Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 250/255 por la defensa particular de la imputada PAOLA EDITH RAMIREZ ANULANDO la resolución de fs. 240/245 por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:013 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 17 de Junio de 2014.-
AUTOS: "RAMIREZ, PAOLA EDITH S/ESTAFA" Expte. Nº R-761/12 En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil catorce, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "RAMIREZ, PAOLA EDITH S/ESTAFA" Expte. Nº R-761/12/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 240/245 resolvió hacer lugar a la omisión de debate ofrecida por la Fiscalía de Cámara, la que fuera aceptada por Paola Edith Ramirez, sin realizar la audiencia que marca la ley (art. 517 del CPP) previo a resolver, en dicha resolución se la condena a la imputada a un (1) mes de prisión de cumplimiento en suspenso, como autora responsable del delito de estafa (art. 172 del C.P.). Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, la imputada Paola Edith Ramirez, quien se encuentra asistida por la Sras. Defensoras particulares, Dras. Viviana Bender y Luisa Ordoñez, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 240/245, interpuso recurso de casación la Defensora particular en representación de la imputada, fundándolo en los artículos 439 inc. 2º y 442 del CPP, manifestando que la impugnación deducida tiene como sustento la grave inobservancia de la ley penal sustantiva, por lo que nos agravia en forma total y definitiva. La inobservancia de las normas procesales establecidas bajo pena e inadmisibilidad, atento que esta parte ha controvertido la intervención de Miguel Antonio Peralta, solicitando el correcto encuadre de su participación y conducta en los términos del artículo 439 inc. 2 del C.P.P. De igual modo los fundamentos utilizados para fundar la sentencia en crisis, tornan aplicable la construcción pretoriana de la sentencia 'arbitraria' efectuada por la C.S.J.N., atento que a través de la misma se ve quebrantado el sistema legal previsto para la valoración de la prueba, tornando el decisorio como un claro ejemplo de incongruencia judicial ...".- A fs. 257/258 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 263.-
El día 19 de febrero de 2014 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 266/267).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 287, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 290/291, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate la Defensora ratificó el recurso de casación presentado a fs. 250/255 agregando que "...se ha inobservado la ley sustantiva, las formas procesales y la arbitrariedad de la sentencia. El art. 172 no se encuentra dado en la causa los requisitos típicos. Como ser ardid, error, perjuicio patrimonial. Que el ardid debe ser importante para inducir a error. Que esta defensa sostiene que el tribunal oral se limita a hacer ciertas conjeturas que son interpretaciones para llegar a la sentencia pero que no culmina en analizar todo el plexo probatorio, es así que llega a un fallo limitándose a probar el delito pero apartándose de analizar otras constancias de la causa. Que el voto en disidencia de la Dra.
Núñez es la que analiza correctamente el plexo probatorio donde se llega a demostrar que no hay estafa. Que no hay denuncia sino un informe del Comisario Ojeda por un presunto cohecho. Luego se continúa la investigación por el delito de estafa y si no hay denunciante no hay damnificado. Se investiga en base a testimoniales quienes hablan de su defendida como cometiendo ese delito. Que el testigo Peralta refiere que es llamado por su asistida quien le solicita una suma de dinero para retirar un auto para lo cual se da una cuenta. Que esto es a raíz de un accidente de tránsito donde los damnificados son los choferes. Se supone que el vehículo iba a ser secuestrado. Que Ojeda dice que no iba a secuestrar los rodados involucrados porque los únicos lesionados eran los conductores.
Que los vehículos fueron movidos y no se hizo por lo tanto ninguna actuación sobre los rodados. Que el testigo Peralta refiere que en otros casos se habían secuestrado rodados para hacer las pericias por eso le pareció lógico que en este caso se le pida dinero para hacer la pericia. Que la liberación de un vehículo debe ser realizado por un letrado, agregando que nunca la policía libera el vehículo sino que es el Juzgado. Que un depósito se va a hacer en una cuenta oficial y nunca en una cuenta particular. Por lo cual el ardid no esta acreditado. Que el comisario Ojeda inicia las actuaciones por cohecho y liberó el vehículo, pero no menciona nada del accidente. Es por lo expuesto, no están reunidos los elementos típicos de la estafa, donde el ardid debe ser la causa de un error y ese error provocar un perjuicio patrimonial.
Reitera que no se inicia por una denuncia sino de oficio por un supuesto delito de cohecho. En cuanto a la arbitrariedad el fallo en la cuarta y quinta cuestión se indica que es unánime el voto cuando en todo momento votó en disidencia la Dra. Nuñez de ahí que se asiente la arbitrariedad. No se acredita el perjuicio patrimonial ya que nadie se presentó como damnificado. Por lo expuesto solicita la absolución lisa y llana de la Sra. Ramirez...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...hay inobservancia de leyes procesales. Que se propone la omisión de debate, se corre traslado a la defensa, adhiere al procedimiento del art. 517. La imputada concurre y ratifica la omisión de debate.
En septiembre la Cámara dicta sentencia y en el primer párrafo sostiene que se han cumplimentado los requisitos establecidos por el art. 517. En la quinta cuestión establece que se ha cumplido con los requisitos, circunstancia que no es así toda vez que el Tribunal omitió la audiencia establecida al respecto. La Excma. Cámara, si bien ratifica la omisión de debate siendo la oportunidad de hacer la audiencia prevista por el art. 517 y al no hacerla peticiona por la nulidad de todo lo actuado...".- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 250/255 por la defensa de la imputada PAOLA EDITH RAMIREZ?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 250/255 por la defensa de PAOLA EDITH RAMIREZ?. A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que la impugnante se encuentra legitimada para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.-
a.1.- En este sentido, corresponde tener en cuenta lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, en la audiencia por ante este Tribunal, en donde peticiona por la nulidad de todo lo actuado, en razón de no haberse llevado a cabo, la audiencia prevista por el Art. 517 del Código Procesal penal, el cual prevé que la imputada y su defensora deben ratificar en forma personal su propuesta ante el Tribunal de Juicio.-
Como bien lo sostiene la Fiscalía, en la mencionada audiencia, se concreta entre otros aspectos, el derecho del imputado a ser oído, aspecto fundamental del derecho de defensa.-
En este orden de ideas, es oportuno destacar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia cuando dice que el imputado en juicio criminal tiene derecho a un proceso tramitado legalmente, en el que se guarden las formas sustanciales, de manera que puedan ejercitar sus derechos con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimiento (Conf. Fallos: 310:57 y 310:745, entre muchos otros).-
El derecho a ser oído por parte de los magistrados, se encuentra plenamente reconocido por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1 C.A.D.H., con jerarquía constitucional en función del art. 75 inc. 22 C.N.; integrando la garantía del debido proceso.-
Los motivos expuestos, resultaban razonables, pues el trámite establecido por el Art. 517 del código adjetivo; garantiza el derecho a escuchar a las partes en audiencia pública, para garantizar el derecho al contradictorio y de inmediación.-
Además de los vicios mencionados, lo cual lo descalifica como un pronunciamiento judicial válido; también corresponde destacar que en todo el devenir del proceso, se omitió tomar conocimiento "de visu" del procesado.-
En este sentido el art. 41 "in fine" del Código Penal, establece expresamente que "...el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto...", por lo tanto instaura una audiencia entre -el magistrado- y el imputado, el cual garantiza un mínimo contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar.-
Sostiene, Patricia Ziffer "...la disposición contenida en el último párrafo del art. 41 tiene carácter fundamentalmente procesal. Su principal objetivo, en su origen, fue sentar una regla que asegurara un mínimo de inmediación en los casos de procedimiento escrito, con el fin de garantizar que, cuanto menos, no se delegara la función de determinar la pena... A partir de allí es posible identificar en este precepto el germen de una etapa procesal cuyo objetivo específico es individualizar la sanción... Se ha considerado unánimemente, con la salvedad de algún pronunciamiento jurisprudencial, que la omisión de este requisito significa una fundamentación arbitraria de la pena impuesta. Su incumplimiento apareja la nulidad de la sentencia..." ("Código Penal, y normas complementarias.
Análisis doctrinal y jurisprudencial", dirección: David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Artículos 40/41 a cargo de Patricia Ziffer pág. 81).- En igual sentido, Zaffaroni al analizar el último párrafo del art. 41 dice "...este requisito cumple también una función procesal importantísima, que es la que le permite al procesado tener la última palabra ante el tribunal y en contacto inmediato con el juez. Equivale a la última pregunta que en el plenario oral se formula al procesado, para que responda si tiene algo más que agregar... esta disposición salva el principio de igualdad ante la ley, que quedaría notoriamente lesionado si quienes están sometidos a plenario escrito no gozan de la misma garantía que los procesados sujetos a plenario oral, al menos en cuanto al derecho de ser escuchados en forma directa por el tribunal y en cuanto a la jurisdiccionalidad e inmediatez de los datos recogidos para los efectos del correctivo penal...
La garantía del último párrafo del inc. 2º del art. 41, puede afirmarse, pues, que cumple una doble función, garantizando un mínimo elemental de inmediatez, cualquiera sea la legislación y el sistema procesal, y la jurisdiccionalidad real de la determinación penal..." (Zaffaroni, Tratado de derecho Penal, Parte General V; Edit. Ediar 1983, pág. 334).- Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, ha establecido "...Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esa trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación. Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada..." (CS. cons. 19, Fallos: 328:4343, "Maldonado").- Es dable destacar que este Alto Cuerpo ya se ha pronunciado sobre el tema en autos "Aguilar, Hugo Alberto s/amenazas agravadas por el uso de armas" Expte.
A-757/12/TSJ -Tº VI -sentencias- T.S.J., Rº 002, Fº 007/010; "Valdez, Marcos Antonio s/lesiones graves -3 hechos-" Expte. Nº V-741/12/TSJ -Tº VI -sentencias- T.S.J., Rº 003, Fº 011/013; "Haro, Reinaldo del Carmen s/abuso sexual simple" Expte. Nº H-754/12/TSJ, -Tº VI -sentencias- T.S.J., Rº 004, Fº 014/017; "Urra, Patricio Edmundo s/portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal" Expte. Nº U-774/13/TSJ, -Tº VI -sentencias- T.S.J., Rº 005, Fº 018/021; "Verdejo, Sergio Salvador s/lesiones culposas" Expte. Nº V-762/12/TSJ, -Tº VI -sentencias- T.S.J., Rº 010, Fº 063/066. En los referidos pronunciamientos se hizo mención expresamente que "... al no concretarse la audiencia prevista por el art. 517 del C.P.P. resulta nulo el pronunciamiento, ello por afectación de las garantías del debido proceso (art. 18 C.N.), derecho de defensa en juicio y derecho a ser oído.- En consecuencia, en virtud de los fundamentos expuestos y concordante con lo dictaminado por el Sr.
Fiscal ante este Alto Cuerpo, corresponde declarar la nulidad del fallo condenatorio dictado de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 549/551.-
III-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 250/255 por la defensa técnica, en favor de PAOLA EDITH RAMIREZ, anulándose la resolución dictada a fs. 240/245 por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose realizar la audiencia establecida por el artículo 517 del Código Procesal Penal, por nuevos jueces desansiculados a tales efectos.- Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs. 255 vta.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 250/255 por la defensa particular de la imputada PAOLA EDITH RAMIREZ ANULANDO la resolución de fs. 240/245 por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto.-
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariano-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau- Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal. Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2006S.141 TOMO:VI– OTROS RECURSOS - T.S.J.
REGISTRO Nº:013 FOLIO Nº:077/080 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia