Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-13429-AZ1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en tanto sus argumentos no conmueven a los vertidos en el grado. Las costas de Alzada se imponen a la parte vencida (v. art. 51 -inc. 1- del CPCA -t.o. ley 14.437-).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-13429-AZ1 "RAMIREZ CRISTIAN EDUARDO Y OTRO/A c. FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s. PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS" con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Mora y Ucín:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Azul, en fecha 14-9-2023, rechazó la pretensión indemnizatoria instada por los actores, les impuso las costas y difirió la regulación de honorarios profesionales.
II. Recibidas las actuaciones en este Tribunal, declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la citada parte y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia -pronunciamiento que se encuentra firme-, asumiendo el señor Juez doctor Mora el primer lugar en el orden de votación por licencia del señor Juez doctor Riccitelli (arts. 47 y 48 de la ley 5.827 y modif.) con motivo del pedido depronto despacho ingresado el pasado 13-10-2026, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1.1. El magistrado de grado se expidió en los términos que surgen del punto "I." de los Antecedentes.
Dejó establecido desde el inicio, que de la demanda podía extraerse que los actores pretenden se les acuerde una reparación patrimonial con fundamento en los daños que habrían sufrido como consecuencia del proceder estatal en su actividad jurisdiccional, por caracterizar como "error judicial" las decisiones jurisdiccionales que ordenaron sus respectivas prisiones preventivas, que se mantuvieron desde el 15-3-2016 (detención) -luego transformada en prisión preventiva (15-4-2016)- y hasta 7-3-2018, oportunidad en que un jurado popular declaró su no culpabilidad, decidiéndose su libertad.
Siendo tal la pretensión procesal intentada, recordó el magistrado que para reclamar indemnizaciones referidas a dicho ámbito de actividad debe configurarse una irregular prestación del servicio de justicia o un error judicial y dejarse sin efecto, a partir de su ilegitimidad, el acto jurisdiccional productor del daño, debiendo, por lo demás, presentarse -como ante toda falta de servicio- una relación de causalidad directa e inmediata entre la actuación anormal denunciada y el daño. En sustento de lo expresado citó numerosos fallos dictados por los superiores tribunales nacional y bonaerense.
Expuesto lo anterior y relevadas las constancias útiles de las actuaciones penales sustanciadas, subrayó que no era de su competencia reeditar un análisis del contenido del fallo que decretó l a prisión preventiva. Juzgó, por el contrario, relevante destacar que el Tribunal de Casación analizó, razonó y se expidió sobre la decisión del Juez de Garantías y encontró que la misma se encontraba fundada y conforme a derecho. Destacó entonces que, en definitiva, lo que se advierte es que los actores pudieron en la etapa investigativa de su conducta penal, articular las defensas previstas en la normativa del fuero penal, obteniendo el debido control judicial de las decisiones que imputaron gravosas a sus derechos, habiendo sido cada una de ellas confirmadas por los tribunales competentes.
En ese sentido, afirmó que era posible verificar que los diversos actos procesales efectivizados durante el proceso y a los que los reclamantes señalaron como generadores del perjuicio reflejaban, por un lado, una apreciación razonada de los elementos de juicio existentes en cada una las etapas procesales y, por otro, la adecuada aplicación de las normas vigentes para disponerlas.
Siendo ello así -según agregó el magistrado- "... el hecho de, posteriormente, un Jurado Popular en el marco de sus competencias constitucionales haya encontrado no culpables a los actores, no transforma, de por sí, ilegítima las restricciones procesales impuestas, revisadas por las Alzadas y oportunamente firmes." .
Concluyó entonces que no encontraba razones que condujeran a proclamar la responsabilidad patrimonial del estado provincial por su actuación judicial.
1.2. El letrado apoderado de los actores interpuso recurso de apelación fundado contra el fallo pronunciado.
En el inicio de su argumentación, expresó que la pretensión indemnizatoria no solo se fundó en las erróneas razones que fundaron el dictado de la prisión preventiva de los actores sino que, asimismo, encontró andamiaje en el mantenimiento y prolongación irrazonable de las citadas medidas.
Expuesto ello, expresó que, en el caso, quedó demostrado que no se verificaron los presupuestos fácticos para dictar las medidas preventivas. En sustento de su postura, planteó que en sede penal se incurrió en una errónea apreciación de las testimoniales rendidas por los denunciantes y que se omitió colectar pruebas materiales que corroboren los hechos denunciados.
El cuadro descripto revelaba, en la visión de los apelantes, una clara falta de servicio o su irregular prestación. Siendo ello así, alegó que si bien el sistema judicial no puede retrotraer el proceder y evitarlo; sí debe ordenar indemnizar, en tanto ningún ciudadano puede ser obligado a soportar un sacrificio tan excesivo en aras del bienestar general.
Por fuera de lo anterior, aseveró que desde la perspectiva del "sacrificio excesivo" conceptualizado por el Máximo Tribunal federal, la privación de la libertad que sufrieron los actores en el caso encuadra en el referido concepto.
Afirmó además que resultó innecesario el mantenimiento de la medida hasta la realización del juicio oral. En sustento de su postura, indicó -con transcripción de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que la medida coercitiva debe estar sometida a revisión periódica y que, de no subsistir las razones que motivaron su dictado, se impone la liberación de los procesados.
Expuso también que el mantenimiento y prolongación de las prisiones preventivas decretadas resultaban irrazonables en tanto durante su ejecución habían desaparecido los presupuestos fácticos que justificaron su dictado.
Proclamó igualmente que, aún para el caso en que se interprete que su decreto resultó razonable a ese entonces, a partir de la formulación de la requisitoria de elevación a juicio, en adelante, esa justificación y razón de ser de las cautelares se tornaba prescindible. Es que, el mantenimiento y la prolongación en el tiempo de las medidas de coerción decretadas, más allá de la formulación de requisitoria de elevación a juicio, supuesto en el que entorpecimiento en la investigación no puede configurarse debido haberse reunidos los elementos de prueba y ciertamente, el peligro de fuga era infundado debido a las condiciones personales, familiares y sobre todo económicas de los actores, plasmadas en el informe socio-ambiental adjuntado en la causa penal; tornan a partir de esa fecha -del requerimiento de elevación a juicio de la causa-, en ilegítima y arbitrarias las medidas decretadas y configuran un adelanto de pena para los actores que vulnera el principio de inocencia.
Sostuvo además que mal podía continuar sosteniendo el a quo dogmáticamente que no se configuró un caso de responsabilidad estatal, en tanto el estado provincial debe responder patrimonialmente, no solo en aquellos casos en que existió un error judicial o ilegitimidad en el ejercicio de los órganos del Poder Judicial; sino también debe hacerlo por su actividad lícita, que exige la obligación de resarcir ante la producción de un daño respecto de aquel a quién se le ha provocado un sacrificio especial en beneficio de la comunidad toda.
1.3. La demandada, a su turno, brindó los argumentos que -desde su postura- justificarían el rechazo del recurso de apelación, con costas.
II. El recurso no merece prosperar.
1. A tenor de los agravios más arriba reseñados, se observa que el apelante -en una primera aproximación- intenta demostrar que, contrariamente a lo juzgado por el juez de la instancia anterior, se verifica en el caso la presencia de un error judicial en el auto que ordenó la prisión preventiva de los actores, pretendiendo que se tenga por acreditada -con una apreciación del conjunto de los antecedentes de la caus a- la situación de arbitrariedad e injusticia padecida a partir de la privación de su libertad por un período que se extendió durante dos años (2) años y cuatro (4) días .
a. A fin de resolver la cuestión planteada, es del caso recordar que esta Alzada, al pronunciar sentencia en la causa C-1450-MP1 "Orellana" (v. sent. del 29-10-2009), reafirmó el principio -acuñado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos 318:1990; 327:1738)- que postula que la indemnización por privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente como consecuencia de la absolución decidida en sede penal, sino en la medida en que el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario . Y, en ese sentido, al fundar el rechazo de la pretensión indemnizatoria allí articulada en similares términos a la que aquí se ventila, especialmente se enfatizó el hecho de que la situación procesal que llevó a que la justicia penal decidiera el sobreseimiento del imputado, no había derivado de un rec onocimiento por parte de los órganos judiciales intervinientes de la arbitrariedad del auto de detención o de la prisión preventiva, adicionando a ello que las constancias de la causa revelarían una apreciación razonada de los elementos de juicio existentes como así también una adecuada aplicación de la normativa vigente.
Dicho postulado rector ha sido expresamente acogido por el a quo en la sentencia aquí apelada, llegando a esta instancia incontrovertido por los quejosos.
Es que no puede extraerse de la decisión recaída el 7-3-2018 , que declaró no culpables a los aquí actores, elemento alguno que pudiera comprometer la razonab ilidad o legalidad de la medida de coerción aplicada en su momento a los imputados , lo que, en fin, patentizaría la imposibilidad de erigir al mentado acto como un título jurídico en el cual pueda sustentarse pretensión resarcitoria alguna .
b. A la luz de tales lineamientos, no se advierte -al igual que hiciera el juzgador de grado- que existan en el presente caso probanzas sólidas y suficientes que abonen la existencia de indicio alguno de arbitrariedad o ilegalidad en los pronunciamientos judiciales que restringieron la libertad ambulatoria de los actores en el marc o de la Inspección Penal Preparatoria en la que resultaron imputados.
Apuntalo tal conclusión en las constancias obrantes en la causa penal, de cuyos antecedentes relevantes se desprende el rumbo seguido en dichas actuaciones a partir de que el Juez de Garantías interviniente resolviera (con fecha 15-4-2016) convertir en prisión preventiva la detención que venía n sufriendo los actores [cfr. fs. 818 de la causa penal N°421/2017, agregada a autos como prueba].
En tal sentido, puede observarse que:
(i) la Fiscal actuante requirió al Juzgado de Garantías de la Ciudad de Azul la detención de Eduardo Cristian Ramírez y Carlos Abel Martínez, por entender que la conducta de ambos se encontraba alcanzada por los delitos que infracciona la Ley 23.737 (art 5° inc e y art 11 inc d), incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, entrega ilegal de armas de fuego -en concurso real entre sí- a tenor de los previsto en los arts 55, 189 bis inc 4°, primer párr, 248, 256 del Código Penal y art 5° inc E y 11 inc D de la Ley 23.737. Además, juzgó procedente el pedido cautelar de detención, en razón de lo normado en los art 157 inc 4 del C.P.P, puesto que la escala de la calificación penal asignada a los eventos en juzgamiento permitía inferir los riesgos procesales que habilitan la medida de coerción que solicitó;
(ii) el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul, entendió hipotéticamente probable la coautoría de los nombrados en los hechos que se les imputaban, en el entendimiento de que, desprendiendo de los elementos analizados indicios que por su pluralidad, univocidad, coherencia y conexidad, llevaban a la probabilidad razonable de que los imputados hubieran sido coautores de los hechos investigados. Así, el Juez de Garantías destacó, que de acuerdo con la calificación legal, al hecho descripto le correspondía eventualmente una pena que, en su término medio, supera los tres (3) años de privación de la libertad, encontrándose -por tanto- dentro de los límites dispuestos. Señaló que el cálculo efectuado se adecuaba al criterio jurisprudencial por el cual s e ha establecido que el modo de obtener el "término medio" de la escala penal del delito imputado es a través de la sumatoria del máximo y el mínimo establecido para el ilícito en cuestión su posterior división por dos;
(iii) de la IPP surge que a fs. 436/4371 luce el Acta de detención y traslado de Eduardo Cristian Ramírez; a fs 438 se encuentra certificado médico que constata su estado de salud al momento de la detención. A fs. 440/441 luce el Acta de detención y traslado de Carlos Abel Martínez; a fs 442 se encuentra certificado médico que constata su estado de salud al momento de la detención. A fs 459 se encuentra el informe Médico Legal sobre ambos imputados; a fs. 465 ambos actores designan letrado defensor al Dr. Gastón Leandro Jesser. A fs. 468, el 16.03.2016, Carlos Abel Martínez, presta declaración a tenor del art 308 del CPP. Lo mismo hace el Eduardo Cristian Ramírez a fs. 471/472. En fecha 23-03-2016 el abogado defensor de los actores solicita una serie de medidas probatorias y acompaña documentación. A partir de allí en el expediente se realizan una serie de medidas probatorias que incluyen prueba documental, pericial y testimonial (fs. 513/740);
(iv) a instancias del pedido de la Fiscal actuante en la causa, con fecha 15-4-2016 el Juez de Garantías convirtió en prisión preventiva la detención de los imputados;
(iv) el letrado defensor de los aquí actores interpuso recurso de apelación contra el auto que decretó la prisión preventiva. El recurso fue concedido y los autos fueron elevados a la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de la Ciudad de Azul, tribunal que, con fecha 24-5-2016, declaró improcedente el recurso de apelación y confirmó el decisorio que impuso la medida cautelar de prisión preventiva. En su pronunciamiento, el tribunal de alzada analizó las declaraciones testimoniales tomadas en la Investigación Penal Preparatoria (fs. 844/845); la prueba aportada por la Fiscalía (elemento similar a un arma de fuego; drogas ilícitas); entendiendo que sobre la base de tales pruebas tuvieron por acreditado, en el grado de probabilidad que exige el art 157 y conc del C.P.P que la medida de coerción debe ser mantenida. En el punto 4. de la resolución el Tribunal Penal destaca la existencia de peligros procesales de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga que justifican -en el marco de los delitos imputados y la pena en expectativa- la detención de los actores, para ello se remitió, citó y transcribió precedentes del Tribunal. También destacó el carácter de funcionarios públicos de los procesados, que los hechos se hayan imputado en ejercicio de esa actividad y la entidad del injusto imputado;
(v) el 19-7-2016 intervino la Sala cuarta de Feria del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en razón de un pedido de habeas corpus interpuesto por el defensor particular de los imputados, que desestimó la existencia de arbitrariedad o situación de excepción o gravedad institucional que amerite la apertura de la instancia, destacando en sus fundamentos, el prolijo análisis que hubo hecho la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul, valorando ampliamente la prueba aportada por la Fiscal del caso. Destacando que la pena en expectativa no ha sido el único elemento tenido en cuenta por el Tribunal para autorizar la medida cautelar (fs. 1071/1074);
(vi) el 6-10-2016 el Agente Fiscal Marcelo Fernández formuló la requisitoria de elevación a juicio de los actores, entendiendo que la prueba colectada a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria es conducente para elevar a juzgamiento la conducta de Ramírez y Martínez, imputandoles la comisión de los delitos de infracción a la Ley 23.737 (art 5 inc E, y art 11 inc D), incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, entrega ilegal de arma de fuego (todos en concurso real entre sí). Indicó en su requisitoria que conforme lo dispuesto por el Art. 335 último párrafo del C.P.P. deberán ser juzgados por el mecanismo previsto en el Art. 22 del mismo Código -Juicio por Jurados-. Puesto en conocimiento de la defensa la requisitoria de Elevación a Juicio, el nuevo defensor particular de Martínez se opuso y solicitó el sobreseimiento (fs. 1199/206). Corrido el traslado al nombrado, tomó la misma iniciativa procesal, solicitando la declaración de nulidad de la declaración del imputado, oponiéndose a la elevación a juicio y solicitando el sobreseimiento. (fs. 1209/1219). En fecha 15.12.2016 la Dra. Mariana H. Irianni, Juez subrogante de Garantías, no hizo lugar a los planteos de nulidades y rechazó los sobreseimientos solicitados, remitiendo a la Cámara de Apelaciones y Garantías para que disponga el Tribunal de juicio. En fecha 16-1-2017 se realizó la audiencia por la cual los actores manifestaron su deseo de que la causa se resuelva mediante el mecanismo de juicio por jurados; y,
(vii) apelado los decisorios de la Jueza de Garantías, tomó intervención nuevamente la Cámara de Garantías en lo Penal de la Ciudad de Azul, la que, con fecha 20-2-2017, rechazó los recursos de los actores y, consecuentemente, confirmó la decisión que rechazó el pedido de morigeración de la prisión preventiva (fs.1349/1352 vta.);
Frente a tal es cenario -y a la luz de las pautas rectoras expuestas en apartados anteriores-, no puedo sino concluir que, al margen de los argumentos ensayados por los quejosos en su recurso -a través de los cuales pretende abrir impropiamente en el sub examine un juicio sobre el mérito de aquellos pronunciamientos determinantes de su estado de privación de libertad emitidos por la justicia penal-, el hecho de que la detención de los imputados y su posterior prisión preventiva hubiesen sido confirmadas por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (y que la Sala cuarta de Feria del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires se expidiera en el marco del habeas corpus interpuesto por el defensor particular de los imputados, desestimara su procedencia en orden a la inexistencia de arbitrariedad o situación de excepción o gravedad institucional que amerite la apertura de la instancia y destacara el prolijo análisis que había efectuado la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul, valorando ampliamente la prueba aportada por la Fiscal del caso) no solamente reforzaría la legitimidad de la medida cautelar dispuesta contra los encartados, sino que, en fin, patentizaría la imposibilidad de erigir al mentado acto como un título jurídico en el cual pueda sustentarse pretensión resarcitoria alguna (v. causa C-1450-MP1 "Orellana" , citada).
Corresponde descartar, entonces, con base en la doctrina referida, que en las actuaciones penales seguidas contra los actores se hubieran configurado alguna de las causales que llevarían a responsabilizar al Estado por "error judicial" derivado del dictado del acto de prisión preventiva.
2. Dicho lo anterior, debo pronunciarme respecto del segundo de los títulos jurídicos sobre el que los actores apoyan su pretensión indemnizatoria, como es, la pretendida prolongación ir razonable de la privación efectiva de su libertad, circunstancia a la que también atribuye consecuencias dañosas derivadas.
El reclamo así articulado por los accionantes se ubica en el espacio de los errores in procedendo cometidos por los magistrados, funcionarios y demás auxiliares de justicia que, individual o conjuntamente, concurren a la defectuosa prestación del servicio de justicia (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 329:1881).
a. Entrando en materia, se me hace un deber recordar que, en lo tocante a la reparación de las consecuencias derivadas de la duración de una medida cautelar como la aquí impugnada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Rosa" (Fallos: 322:2683) consagró el principio de que se genera en quien se halla privado de la libertad el derecho a reclamar una indemnización cuando la denegación del beneficio de la excarcelación se hubiera fundado en meras afirmaciones genéricas y dogmáticas, contradictorias con las concretas circunstancias de la causa.
Así, puso de relieve el Máximo Tribunal de Justicia que "...el carácter de garantía constitucional reconocido al beneficio excarcelatorio -en virtud de la presunción de inocencia de quien aún no fue condenado (art. 18 de la Constitución Nacional) y el derecho a la libertad física- exige que su limitación se adecue razonablemente al fin perseguido por la ley (Fallos: 308:1631), y que las disposiciones que la limitan sean valoradas por los jueces con idénticos criterios de razonabilidad. Se trata, en definitiva, de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente, pues la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, de manera que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro (Fallos: 272:188 y 314:791). Cuando ese límite es transgredido, la medida preventiva -al importar un sacrificio excesivo de interés individual- se transforma en una pena, y el fin de seguridad en un innecesario rigor..." (considerando 16).
Evocó, entonces, el Cimero Tribunal "... de modo coincidente con el criterio expuesto se ha expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre el caso 10.037 de la República Argentina, del 13 de abril de 1989 (E.D. 134-171)...", que "... al hacer referencia al concepto de plazo razonable de detención dijo que: 'el inc. 6° del art. 379 [en alusión al ordenamiento penal adjetivo] está complementado y moderado por el art. 380 del propio Código, de suerte que la determinación del plazo razonable en el derecho interno argentino surge en cada caso de la consideración armoniosa de estas dos disposiciones, quedando librada esa consideración al criterio del juez que debe decidir en base a los parámetros que la ley le marca taxativamente para que los valore en forma conjunta...', del concepto de plazo razonable pueden extraerse dos conceptos importantes: 'primero, que no es posible establecer un criterio in abstracto de este plazo, sino que éste se fijará en cada caso vistas y valoradas las circunstancias del art. 380... '..." (considerando 17).
Señaló también en esa oportunidad que "... en tal sentido esta Corte ha resuelto que, para denegar la libertad provisional a un procesado aún no condenado, no bastan las fórmulas genéricas ni la sola referencia a la imposibilidad de gozar de una eventual condenación condicional, a la gravedad del delito imputado o a las características personales del procesado, sino que a fin de que la prolongación de la detención sea razonable, es necesario que los jueces penales precisen las diversas circunstancias del caso que permitirían hacer esas calificaciones (Fallos: 307:549; 311:652 y 314:85, entre otros). La ley sólo autoriza al juez a denegar la libertad, no obstante verificarse el supuesto del art. 379, inc. 6°, del Código de Procedimientos en Materia Penal, en el caso estrictamente delimitado por el art. 380 del mismo código (Fallos: 312:772 y 314: 791)" .
Haciendo aplicación de estos principios, en el precedente "Putallaz" (causa P. 1606. XLII., "Putallaz, Víctor Orlando c/ Estado Nacional-Ministerio de Justicia de la Nación. que la indemnización", sent. del 23 de marzo de 2010), la Corte federal expresó que "... sólo se configura un supuesto de deficiente prestación del servicio de justicia por la prolongación de las medidas de coacción personal si el actor acredita que los magistrados intervinientes no han demostrado la necesidad imperiosa de su mantenimiento de conformidad con las normas aplicables al caso..." .
b. Llevando tales lineamientos a este caso, advierto que el mantenimiento de la medida cautelar constituyó el producto de un ejercicio regular del servicio de justicia, no advirtiéndose que los magistrados penales intervinientes en las distintas etapas del proceso hubieran incurrido en un manifiesto y palmario quebrantamiento de la ley aplicable.
En efecto, tal como quedara reseñado en el apartado anterior [v. punto 1, "b"], en el auto de prisión preventiva se entendió hipotéticamente probable la coautoría de Eduardo Cristian Ramírez y Carlos Abel Martínez en los hechos que se les imputaban [conducta de ambos que se encontraría alcanzada por los delitos que infracciona la Ley 23.737 (art 5° inc e y art 11 inc d) incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, entrega ilegal de armas de fuego (todos ellos en concurso real entre sí) a tenor de los previsto en los arts 55, 189 bis inc 4°, primer parr, 248, 256 del Codigo Penal y art 5° inc E y 11 inc D de la Ley 23737]. Tal imputación se desprendía de los elementos analizados, indicios que por su pluralidad, univocidad, coherencia y conexidad, llevaban a sostener la probabilidad razonable de que los imputados hayan sido coautores de los hechos investigados. En relación a lo anterior, el Juez de Garantías destacó, asimismo, que de acuerdo con la calificación legal, al hecho descripto le correspondería, eventualmente, una pena que, en su término medio, supera los tres (3) años de privación de la libertad, encontrándose, por lo tanto, dentro de los límites dispuestos. Señaló que el cálculo efectuado se adecua al criterio jurisprudencial por el cual se ha establecido que el modo de obtener el "término medio" de la escala penal del delito imputado es a través de la sumatoria del máximo y el mínimo establecido para el ilícito en cuestión y su posterior división por dos.
Luego, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de la Ciudad de Azul, declaró improcedente el recurso de apelación intentado por el letrado defensor de los aquí actores, contra el decreto de prisión preventiva. A su vez, intervino la Sala 4ta. de Feria del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en razón de un pedido de habeas corpus interpuesto por el defensor particular de los imputados, oportunidad en que el Superior Tribunal Penal de la Provincia de Buenos Aires desestimó la existencia de arbitrariedad o situación de excepción o gravedad institucional que amerite la apertura de la instancia, destacando en sus fundamentos, el prolijo análisis que hubo hecho la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul, valorando ampliamente la prueba aportada por la Fiscal del caso. Destacando que la pena en expectativa no ha sido el único elemento tenido en cuenta por el Tribunal para autorizar la medida cautelar (fs. 1071/1074).
Por otra parte, la Juez subrogante de Garantías, no hizo lugar a los planteos de nulidades y rechazó los sobreseimientos solicitados, remitiendo a la Cámara de Apelaciones y Garantías para que disponga el Tribunal de juicio. Apelados los decisorios de la Jueza de Garantías, tomó intervención nuevamente la Cámara de Garantías que, con fecha 20-2-2017, rechazó los recursos de los actores y, consecuentemente, confirmó la decisión que rechazó el pedido de morigeración de la prisión preventiva (fs.1349/1352 vta.).
Además, valorando las restantes constancias de la causa penal observo que el mantenimiento de la privación de la libertad de los actores hasta el veredicto que sostuvo la no culpabilidad (7-3-2018) [v. fs. 1787/1800 de la causa penal adjunta como prueba], no se prolongó por un plazo que pueda considerarse irrazonable, teniendo en cuenta la complejidad y la naturaleza de los delitos imputados, así como los diferentes planteos que los imputados formularon tanto en el grado como ante la Alzada y el Tribunal de Casación. En este sentido, reexaminado las constancias de la causa penal, no puedo dejar de advertir que la medida dictada fue mantenida durante dos (2) años y cuatro (4) días (detención el 3-3-2016 -convertida en previsión preventiva el 15-4-2026- y declaración de no culpabilidad dictada el 7-3-2018) y sin que los defensores de los procesados efectuaran -durante el tiempo de detención posterior a los dos años al que estuvieron sometidos los procesados- nuevos pedidos de atenuación de la medida de coerción.
En tal contexto, no parece vislumbrarse una actuación irrazonable por parte del organismo judicial toda vez que, computando el período que va desde que se cumplieron los dos primeros años del dictado de la medida cautelar (esto es, 3-3-2016) y hasta que se efectivizó la liberación de quienes fueran imputados (7-3-2018), mal podría concluirse la existencia de un injustificado e irrazonable mantenimiento de la medida privativa de libertad, la que luce debidamente respaldada en las concretas circunstancias de la causa y en las normas procesales involucradas (cfr. doct. Fallos 322:2683 y 333:273), sumado a que en ese lapso de tiempo en varias oportunidades diferentes fueron puestas a revisión las medidas decretadas, tanto ante el Juez de Garantías como por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal intervinientes y por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Todo lo dicho descarta la arbitrariedad que los accionantes adjudican al funcionamiento del servicio de justicia provincial, lo que impide responsabilizar al Estado por la indebida prolongación de la prisión preventiva.
3. Por último, a efectos de brindar adecuada respuesta a las diversos reparos argumentales sobre los que los actores construyeron el reclamo indemnizatorio, vale recordar -al igual que lo hiciera el juez de grado- que es principio sentado por el Supremo Tribunal Federal que no corresponde responsabilizar al Estado por la actuación legítima de los órganos judiciales (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 322:2683; in re P.209.XXXII "Porreca, Héctor c/ Provincia de Mendoza y otro s/ Daños y Perjuicios", sent. de 19-12-2000).
En idéntico sentido, el Cimero Tribunal provincial recuerda que los actos judiciales no generan la responsabilidad del Estado por su actividad lícita (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 76.041 "Paladino", sent. de 23-4-2003 -del voto del Dr. Pettigiani-), ello así, en la inteligencia que los daños que pudieran resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues, son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia (cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 93.104 "C., M. A.", op. cit).
Y,desde tal óptica, entonces, no puede sino ser desestimada la pretensión de los actores en cuanto procuran sustentar el reclamo desde el mirador de la responsabilidad del Estado por actividad lícita, por cuanto, como resaltara, la actuación legítima de los órganos judiciales carece de entidad para generar el deber de resarcimiento estatal (cfr. argto. esta Alzada causa C-1450-MP1 "Orellana" , citada).
III. Como corolario del desarrollo efectuado, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en tanto sus argumentos no conmueven a los vertidos en el grado. Las costas de Alzada deberían imponerse a la parte vencida (v. art. 51 -inc. 1- del CPCA -t.o. ley 14.437-).
Doy mi voto a la cuestión planteada por la negativa .
El señor Juez doctor Ucín , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a la cuestión planteada también por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en tanto sus argumentos no conmueven a los vertidos en el grado. Las costas de Alzada se imponen a la parte vencida (v. art. 51 -inc. 1- del CPCA -t.o. ley 14.437-).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente (v. art. 10 del Anexo único del Acuerdo N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1012-2026
Fin de la sentencia