excedido toda pauta temporal razonable en la tramitación y que ello tornaba admisible lo pretendido por la actora.
Por último, y en cuanto a las costas, advirtió que las particulares circunstancias del caso, las dificultades derivadas de la pandemia provocada por el virus COVID-19 y el accionar desplegado por el Servicio aduanero en aras de dar la respuesta pretendida desde mayo de 2022 (Págs. 1157/63 del DEO nro. 10797533), justificaba su distribución en el orden causado.
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 29 de julio de 2022 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto y cuyo traslado fue contestado el 23 de agosto. Se agravió respecto de la distribución de los accesorios (Págs. 1165/72 y 1188/92 del DEO nro. 10797533).
En primer lugar, resaltó la resolución recurrida agravia en forma irreparable a su parte en tanto la obliga a soportar los costos del amparo, en tanto sostiene que la promoción del expediente administrativo fue motivada exclusivamente en un obrar negligente de la aduana, quien por lo tanto debe hacerse cargo de las consecuencias de su demora.
Señaló que se demostró la configuración de una demora por parte del Fisco-DGA, que produce un estado de incertidumbre respecto de la procedencia de la repetición iniciada en el año 2014 y que dicha demora es, además, excesiva e injustificada.
Agrega que pese a haberse acreditado la demora global injustificada en la tramitación del procedimiento bajo examen, el a quo impuso las costas en el orden causado, considerando los últimos movimientos del expediente y las dificultades derivadas de la pandemia por el COVID-19.
Por otra parte, se queja de que los trámites internos a los que alude el Tribunal Fiscal en su fallo no son un fundamento válido para imponer las costas por su orden, debido a que considera que esos actos en ningún momento le fueron notificados a su mandante, pese a haberse presentado en dos oportunidades el pronto despacho de las actuaciones (07/09/2018 y 05/03/2021).
A su vez alegó que “…la mora -injustificada y culpable- en resolver la solicitud de repetición iniciada por esta parte fue lo que dio lugar a la presentación del amparo. Adviértase que desde marzo de 2022 la demandada demoró tan sólo tres meses en sustanciar la repetición en cuestión hasta el estado procesal inmediato previo a dictar la resolución. Ello demuestra sin lugar a dudas que la demora de siete años desde la presentación de la repetición es claramente injustificada, y sólo obedece a la negligencia en la sustanciación del trámite administrativo.” (sic).
Indicó que dicha demora culpable puede advertirse, además, de los excesivos períodos de inactividad que se observan en la tramitación del expediente.
Por otra parte, manifestó que “…Tampoco corresponde invocar como causal de eximición de las costas a las supuestas dificultades que trajo consigo la pandemia por el Covid-19, toda vez que los plazos legales y reglamentarios fijados para resolver el expediente de repetición objeto de autos se encontraban largamente vencidos a la fecha en que se comenzó la pandemia. En efecto, la cuarentena derivada del COVID19 fue impuesta por el Gobierno Nacional el 20 de marzo de 2020 por medio del decreto Nro. 297/20. Dicho decreto fue prorrogado sucesivamente hasta el 30 de mayo de 2021. Concordantemente, la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso una feria extraordinaria a través de la Resolución General Nro. 4682/20 desde el 18 de marzo de 2020, que se prorrogó a su vez hasta el 29 de noviembre de 2020. Sin embargo, al 20 de marzo de 2020 (i) esta parte ya había presentado en sede administrativa el primer pedido de pronto despacho, que no fue resuelto por la demandada, y (ii) ya habían transcurrido cinco años y medio desde iniciado el reclamo en sede de la demandada. En otras palabras, la demora excesiva ya se había configurado en autos con anterioridad a la cuarentena impuesta por el COVID19, y la feria extraordinaria que la siguió.” (sic).
En ese sentido, sostuvo que la sentencia apelada tampoco indica de qué modo la cuarentena impuesta pudo haber afectado la normal tramitación de las actuaciones administrativas, sino que se limita a la mera invocación de dicha cuarentena, sin precisar de qué manera específicamente perjudicó el trámite del expediente administrativo durante más de siete años.
En otro orden de ideas, expresó que no cabían dudas de que la demora del Estado le causó perjuicios a su mandante, como ser los gastos en que incurrió para acceder al Tribunal Fiscal, es el Estado quien debe afrontar dichos gastos. En este caso, entendió que es la demora del servicio aduanero la que hizo necesaria la presentación del amparo por mora a efectos de obtener una resolución final en el procedimiento de repetición iniciado en diciembre de 2014, que, a mayor abundamiento, aún no ha sido dictada.
Reseñó los antecedentes del caso y citó jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
Por las consideraciones expuestas, solicitó que se revocara lo decidido en materia de costas.
III. Que, así las cosas, corresponde señalar que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones (iniciadas el 31 de mayo de 2022 y dentro de las cuales obran los antecedentes del procedimiento administrativo iniciado por la firma actora destinado a obtener la evolución de tributos a la exportación abonados en demasía con relación al Permiso de Embarque -precio revisable- nro. 09 001 ES02 000065 R Permiso de Embarque -precio firme- nro. 09 001 EC08 000072 F) surge, en lo sustancial, que:
a) El 19 de diciembre de 2014 la parte actora peticionó ante la autoridad administrativa, en los términos de los artículos 809, 1068 y siguientes del Código Aduanero, la devolución de las sumas referidas en el párrafo que antecede, la solicitud de que se designe letrado sumariante de fecha 15-10-2015 y los “pronto despacho” de su petición de fecha 7-9-2018 y 5-3-2021 (páginas 45/66, 81 y 82 del DEO nro. 10797533).
b) El 29-4-2021 se tiene por deducido el procedimiento de repetición, se agregan las constancias informáticas pertinentes y se ordena la remisión de las actuaciones a las áreas técnicas competentes a los fines de su intervención (Pág. 1081 del DEO nro. 10797533).
c) Luego a partir del 23-3-2022 el expediente pasó por varios departamentos internos de la accionada, sin que a la fecha se haya procedido a la resolución de la petición oportunamente efectuada (Págs. 1098 y ss. del DEO nro. 10797533).
IV. Que, sentado lo anterior, y a los efectos de resolver la cuestión planteada, no puede soslayarse que, por un lado, los agravios puestos en conocimiento de este Tribunal se encuentran únicamente dirigidos a controvertir la distribución de los accesorios adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación y, por el otro, que ella se vio compelida a iniciar este proceso debido a la morosidad del servicio aduanero en la tramitación de su petición.
En este sentido, recuérdese que el artículo 1160 del Código Aduanero establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite […]”. Y, en el caso, es posible verificar la existencia de: a) una petición sobre la cual se ha requerido la expresión de la demandada (esto es, la mencionada solicitud actoral de devolución, que data desde hace más de 9 años -19 de diciembre de 2014-); b) una solicitud de designación de letrado sumariante; c) un pedido de “pronto despacho” efectuados el 15-10-2015 y el 7-9-2018; y d) el transcurso en exceso del lapso de quince días que la normativa aduanera prevé como requisito de admisibilidad para el inicio de acciones como la que aquí se encuentra bajo estudio (cfr. esta Sala in re “Argensun S.A. (TF 25365192-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 55800/2022, sentencia de octubre de 2022).
Por los motivos indicados, es que corresponde admitir la apelación intentada por la actora y modificar el régimen de costas de la decisión del Tribunal Fiscal (cfr. artículo 279, CPCCN), las que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar a la promoción del amparo (cfr. artículos 1163 del Código Aduanero y 68, CPCCN).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
admitir el recurso de la parte actora y, en consecuencia, modificar la distribución de las costas de la instancia anterior e imponerlas en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 1163 del Código Aduanero y 279 y 68, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia