Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata · Causa 46441
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda interpuesta por RAMIREZ SERAFIN contra la Caja De Retiros, Jubilaciones Y Pensiones De Las Policias de la Provincia de Buenos Aires, reconociendo el derecho a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad respectiva a todos los años incluidos en su cómputo en un 3% y/o el que corresponda, conforme a los alcances establecidos en el apartado VI.-, teniendo en consideración la fecha de interposición de la demanda o del reclamo administrativo, ello, atento la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan tales disminuciones: leyes 11.739, 11.905 y sus similares, y decreto 240/96; computándose a valores actuales calculados al momento de aprobarse la liquidación (arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3°, 173, 175, 189 y cc. CPBA; conf. doctr. SCBA, causa C.124.096 "Barrios", sent. del 18-IV-24).
A las sumas reconocidas, deberán aplicarse los intereses a la tasa del 6% anual desde el devengamiento de cada una de las diferencias y hasta la fecha en que se determina el valor actual (conf. SCBA causas C.120.536 "Vera", sent. del 18-IV-2018; C.121.134 "Nidera", sent. 3-V-2018; C.124.096 "Barrios", sent. del 18-IV-24); y, de allí en más, la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a 30 días (conf. SCBA B. 62.488, "Ubertalli", sent. 18-5-2016; C.119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", ambas sent. del 15-6-16; B. 60.456 "Calabro", sent. 7-9-16). …
46441 - RAMIREZ SERAFIN C/ CAJA RET JUB PEN POLICIAS PROVINCIA DE BS AS Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO
LA PLATA, .
Estos autos caratulados " RAMIREZ SERAFIN C/ CAJA RET JUB PEN POLICIAS PROVINCIA DE BS AS Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO ", causa nº 46441 en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 4 del Departamento Judicial La Plata, a mi cargo, de los que surgen estos
1. Demanda:
Quien demanda se presenta y promueve pretensión, contra la Caja De Retiros, Jubilaciones Y Pensiones De Las Policias de la Provincia de Buenos Aires, solicitando el reconocimiento de su derecho a que se liquide su remuneración aplicándose en la bonificación por antigüedad el 3% respecto de la totalidad de los años de servicios prestados, debiendo declararse, para ello, la inconstitucionalidad de toda ley, decreto o resolución que haya determinado un porcentaje inferior o que lo haya eliminado, con más el reconocimiento retroactivo de las sumas no prescriptas, sus intereses y costas.
Sostiene que las normas impugnadas acarrean una violación, entre otros, de los derechos de igualdad y de propiedad, y del principio de progresividad amparado por el artículo 39 inc. 3° de la Constitución provincial, el cual, a su vez, encuentra protección en diversos tratados internacionales.
Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.
2. Contestación de la demanda:
Corrido el traslado de la demanda, se presenta la representación fiscal, la contesta y solicita su rechazo.
Refiere que la demanda luce infundada desde que la pretensión se enfrenta al marco normativo que reguló la bonificación por antigüedad durante el período 1996 a 2006, no existiendo agravio alguno que justifique la tacha constitucional invocada.
Sostiene, a su vez, que no existe conflicto constitucional entre las normas impugnadas en la demanda, por cuanto la modificación del porcentual en 1 y 2 puntos de la bonificación por antigüedad fijados en forma temporaria no resultó dañosa, perjudicial y desigual como para fundar un agravio constitucional a su respecto.
Destaca que la determinación del legislador, cuestionada en autos, provocó una modificación a futuro, con lo cual no se trata en modo alguno de la supresión de derechos adquiridos. Cita el fallo "Álvarez" de la SCBA.
Enfatiza el carácter estatutario del empleo público y la ausencia de un derecho a la intangibilidad del monto del salario, así como de un derecho al mantenimiento de un régimen legal específico, lo que justifica la validez del cambio legislativo operado en punto al porcentaje sobre el que se calcula la bonificación por antigüedad.
Arguye que tampoco resulta vulnerado el derecho de igualdad, sosteniendo que, razones de orden constitucional relativas a la intangibilidad patrimonial, dificultan que pueda hacerse pie en una comparación como la intentada a fin de lograr el cometido propuesto en la demanda.
Postula la inexistencia de violación al principio de progresividad; alega, al efecto, que el mismo no es de aplicación al presente, en tanto no existe un derecho adquirido por los trabajadores hacia el futuro.
Opone la defensa de prescripción liberatoria total y/o parcial.
Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y del caso constitucional provincial.
Encontrándose cumplida la etapa probatoria y de alegatos y encontrándose firme el llamamiento de autos para sentencia, la causa quedó en estado de emitir pronunciamiento definitivo; y, por los siguientes
I. Así expuestos los argumentos medulares de las partes, la presente controversia radica en determinar si corresponde reconocer a la parte demandante el derecho consistente en que se le abone un porcentual de 3 puntos, en concepto de bonificación por antigüedad por todos los años laborados.
A tal fin, resulta útil destacar que una parte de la retribución actoral se encuentra constituida por la percepción de la bonificación por antigüedad con las variaciones de las distintas leyes de aplicación que ahora cuestiona.
En ese sentido se impone recordar que la cuestión que ahora se discute tuvo como inicio la ley 11.739, de presupuesto para el año 1996, cuyo artículo 42 estableció "que el año 1996 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo. En este aspecto, durante el lapso indicado quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad" .
Su par para el año 1997, ley 11.905, dispuso: "fíjase en hasta el uno por ciento (1%) el porcentaje a aplicar para acreditar la bonificación por antigüedad correspondiente al año que deba computarse en el Ejercicio 1997, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo, excepto el personal Docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y Magistrados del Poder Judicial. Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el lapso indicado, quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulen el incremento del adicional por antigüedad, por sobre el porcentaje precedentemente fijado" (art. 37).
Dicha norma se mantuvo con igual redacción en las correspondientes leyes de presupuesto para los años subsiguientes (v.gr. art. 29 ley 12.062 de 1998; 27, ley 12.232 de 1999, etc). Luego de un período en que dejó de computarse en virtud del artículo 21 de la ley 12.727, se restablece en un 1% según los artículos 24 y 25 de la ley 13.154 (presupuesto 2004) para, finalmente, elevarse en el artículo 1° de la ley 13.354 al 2% para el año 2005, mientras el artículo 2° de esa misma ley reformó el artículo 25 b) de la ley 10430, fijando definitivamente la escala de este concepto: "Adicional por Antigüedad: Corresponderá a un porcentaje del sueldo básico de la categoría de revista del agente, por cada año de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: Hasta 1995: Tres (3) por ciento. Desde 1997 y hasta 2004: Uno (1) por ciento. Desde 2006: Tres (3) por ciento" .
Tales normas se reglamentaron mediante el decreto 240/96, cuyo artículo 1° especificó: "establécese que a los fines de lo dispuesto en el art. 42 de la ley 11.739, no quedan comprendidos los Magistrados y Funcionarios mencionados en el Decreto 4.201/95 del Poder Ejecutivo Provincial" .
II. Sentado lo anterior se ha despejar, de manera previa y para establecer el sustrato fáctico sobre el cual decidir el caso de autos, la controversia puntual relativa a si tales modificaciones del porcentual bajo examen implican una disminución del salario o si, como fue planteado desde la representación fiscal, una modificación hacia el futuro sin reducción de haberes devengados.
Esta cuestión se clarifica por sí sola si se atiende a la contradicción en que incurre Fiscalía de Estado al desarrollar el argumento relativo a la inexistencia de vulneración a la cláusula constitucional de igualdad con fundamento en que "razones de orden constitucional relativas a la intangibilidad patrimonial dificultan que pueda hacerse pie en una comparación como la intentada..." .
En efecto, si los magistrados fueron dejados aparte de tales "modificaciones" -tal y como surge de la propia lectura de las normas citadas arriba- en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, es autoevidente que las medidas en estudio implicaron una disminución salarial. Tan es esto así que el propio decreto 240/96 se dictó bajo la consideración de que "...a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial" .
Así, cualquiera sea la denominación con la que se haga referencia a las medidas en cuestión, lo cierto es que en los hechos ellas implicaron una reducción de haberes, razón por la cual se excluyó a los jueces y cargos asimilables.
III. Sentado ello, en relación a los recaudos que deben verificarse para que pueda operar una reducción en los salarios, nuestro Máximo Tribunal Federal estableció que "el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (del dictamen del Procurador General, hecho propio por la CSJN, en "Guida" Fallos 323:1566 y "Müller" Fallos 326:1138, casos donde encontró configurados esos presupuestos y declaró la constitucionalidad de la reducción; mismos parámetros utilizó en "Tobar", Fallos 325:2059, no obstante aquí resolvió en sentido contrario). Incluso más, en el último de los casos citados consideró que no resulta imprescindible que tal disminución sea confiscatoria, sino que resulta suficiente que ella sea sustancial.
En el caso de autos, los antecedentes de la causa, normas citadas y sus fundamentos, evidencian con claridad la ausencia de, al menos, dos de esas condiciones: no hubo una situación excepcional de emergencia (no fue así declarado independientemente de los fundamentos de la ley 11.739 sobre la crisis mundial) y no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy nueve años se siguen abonando con la disminución. Además, si bien en principio, aparecería como de carácter general, esto no resulta ser del todo así, tal y como se verá más adelante.
Por lo tanto, aun analizando la cuestión de estos requisitos con mucha laxitud, y entendiendo legítimas las disminuciones al inicio, ellas pierden esta calidad al verificarse su extensión hasta el día de hoy más allá de cualquier límite de tiempo que pueda resultar razonable en principio (arg. conf. SCBA I.2312, "AERI", sent. 1-X-2003 y B.64.621, "UPCN", de la misma fecha; doctrina que se ha mantenido invariable y ratificada in re L. 114.167, "Brizzi", sent. del 7-X-2015, por todos).
A tales razones de carácter general se suma, muy especialmente en el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, una especial protección constitucional de relevancia en el supuesto de marras, debido a la consagración expresa del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3 Const. Pcial.), incorporado por la reforma de 1994 a nuestra Carta Magna local.
Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como "principio de no regresividad" .
En relación al principio mencionado, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia Nacional que el Estado cuenta con "10) . Por un lado, el deber (positivo) de "adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna .mayormente cuando el derecho al trabajo exige la formulación y aplicación por los Estados Partes de una política en materia de empleo con miras a "elevar el nivel de vida" (Observación general N° 18, cit., párr. 26; Declaración Socio-Laboral del Mercosur, arto 14), lo cual especifica la obligación general de asegurar el derecho de las personas "a una mejora continua de las condiciones de existencia" (PIDESC, art. 11.1; "Milone", cit., p. 4619; "Aquino", cit., p. 3775, "Medina", cit., p. 259). Y, por el otro, el compromiso negativo de "respetar" los mentados derechos, lo cual le requiere abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiese alcanzado un empleado (Observación general N° 18, cit., párr. 22). Es evidente que si el Estado ha contraído la obligación de adoptar determinadas medidas positivas, con mayor razón está obligado a no adoptar las que contradigan dicha obligación (Corte IDH, Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 Y 51 Convención Americana sobre Derechos -17- Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93, 16-7~1993, Serie A N° 13, párr. 26; Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94, 9-12-1994, Serie A N° 14, párrs. 33 y 36)" Fallos 336:672, sentencia del 18-VI-2013.
Y en igual sentido: ".el principio de progresividad. impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente "regresivo" en materia de derechos humanos.requieran la consideración "más cuidadosa", y deban "justificarse plenamente", v.gr., con referencia a la "totalidad de los derechos previstos" en el PIDESC y en el contexto del aprovechamiento pleno del "máximo de los recursos" de que el Estado disponga (Observación general N° lB, cit., párr. 21; asimismo, del citado Comité: Observación general N° 17 -párr. 27- y 19 -párr. 42- entre otras). (.) En todo caso, ha de tenerse muy presente que existe una "fuerte presunción contraria a que dichas medidas regresivas sean compatibles con el PIDESC, según lo proclama el mencionado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la recordada Observación general N° 18 (párr. 34) ." .
Por lo tanto, si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada. Incluso más, aun si se entendiera -desde el ángulo de la reglamentación razonable de derechos en punto a su carácter no absoluto (art. 28 CN)-, por hipótesis, la posibilidad de dicho retroceso ante excepcionales situaciones, el mismo nunca va a poder tener el carácter de definitivo que asume en el caso donde, en la actualidad, hay 9 años de antigüedad que se siguen abonando en menos y uno directamente no se paga, tal como ya se viera.
IV. Resulta útil, a mayor abundamiento y como corolario del análisis de las leyes implicadas, recordar que tuvo estado parlamentario (fecha 11-VI-2014, trámite D-1410/14-15-0) un proyecto de ley que volvía a modificar el inciso b) del art. 25 ex ley 10430, de la redacción que le diera la ley 13354, restituyendo el porcentual de 3 en la bonificación: "Modificase el inciso b) del art. 25 -Texto según Ley 13354- de la Ley 10430 -T.O. Decreto 1.869/96- y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: b) Adicional por antigüedad: Corresponderá a una suma por cada año de antigüedad que se compute, en la Administración Pública nacional, provincial o municipal. El monto del mismo será del tres (3%) por ciento del sueldo de la categoría de revista" .
Para ello, el principal fundamento del proyecto era, precisamente, la situación más ventajosa para el trabajador alcanzada en el año 1990 con la sanción de la ley 10.944 que estableció el 3% por cada año trabajado y que las diversas modificaciones posteriores han generado y generan pérdidas en las retribuciones en detrimento de los derechos adquiridos, concluyendo el mismo que "con basamento en la defensa del principio de condición laboral más beneficiosa para el empleado" , era necesario el dictado de la ley que se proponía.
V. A lo anterior cabe agregar algo respecto a la reglamentación hecha en el DR 240/96. Si bien la inconstitucionalidad de las leyes no puede predicarse de la interpretación que sus aplicadores hagan de ella sino de la ley en sí misma (arg. doctr. SCBA causa I.1507, "Cornacchionne", int. 12-III-1991) y, en este caso, las leyes citadas arriba sólo dejan a salvo de las disminuciones, además de los docentes, a los magistrados, con lo cual, en sí mismas, ellas tuvieron en miras la especial posición de éstos frente a la protección de la remuneración y, en principio, esta es una diferenciación razonable con sustento en aquella particularidad (conf. doctr. SCBA B.65.498, "Álvarez", sent. 26-V-2010; SCBA B.66.569, "Esteinberg", sent. 14-VIII-2013; por todos).
Pero ocurre que en el particular, el citado DR resulta ilegítimo por contraponerse a las normas que establecieron la disminución aquí cuestionada, e inconstitucional, por violar la cláusula de igualdad, al asimilar -con el objeto de exceptuarlos de las medidas adoptadas- a todos los aquellos dependientes del Poder Judicial con nivel salarial 20, sean o no jueces o quienes constitucionalmente comparten su status y garantías (jueces de paz, fiscales, defensores, asesores, conf. arts. 173, 175 y 189 CPBA). Así, "no hay peor injusticia que tratar igual a los desiguales" (SCBA I. 1541, "Bernal de Palacio", sent. del 29-XII-1998; I. 2206, "Federación de Clínicas...", sent. del 3-IV-2008; "Álvarez", cit.), lo que ocurre en el caso pues quienes no tienen la calidad de magistrados, deberían haber compartido la suerte de los demás.
Entonces, el nivel salarial no resulta una circunstancia relevante para establecer una diferencia válida a los fines de medidas como las estudiadas aquí sino, solamente, la cualidad de magistrado (jueces y aquellos con igual designación y garantías).
Finalmente, no resulta de recibo el argumento fiscal relativo a la aplicación al caso de la solución adoptada por la Suprema Corte en la citada causa "Álvarez", donde se consideró válida una modificación a futuro de la bonificación por antigüedad consistente en que, lisa y llanamente, se dejó de pagar para los empleados municipales con cargos sin estabilidad (en realidad nunca se pagó salvo por un escaso lapso temporal según la misma Corte valoró).
Ello, por cuanto para resolver como lo hizo, el Tribunal primero analizó si se encontraba vulnerada alguna cláusula constitucional y, al verificar que ello no sucedía, ingresó en el análisis de la medida misma y en la posibilidad de que el legislador haga una modificación tal con prospectiva a futuro pero, cabe repetir, ello sólo luego de entender que -en ese caso particular- no había ningún tipo de incompatibilidad constitucional de las normas que se cuestionaban; situación radicalmente diferente a la de la presente causa.
VI. Despejado entonces el progreso de la demanda, corresponde ingresar en la defensa de prescripción total opuesta por la representación fiscal quien sostiene que, teniendo en cuenta la fecha de interposición de la demanda, sea que se tome el plazo más breve de 2 años para reclamar, o el plazo intermedio de 5 años, o incluso el más amplio de 10 años, en cualquiera de los casos la acción de marras, iniciada varios años después de acontecido el cese de las reducciones (2006), se encuentra prescripta, respecto de la cual corresponde adelantar su rechazo.
Vale aclarar al respecto que, en el caso de autos, estamos frente a un hecho continuado en el tiempo, por lo cual, el plazo se renueva periódicamente desde que cada crédito resulta exigible, esto es, a partir de cada período mensual liquidado en menos (arts. 2537 CCyCN; 3956 y ccs. C. Civil, ley 340). El hecho comienza, desde el momento en que se produjo la falta de reconocimiento en el haber de la parte demandante con el porcentaje previsto y su situación actual, en la que continúa sin abonarse, subsistiendo -por ende- la posibilidad de su reclamo en sede judicial (voto de la Dra. Milanta causas n° 22.507 "Camiletti", sent. del 13-VI-19; n° 26.851 "Richero", sent. del 7-6-2022).
En efecto, a diferencia de lo sostenido por la demandada, la prescripción liberatoria total no pudo haber operado en modo alguno, siendo que en la actualidad hay 9 años de antigüedad que se siguen abonando en menos y un año (1996) directamente no se paga, todo lo cual conlleva al rechazo de la excepción de prescripción total.
Ahora bien, en relación a la prescripción parcial, para determinar el alcance patrimonial del derecho aquí reconocido destácase que, como fuera más arriba descripto, tales diferencias comenzaron a devengarse en el año 1996 y cesaron en el año 2006, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo CCyC (el 1-VIII-2015).
En cuanto al plazo de prescripción, conforme la modificación de la doctrina legal de la SCBA plasmada mediante la causa "Ledesma" (Causa A. 78.420, sent. del 11-9-2025), a partir de la cual el máximo tribunal local estableció que a las diferenciales salariales derivadas de una relación de empleo público no les resulta aplicable la prescripción decenal del art. 4023 del CC sino aquella prevista para las obligaciones a pagarse periódicamente (anuales o períodos más cortos), en el caso en cita, la quinquenal del art. 4027 inc. 3 del CC (por el tiempo de la obligación que trató), pero que en este supuesto va a resultar aplicable el nuevo CCyC (arg. art. 2537 CCyC), por lo que dicho plazo será el de dos años, previsto en el art. 2562 inc. c.
Por su parte, de encontrarse la parte actora en situación de pasividad cabe dejar sentado que resulta aplicable el plazo bienal establecido en el art. 62 DL 9650 (conf. doctr. de la SCBA causas B.62014, "Traverso", sent. de 2-II-2005 y A 71798, "Kiles", sent. 19-II-2015).
En consecuencia, en tanto el hecho interruptivo de la prescripción aconteció con la interposición de la demanda o del reclamo administrativo, aun aplicando la norma del artículo 2.537 del CCyC, toda suma devengada con anterioridad a los 2 años de esta fecha se encuentran prescriptas ya sea por la aplicación de la nueva doctrina legal de la SCBA sobre el punto para el caso de los activos como por el plazo específico en lo previsional, tal y como fuera señalado arriba; debiendo cada uno de los organismos demandados abonar el retroactivo de acuerdo a tales plazos, eventualmente computando el cambio de situación a pasividad si correspondiera.
Finalmente, corresponde diferir para la etapa de ejecución de sentencia el planteo eventual de la demandada de la obligación de abonar los aportes durante el período reclamado en autos.
VII. En cuanto al alcance del presente reconocimiento, en atención a lo decidido por la SCBA en la causa C.124.096 "Barrios" (sent. del 18-IV-24), corresponde reconocer el pago de las sumas devengadas de acuerdo a valores actuales calculados al momento de aprobarse la liquidación (arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3°, 173, 175, 189 y cc. CPBA; conf. doctr. SCBA, causa C.124.096 "Barrios", sent. del 18-IV-24).
A las sumas reconocidas, deberán aplicarse los intereses a la tasa del 6% anual desde el devengamiento de cada una de las diferencias y hasta la fecha en que se determina el valor actual (conf. SCBA causas C.120.536 "Vera", sent. del 18-IV-2018; C.121.134 "Nidera", sent. 3-V-2018; C.124.096 "Barrios", sent. del 18-IV-24); y, de allí en más, la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a 30 días (conf. SCBA B. 62.488, "Ubertalli", sent. 18-5-2016; C.119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", ambas sent. del 15-6-16; B. 60.456 "Calabro", sent. 7-9-16).
VI II.- Por último, de no haber sido demandado el organismo previsional a los fines de poder ejercer su derecho de defensa, no podría hacerse extensiva la condena toda vez que, como es sabido, la legitimación de la partes es un requisito constitutivo para la existencia de caso (conf. CSJN Fallos 332:111; 332:1212; 338:1492; 339:1223 340:1084); por lo tanto, no puede considerarse constituido a su respecto este presupuesto sine qua non de la función jurisdiccional, precisamente por falta de su intervención cuando debería estarlo, intervención que no resulta abastecida con la de la Administración Central, pues se trata de un organismo autárquico de ella.
Por ello,
1. Hacer lugar a la demanda interpuesta por RAMIREZ SERAFIN contra la Caja De Retiros, Jubilaciones Y Pensiones De Las Policias de la Provincia de Buenos Aires, reconociendo el derecho a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad respectiva a todos los años incluidos en su cómputo en un 3% y/o el que corresponda, conforme a los alcances establecidos en el apartado VI.-, teniendo en consideración la fecha de interposición de la demanda o del reclamo administrativo, ello, atento la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan tales disminuciones: leyes 11.739, 11.905 y sus similares, y decreto 240/96; computándose a valores actuales calculados al momento de aprobarse la liquidación (arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3°, 173, 175, 189 y cc. CPBA; conf. doctr. SCBA, causa C.124.096 "Barrios", sent. del 18-IV-24).
A las sumas reconocidas, deberán aplicarse los intereses a la tasa del 6% anual desde el devengamiento de cada una de las diferencias y hasta la fecha en que se determina el valor actual (conf. SCBA causas C.120.536 "Vera", sent. del 18-IV-2018; C.121.134 "Nidera", sent. 3-V-2018; C.124.096 "Barrios", sent. del 18-IV-24); y, de allí en más, la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a 30 días (conf. SCBA B. 62.488, "Ubertalli", sent. 18-5-2016; C.119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", ambas sent. del 15-6-16; B. 60.456 "Calabro", sent. 7-9-16).
2. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1 CCA); y, diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente hasta la aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese.
Firmas
Funcionario firmante: SESSAREGO Güendalina - JUEZA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 3554-2026
Fin de la sentencia