Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aceptar la excusación formulada en PE 1750540/2025 por la Dra. Griselda I. Bard por estar incursa en la causal del inciso 1 del art. 17 del CPCC y apartarla del conocimiento y trámite del presente expediente.
2Rechazar la nulidad pretendida por improcedente.
3Rechazar los agravios vertidos por la parte recurrente y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanta fuera materia de agravios.
4Imponer las costas a la recurrente por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios en la instancia y la determinación de la tasa de justicia hasta que el presente quede firme y exista regulación de la instancia de grado. 5º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8834/25 Sentencia: Definitiva Actor: Ramos Gines Alberico Demandada: Prevención ART S.A.
Objeto: Accidente Laboral Fecha: 04-08-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los cuatro días del mes de agosto de dos mil veinticinco se reúnen los miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “RAMOS Gines Alberico c/ PREVENCIÓN ART S.A. s/ accidente laboral” que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, secretaría Nº 2 de esta ciudad que ingresaron en esta instancia bajo el Nº 8834. A estos fines se estableció el siguiente orden: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la excusación formulada por la Dra. Griselda? SEGUNDA: ¿Es nula la sentencia en crisis? TERCERA: ¿En su caso es justa la sentencia recurrida? CUARTA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 1750540 la Dra. Griselda I. Bard, con fundamento en el art. 17 inc. 1º y art. 30 del CPCC, se excusa por intervenir en autos su esposo, el Dr. Eduardo Rubén González. Es de público conocimiento que el Dr. González es el cónyuge de nuestra colega. En consecuencia es admisible la excusación habida cuenta que se da la causal invocada, legislada en el art. 17 inc. 1º del CPCC. Debe aceptarse la excusación y apartarse a nuestra colega del conocimiento y trámite de estos autos. Así lo propongo al acuerdo. A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
II. Adhiero al voto que antecede toda vez que se da en autos la causal invocada, fundada en el vínculo conyugal de nuestra colega con el Dr. Eduardo Rubén González.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que el actor Ginés Alberico Ramos con patrocinio letrado de los Dres. Hernán Kustich, Julián Michavila y Ramiro Esteban Castillo en PE 581601/2022 promueve demanda contra Prevención ART S.A. por cobro de $4.163199,42 con más intereses y costas o lo que en más o en menos surja de la prueba por prestaciones tarifadas del art. 1 de la ley 26773 y plantea la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1; arts. 8, 21, y 22 de la ley de riesgos de trabajo, Decreto 717/96, decreto 1278/00 y decreto 54/2017. En subsidio, de no reconocerse su patología como enfermedad profesional, pide la inconstitucionalidad de los decretos 658/96 y 659/96 y la inconstitucionalidad del DNU 669/2019. Hace referencia a su desempeño en relación de dependencia ininterrumpida en INCRO S.A. desde 2008 hasta octubre de 2017 en que se lo traslada a CLERAR PETROLEUM S.A. en la que en la actualidad se desempeña. Refiere un accidente de trabajo padecido el 21/02/2022en la batería 9 en Cañadón Seco denunciado a la demandada como siniestro 241091 como consecuencia directa del cual padece problemas de salud. Indica que el ingreso base conforme art. 12 de la ley 27.348 con la variación del R.I.P.T.E. asciende a $313.771,98. Transcribe el certificado médico del 16/3/2022 expedido por el Dr. José Daniel Del Colle que otorga una incapacidad total del 18,3% de la T.O. y relata el accidente padecido, el tratamiento prestado que califica de insuficiente.
En PE674370/2022 se presentan los Dres. Eduardo Rubén González y Federico Gabriel Pereyra como apoderados de PREVENCIÓN ART S.A. y en PE 714390/2022 contestan el traslado de la demanda con las negativas de rigor respecto de los hechos. Así niega haber incumplido norma legal, ni adeudar suma alguna con relación al accidente referido. Califica de arbitrario el porcentaje de incapacidad y señala que en su obtención no intervino su parte. Recuerda que su representada tiene sus obligaciones delimitadas por ley y el contrato de afiliación con la empleadora del actor. Afirma que toda indemnización fuera de la cobertura debe exigirlo a su empleadora. Impugna el informe médico porque no se puede utilizar otros baremos distintos de los determinados por la ley y la liquidación practicada.
Sostiene que se pretende una indemnización por fuera de la ley. Se pronuncia contra el RIPTE y contesta las inconstitucionalidades planteadas. En PE 470559/2022 se abre la causa a prueba produciéndose la obrante en autos que se tiene presente. Oído el Sr. Agente Fiscal y luego del llamado para alegatos y producido él de la parte actora en PE 797497/2024 pasan las actuaciones a despacho para dictar sentencia. Ésta se encuentra registrada en PE 1695542/ 2025. En su parte dispositiva Resuelve: “1º Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21 y 22 de la LRT 24.557 como también las disposiciones pertinentes de los 717/96, 1278/00 y 54/2017 en lo que estrictamente se refiere a la regulación de la actuación de los trabajadores ante las comisiones médicas y su competencia conforme considerandos, 2º Declarar abstracto el tratamiento de inconstitucionalidad del listado de enfermedades profesionales articulado por la parte actora conforme los fundamentos de los considerandos. 3º Declarar la inconstitucionalidad del DNU 669, conforme los argumentos expuestos en los considerandos. 4º Hacer lugar a la demanda interpuesta por RAMOS GINÉS ALBERICO titular del DNU 17095.049 en contra de la demandada PREVENCIÓN ART S.A. condenándola al pago de la indemnización que corresponde por aplicación del art. 14 ap. 2 inc. a) de la ley 24.557 por la incapacidad sufrida del 11,7% de la T.O. a consecuencia del accidente laboral ocurrido el día 21/02/2022, debiendo abonarse en el plazo de diez días de notificada y firme la liquidación a practicarse por el Gabinete Contable Oficial. 5º Pase al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar liquidación final, teniendo en consideración los parámetros dados en la sentencia. 6º Diferir la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia, al momento procesal oportuno. 7º Costas a cargo de la parte vencida (arts. 68 y concordantes del CPCC) 8º ….”
IV. Que este pronunciamiento no ha conformado a la parte demandada quién en PE 1709162/2025 recurso de apelación que le es concedido libremente y con efecto suspensivo en PE1030484/202 que corre traslado del agravio. Funda el recurso con un único agravio calificando la sentencia de incompleta y pidiendo se la revoque por ser nula. El actor en PE 1727295/2025 contesta el agravio en memorial que se tiene por presentado en tiempo y forma en PE 1040364/2025 Se llama autos a sentencia y se dispone el orden de estudio en PE 1073473/2025.
V. Que debo analizar el planteo de nulidad de la sentencia y sí ello comprende el recurso de nulidad. Tengo presente que el art. 254 del CPCC aplicable en el procedimiento laboral establece, en el primer párrafo, que:
“El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia….”
Como es sabido con el recurso de apelación se persigue subsanar errores “in iudicando”, es decir un error de juicio del magistrado en una resolución formalmente válida y por este recurso se persigue revocar o modificar la sentencia recurrida. Por el contrario, por el recurso de nulidad se pretende corregir errores in procedendo, o sea errores en las formas que se deben observar para llegar a una sentencia válida y por esta vía se persigue la anulación o invalidación de un pronunciamiento viciado o incluso de todo el procedimiento consecuente a un acto viciado en los supuestos que lo admite (un traslado de la demanda nulo). Se diferencian en que una vía es el remedio contra la injusticia mientras que el recurso de nulidad lo es contra la invalidez cuando se lo interpone temporalmente. Pero debe recordarse que se debe analizar su procedencia de manera estricta y que debe darse prioridad a la posibilidad de corregir el vicio antes que anular. Aclarado ello debemos analizar la procedencia del recurso de nulidad comprendido en la apelación en estudio antes de ingresar a analizar la justicia de la sentencia. En un único agravio el quejoso sostiene que la sentencia es incompleta toda vez que no determina el IBM que se utilizará para determinar el quantum indemnizatorio y critica que el magistrado le haya delegado función jurisdiccional al Gabinete Contable dependiente de esta Cámara, toda vez que no se determinaron las pautas para confeccionar la liquidación que le encomienda. Por ello entiende violado el art. 164 del CPCC al no contener “la decisión expresa y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio” violando el principio de congruencia. Señala que “ambas partes hemos referido a la forma del cálculo del IBM, esta operación matemática y su modo de determinación resulta fundamental en el asunto sistémico, ya que ambas partes sostenemos posturas contrarias sobre ello.”
Pero el recurrente no señala cual es la diferencia de la forma de cálculo del IBM en la que discrepa con el actor que no fue dilucidada por la sentencia. Obsérvese que no se intentó pedir aclaratoria. Desde ya aclaro que no existe delegación de la función jurisdiccional toda vez que, como se explicará más adelante, el Sr. Juez fijó las bases para que el gabinete contable realizara la liquidación final y al declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 dilucidó la discrepancia en la determinación del IBM es decir resolvió. Por ello propongo rechazar la pretensión anulatoria. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VII. Coincido con el preopinante en que la sentencia es formalmente válida por lo que no cabe revocarla por ser nula como se pide.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que para entender el agravio debemos establecer cuál es la discrepancia. En esa faena vemos que el actor en el escrito de demanda, en el capítulo de Hechos bajo el párrafo III practica liquidación del VMIB conforme el art. 12 de la ley 27.348 que reitera en el capítulo Prestaciones reclamadas, párrafo V. Para fundar este criterio plantea la inconstitucionalidad del DNU 669/19.
En el responde la demandada niega que el VMIB (ingreso base mensual) ascienda a $ 313,771,98. En el capítulo 8 impugna la liquidación por incorrecta aplicación del índice RIPTE y la tasa de interés dispuesto por el decreto 669/2019 cuya constitucionalidad defiende.
Pero la sentencia fue consentida en cuanto declara la inconstitucionalidad del DNU 669/19. Al estar consentida en este aspecto la sentencia dejó sin fundamento la discrepancia y el recurso de apelación. Es decir no hay agravio a tratar toda vez que la posición de la demandada se apoyaba en la aplicación del DNU 669/19. No se indica cual es el error de la sentencia en esta decisión. Se cuestiona que el magistrado no haya establecido el IBM pero en sentencia en considerando se estableció en el considerando VI: “VI.- Dicho ello, admitida la demanda, considerando los recibos de haberes agregados por la partes, la edad del trabajador al momento de la primera manifestación invalidante, la fecha de ésta última (21/02/2022) y el porcentaje de incapacidad determinado en la pericia, deberán remitirse estos actuado al Gabinete de este Poder Judicial a los fines que proceda a realizar el cálculo de la liquidación conforme el art. 12 inc. 1 ley 24.557 según la redacción que otorga el art. 11 de la ley 27348, debiendo agregar el in cremento del 20% que corresponde según el art. 3 de la ley 26.773. Realizada la liquidación deberá el mencionado gabinete calcular los intereses hasta la liquidación, ello conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina.” Completa las pautas a seguir por el Gabinete Contable en el punto 4 de la Sentencia al establecer:
“… condenándola al pago de la indemnización que corresponde por aplicación del art. 14 de la ley 24557 por la incapacidad sufrida del 11,7 de la TO a consecuencia del accidente ocurrido el día 21/02/2022”
Por ello entiendo que no existió delegación de la función jurisdiccional por parte del Sr. Juez desde que éste fijó las pautas para realizar lo que es una simple operación aritmética por parte de los profesionales especialistas del Gabinete. Con ello no delega la función de decidir, solo encarga realizar una serie de cuentas, como podría haberla delegado en la secretaria conforme art. 90 de la ley 1444 pero por su complejidad opta por el Gabinete lo que no causa ningún perjuicio. No observo que falta una decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas toda vez que el declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/19 y fijar las pautas de la liquidación ha dejado sin fundamento la forma de calcular el IBM pretendido por la demandada.
Por ello considero que la sentencia es justa y respondo así a la tercera cuestión propuesta al Acuerdo.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
IX. Tras un estudio de la causa llego a la misma solución y fundamentos que mi colega en el Acuerdo. Adhiero a su voto.
A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que, en función de las consideraciones vertidas al contestar las anteriores cuestiones, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación formulada en PE 1750540/2025 por la Dra. Griselda I. Bard por estar incursa en la causal del inciso 1 del art. 17 del CPCC y apartarla del conocimiento y trámite del presente expediente. 2º) Rechazar la nulidad pretendida por improcedente. 3º) Rechazar los agravios vertidos por la parte recurrente y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 4º) Imponer las costas a la recurrente por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios en la instancia y la determinación de la tasa de justicia hasta que el presente quede firme y exista regulación de la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA CUARTA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XI. La propuesta que antecede se encuentra ajustada a lo tratado y acordado al resolver las cuestiones precedentes. Adhiero al voto del preopinante.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 04 de agosto de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Aceptar la excusación formulada en PE 1750540/2025 por la Dra. Griselda I. Bard por estar incursa en la causal del inciso 1 del art. 17 del CPCC y apartarla del conocimiento y trámite del presente expediente. 2º) Rechazar la nulidad pretendida por improcedente. 3º) Rechazar los agravios vertidos por la parte recurrente y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanta fuera materia de agravios. 4º) Imponer las costas a la recurrente por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios en la instancia y la determinación de la tasa de justicia hasta que el presente quede firme y exista regulación de la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Olivera no firma por no existir disidencias. - Fdo. Horacio M. J. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara a/c de Presidencia; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201038S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3134 Folio Nº: 070/074 Secretaria: 1
Fin de la sentencia