Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Rechazar los agravios vertidos por la recurrente y en consecuencia confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios.
2Imponer las costas en el orden causado, atento no hubo contestación de agravios (conf. Art. 68 segundo párrafo del CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios de honorarios de los letrados apoderados de la parte actora hasta tanto obre regulación en la instancia de grado. 4º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9123/25 Sentencia: Definitiva Actor: Ramos Guadalupe Demandada: Llamazares Adrián Esteban Objeto: Enrequecimiento sin causa Fecha: 06-03-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los seis días del mes de marzo de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “RAMOS, Guadalupe c/ LLAMAZARES, Adrián Esteban s/ enriquecimiento sin causa” Expte. Nº 21.025/21 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la localidad de Pico Truncado, Secretaría Civil y Laboral, que ingresara en la instancia con el número 9123. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que los Dres. Silvia Urdín y Fabian Farías en la presentación instrumentada en PE 220652/2021 en representación de la Sta. Guadalupe Ramos promueven acción que titulan “Demanda enriquecimiento sin causa”. Hacen referencia a una cautelar en trámite e interponen acción judicial de enriquecimiento sin causa contra Adrián Esteban Llamazares con más los costos que el demandado ocasionó en el patrimonio de la actora obligándola a ocurrir a los estrados judiciales a llevar adelante el presente litigio, costo consistente en el pago de la tasa de justicia en la suma de $1.88,00, recibo de pago- por ante el Registro de la Propiedad Automotor-Delegación Pico Truncado de Informe de Estado de Dominio e Histórico- de Titularidad del automotor Dominio AC587LV en la suma de $760,00 con más Factura Electrónica C expedida por el Escribano Público Benjamín Tenti de la localidad de La Plata por Acta de Comprobación y Poder General Judicial legalizado en la suma de $24.500…” Hacen referencia a un acuerdo por el cual el automotor VW Trend Dominio AC587LV modelo 2018 quedaría en posesión de la actora asumiendo el demandado la obligación de saldar la deuda del plan de ahorro con levantamiento de prenda y transferir el 100% de la titularidad de dicho automotor haciéndose cargo de los gastos de dicho trámite a fin de encontrar un equilibrio patrimonial pues la adquisición de dicho bien y del inmueble se hicieron con dinero aportado por ambos fruto del esfuerzo común.
Hacen referencia a contingencias posteriores, pedido de secuestro del automotor, cautelar y presentación de la nombrada en la Comisaría de la Mujer de La Plata, intimación por C.D. que el demandado no retiró de la Oficina del Correo.
Reconocen que la pareja no realizó ninguna previsión contractual pero demuestran y prueban la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa en virtud del enriquecimiento del demandado, empobrecimiento de su mandante, relación causal entre los hechos como asimismo ausencia de causa justificante del enriquecimiento con respecto del empobrecimiento. Especulan por qué no se incluyó en la titularidad del automotor a la actora y afirma que por ese compromiso la Sra. Silvia Urdín se constituyó en garante y cuenta con cédula autorizada a los fines de circular. Se hace referencia a la devolución al Sr. Hugo Silverio Llamazares del crédito contraído para la compra de la vivienda prefabricada de Viviendas Monteverde instalada en una fracción de terreno cedida por un tío de demandado. Se hace referencia a los trabajos de ambos contendientes.
En el final del relato se afirma que acreditados la causa y el motivo “se pretende, en consecuencia es restablecer un equilibrio patrimonial alterado sin causa lícita que lo justifique, toda vez que con su accionar resulta un efectivo incremento patrimonial del enriquecido, en el caso Llamazares, con la correspondiente disminución en el patrimonio del empobrecido, en el caso nuestra mandante, solicitando de V.S. decrete a favor de la parte actora una indemnización ajustada a la entidad del empobrecido, obligando al demandado a resarcir el detrimento patrimonial a favor del empobrecido, teniendo como finalidad restaurar el equilibrio alterado por el desplazamiento sin justificación.” Este pedido de indemnización lo reiteran en el último párrafo del alegato. Pide se haga lugar a la demanda.
II. Que la demanda es contestada por el demandado personalmente con el patrocinio letrado del Dr. Norberto Castelo en PE 306063. Formula una negativa de cada uno de los hechos expuestos en la demanda y la documentación acompañada por la actora. Hace un relato de los hechos, el ofrecimiento de su padre quien propuso comprar él una prefabricada que se instaló en el terreno que le facilitó un tío. Refiere que sus padres la habían regalado un Chevrolet Corsa dominio FYY475 que vendió para licitar en la compra del VW Trend que refiere la actora y minimiza los ingresos del trabajo de la actora dentro de los de la pareja. Sostiene que al finalizar la relación y volver la actora a La Plata en 2019 para finalizar sus estudios le facilitó el vehículo para su traslado y movilidad en La Plata y la permanencia como adicional en la obra social y en la cuenta bancaria y se constituyó en fiador de la locación. Dice que le informó que era algo transitorio hasta que se pudiera instalar y continuar los estudios y que no existía obligación legal. Relata lo ocurrido al comunicar su próximo matrimonio cuando le pide se diera de baja como cotitular oportunidad en que le solicitó le transfiriera el vehículo. Hace hincapié en los retiros de su cuenta y de la tarjeta de crédito y el usufructo del vehículo y lo referente a un viaje a La Plata a buscar el vehículo en términos que se tiene presente. Expone que la pretensión de enriquecimiento carece de causa y que ha sido la actora quien vivió gracias a su peculio durante dos años. Sostiene la improcedencia de la pretensión y reclamo de derecho sobre el inmueble, sobre la vivienda y sobre el automotor. Ofrece prueba y acompaña documental. Al correrse traslado de la documental la actora pretendió realizar una dúplica que el Magistrado subrogante y el ordenamiento ritual no admite (ver PE419788/2022).
III. Que en PE518959/2022 se abre la causa a prueba, produciéndose la obrante en autos que se tiene presente. Únicamente la parte actora hace uso del derecho de alegar sobre el mérito de la prueba quedando los autos en estado de dictar sentencia definitiva.
Ésta se dicta y obra en PE 1780429/2925 y en la parte resolutiva FALLA: “1º) Admitir parcialmente la demanda y condenar a la demandada a abonar a la actora el rubro equivalente al 50% del automotor 0 KM Gold Trend dominio AC587LV modelo 2018 estimado en la suma de pesos tres millones novecientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta ($3.973.450) actualizado al día del pago -de acuerdo a los valores del Registro Nacional del Automotor (RNA). Las sumas dinerarias deberán ser depositadas y/o transferidas al Banco de Santa Cruz Pico Truncado a la orden del Juzgado, Secretaría actuaria y como correspondientes a estos obrados. A cuyo fin, líbrese oficio al Banco de Santa Cruz S.A. sucursal local a los fines de solicitar la apertura de la cuenta judicial y su correspondiente Clave Bancaria Uniforme (CBU) los cuales deberán ser notificados a la firma referida supra. Autorizase a los fines de intervenir en el trámite de las diligencias que emane del presente la letrada de la actora y/o quien ella designe con las facultades de ley. En los oficios se deberá hacer saber a las oficiadas sin excepción, que al momento de contestar la rogatoria deberán especificar correctamente carátula y número de expediente. Esta manda judicial deberá ser transcripta en el oficio en negrita. A sus efectos líbrese el correspondiente oficio en la forma y bajo las constancias de estilo. 2º) Las costas deberán ser soportadas por la parte demandada (art. 68 CPCC). 3º) Difiérase la regulación de honorarios hasta que la presente adquiera firmeza.
4. Notifíquese. Regístrese.
IV. Que disconforme con el fallo en PE1528725/2025 los apoderados de la actora interponen recurso de apelación contra la sentencia que se le concede libremente y con efecto suspensivo en PE1113895/2025. Existió un intento de apelación del demandado pero en PE 1198564/2025 se le dio por perdido el derecho y por constituido el domicilio en esta instancia en estrados y el electrónico en 20-18283907-9. La parte actora sostuvo el recurso con los agravios expresados en PE 1899456/2025 de los que se corre traslado en PE 1138841/2025. Estos agravios no son contestados por el demandado a quien se le da por perdido el derecho de hacerlo en PE l198564/2025.
El expediente es elevado a esta instancia con la certificación de estilo instrumentada en PE 2036515/2025 y recibidos se dicta el llamado de autos a sentencia en PE 2040846/2025 donde se establece el orden de estudio. En sus agravios la actora entiende que la sentencia en crisis carece de fundamentación necesaria y de la congruencia indispensable para su validez como tal. Sostiene que se realizan una serie de citas doctrinarias y normativas sin concatenación lógica ni una correlatividad ordenada en su exposición respecto al objeto integral de la presente acción que entorpece la exposición de sus agravios. Expresa que la sentencia reconoce que se encuentran cumplidos los recaudos para la procedencia del enriquecimiento sin causa, pero entiende que olvidando el objeto de la pretensión resuelve la mitad del objeto de la demanda careciendo de motivación. Dice que se ha olvidado del inmueble y perjudicando a su parte al no reconocer la realización de aportes concretos para adquirir la vivienda y el automotor así como la constitución en fiadora por parte de su madre y las pruebas de mensajería de la plataforma Whats App con relación a la intención del demandado de transferir el vehículo a la actora. Agrega que no solo era la intención sino que era lo acordado entre las partes en especial un mensaje del demandado certificado por actuación notarial del folio 6 de que “el auto va a estar completo a nombre tuyo como hablamos hace tiempo”. Tras comentarios sobre los acuerdos de las partes critica que se omitiera el tratamiento y el valor de la tasación del inmueble adquirido por las partes.
Afirma que funda en derecho lo resuelto en los autos “Ramos, Guadalupe c/ Llamazares, Adrián Esteban s/ medida cautelar” ofrecidos como prueba y critica que la sentencia ni siquiera le dedica un párrafo en los considerandos, aunque se ha decretado una medida de no innovar respecto de no alterar la situación de hecho y derecho existentes en relación al automotor VW Trend dominio AC587LV, prohibiéndole retirar el rodado y el inmueble sito en Orkeke 300 respecto de la casa premoldeada o prefabricada y no innovar respecto de los bienes muebles y enseres que constituyen bienes comunes del ajuar doméstico. Se refiere a la pericia de tasación de PE 819581/2023 que no fuera materia de oposición o impugnación y que a criterio de la parte actora prueba eficazmente la desigualdad e inequidad existente con el valor del automotor careciendo de valoración por lo que califica la sentencia de incongruente y contradictoria perjudicando a su parte.
Se agravia porque se haya condenado al demandado a abonar solamente el 50% del valor del automotor sin sumar el valor del inmueble por lo que califica el fallo de injusto.
Entiende que el magistrado debió haber condenado al demandado a abonar el 50%de la sumatoria de los valores totales tanto del automotor como también del inmueble con valores actualizados o en su defecto haber plasmado judicialmente lo acordado por las partes que señala.
Le agravia esta omisión de un adecuado y completo tratamiento por parte del magistrado de grado y solicita que este tribunal analice debidamente el escrito de promoción de demanda con las pruebas producidas y se revoque la sentencia en cuanto fuere materia de agravios con costas.
Estos agravios no fueron contestados.
V. Que en el escrito de demanda se hace un largo relato de circunstancias de la unión entre las partes pero no contiene un capítulo sobre el objeto de la demanda como es de estilo. Ello puede corresponder al estilo de los apoderados, pero dificulta su análisis, pues obliga a indagar el objeto dentro del texto de la demanda. Determinarlo es importante. Debo recordar el texto del art. 276 del CPCC que establece:
“Poderes del tribunal. El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de Primera Instancia. No obstante deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.”
En el primer párrafo la norma en cuestión establece el principio general y, el segundo, supuestos excepcionales que no se dan en autos. Ello es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación que no configura un nuevo juicio en que se plantean pretensiones u oposiciones ajenas al objeto de la demanda toda vez que el proceso es único y la apelación es una etapa o instancia dentro del proceso. Por ello el contenido u objeto de la segunda etapa no puede exceder (salvo los supuestos excepciones previstos en el segundo párrafo del art. 276) del peticionado en la instancia de grado.
Dentro de nuestro ordenamiento procesal el ámbito de conocimiento de este tribunal tiene un doble orden de limitaciones. La primera ya expuesta del primer párrafo del art. 276 del CPCC (demanda y contestación) y en segundo lugar y siempre dentro de lo planteado en primera instancia se encuentra limitado por los recursos de las partes. Sobre el particular Hitters en su obra “Técnica de los recursos ordinarios” (2ª reimpresión pág. 406) explica: “… que la alzada, por ser un área de revisión, carece de poderes para decidir temas no sometidos al juez inferior, ya que la función prístina del ad quem no es de fallar en primer grado, sino de controlar la decisión de los magistrados de jerarquía inferior.”
Ello constituye una manifestación del principio dispositivo que confiere a las partes el señorío de fijar los límites del objeto litigioso y su violación por este tribunal afectaría el derecho de propiedad y de la garantía de la defensa en juicio de neta raigambre constitucional.
Como una derivación del principio dispositivo rige el principio de congruencia o sea una conformidad entre la materia del contenido de las resoluciones judiciales y lo que ha sido materia de petición por las partes (art 164 inc. 6º del CPCC)
Rememorados estos principios bueno es recordar que la parte actora promovió una demanda por enriquecimiento sin causa y solicitó se hiciera lugar a la demanda con especial imposición de costas con más los costos que la obligaron a demandar detallando pagos que debió hacer y pidiendo se decrete a favor de la parte actora una indemnización ajustada a la entidad del empobrecido, obligando al demandado a resarcir el detrimento patrimonial a favor del empobrecido, teniendo como finalidad restaurar el equilibrio alterado por el desplazamiento sin justificación. Lo ratificó en el alegato de bien probado. No se demandó por cumplimiento de un acuerdo entre las partes (que fuera negado en el responde ni fue objeto de juicio) ni se pidió que se transfiera a su nombre un vehículo que ella tiene en su poder para su uso sin que se discutiera el alegado convenio. Quede ello claro pues resolver sobre el punto implicaría violar la congruencia que en agravios se imputa al magistrado.
Coincido con el recurrente en que la sentencia carece de una correlatividad ordenada que entorpece su análisis, pero agrego que la demanda tampoco es ordenada tanto en su exposición como tanto en la determinación de su objeto que se encuentra semi oculto en el libelo de inicio. Se pretende en agravios que el objeto de la demanda comprende una suma de dinero en concepto de valuación del automotor dominio AC587LV conforme valuación que fuera acompañada y de la vivienda prefabricada /premoldeada tipo americano en Viviendas Monteverde en la suma de pesos referida en dicho estadio procesal con más intereses y se reitera que el magistrado de grado ha olvidado el tratamiento del inmueble en el fallo que se recurre. Aclaremos: no se debe tratar lo relativo al inmueble sin la participación de los titulares de dominio, sino a la vivienda prefabricada. Ello salvo que la actora la considere inmueble por accesión (art.1957 y concordantes del Código Civil y Comercial).
Entiendo, luego de una valoración de la prueba que la actora no acreditó que se hubiera abonado al Señor Hugo Silverio Llamazares, quien conforme la demanda fue quien gestionó un crédito para acceder a la compra de la vivienda prefabricada en Viviendas Monteverde. Solo existen los pagos de las últimas cuotas del crédito otorgado al padre del demandado. Se sostiene en la demanda haber devuelto al nombrado el monto del crédito en un año y medio y/o dos años pero este hecho fue negado por lo que tenía la carga de probarlo. Tampoco se acreditó que los tíos del demandado hubieran subdividido un lote en la calle Orkeke 300 para instalar la prefabricada y que se hubiera transferido el dominio a la pareja. Por ello no quita ni pone rey que no se considerara en la sentencia el tema de la prefabricada, toda vez que negado, no se acreditó la contribución de la actora en su pago. En su declaración de parte el demandado explica que nunca se le restituyó a su padre el crédito por la adquisición de la prefabricada.
Desde ya aclaro que no aporta nada la declaración de los testigos toda vez que el interrogatorio era indicativo y al dar su versión de los hechos manifiestan que lo declarado lo saben por dichos de la actora. Lo único claro es el emprendimiento “Azafrán Bazar Deco” por la actora, pero no los ingresos que ella obtenía.
No está en discusión que la madre la actora se constituyó en garante de la prenda de adquisición del automotor, pero no se alegó que ésta hubiera de hacer honor a esa garantía por falta de pago de alguna cuota.
El criterio del magistrado para otorgar la suma que otorgó en concepto de indemnización por enriquecimiento sin causa ha sido en ejercicio de facultades discrecionales como fundamenta, pero ello ha quedado firme en lo que respecta al obligado al pago. No veo méritos para elevar la indemnización sobre todo teniendo en cuenta que, como se reconoce en la demanda, la actora continuó en la posesión del automotor cuya transmisión de dominio no es objeto de estos autos y gozó de la obra social y una cuenta bancaria conjunta en el Banco Santander hasta marzo/abril de 2021. Aumentar la indemnización al valor actualizado del vehículo VW Trend mencionado en autos sin desistir de la pretensión de obtener la transmisión del dominio implicaría un doble beneficio para la actora (propiedad de vehículo y precio del mismo).
Por ello considero que nada aportan los autos “Ramos, Guadalupe c/ Llamazares, Adrián Esteban s/ medida cautelar” ofrecidos como prueba, que he leído no obstante la dificultad que ocasiona que se hubiera digitalizado las piezas más importantes en forma horizontal y en direcciones distintas, el derecho y revés de cada página. Hubo en ellos un intento del demandado de obtener la tenencia del vehículo, pero sin éxito.
En la audiencia preliminar se determinó como hechos controvertidos “determinar la existencia y división de los bienes adquiridos durante la vigencia de la aparente unión convivencial” y era correcto pues en base a ello se podría determinar si existió un enriquecimiento sin causa del demandado que indemnizar, que es lo realizado en la sentencia.
Por estas consideraciones entiendo que la indemnización otorgada en la instancia de grado en uso de facultades discrecionales por el Sr. Juez y no discutida por la parte demandada está ajustada a la entidad del empobrecido, obligando al demandado a resarcir ese detrimento patrimonial. Por ello entiendo se deben rechazar los agravios sin costas en la instancia. Así lo propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VI. Coincido con el análisis, razones y fundamento del voto que antecede y considero justa la solución que propone. Adhiero a su voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que en función de las consideraciones vertidas en propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la recurrente y en consecuencia confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 2º) Imponer las costas en el orden causado, atento no hubo contestación de agravios (conf. Art. 68 segundo párrafo del CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados apoderados de la parte actora hasta tanto obre regulación en la instancia de grado. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VIII. Adhiero a la propuesta que antecede por considerarla justa y conforme lo establecido en el Acuerdo.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 06 de marzo de dos mil veintiséis
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios vertidos por la recurrente y en consecuencia confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. 2º) Imponer las costas en el orden causado, atento no hubo contestación de agravios (conf. Art. 68 segundo párrafo del CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios de honorarios de los letrados apoderados de la parte actora hasta tanto obre regulación en la instancia de grado. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. La Dra. Griselda I. Bard no firma por no existir disidencia entre los votantes. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara- Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 009 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3180 Folio Nº: 026/031 Secretaria: 1
Fin de la sentencia